Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/existe-derecho-al-escrache.html

Es innegable que CiU esta utilizando la cuestión nacional para ocultar su responsabilidad en la gestión de la crisis y ganar oxígeno político. Pero eso no convierte al derecho a decidir en una caprichosa invención suya. En realidad, lo que Artur Mas ha hecho es leer un reclamo amplio de la sociedad catalana e intentar capitalizarlo a su favor. Y para ello, ha tenido que asumir unos objetivos y un estado de movilización con el que ni la burguesía catalana ni su propia coalición política se sienten del todo cómodos. El actual programa de CiU, de hecho, sería inexplicable sin la movilización de la Diada, sin la manifestación contra los recortes al Estatut, sin la presión de las consultas municipalistas celebradas previamente y sin la exigencia de democracia radical propagada por el propio 15M.

Es verdad que esta demanda se ha visto espoleada por la crisis, pero ello no le quita legitimidad. Que “España nos roba” sea una expresión tosca y primitiva no debería ocultar la existencia de un modelo de financiación inequitativo y poco transparente, que a menudo premia a las oligarquías territoriales en detrimento de las clases populares catalanas y del resto del Estado –a excepción, quizás, del caso vasco, cuyo concierto fiscal defienden tanto el PP como la izquierda abertzale–. Pretender, por otro lado, equiparar el caso catalán con el de la Padania italiana es minusvalorar el autoritarismo y la escasa sensibilidad pluralista del nacionalismo de Estado español. Durante el Franquismo, desde luego, pero también a lo largo de un Estado autonómico que se abrió paso a regañadientes y con la frecuente resistencia de los grandes partidos estatales. Hoy mismo, la defensa del derecho a decidir existe fuera y dentro de España: en Escocia y en Quebec, donde no existen inercias como las heredadas del franquismo, pero también en sitios como Euskadi o Galiza, donde cuenta con importantes apoyos entre las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales. Que CiU pretenda combinar este derecho con políticas anti-sociales no autoriza a quienes se oponen a ellas a negarlo. Después de todo, las críticas más severas a la corrupción y a las políticas neoliberales de CiU no han provenido del PP, del PSOE o de las izquierdas estatales reacias a la autodeterminación. Han sido planteadas, sobre todo, por las propias izquierdas catalanistas, moderadas y radicales, en un espectro que va desde ERC e ICV-EUiA a las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) o a Esquerra Anticapitalista. Los miembros de estas fuerzas suelen definirse como independentistas o como federalistas, pero no como nacionalistas. Por el contrario, han dado muestras de solidaridad internacional y de compromiso con una concepción no esencialista, plural y multicultural de nación mucho más frecuentes que las exhibidas por los grandes partidos de ámbito estatal. Es esta realidad la que explica, de hecho, que un sector importante del 15M, tradicionalmente abstencionista y nada sospechoso de nacionalismo, haya brindado a su apoyo a una candidatura independentista como la de las CUP, considerándola un revulsivo en términos de democracia radical.

Este fenómeno no debería sorprender. Desde el siglo XVII, se han producido al menos cuatro intentos de proclamación de una república catalana, interclasistas pero con fuerte apoyo popular. Estas iniciativas, frustradas por la violencia o por la incomprensión estatal, hunden sus raíces en un sinnúmero de luchas populares contra el absolutismo monárquico similares a la emprendida por los comuneros castellanos o por el campesinado andaluz. No en vano el Manifiesto andalucista, aparecido en Córdoba el 1 de enero de 1919, señalaba que: “en todas las regiones o nacionalidades peninsulares se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional. Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos con relación a pueblos vivos, como Cataluña y Vasconia, por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares intereses”. A pesar del franquismo, de la segunda restauración borbónica y del estallido de la crisis de 2008, esta memoria anticentralista y democratizadora está lejos de haber desaparecido, y se expresa en las múltiples iniciativas confederadas que todavía hoy unen movimientos sociales de diferentes rincones del Estado. El reciente manifiesto de activistas y personalidades gallegas solidarias con el ejercicio del derecho a decidir en Catalunya da buena cuenta de ello.

