En realidad, el imperativo categórico que nos llega de la “matanza de Sharpeville” cobra hoy en día plena actualidad. Tras cumplirse setenta años desde la liberación del fascismo, el viejo fantasma de la intolerancia cabalga de nuevo por el continente europeo. Se inflama con mensajes patrióticos que priman a nacionales frente a extranjeros. Se aprovecha del miedo para apuntalar el férreo bloqueo a quienes huyen con la esperanza de una vida mejor. Con todo tipo de dispositivos. De decenas de centros de internamientos por toda Europa; de campos inhóspitos de refugiados hacinados; radares, sensores, muros y alambradas; gases lacrimógenos en la frontera; uso de narcóticos y camisas de fuerza en las repatriaciones; vigilancia constante en los metros y aeropuertos; detenciones indiscriminadas y recortes de derechos. Y más de 3.000 personas muertas durante la travesía marítima a Grecia e Italia en la peor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.

En tiempos de crisis, crece la xenofobia. Lo dice la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia en sus informes, cuando denuncia discriminaciones masivas contra la población extranjera. Un ejemplo de ello son los ataques contra los autobuses y centros de acogida de refugiados. Las urnas también muestran esa tendencia. Los buenos resultados de la extrema derecha en los últimos comicios europeos no tienen precedente.

Los vientos más fríos vienen del este. En Polonia, por ejemplo, el partido Ley y Justicia llega al poder con un discurso de nacionalismo, catolicismo y xenofobia. En Hungría pasa algo similar. El primer ministro aspira a recuperar la pena de muerte y salvar las “raíces cristianas de Europa”, en un clima de hostilidad contra gitanos, musulmanes y judíos. La viralidad de esa pócima indigesta se expande también por las venas de la Europa Central. El Frente Nacional francés, el Amanecer Dorado griego o el FPÖ austríaco ganan terreno en países con larga trayectoria democrática. En Holanda, sin ir más lejos, la ultraderecha trepa en todas las encuestas con propuestas como la prohibición del Corán. En Francia, la papeleta de Le Pen se convierte en la más votada en los comicios regionales. En Dinamarca, se aprueba por amplia mayoría una ley para “desvalijar” a los refugiados. Y en Alemania, el auge de la extrema derecha en las elecciones regionales plantea dudas sobre la continuidad de su política de acogida.

Los partidos del odio envenenan el debate público y arrastran a los partidos tradicionales a posiciones cada vez más cercanas a las suyas. Unos y otros saben que colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, de la quiebra del Estado del Bienestar o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil. En primer término, para obtener votos en medio de una crisis económica que ha empobrecido a las clases medias europeas y ha dejado en la extrema pobreza a parte importante de la sociedad. En segundo lugar, para absolver a los verdaderos responsables de la crisis. En el fondo, tanto Bruselas como los propios gobiernos europeos parecen más dispuestos a utilizar a los migrantes como chivo expiatorio, como amenaza latente, que a impulsar una alternativa enfocada hacia la garantía de sus derechos.

Vista desde esa perspectiva, la entrada en vigor ayer del acuerdo con Turquía resulta de lo más banal. Una simple copia del alcanzado con Marruecos para la frontera sur. Con ello, la Unión Europa sella definitivamente sus puertas a los refugiados sirios que huyen de los bombardeos y las ciudades en ruinas. En su afán por blindarse, Bruselas abdica del deber humanitario de asistencia exigido por el derecho internacional. Esa pasividad, ese abandono de sus obligaciones frente a la emergencia humanitaria, se revela también como una muestra de fría insolidaridad, de desprecio ante el sufrimiento y la muerte.

Con ese pacto, Europa se arroja a los brazos de la xenofobia y repite su historia, inequívocamente en forma de tragedia. La pone a prueba en muchos sentidos. También en la dignidad moral de esa vieja dama que se muestra impotente ante la barbarie que ahora producen sus fronteras. En ese contexto, el imperativo ético y político de los tiempos por venir no puede ser otro que rescatar los ideales con los que fueron construidos sus cimientos. Los de una larga lucha contra el fascismo, el racismo y el odio. De los miles de refugiados republicanos que huyeron del franquismo. De los miles de europeos que salieron este sábado a la calle. Para pedir vías y estancias seguras para los refugiados. Para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos.

