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	<title>No hi ha dret(s) &#187; Articles El Periodico</title>
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	<description>Garantisme en temps d&#039;excepció</description>
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		<title>Prostitución y ordenanzas</title>
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		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 12:22:31 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Articles El Periodico]]></category>
		<category><![CDATA[Drets Humans]]></category>
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		<description><![CDATA[La prostitución ha sido siempre uno de los temas más recurrentes del debate público. Las instituciones lo han abordado desde una posición ambivalente. Con tolerancia en los locales privados; con persecución, por contra, en el espacio público. Con este objetivo, en Barcelona se aprobó la Ordenanza del Civismo en el 2006. Y en el 2012, el entonces alcalde Trias declaró su voluntad de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>prostitución </strong>ha sido siempre uno de los temas más recurrentes del <strong>debate público.</strong> Las instituciones lo han abordado desde una posición ambivalente. Con tolerancia en los locales privados; con persecución, por contra, en el espacio público. Con este objetivo, en Barcelona se aprobó la <a href="http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/sites/default/files/pdf/Convivencia.pdf" target="_blank"><strong>Ordenanza del Civismo en el 2006.</strong></a> Y en el 2012, el entonces alcalde <strong>Trias </strong>declaró su voluntad de borrar de la ciudad «una intolerable esclavitud del siglo XXI». Con el apoyo del PP endureció el texto y suprimió el requisito del aviso previo a la sanción. Ni el PP en Madrid se había atrevido a ir tan lejos. ¿Qué balance se puede extraer hoy de la aplicación de la ordenanza?</p>
<h3>PROTEGER LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES</h3>
<p>A primera vista, su entrada en vigor sirvió para sosegar los ánimos de quienes consideraban que existía una situación de caos en la ciudad. El fenómeno, no obstante, no ha disminuido y <strong>la situación de las mujeres ha empeorado</strong>. Una de las pretensiones de la norma era protegerlas del «comercio y explotación sexual». Desde una visión abolicionista, se sostiene que la práctica no es nunca voluntaria sino fruto de la coacción. Los argumentos son similares a los de la cruzada contra las mujeres musulmanas con velo. Se defiende que está en juego su dignidad como mujeres. Hay que protegerlas por su bien y, si hace falta, contra su voluntad.</p>
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<h2>Ahora es el momento de elaborar una estrategia más eficaz y garantista</h2>
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<p>No hay que ser un experto en la materia para percatarse de la incongruencia de colocar en la diana a quien previamente se ha definido como víctima o esclava. Lejos de protegerla de sus supuestos explotadores, se prevé incautar el dinero de su trabajo y multas de hasta 3.000 euros. El castigo económico, sin embargo, no es de gran ayuda. <strong>A menos ingresos, más incentivos para salir a la calle</strong>. La portavoz de Genera, <strong>Clarisa Velocci</strong>, ha calificado la medida de ejercicio de hipocresía institucional. Un celo punitivo que, más que erradicar, puede fomentar la explotación. La Síndica de Barcelona también se ha sumado a las críticas. Y la Agencia de Protección de Datos sancionó en el 2006 al consistorio por <strong>vulnerar sus derechos</strong> con un fichero. No son pocas, además, las que acumulan deudas impagables con la Administración. Y eso puede ser un obstáculo para recibir ayudas o prestaciones sociales.</p>
<h3>UNA EFECTIVIDAD SIMBÓLICA</h3>
<p>En realidad, la efectividad de la ordenanza ha sido sobre todo simbólica. El estigma se proyecta sobre los más vulnerables, <strong>profundiza su marginación </strong>y los convierte en chivos expiatorios. Lo interiorizan también en perjuicio de su autoestima. La caracterización de las mujeres como incívicas configura un imaginario de rechazables que alimenta comportamientos de odio. Se consolida, además, un mensaje contradictorio con la visión victimista. Sancionarlas transmite la idea de que el problema es básicamente suyo. Esta forma de actuar <strong>puede chocar con la normativa europea</strong>. La <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:Es:PDF" target="_blank">directiva 2011/36 de la UE</a> obliga a los estados miembros a proteger a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico. Y a evitar, en cualquier caso, medidas de castigo contra ellas.</p>