En el largo plazo, en realidad, son las élites europeas, españolas y catalanas, y no los movimientos sociales o las clases populares, quienes más pueden perder con lo que está ocurriendo. Las declaraciones anti-independentistas de Rajoy, Rubalcaba y Durao Barroso, pero también de Durán i Lleida y de un sector del gran empresariado catalán, expresan ese temor. Al fin y al cabo, el cerco del Congreso del 25-O, la huelga general del 14-N y la consulta catalana forman parte de un mismo proceso de desestabilización de un régimen constitucional agotado y rendido a las exigencias de la troika y de los grandes poderes financieros.

Hace un siglo atrás, el dirigente anarcosindical Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre, sostenía que era más probable que la oposición a la independencia de Catalunya viniera “de los capitalistas de Foment del Treball” que de los propios trabajadores, que no tendrían con ella “nada que perder” y sí “mucho por ganar”. Adaptada a los tiempos, aquella sentencia no ha perdido vigencia. De ahí que el derecho a decidir deba verse, más que como una iniciativa disolvente, como una oportunidad y un acicate para la democratización radical de España y de Europa.

Miles de personas de todo el Estado, organizaciones sociales, judiciales, ecologistas y sindicales han salido a contestar el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para reformar la Constitución. No les faltan razones. El objetivo de esta reforma no es establecer límites al déficit y a la deuda. Es endurecer aún más los ya estrictos que marca el Pacto de Estabilidad de la UE. Y otorgar a los acreedores y al Banco Central Europeo garantías inéditas de que el pago de deuda tendrá prioridad sobre otras inversiones. Estas medidas no tendrán un efecto meramente simbólico. Darán cobertura a nuevos recortes sociales y agravarán la situación financiera de comunidades autónomas y municipios.

Esta deriva antisocial y antidemocrática no es una mera especulación. Ha sido el resultado constatable de iniciativas similares ya ensayadas en las últimas décadas. En EE UU, fue sobre todo el Partido Republicano –y ahora el Tea Party– quienes han insistido en la necesidad de constitucionalizar un techo al gasto público e incluso a la potestad de aumentar impuestos. Economistas como Krugman, han recordado recientemente el vínculo entre este tipo de medidas y la práctica bancarrota de estados como el de California.

En Europa, el Pacto de Estabilidad de 1997 ya constitucionalizó, a escala europea, la obcecación antidéficit, antiinflación y antideuda. La imposibilidad de ajustarse a directivas tan estrictas sin provocar un caos social llevó a la mayoría de países a combinar su incumplimiento selectivo con privatizaciones y recortes específicos. Alemania, Francia e Italia han sido durante años incumplidores crónicos. Y sólo han podido escapar a las sanciones por su capacidad de presión política en el propio Consejo. En la periferia, los intentos de adecuarse a esta tácita Constitución europea adquirieron ribetes dramáticos. Grecia impuso una política fiscal abiertamente regresiva, pero aun así tuvo que falsear sus cuentas públicas. El Estado español, por su parte, alentó una irresponsable política de sobreendeudamiento privado que los grandes partidos siguen alentando a pesar de que está en el núcleo de los problemas actuales.

Esta furtiva reforma estival no resolverá ninguno de esos problemas. Por el contrario, desencadenará un enésimo ataque a los servicios públicos y a la cohesión social, certificará la descomposición de la identidad socialdemócrata y allanará el camino a la extrema derecha y a la xenofobia. Pero también tendrá algunos efectos que podrían sorprender a sus impulsores. Asestará, por ejemplo, un golpe a la cacareada “unidad de España” mucho más certero que el de las exigencias federalistas e independentistas demonizadas por el españolismo cerril. Y sobre todo, aumentará la desafección constitucional de unas generaciones precarizadas que, además de no votarla, están siendo víctimas privilegiadas de sus límites e incumplimientos.