El argumento no es nuevo y ya fue esgrimido, en plena campaña, por el nuevo Presidente de la Generalitat, Artur Mas. En realidad, viene a reproducir el mantra entronado por cierto pensamiento “de orden” frente a todas y cada una de las propuestas de control policial reclamadas por las asociaciones de derechos humanos, algunas de las cuales fueron impulsadas por el gobierno anterior. Ya en su momento, proyectos como el reglamento de armas que prohibieron el uso del kubotán, la certificación ISO ideada para calibrar la calidad del servicio y, sobre todo, la instalación de cámaras de vigilancias en las comisarías, toparon con resistencias similares. Se dijo que ponían en duda la integridad de los Mossos, que no permitían distinguir entre policía democrática y dictadura y que provenían de sectores poco realistas e incluso con escaso “sentido patriótico”. Se insistió, incluso, en la idea de que la anterior Consejería estaba “más preocupada por los delincuentes que por la policía”.

La verdad, no obstante, es que las medidas que ahora se pretenden revisar no son un simple capricho electoral o el producto de la “imaginación creativa” de algún boy-scout izquierdista. La instalación de videocámaras en las comisarías, lejos de ser un arranque justiciero, obedece a los compromisos adoptados por la ONU. En 2005, el Estado español se adhirió al Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y recientemente, el Gobierno español ha aprobado un Plan de Derechos Humanos en el que se recuerda que “en un país, los derechos humanos valen lo que valen sus garantías” y se prevé la progresiva instalación de cámaras en los calabozos de las comisarías españolas. De hecho, el propio Parlamento catalán, en la estela del Parlamento vasco, se comprometió a “implementar las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura”, entre las cuales se incluía la instalación de estos dispositivos.

Por otro lado, ya en 1979 la ONU adoptó un Código de Conducta para funcionarios encargados de aplicar la ley con el objetivo de dotar a los ciudadanos de un instrumento de protección frente a los abusos policiales. En 2001, por su parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el Código Europeo de Ética Policial, dando un giro trascendental a la construcción paneuropea de un modelo policial más democrático. Fue en virtud de estos compromisos, en realidad, que la consejera Tura anunció, en 2004, la creación del Comité de Ética Policial. Con una misión específica: la elaboración de un código deontológico similar a los existentes en el ámbito internacional o en algunos países anglosajones

Contra lo que sugiere el nuevo Consejero, es discutible que estas medidas sean siempre ineficaces o que busquen el desprestigio de la institución con su “uso perverso”. En el caso de las cámaras, si bien persisten algunas “zonas oscuras” en las comisarías, lo cierto es que las denuncias por malos tratos tanto en Catalunya como en Euskadi han disminuido casi a la mitad desde su instalación. Todo esto no impide reconocer, en cambio, la existencia de otras que pueden quedarse apenas en un plano simbólico o retórico, sin acabar de incidir en las conductas prácticas. Este es el caso, precisamente, del Código Ético, cuya falta de capacidad sancionadora ha estado reconocida por el propio expresidente Montilla. El problema, sin embargo, es que esta falta de eficacia no puede atribuirse solamente, como querría Puig, al gobierno anterior. También han contribuido a ello los sindicatos policiales y su propio partido, CiU, que presionaron intensamente para que el Código no incidiera sobre cuestiones centrales como la actuación de los antidisturbios o el uso de las armas de fuego.

En realidad, el consejero Puig tiene todo el derecho de pensar que las cámaras en las comisarías, la prohibición de armas no reguladas, la identificación de los agentes, la creación de unidades de mediación en los conflictos o los códigos deontológicos, son medidas perversas, impulsadas para coaccionar y desprestigiar al cuerpo policial. Para ser convincente, empero, debería dejar claro, a su vez, cuál es el modelo de seguridad en el que se inspira la propia crítica. Pretender otorgar prestigio a un cuerpo que puede utilizar la fuerza contra los ciudadanos dejándole las manos libres y manteniéndolo fuera de la mirada pública no parece un camino demasiado realista. Tampoco renunciar a controles que, a estas alturas, deberían considerarse una exigencia básica de cualquier Estado de derecho digno de ese nombre ¿Cuál es, exactamente, la idea de eficacia y de prestigio que defiende el nuevo consejero? ¿Cómo piensa evitar que la policía catalana no acabe reproduciendo vicios y tics autoritarios con tanta frecuencia atribuidos a otros cuerpos de seguridad?

]]> http://www.nohihadret.cat/2011/01/el-buen-nombre-de-la-policia/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2010/10/cuando-la-libertad-quema/ http://www.nohihadret.cat/2010/10/cuando-la-libertad-quema/#comments Sun, 03 Oct 2010 18:32:06 +0000 egluu http://www.nohihadret.cat/?p=43 En cierto modo, ha ocurrido lo esperado. La desmesurada reacción penal contra la viñeta de El Jueves ha desencadenado nuevas críticas y sátiras sobre la familia real. Primero en los periódicos y la Red, luego en la calle. El último episodio de estas reacciones han sido las manifestaciones de Girona, donde se han quemado retratos del Rey. En este punto, el debate excede ya la discusión sobre el mejor o peor gusto de unas caricaturas: ¿hasta dónde puede llegar, en un sistema democrático, la crítica a las instituciones y símbolos públicos?