<p>Diez años después, se puede asegurar que <strong>el abordaje punitivo ha fracasado</strong>. Los datos son reveladores e incontestables. Desde el 2009 hasta ahora el Ayuntamiento atiende a unas 400 mujeres. A pesar de las promesas, la cifra se ha mantenido estable. Esta es una de las conclusiones de las jornadas <em>Prostitución y ordenanzas municipales</em> de hace unos días. ¿Cómo abordar, entonces, la cuestión? Desde finales del 2015 se ha dejado de multar a quienes ejercen la prostitución por el solo hecho de estar en la calle. Más allá de los motivos políticos, hay buenas razones legales para ello. La entrada en vigor de la ley de seguridad ciudadana –conocida como <em>ley mordaza</em>– no prevé castigar el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Se introduce el requisito de aviso previo. El PP y el PDECat han quedado descolocados. La norma estatal es <strong>más benévola</strong> que la suya y, en cambio, el fenómeno no ha crecido.</p>
<h3>DEBATE ABIERTO</h3>
<p>Una vez constatado que multar no es ninguna solución, ahora es el momento idóneo para elaborar una estrategia más eficaz y garantista. Junto con la concejala de Feminismos, <strong>Laura Pérez</strong>, debemos construir herramientas –sobre todo comunitarias– para afrontar las preocupaciones vecinales sin reproducir un marco punitivo fallido. En esta nueva etapa, el debate se debe <strong>abrir a la oposición y a la ciudadanía</strong>. También, no obstante, a quien normalmente no se le da la palabra: a <strong>las mujeres que ejercen la prostitución</strong>. Esto supone aceptar lo que es obvio: que no hay disfrute estable, seguro, de los derechos propios si no se establece un marco que evite amplificar la voz de los más fuertes a expensas de silenciar la voz de los y las más débiles.</p>
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		<title>Nuremberg i Puig Antich</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 11:25:29 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Articles El Periodico]]></category>
		<category><![CDATA[Franquisme]]></category>
		<category><![CDATA[impunitat]]></category>
		<category><![CDATA[memoria històrica]]></category>
		<category><![CDATA[Puig Atinch]]></category>

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		<description><![CDATA[Hi ha víctimes que, fins que no se’ls faci justícia, ens interpel·len i es fan actuals. Això és el que passa amb el jove barceloní Salvador Puig Antich. Com tants altres assassinats, torturats o desapareguts pel règim franquista, el seu record segueix present malgrat el pas del temps. Quaranta-tres anys després, la impunitat d’aquell crim [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hi ha víctimes que, fins que no se’ls faci justícia, ens interpel·len i es fan actuals. Això és el que passa amb el jove barceloní Salvador Puig Antich. Com tants altres assassinats, torturats o desapareguts pel règim franquista, el seu record segueix present malgrat el pas del temps. Quaranta-tres anys després, la impunitat d’aquell crim atroç ens converteix inevitablement en còmplices del moment en què la seva vida es va dislocar en el garrot vil. Per això hem decidit portar el seu cas als tribunals. La mort de Puig Antich va ser un assassinat polític. Un acte de venjança arran de la mort de Carrero Blanco. Ho demostra, per exemple, el sinistre mètode d’ajusticiament medieval utilitzat. Era un missatge d’inclemència d’un règim agonitzant que se sentia vulnerable. Una altra prova en va ser la farsa judicial que el va portar al patíbul. No va tenir dret a cap judici just, equitatiu, independent, imparcial o amb garanties processals. Quatre membres del consell de guerra van ser escollits per la seva «rectitud patriòtica» entre «capitans resolutius» i sense cap formació jurídica. El cinquè militar, Carlos Rey, sí que era jurista. Contra ell es dirigirà la querella. Va ser qui va portar la veu cantant i va redactar la sentència de mort. De resultes d’això, està imputat en un jutjat argentí i pesa sobre ell una ordre internacional de recerca i captura. En una entrevista recent, va afirmar sense indicis de penediment que va fer «el que havia de fer».</p>
<h3>MEMÒRIA HISTÒRICA</h3>
<p>Aquesttipus d’al·legats són incompatibles amb els drets humans. I ens remeten a la tràgica experiència del nazisme. Les condemnes de Nuremberg establien que l’actuació de fiscals i jutges nazis podia ser legal a la llum del sistema jurídic alemany, però no del dret internacional. Un argument que serveix per als consells de guerra franquistes, com el de Puig Antich, declarats il·legítims per la mateixa llei de memòria històrica. Amb la intenció d’aixecar un mai més com a imperatiu categòric, el Tribunal d’Estrasburg ha tractat aquestes actuacions no com a actes de dret sinó de barbàrie. Hi ha crims que, per la seva crueltat, no prescriuen ni admeten immunitat. Que no solament ofenen qui els pateix sinó també tot el món. I precisament per això, independentment de qui sigui el seu autor i d’on s’hagin produït, es poden perseguir des de qualsevol lloc. Això és, precisament, el que estableix el principi de justícia universal. Els tribunals espanyols van ser, de fet, pioners en el seu impuls. Es va invocar el recurs a la jurisdicció universal per trencar la impunitat de lleis d’amnistia i punt final que impedien el càstig de crims de lesa humanitat. Entre els casos més notoris hi havia els de Xile i l&#8217;Argentina. La qüestió es va torçar, no obstant, quan es va tractar netejar els draps bruts propis. El brusc tancament d’una investigació sobre els crims franquistes posava al descobert la utilització hipòcrita del dret. Les normes que no valien per als altres, llavors sí que valien per a un mateix. Llavors Es va produir un fet inesperat. La via oberta per la jurisdicció espanyola va ser represa a l’Argentina. Una querella presentada per víctimes i associacions va permetre impulsar la investigació contra els responsables dels fets. Entre ells, els que presumptament van assassinar Puig Antich. La resposta, no obstant, va seguir sent poc recíproca. Les autoritats espanyoles es van negar a donar curs a les ordres d’extradició.</p>