En este contexto, la derecha será la beneficiaria inmediata de estas reformas. Pero la impugnación que el 15M y el conjunto de movilizaciones sociales y sindicales en marcha han lanzado al actual régimen político y económico también crecerá. Esta impugnación podrá traducirse, de momento, en la exigencia de una reforma con contenidos alternativos. La Constitución, hasta ahora intocable, estará más que nunca en el punto de mira. Pero sobre todo, cargará de razones a quienes, como en Islandia, exigen, no señales que “calmen a los mercados”, sino nuevos procesos constituyentes que los sometan a lógicas genuinamente democráticas, priorizando los derechos de todas las personas sobre los beneficios de pocos.

Font: http://www.diagonalperiodico.net/La-Reforma-mas-madera-para-el-15M.html?var_recherche=jaume+asens

El movimiento de los indignados ha puesto en evidencia las escasas credenciales

Las plazas de ciudades y pueblos españoles, durante las últimas semanas, habían recuperado una de las funciones originales de la plaza pública: espacio donde la población puede hablar, encontrarse y expresarse, generando nuevas formas de convivencia ciudadana.

Como diferentes sindicatos policiales y los mismos servicios municipales de limpieza habían reconocido, la actuación de los acampados en el mantenimiento del espacio público había sido ejemplar. Esto explica que la operación preventiva ordenada por el Gobierno catalán haya resultado, además de desproporcionada, ridícula, poniendo de relieve la extrema debilidad de algunos discursos de tolerancia ‘cero’ con todo lo que sea disidencia más allá de las instituciones. Y más tras constatar la capacidad de los acampados para evitar, con una cadena humana, la extensión de los incidentes futbolísticos a la plaza.

Como diferentes sindicatos policiales y los mismos servicios municipales de limpieza habían reconocido, la actuación de los acampados en el mantenimiento del espacio público había sido ejemplar

El 1 de mayo, en un momento en que los bancos multiplicaban sus beneficios y el paro juvenil sobrepasaba el 40%, el consejero de Interior Puig prometió que “tensaría la ley hasta allá donde está permitido y algo más” para desarrollar su tarea. La irresponsabilidad y la carencia de realismo de esta filosofía no tardaron en manifestarse. Una cuestión de simple “limpieza del espacio público”, que se podría haber resuelto con diálogo y mediación, se convirtió en un problema de orden público. La Policía “del país”, rechazada por manifestantes pacíficos, se vio expuesta a una fuerte deslegitimación. Y el Gobierno acabó proyectando una concepción del Estado de derecho más propia del mamporrero caricaturizado en el programa de humor Polonia, que de un consejero obligado a respetar la legalidad vigente.

Unas instituciones más inteligentes habrían entendido hace tiempo que detrás de esta interpelación late algo más que una simple protesta juvenil

Lejos de lograr sus objetivos, la actuación policial desató y extendió la indignación por todas partes: cortes en la entrada de la ciudad, atronadoras caceroladas por todos los barrios o muestras de solidaridad del resto del Estado. En definitiva, un nuevo acicate para un movimiento que ha vuelto a reconquistar, con más fuerza que nunca, la plaza. Y que ha dejado una retahíla de peticiones de dimisión o quejas ciudadanas de entidades como Jueces para la Democracia, la Federación de Vecinos de Barcelona o el Síndic de Greuges. Pero también del resto de partidos políticos e incluso de sindicatos policiales, como el SME-CC OO de los Mossos y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.

Unas instituciones más inteligentes habrían entendido hace tiempo que detrás de esta interpelación late algo más que una simple protesta juvenil a la que se pueda barrer a golpe de porras. Con su arrogancia, por el contrario, han mostrado su incapacidad de entender que una democracia genuina no se puede reducir a una cita electoral que deja fuera muchas reivindicaciones y puntos de vista. Educarlas en estos valores será, quizás, una de las principales tareas de salubridad “y de higiene pública” que los movimientos ciudadanos y populares tendrán por delante en estos turbulentos tiempos.

El agravamiento de la crisis en otros ámbitos, y la poca simpatía social suscitada por los controladores, ha contribuido a quitar hierro a una medida que ha pasado, poco a poco, a un segundo plano de la actualidad. Sin embargo, su normalización no es una cuestión menor, precisamente por lo que tiene de precedente en un contexto de crisis y recorte generalizado de derechos.