Si las chanzas en cuestión se hubieran producido en otro continente, la respuesta habría sido seguramente más clara. Con frecuencia, el espíritu crítico se rebela cuando algún poder foráneo pone cortapisas a la disidencia religiosa o política. Pero desaparece cuando las diatribas ofenden las propias creencias. No pocos intelectuales y políticos españoles desenfundaron a Voltaire ante la protesta de grupos musulmanes contra una viñeta que se burlaba de sus emblemas religiosos. ¿Por qué mofarse de Mahoma es un ejercicio de libertad de expresión y un delito burlarse de los Príncipes de Asturias?

Los defensores de la actuación penal frente a los humoristas invocaron la “dignidad” de los miembros de la familia real y recordaron que la libertad de expresión no incluye el derecho al insulto. No obstante, no puede tratarse igual un “insulto” o ataque al “honor” a los miembros de una institución pública que a un ciudadano de a pie. Sobre todo si esa institución, como ocurre con la Monarquía española, carece prácticamente de responsabilidad política y jurídica.

En realidad, este tipo de críticas no son algo nuevo. En Inglaterra, por ejemplo, las caricaturas a la familia real se remontan a tiempos previctorianos y son usuales en la prensa amarilla. En otros países monárquicos como Suecia, Dinamarca, Holanda y Noruega, existe análoga tolerancia. En España, en cambio, el respeto a una institución terrenal como la Monarquía es casi el mismo que se profesa hacia una figura sagrada, como la de Mahoma, en los países islámicos.

Muchos de los que se indignaron ante la condena por “ultraje al Rey” del periodista Ali Lmrabet en Marruecos han aplaudido o guardado silencio ante la petición fiscal de cárcel para el joven de Girona que participó en los actos antimonárquicos. No faltará quien sostenga que la diferencia reside en que “allí no hay democracia pero aquí, sí”. No obstante, es precisamente en un régimen que aspira a ser democrático donde el margen para la crítica de las instituciones debería ser mayor.

De hecho, desde la Revolución francesa hasta nuestros días, los símbolos del poder, político o religioso, siempre han sido satirizados o ridiculizados. Aquí y en cualquier parte del mundo. En la soledad del sótano de una imprenta, pero también en manifestaciones o festejos populares. Tales actos de ofensa callejera se inscriben en una vieja tradición de teatralización de desavenencias o desafectaciones ciudadanas frente a símbolos de poder que se consideran -justa o injustamente- arbitrarios. Quizá por eso suelen tener una mayor carga ideológica, que la simple sátira de papel, y suscitan mayor desasosiego en ciertos sectores políticos e intelectuales “respetables”. No obstante, una sociedad democrática debería ser capaz de verlos, no tanto como ataques al orden público, sino como un sano ejercicio de libertad ideológica y de catarsis ciudadana. En Estados Unidos, la jurisprudencia, que sitúa las quemas de banderas y otros símbolos públicos bajo el amparo de la Primera Enmienda, se basa en un razonamiento de este tipo.

No es esto lo que está ocurriendo en España. Entre otras razones, porque muchas de estas críticas podrían subsumirse en alguno de los delitos contra la corona contemplados por el Código Penal. Esta previsión, como se ha visto, se presta a aplicaciones de difícil encaje en un régimen que garantiza el pluralismo político.

A casi un siglo de la persecución de Valle-Inclán por sus ácratas invectivas contra la Corona, la mitificación de la Monarquía como símbolo intocable de la transición sigue siendo fuente de tabúes y un obstáculo a la libre discusión pública. En un contexto así siempre será preferible la quema de símbolos del poder, a que sea el propio poder el que acabe abrasando los espacios de crítica, irrenunciables en cualquier sistema democrático.

La seguridad ciudadana se ha vinculado a una mayor dureza policial, incluso si eso lleva a un sacrificio de garantías o libertades

Hace unos días, el Departamento de Justicia estableció la obligación de que los funcionarios de prisiones lleven un distintivo identificativo en su uniforme. Esta decisión se produce meses después de otra que adoptó el Departamento de Interior con respecto a los Mossos d’Esquadra. Se incorporará, así, una insignia identificativa en sus prendas que pueda ser leída sin dificultad por los ciudadanos en la denominada distancia de respeto (1 metro y 20 centímetros, aproximadamente).