Para justificar la decisión, el Gobierno presentó la protesta como una medida irracional, como una huelga salvaje causante de una auténtica calamidad pública. Las imágenes de los aeropuertos llenos, abarrotados de familias que no podían volar, reforzaron esta idea. Vista con más frialdad, la realidad resulta más compleja. El abandono de funciones de los controladores puede cuestionarse desde muchos ángulos. Habituados a defender sus intereses de manera aislada, no tuvieron en cuenta los de otros trabajadores aeroportuarios ni los de los usuarios. Pero su decisión, por torpe que parezca, tampoco fue irracional. Desde comienzos del año, el Gobierno había aprobado diferentes medidas que empeoraban sus condiciones laborales y planteaban la privatización de AENA.

Ratificadas justo antes del puente, fueron todo menos una invitación al diálogo, y precipitaron las reacciones más extremas. Se ha dicho que el objetivo era liquidar una situación de privilegio. Sin embargo, hay castas con ingresos más altos que los de los controladores, contra las que no se actúa o a las que se favorece abiertamente.

Calamidad pública

Que la actuación de los controladores causó una perturbación considerable a quien volaba por entonces es algo innegable. Pero resulta discutible que la privación temporal del derecho a volar, en la mayoría de los casos por motivos turísticos, pueda asimilarse a una “calamidad pública”. Y menos justificar la intervención militar o la suspensión de otros derechos constitucionales. De esta forma, numerosas protestas sociales legítimas, sean vagas o no, podrían ser consideradas delitos de sedición o sustraídas a la jurisdicción civil.

Esta tentación de un uso expansivo, no claramente determinado, de las medidas de excepción, se advierte claramente en la prórroga del Estado ahora concluida. Ha sido una peligrosa operación retórica que ha convocado todos los fantasmas de la excepción normalizada y del ‘enemigo público’ contra el cual todo está permitido. De hecho, no es casual, en un contexto como el actual, que se haya dado pábulo a quien pretende una restricción más amplia del derecho de huelga en los servicios públicos.

Si la privación temporal del derecho a volar, mayoritariamente por razones turísticas, es considerada una afectación gravísima a un “servicio público esencial” ¿qué no se diría de una protesta que, en Francia o en Grecia, bloquee refinerías de gas o petróleo o interrumpa el tráfico terrestre o marítimo? Si en Francia, Sarkozy va a recurrir al Ejército para obligar a los huelguistas a retomar sus actividades, ¿qué no podría ocurrir en una España gobernada por el PP o el ‘ala dura’ del PSOE?

Si se mira a través de la lente de la crisis, la demonización del controlador- privilegiado se parece demasiado a la del funcionario-privilegiado y, en general, a la de otros supuestos receptores de prebendas públicas, como los parados o los pensionistas. Esta estrategia discursiva, utilizada para justificar recortes sociales en los ámbitos más dispares, no es ingenua. Permite avivar el enfrentamiento entre categorías de trabajadores y de colectivos vulnerables, desviando la atención sobre los auténticos focos de privilegio de nuestras sociedades. Y es que, bien vista, esta alarma no suena solamente por los controladores.

Suena, parafraseando a John Donne, por todos los que, de profundizarse este camino, podrían verse convertidos en nuevos ‘privilegiados’ a los que sólo quepa aplicar la temible lógica de la excepcionalidad y la represión.

En los últimos meses, un fantasma recorre Europa: la protesta social contra las políticas de austeridad y de recortes de derechos sociales. Miles de personas se han echado a la calle exigen que la crisis la paguen los responsables y no las víctimas. Y aunque el apoyo a las manifestaciones ha sido irregular, la indignación social no ha dejado de extenderse por todo el continente. No han faltado, no obstante, las voces que, desde diferentes espacios políticos, económicos y mediáticos, han pretendido decretar la inutilidad de la resistencia y exigir un ejemplar golpe de autoridad.