La iniciativa responde a una reivindicación histórica de las asociaciones de derechos humanos, largamente desatendida y descalificada por el Gobierno autónomo. Su aprobación, no obstante, se explica por la reciente instrucción 13/07 del Ministerio del Interior, que comporta, a su vez, la identificación de los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

El derecho de los ciudadanos a identificar a los agentes y su respectiva obligación de hacerlo estaba reconocida tanto en la ley 30/1992 como en la ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El problema es que, hasta ahora, su cumplimiento dependía en exclusiva de la “buena voluntad” del agente. Bajo esas circunstancias, toda identificación resultaba improbable y la supervisión de las fuerzas policiales, muy difícil. Tal situación de impunidad era especialmente grave en cuerpos como los antidisturbios, que disponen de medios de represión singularmente lesivos y llevan un casco que oculta su rostro e imposibilita su identificación visual.

La necesidad de adoptar mecanismos suficientes de protección contra la tortura y otros abusos policiales ha sido expresada, como antes por otros, por el relator especial sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo de la ONU, Martin Scheinin, en su reciente visita al Estado español. Resulta innegable, en ese sentido, la relación entre la arbitrariedad en el uso de la fuerza y la existencia o no de esos dispositivos de control. Basta con ver los efectos de los protocolos recientemente aprobados por los gobiernos vasco y catalán. La instalación de cámaras de videovigilancia en las dependencias de los Mossos d’Esquadra y de la Ertzaintza ha significado una disminución notable de las denuncias por malos tratos.

Al igual que con las cámaras de vigilancia, las organizaciones afectadas se han opuesto ahora a la medida aprobada. Desde los sindicatos policiales se ha sostenido que les “deja al descubierto” y expuestos a recibir denuncias. Los sindicatos de prisión se han quejado alegando “razones de seguridad”. Desde las filas de la Benemérita se ha dicho incluso que les convierte en un simple número, “como las conservas de supermercado”.

No es difícil ver en estos argumentos corporativos la concepción estrecha de miras de un sector funcionarial que demasiado a menudo pretende situarse por encima de la ley o fuera del control público. En una sociedad democrática, por el contrario, no se puede desligar o anteponer una supuesta eficacia de los resultados a los medios utilizados, sobre todo cuando éstos involucran el recurso a la fuerza y al aparato coactivo institucional. Tampoco se puede hacer oídos sordos a los informes de los organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Las alarmas de más de un departamento gubernamental, por el contrario, deberían saltar cuando en informes como el último del Síndic de Greuges concluye que los abusos en las prisiones catalanas no son anecdóticos, sino recurrentes y que los mecanismos de investigación interna resultan insuficientes.

La excusa para desatender la violencia ilegítima ejercida desde las propias instituciones suele ser la salvaguarda del orden público o la lucha contra el terrorismo. La seguridad ciudadana, desde esa óptica, se ha vinculado, a menudo, a una mayor dureza punitiva o policial, incluso si eso lleva a un sacrificio de ciertas garantías o libertades ciudadanas.

Durante demasiado tiempo, la “razón de Estado” ha sido la lógica dominante en la prevención, investigación y castigo de los desmanes o excesos de los empleadores públicos. Resulta, por eso, una exigencia inaplazable en la lucha contra la impunidad institucional rendir cuentas antes los compromisos adoptados con la ONU y reconducir la función punitiva al paradigma garantista del Estado de derecho. Las recientes medidas adoptadas son un paso decisivo en esa dirección, pero todavía insuficiente.

Font: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Derecho/impunidad/policial/elpepiespcat/20081025elpcat_5/Tes

A primera vista, la ordenanza ha servido para sosegar los ánimos de quienes consideraban que la ciudad se encontraba inmersa en una deriva caótica y que para aplacarla había que aplicar “mano dura” a los pequeños desórdenes urbanos. Poco importó que para hacerlo se estampara el sello del incivismo en conductas tan disímiles como el vandalismo, la mendicidad, el patinaje callejero o el trabajo sexual. O que en un alarde de firmeza se recurriera a sanciones draconianas y de discutida cobertura legal, totalmente desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos.

Lo cierto es que el “populismo punitivo” se ha convertido en un recurso tentador que recluta partidarios no sólo entre las filas conservadoras sino también entre la izquierda institucional. Empeñada en despejar cualquier sospecha sobre su capacidad para garantizar la gobernabilidad y moverse con soltura al abordar un conflicto en términos policiales, una parte de esta última se ha sumado sin tapujos al discurso de ley y orden de sus adversarios, superándolos a veces en gestos y declaraciones de intenciones.

Pero se trata de una dureza retórica de limitada eficacia práctica, que con frecuencia ha servido para disimular la propia impotencia en otros campos, como el de las políticas sociales. El inventario provisional de la ordenanza lo refleja con claridad: indigentes sancionados con multas de hasta 3.000 euros, trabajadoras sexuales expuestas al estigma, la precariedad y la discrecionalidad policial, decenas de expresiones políticas, sociales y culturales no autorizadas en nombre de la “convivencia cívica”. Y como corolario paradójico, un abrupto “botellón” en una ciudad que desconocía el fenómeno hasta la aprobación de la ordenanza.

En realidad, la efectividad de estas medidas es sobre todo simbólica. El estigma que se proyecta sobre los más vulnerables ahonda su marginación y los convierte en cabezas de turco del malestar social general. Pero contribuye, sobre todo, a silenciar las prácticas de quienes, por su mayor capacidad económica, gozan de un acceso privilegiado al espacio público. Quien mendiga, quien se baña en una fuente o quien acampa en una plaza para reivindicar derechos que incumben a todos, se convierte en arquetipo del “ciudadano desviado”, al que debe sancionarse de manera ejemplificadora. Quien especula, quien vende ocio, quien produce ruido o contamina visualmente, pero paga lo suficiente por ello, es en cambio discretamente tolerado, cuando no subvencionado o protegido, sin perder en ningún momento su condición de “ciudadano respetable”.

Sería injusto, en cualquier caso, atribuir a las autoridades barcelonesas la paternidad de este modelo que identifica la seguridad ciudadana con una cruzada punitiva contra las pequeñas ilegalidades, la marginalidad social o cierta disidencia política y cultural. Sus antecedentes se remontan al menos a las viejas Leyes de Vagos y Maleantes y guardan un estrecho parentesco con las políticas de “tolerancia cero” impulsadas por Rudolf Giuliani, en Nueva York, o por Nicolás Sarkozy.

Estas políticas siempre han sido objeto de contestación, sobre todo por parte de quienes las han considerado una amenaza para el pluralismo político, social y cultural. El potente movimiento por el derecho a una vivienda digna, en Barcelona, o los Hijos de Don Quijote, en París, son un expresión de ese fenómeno. De hecho, una de sus principales contribuciones al debate público es haber instalado algunas cuestiones de indudable alcance pedagógico. Una de ellas: subrayar el vínculo, con frecuencia silenciado, entre inseguridad, desintegración social y el proceso de privatización y segregación espacial que afecta a la mayoría de las ciudades europeas. Otra: recordar que si la vivienda, como la educación o la salud, es un auténtico derecho exigible, no cabe consentir su reducción a una simple mercancía o a una concesión discrecional, revocables por el poder político de turno. Una última: recordar que los derechos y la democratización del espacio público no son nunca regalos caídos del cielo. Se conquistan y defienden día a día, en las instituciones, pero también más allá de ellas.

Estas ideas suelen inquietar a los poderes fácticos. Sin embargo, están estrechamente ligadas a una concepción robusta y dinámica del principio democrático. No hay democracia sin ciudadanos activos dispuestos a entregar parte de su tiempo y energías tanto a la construcción y tutela de los propios derechos como a la interpelación de quienes tienen mayores responsabilidades políticas y económicas.

Si 2006 fue el año que instaló el debate sobre el civismo y la seguridad, 2007 será el de las alternativas a las lecturas simplistas y electoralistas de estos conceptos. Para que el discurso sobre el civismo no quede reducido a simple dispositivo punitivo dirigido a sancionar al débil y a absolver al más fuerte, es necesario asentarlo, más que en la vaporosa proclama del derecho a la seguridad, en la seguridad en los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de todos los habitantes. Esto supone aceptar lo obvio: que no hay disfrute estable, seguro, de los propios derechos, sin garantías frente a la arbitrariedad pública y privada y, sobre todo, sin que el más mínimo acto de atropello contra los más vulnerables sea considerado una ofensa anticipada al conjunto de la sociedad. Ni más ni menos.

Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados y Gerardo Pisarello es vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La gravedad de la situación y la insuficiente respuesta de los poderes públicos han generado reacciones sociales diversas. La ocupación de inmuebles abandonados, tanto por razones de necesidad como reivindicativas, es una de ellas. No faltan quienes piensan que estas actuaciones deben tratarse como inaceptables vulneraciones de derechos ajenos a las que sólo cabe responder con el rigor del derecho penal. Sin embargo, una comprensión más exigente de los derechos fundamentales y del principio democrático obligaría a ver las cosas de otro modo.