Primero fue Grecia. El Gobierno no ha dado el brazo a torcer y ha intensificado la represión, que cuenta en su haber con tres muertos y centenares de heridos y detenidos. Hace poco llegó el turno de Francia]. Sarkozy ha anunciado un severo plan de austeridad franco-alemán y ha lanzado a los gendarmes a las calles. En un abrir y cerrar de ojos, la cifra de arrestados se ha disparado hasta alcanzar casi las 2.000 personas. En un país cuyo régimen de detención en las comisarías ha sido recientemente condenado (STEDH, 14/10/2010) por el Tribunal de Estrasburgo y se encuentra bajo el escrutinio del propio Tribunal de Casación francés.

En el caso español, las protestas no fueron ni la mitad de intensas que en Grecia o Francia. Pero ha bastado que una huelga general –la del 29-S– tenga más éxito del esperado,, para que la patronal, la derecha política y ciertos grupos mediáticos hayan pretendido reducirla a un simple ejercicio de vandalismo protagonizado por sindicalistas y antisistemas que amenazan gravemente el Estado de derecho.

Equiparar violencias
El despropósito de esta operación parece fuera de duda. Como derechos de conflicto, la huelga, la manifestación o la protesta en general bien puedan afectar a derechos de terceros e incluso derivar en ejercicios innecesarios de violencia. Pero ello no autoriza a colocar un contenedor quemado, o el cristal roto de una tienda, en el centro del debate público, como si la violencia aislada sobre las cosas pudiera equipararse con la enorme violencia rutinaria que las políticas de despidos, de desalojos y de rescate incondicionado de bancos y entidades financieras suponen para la mayoría de la población. Por gratuita, en efecto, que pueda parecer, la violencia de los más vulnerables en defensa de derechos generalizables no puede colocarse a la altura de la que los más fuertes ejercen para apuntalar privilegios excluyentes.

Reducir la protesta social a salvajismo, cuando no a un acto de peligrosa delincuencia, no sólo es una maniobra eficaz para despojarla de legitimidad. Al mismo tiempo permite ocultar la violencia pública y privada que hay detrás de las políticas en curso. Y allanar el camino para una reacción punitiva que exija la contundencia policial, el eventual endurecimiento de códigos penales ya suficientemente rigurosos e incluso, como se ha visto estos días en Barcelona, el cierre de medios de comunicación acusados de antisistema. Lo cierto, sin embargo, es que cuando los mercados se encuentran sobrerrepresentados en el ámbito institucional, cuando las medidas antisociales se aprueban por vías jurídicas de excepción, sin prácticamente debate alguno, o cuando los medios para expresar las disidencias son escasos, la protesta, incluso la ejercida con ruido, debería verse como uno de los pocos instrumentos capaces de dar a los más vulnerables una voz audible en el espacio público.

Proyectos antagónicos
En el conflictivo escenario que como un reguero se expande en estos días, dos proyectos de Europa están en liza. Uno, el del despotismo financiero y el ajuste neoliberal, lleva la semilla de un futuro lúgubre y represivo, acaso antieuropeo. El otro, el de la Europa movilizada en defensa de los derechos sociales y los bienes públicos, contiene en cambio la promesa de una alternativa igualitaria y democrática al desorden actual, dentro y más allá de las fronteras estatales. El imperativo ético político de los tiempos por venir no puede ser otro que preservar esta Europa indómita de la fragmentación social y la criminalización. Y hacerle espacio. Y conseguir que dure.

Cuando el tsunami financiero proveniente de Estados Unidos se desplazó a Grecia, algunas voces optimistas pensaron que la Europa social llamaría a la puerta. Que la retórica a favor de un “gobierno europeo” se traduciría en un esfuerzo coordinado por establecer un centro redistributivo de ámbito continental, por convertir al Banco Central Europeo, a la manera de la Reserva Federal,  en un emisor masivo de euro-deuda y por yugular, en fin, a unos capitales especulativos que amenazaban los fundamentos mismos de la integración. Sin embargo, los bancos golpearon primero y las instituciones europeas no tardaron en exigir medidas drásticas para reducir unos déficits públicos largamente disimulados o generados, como en el caso español, para licuar las deudas privadas de las entidades financieras.