Tomemos el caso de la reciente orden de desalojo contra la cincuentena de jóvenes que ocupaban la antigua fábrica de Can Ricart. Las crónicas periodísticas disponibles informan de que el juez de la causa fundó su decisión en dos argumentos centrales. Por un lado consideró que la ocupación no fue pacífica, sino “intimidatoria” y que constituyó, por tanto, una usurpación violenta de propiedad ajena. Por otra parte, sostuvo que las declaraciones reivindicativas por parte de los ocupantes y de asociaciones de vecinos habían generado “preocupación en la víctima” y gran “alarma social”.

Intimidación, reivindicación de los hechos y alarma social aparecen así como la cadena lógica que justifica el rigor penal y obliga a descartar otras vías más dialogadas, como la civil. Buena parte de la clase política ha respirado aliviada ante la decisión, como si se quitara de encima un problema que podría haberse resuelto antes y de manera más contundente. No obstante, la decisión del juez deja abiertos numerosos interrogantes.

Para comenzar, el propio juez reconoce -lo que no es poco- que la ocupación pacífica de un inmueble injustamente abandonado podría no merecer reproche penal alguno y que, por tanto, bien podría zanjarse por otras vías judiciales. El problema en Can Ricart sería que el predio no se encontraba abandonado puesto que estaba “vigilado durante las 24 horas”. La ocupación, por tanto, sólo habría podido prosperar de manera “violenta”. Para cualquiera que haya seguido la crónica de la manifestación que concluyó en la ocupación o que haya constatado con sus propios ojos el estado en que se encuentra el predio, estas razones son difícilmente aceptables.

Argumentar, en primer lugar, que basta con apostar un vigilante en un inmueble para desbaratar cualquier sospecha de abandono o de uso especulativo de una propiedad, resulta endeble. El propio proyecto de ley del derecho a la vivienda impulsado por el Gobierno tripartito, por ejemplo, reconoce que consentir el deterioro de las instalaciones y de servicios básicos de agua o luz constituye un indicio de peso del uso “anómalo” o “antisocial” de una propiedad.

La entrada de los músicos y artistas a las naves, por otra parte, se produjo a plena luz del día, diferentes cuerpos de seguridad acompañaban de cerca la manifestación y no hubo constancia de que se produjeran daños a persona alguna. Presentarla como un despliegue de “artimañas” e “intimidaciones violentas” parece desmesurado. Entonces, ¿qué elementos desencadenaron el desalojo penal? El magistrado parece sugerirlo de manera elíptica. En lugar, afirma, de actuar con “sigilo”, los ocupantes reivindicaron su actuación y exhibieron así un arraigado tic de los movimientos antisistema: “enfrentar de manera permanente a los poderes públicos”.

Este último razonamiento es preocupante, sobre todo por la idea de democracia que traduce. Desde un primer momento, quedó claro que los miembros de La Makabra no se limitaban a pedir un espacio “propio” para ensayar. Pretendían poner sobre la mesa una cuestión más grave, sobre la que la decisión judicial guarda un clamoroso silencio: la reconversión de barrios enteros, con fuerte identidad social y valor histórico, en espacios mercantilizados y excluyentes. Y todo ello a través de procedimientos no siempre transparentes que privilegian la participación de los grandes propietarios y promotores en detrimento de la de los vecinos afectados.

¿Qué hay de malo en hacer públicas esas razones? ¿Por qué sería preferible el “sigilo” a la reivindicación deliberada de derechos que, después de todo, no expresan simples caprichos privados, sino anhelos de una parte importante de la población? ¿No es acaso la disposición para enfrentar al poder, cualquiera sea su color político, la base de una ciudadanía alerta y vigilante? Si la protesta de los artistas de La Makabra consiguió granjearse el apoyo de asociaciones de vecinos e incluso del propio relator de Naciones Unidas fue precisamente por su capacidad para apelar a intereses públicos, en buena parte generalizables. ¿Qué es por tanto lo que de verdad produce “alarma social”: los colectivos que protestan o aquello que se denuncia?

Ciertamente, puede discreparse con la manera de llevar a cabo la reivindicación. Pero debe hacerse sin hipocresías. En las actuales democracias mediáticas, ¿cómo pueden hacerse sentir las voces más críticas? ¿Cómo ejercer de manera genuina la libertad ideológica y de expresión cuando los canales convencionales permanecen bloqueados o resultan manifiestamente insuficientes? ¿Cuáles son, en suma, las vías de participación que, más allá del voto y de los mecanismos simplemente programados “desde arriba”, está dispuesta a aceptar una democracia que la Constitución española define como “avanzada”?