El gobierno socialista de Papandreu decidió que la única manera de plegarse al mandato del directorio franco-alemán consistía en sacrificar salarios y pensiones y en aumentar los impuestos indirectos. Todo ello en un país que dedicaba un 3,6% de su PIB a gastos militares y cuya estructura fiscal era una de las más regresivas del continente. Con el aliento griego encima y la amenaza de unas agencias de calificación de deuda libres de todo escrutinio público, también el gobierno del PSOE optó por soltar el lastre de la retórica social utilizada durante los años de euforia inmobiliaria. El paquete de ajustes incluyó la puesta en marcha de ingentes ayudas a la banca, el estímulo a las fusiones y a la privatización de las cajas de ahorro y el inmediato sacrificio de derechos sociales y laborales de por sí débiles en comparación con los vigentes en la antigua UE de los quince. Ni una medida dirigida a limpiar y democratizar el sistema de crédito, poniéndolo al servicio de emprendimientos social y ambientalmente sostenibles. Ni una a dar respuesta al drama de las más de 350.000 familias afectadas por el fraude inmobiliario y las ejecuciones hipotecarias. Ni una a revertir la regresividad del sistema fiscal y atenuar, así, las desigualdades y la exclusión que están alimentando el crecimiento de la xenofobia y la extrema derecha. Nada que pudiera enviar una señal equívoca a unos mercados financieros bien dispuestos, en cambio, a especular sin rubor contra sus benefactores. Poco a poco, la debilidad y de la falta de coraje político de los gobiernos de la periferia europea se hizo evidente. Y los mercados no tardaron en cebarse con Irlanda y Portugal. Allí, la crisis también pasó la factura de haberse calzado demasiado pronto el corsé que supusieron la entrada en el euro y la asunción de los criterios de convergencia pergeñados en Maastricht.

Lejos de quedarse en la periferia europea, la fiebre del ajuste se extendió también al norte. Si en el sur los ejecutores han sido unas socialdemocracias desnortadas, que al desmovilizar a sus bases cavaron su propia tumba ante los especuladores, en el norte el protagonismo ha correspondido sobre todo a los gobiernos conservadores. Cuando estalló la crisis, algunos, como el de Nicolás Sarkozy, fueron los primeros en apostar tácticamente por “refundar el capitalismo”. Pero aquella consigna se reveló pronto como una mera cortina de humo, como una manera de ganar tiempo en un país que, ya desde las huelgas de 1995 contra los planes neoliberales de Juppé, cuenta con una sólida tradición de luchas en defensa de lo público. Consciente, sin embargo, de que la economía francesa no es la alemana, Sarkozy no tardó en aprovechar la coyuntura para cargar contra el sistema público de pensiones, imponiendo prácticamente sin debate parlamentario, la ampliación de la edad de jubilación. El recién estrenado gobierno de David Cameron no le ha ido a la zaga. A poco de asumir, entregó a los especuladores un 40% del gasto social, intentando hacer pasar como medida de racionalización administrativa lo que en el fondo constituye una nueva carga de profundidad contra dos de los pilares históricos del Welfare británico: la sanidad y la educación públicas.

Que estas políticas comportan un auténtico estado de emergencia económico, impuesto al margen o al filo de la legalidad vigente queda probado, en buena medida, por la manera furtiva en que los países fuertes de la UE han decidido reflejarlo en el Tratado de Lisboa. Lejos queda el tiempo en que, tras el rechazo francés y holandés al tratado constitucional, las clases dirigentes europeas planteaban la necesidad de un Plan B que acercara la UE a la ciudadanía y que perfeccionara los mecanismos de participación democrática. La idea, ahora, es precisamente la opuesta: evitar, a cualquier precio, referendos que puedan llevar el debate sobre el proceso de la integración a la opinión pública y acarrear resultados no queridos. Desde esta perspectiva, incluso la reforma del Tratado de Lisboa se presenta como un trámite engorroso. Engorroso pero inevitable, si se tiene en cuenta que son varias ya las demandas de constitucionalidad planteadas ante el Tribunal constitucional alemán contra el Fondo de Ayuda Financiera de 750 mil millones de euros aprobados el pasado mes de mayo sin discusión parlamentaria alguna.

A estas alturas, no es ningún secreto que el marco económico impuesto por la UE, sobre todo en la zona euro, está abiertamente reñido con la mejor tradición del constitucionalismo social y democrático de la que muchos estados miembros pretenden extraer su legitimidad. La crisis, en efecto, ha demostrado la extrema debilidad, cuando no la futilidad de protocolos, cláusulas sociales y cartas europeas supuestamente encargados de frenar la erosión de derechos arduamente conquistados. Pero no sólo eso: también ha forzado reformas regresivas y mutaciones en las constituciones formalmente vigente en los estados, sobre todo en aquellas más exigentes desde el punto de vista de su contenido social. Este es el caso, por ejemplo, de Portugal. Allí, el avanzado texto de 1976, aprobado tras la revolución de los claveles, tuvo que ser reformado en siete ocasiones, entre otras razones, para acomodarse a la horma monetarista y neoliberal de la constitución económica europea. Y ahora, no por casualidad, ha sido objeto de un nuevo embate a manos de la derecha conservadora, que ha impulsado una octava modificación con el propósito de devaluar el alcance normativo de derechos sociales básicos como los derechos a la educación y a la sanidad, públicos y gratuitos. Este fenómeno, en cualquier caso, también ha impactado en estados con constituciones sociales relativamente más débiles. Así lo demuestra la experiencia española, donde el propio tribunal constitucional tuvo que recurrir a una dudosa operación semántica para compatibilizar la “supremacía” del texto de 1978 con la “primacía” del derecho de la UE, y donde el Partido Popular no ha dudado en proponer la constitucionalización de la ausencia de déficit como una forma, precisamente, de europeizar el derecho interno.

Más allá de la cuestión de la legalidad, estas políticas estás revelándose, además, como un despropósito desde el punto de vista de su efectividad. No servirán para conseguir algunos de los fines que aseguran perseguir, como aplacar a las oligarquías financieras. Por el contrario, lo más probable es que desaten un espiral de recortes que ahondará el actual marco recesivo, empujará a algunos países directamente a la depresión y aumentará todavía más la exclusión social. Es más, si la desintegración y el dumping social no han ido ya más lejos, es, nuevamente, gracias a las protestas que, de manera embrionaria pero persistente, se han propuesto plantar cara a estas políticas y despojarlas de su aura de inevitabilidad. A diferencia de lo que podía ocurrir a inicios del siglo pasado, estas resistencias se producen tras décadas de políticas neoliberales, en un contexto de fuerte fragmentación social y sindical y con la extrema derecha al acecho. Lo cierto, empero, es que sin las huelgas generales griegas, francesas y portuguesas, sin la movilización, contra el miedo y el chantaje, de millones de trabajadoras y trabajadores, de parados, precarios, estudiantes y pensionistas de todo el continente, las perspectivas serían sin duda peores.

Los grandes grupos económicos y mediáticos y sus aliados políticos son plenamente conscientes de ello. Por eso, a pesar de la relativa debilidad de la respuesta social producida hasta ahora, han combinado el desdén por la misma con su criminalización preventiva. En Grecia, el gobierno no tardó en sacar a relucir el espantajo del manifestante terrorista y la represión pronto sumó en su haber varios muertos y centenares de heridos y detenidos. En Francia, Sarkozy lanzó los gendarmes a las calles para obligar a los manifestantes a volver a sus trabajos, y aunque algunos tribunales consideraron que la medida constituía una restricción ilegítima al derecho de huelga, la cifra de arrestados pronto superó los dos mil. Incluso en el caso español, donde el paro juvenil es ya del 40%  y donde la protesta no fue ni la mitad de intensa que en Grecia o Francia, bastó que la huelga del 29-S tuviera más éxito del esperado para que la patronal, la derecha política y ciertos medios de comunicación la rebajaran a un ejercicio de vandalismo protagonizado por sindicalistas y anti-sistemas que pretendían acabar con el Estado de derecho.