La ocupación de los deteriorados predios del marqués de Santa Isabel por parte de un colectivo de artistas permitía, entre otras cosas, detenerse a reflexionar sobre el modelo de ciudad que se está impulsando y su impacto sobre los derechos de sus pobladores. Se podía estar de acuerdo o no con las reivindicaciones de fondo. Pero la utilización del derecho penal resulta un portazo torpe y desproporcionado a la posibilidad de ampliar la discusión pública en torno al gravísimo problema de la especulación urbanística y de la falta de vivienda asequible. Para ello habría que haber comenzado por asumir que, en una concepción exigente del principio democrático, el derecho a la protesta es el primero de los derechos.

]]> http://www.nohihadret.cat/2007/01/vivienda-y-derecho-a-la-protesta/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2006/01/todos-somos-omar-respuesta-a-la-consejera-tura/ http://www.nohihadret.cat/2006/01/todos-somos-omar-respuesta-a-la-consejera-tura/#comments Tue, 24 Jan 2006 09:02:32 +0000 nohihadret http://www.nohihadret.cat/?p=446 El pasado jueves la consejera de Interior, Montserrat Tura, publicó en este periódico un artículo, con el sugerente título de Las huellas del chacal, sobre la última operación contra el terrorismo islámico. En él se criticaba la “reacción de una minoría que quiso mostrar su desacuerdo con la detención de uno de los detenidos”, llamado Omar Nakhcha, cuyo lema era Todos somos Omar. Con la presente me gustaría aclarar a los lectores una acusación que ha resultado falsa, sin entrar a valorar las opiniones políticas que la consejera deriva del mismo. El acto se convocó en solidaridad no con el tal Omar, contrariamente a lo que dice la consejera. Fue por otro detenido, el ciudadano Osama, conocido miembro de diferentes colectivos sociales y políticos de la ciudad de Santa Coloma. Los medios así lo reflejaron. Por otro lado, la consejera consideraba que ese acto era irresponsable y servía para enaltecer o llegar a convertir en héroes a supuestos delincuentes. Detrás del lema Todos somos Omar (que en realidad era Osama), había personas que decían ser “miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí”, afirmaba la consejera. En fin, poco menos que un acto de apología del terrorismo. Considero que en esas apreciaciones la consejera va demasiado lejos, supone e interpreta excesivamente, hasta el punto de tergiversar el sentido de las intenciones de una legítima protesta ciudadana. En mi opinión, se trataba tan sólo de una muestra de apoyo o solidaridad (en su mayoría eran amigos y familiares) con un conciudadano al cual se le aplicó la ley antiterrorista acusado de hechos muy graves. O si se quiere, incluso podría ser una muestra de rechazo por las limitaciones a los derechos del detenido que esa ley prevé, o por los inevitables efectos estigmatizadores de su aplicación. En todo caso, nada de apología al terrorismo, señora consejera. Se defendía la inocencia, o al menos su presunción, del ciudadano Osama ante las graves acusaciones policiales que aparecían en los medios de comunicación y que usted daba por ciertas en su artículo. Pues bien, finalmente se demostraron infundadas. Tras cinco días de detención incomunicada tanto del ciudadano Osama como de otro de los tres detenidos en Santa Coloma, el ciudadano Mouhssin, quedaron en libertad sin cargos. Eso en un Estado de derecho significa ni más ni menos que admitir que su detención fue un error policial. Eran inocentes. De lo que cabe derivar que la protesta era más que razonable y legítima, cuando además no era la primera vez que se producía un error de esas características en Santa Coloma. En la anterior operación antiterrorista de junio pasado se detuvo a 16 personas, con lo que se creó conmoción en la población. No obstante, la mayoría de los detenidos quedaron después en libertad sin cargos. Entre ellos, como ustedes seguramente recordarán, un imán, conocido por sus críticas a ciertos supuestos excesos policiales con la comunidad árabe de la localidad. A diferencia de esa ocasión, esta vez el desenlace judicial apenas ha trascendido a los medios de comunicación. Por ello, considero que esta carta debería publicarse para restablecer la imagen y el honor maltrecho de Mouhssin y Osama. El Estado de derecho, a pesar de lo que consideran algunos, es más Estado de derecho cuando es capaz de reconocer sus propios errores. Ésa es su grandeza y fortaleza.