En realidad, quienes buscan reducir la protesta social a actos aislados de salvajismo o de delincuencia no sólo tratan de despojarla de legitimidad. También intentan minimizar u ocultar la enorme violencia pública y privada que hay detrás de las políticas impuestas para afrontar la crisis. Y es que en el fondo, en el conflictivo escenario que se extiende por Europa en estos tiempos, dos proyectos se baten a duelo. Uno, el del ajuste y el despotismo financiero, lleva en su seno la semilla de un futuro lúgubre, capaz de convocar los peores fantasmas del populismo represivo, la xenofobia y el nacionalismo excluyente. El otro, el de la Europa movilizada en defensa de los derechos sociales y los bienes públicos, comunes, contiene en cambio la promesa de una alternativa igualitaria y democrática al desorden actual, dentro pero también más allá de las fronteras estatales. En ese contexto, el imperativo ético y político de los tiempos por venir no puede ser otro que preservar esta Europa indómita de la fragmentación, el enfrentamiento cainita y la criminalización. Y hacerle espacio. Y conseguir que dure.

Mientras tanto, las redadas, detenciones, multas e incautaciones a los manteros se han intensificado. Pero su actividad tampoco ha cesado. Y no lo ha hecho porque lo que hay detrás de ella no es una oscura estrategia para enriquecerse, evadir impuestos o burlar la ley; es un intento desesperado y legítimo por sobrevivir. Si se dedican a la venta ambulante es en razón de la propia legislación de extranjería, que hace casi imposible su regularización y los expone a un constante asedio policial. Para quien carece de papeles, esta situación es más grave si cabe en tiempos de crisis. Es esto lo que vuelve inaceptable, e incluso indecente, la reacción de ciertos medios y agentes políticos y económicos a las medidas de los consistorios tarraconenses. Como en las crónicas policiales más tendenciosas, los manteros han sido retratados como pícaros que pretenden hundir el negocio del resto de comerciantes, como sujetos violentos que insultan y se enfrentan a quienes requisan su mercadería, e incluso, como incívicos que obstaculizan la libre circulación…

Esta construcción sesgada de los hechos escamotea las condiciones reales que rodean el fenómeno. Como ya han reconocido varios tribunales, este tipo de actividad está lejos de producir un daño significativo a los productos imitados. La mercadería vendida es a menudo la misma que miles de personas bajan de internet y el impacto en el pequeño comercio es, en verdad, mucho menor que el de las grandes superficies u otros negocios. Por último, la visión criminalizadora de los manteros invisibiliza las múltiples formas de violencia a la que se ven expuestos cotidianamente.

El estigma construido en torno al top manta ha abonado el terreno para la cruzada punitiva, ahora respaldada desde la Generalitat. La propuesta de los alcaldes de CiU y del PSC no obedecía a radicalismo alguno ni a una ingenua vocación humanitaria. El top manta era un fenómeno extendido en sus localidades, solía crecer en épocas turísticas y se había multiplicado en razón de la pérdida de empleos de muchos inmigrantes.

En ese contexto, fomentar su organización, pactar unas zonas delimitadas para la venta, especificar los productos autorizados y negociar la aplicación progresiva de tasas municipales podía no ser la solución ideal. Pero era, como reconocieron sus impulsores, una alternativa de “sentido común”. Una salida que podía facilitar el arraigo a medio plazo de los inmigrantes.

El acuerdo final con los comerciantes ignora las voces de los inmigrantes e insiste en una vía cara, probadamente ineficaz y nada integradora. Quienes, como el consejero de ERC, Josep Huguet, pedían eliminar del paisaje una estampa “tercermundista” podrán sentirse satisfechos durante un tiempo. Pero el problema seguirá ahí. Y quienes hoy han intentado barrerlo bajo la alfombra –o bajo la manta–, con una salida más propia de Sarkozy que de un consejero ecosocialista, habrán perdido una ocasión para marcar la diferencia, ofreciendo una respuesta garantista, humanitaria, valiente e imaginativa.