¿Cómo ha reaccionado la Administración ante tal interpelación? De entre el amplio abanico de opciones posibles de intervención, ha escogido la más expeditiva, lesiva y costosa: la del derecho penal. En efecto, una vía reservada sólo para situaciones graves e intolerables de deterioro de la convivencia social. O dicho en otras palabras: el último recurso, en ausencia de otros medios no penales alternativos, al que se debe acudir. ¿Era éste el supuesto? ¿Debía dirimirse esta controversia a través de la coacción penal y policial? La fiscalía lo niega. Los vecinos de Nou Barris opinan lo mismo. Se podría acudir a la vía civil ¿Por qué no dialogar? ¡Ni una palabra con esos delincuentes! ¿Merecen los jóvenes ir a la prisión? ¿Es el derecho de propiedad privada absoluto? ¿No admite acaso limitaciones en función de su uso o de su colisión con otros derechos, como el de la vivienda? ¿Qué conducta merece en realidad mayor repulsa social? ¿La de un uso abusivo y antisocial de una propiedad abandonada o la de unos jóvenes que la restauran y le otorgan la función social perdida? ¿Y si el protagonista de esa conducta es ni más ni menos que una institución pública?

La actuación de los poderes públicos se justifica ante necesidades sociales o problemas que exigen una respuesta -a ser posible integradora- que, de no darse, causaría un agravamiento de la situación. Desgraciadamente, demasiado a menudo se interviene de espaldas a la realidad social y sus actores. No sólo resolviendo lo que se define como problema, sino empeorándolo y creando otros nuevos. Es un síntoma de la creciente dificultad institucional de interacción con los desafíos cada vez más complejos y dinámicos de nuestras sociedades contemporáneas. En Collserola se sitia el lugar, en un operativo manu militari espectacular, como si se tratara de un edificio tomado por una peligrosa guerrilla revolucionaria y se espera al agotamiento del enemigo. Ni agua, ni comida. El resultado: en nombre de la sacrosanta propiedad se impide la ayuda humanitaria hasta el punto de poner en peligro la vida e integridad física de los jóvenes, ya de por sí suficientemente amenazada por su situación. Su protesta se convierte, contra su voluntad, en una huelga de hambre forzada. El conflicto presenciado en directo por centenares de personas -como si de un circo romano se tratara- sugiere preguntas comprometidas: ¿resulta legítimo que la autoridad prive a una persona de sus derechos más elementales para hacerla desistir de su derecho a reivindicar?, ¿es legal -o incluso no es delito- infligir un sufrimiento físico y mental a una persona para doblegar sus facultades de decisión?, ¿no es un trato degradante -incluso de tortura- cuando la policía utiliza potentes focos durante la noche para que no se duerman? ¿Qué hubiera pasado sin la presión mediática y la movilización ciudadana? Quizá ahora nos lamentaríamos de un desenlace más dramático.

Estos interrogantes merecen una reflexión perentoria sobre el proceso de relajación de los derechos y garantías constitucionales de aquellas personas o colectivos que participan en movimientos sociales disidentes. A su cada vez mayor apoyo y legitimidad social -medio millón en la manifestación antiglobalizadora del 16 de marzo- le sigue una impetuosa y perversa criminalización. En realidad, se les expulsa del sistema para luego privarles de sus derechos, y cuando reclaman amparo legal, el sistema les excluye y rechaza como parias. En un contexto así, resulta obligado recordar que los disidentes son actores de primer orden para el indispensable cambio social, cultural o ético de cualquier sociedad que se pretenda democrática. Más que espectadores dóciles y satisfechos, ésta requiere de ciudadanos comprometidos y activos, incluso incómodos.

El Estado de derecho no se agota en sí mismo. Por el contrario, esta imbuido por un logica que va más alla de él. En efecto, en una infinita readaptación de si mismo, debe enfrentarse a sus insuficiencies y contradicciones. Estar atento a los valores emergentes de la sociedad, a los ideales y expectativas que remueven sus luchas. Es más, los conflictos que se apoyan en razones éticas o sociales, pero no en la razón normativa, a menudo son en un inicio inevitablemente ilegales. Precisamente, derechos como las huelgas o manifestaciones se han ejercido historicamente por la fuerza y sin reconocimiento previo. Por eso, en una sociedad compleja y multicultural como la nuestra, deberían buscarse vías más imaginativas para encontrar formas de convivencia en que sea factible, por ejemplo, abrir espacios de vida alternativos sin convertir necesariamente a los disidentes en delincuentes. Ni toda transgresión legal en una acción delictiva. El conflicto de Can Masdeu se podría empezar a desbloquear con la retirada de la denuncia penal.

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