<h3>UN ALIAT MUNICIPAL</h3>
<p>Aquesta política de bloqueig és, sens dubte, contrària a un altre principi del dret internacional, que diu: extradeix o jutja. O s’investiga o es deixa investigar. Amb aquest argument, i després del canvi de cicle polític obert en les passades eleccions municipals, ajuntaments com Saragossa, Cadis, Vitòria-Gasteiz, la Corunya, Pamplona o Barcelona reprenen ara el fil argentí per tornar a portar-lo als tribunals espanyols. Les entitats memorialistes i de drets humans han trobat en aquesta xarxa municipal un nou aliat per trencar el candau de la impunitat. El temps transcorregut no debilita la seva reivindicació. Al contrari, la legitima més. A Puig Antich el va assassinar el règim franquista, és cert. Però és l’actual règim sorgit de la Transició el que fins ara no ho ha reparat. Qui busca la impunitat d’aquest tipus d’assassinats és tan responsable com qui els va perpetuar. Les víctimes segueixen sent actuals en la mesura que no se’ls faci justícia. No se les pot ignorar una vegada i una altra. I si es fa, el ressò de la seva veu ens perseguirà sense descans. Com a promesa d’un mai més que vol fer-se realitat. Com a irrenunciable llei de qui, en la lluita pels drets humans, no accepta fronteres ni mordasses. Ni pactes de silenci o oblit. Aquest és, precisament, el llegat de Nuremberg.</p>
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		<title>Els somnis de Millet</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 07:47:19 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Cas Palau]]></category>
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		<description><![CDATA[A Barcelona, tant el model urbanístic com el turístic han sigut sempre motiu de disputa. Ho ha tornat a ser ara amb el cas de l&#8217;Hotel del Palau set anys després del registre dels Mossos. En l&#8217;últim ple de juliol, l&#8217;ajuntament va aprovar desfer-se del llegat urbanístic de Millet i impedir la construcció de l&#8217;hotel ordit per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Barcelona, tant el model urbanístic com el turístic han sigut sempre motiu de disputa. Ho ha tornat a ser ara amb el cas de l&#8217;Hotel del Palau set anys després del registre dels Mossos. En l&#8217;últim ple de juliol, l&#8217;ajuntament va aprovar desfer-se del llegat urbanístic de <b>Millet</b> i impedir la construcció de l&#8217;hotel ordit per ell. En veritat, aquesta victòria no és dels polítics. És gràcies a la lluita infatigable protagonitzada pels veïns i veïnes en la defensa d&#8217;un barri exhaust per la congestió turística. Van ser aquests els que van aconseguir el 2015 la seva anul·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La setmana passada, malgrat això, es va fer pública una carta dirigida a l&#8217;alcaldessa. En ella s&#8217;exigeix un «acte de desgreuge públic» als màxims responsables d&#8217;aquell projecte fallit. La firmaven nombrosos especialistes en urbanisme. Fins i tot alguns, com <b>Jordi Borja</b>, pròxims a l&#8217;actual govern. Argumenten que el cas «es va mostrar des dels seus inicis sense fonaments sòlids». La recent sentència del Suprem vindria a tancar, segons ells, qualsevol dubte. Aquesta visió de les coses no s&#8217;adiu amb certes dades. D&#8217;entrada perquè ignora el dur correctiu infligit amb anterioritat pel màxim tribunal competent en matèria urbanística de Catalunya, el TSJC. Aquest va deixar clar el seu veto al polèmic hotel. I va exigir «transparència» en aquest tipus de projectes perquè el ciutadà conegui quins interessos hi ha al darrere. Com ara els d&#8217;un <b>Millet</b> que va confabular perquè al cap de 10 anys el sumptuós allotjament turístic pogués ser la seva futura residència personal. Un retir daurat amb vistes al palau espoliat. I un somni particular convertit en malson col·lectiu. És cert que el Suprem ha dictat una absolució. Això no esborra, no obstant, les responsabilitats administratives assenyalades pel TSJC. Ni significa que el cas penal fos infundat. Tant el fiscal com els magistrats que el van examinar en primera instància opinaven el contrari. Sense indicis de criminalitat no s&#8217;hauria obert pas la investigació o el judici. Ni l&#8217;Audiència hauria dictat condemna. La solvència del cos funcionarial per aconseguir un urbanisme al servei de la gent està fora de dubtes. La reputació de l&#8217;anterior cúpula, no obstant, no ha quedat impol·luta. Que no es consideri ara reprotxable la seva feina des de l&#8217;òptica penal no significa que no ho sigui des de la moral o la política. O fins i tot l&#8217;administrativa i urbanística. Aquí hi ha la sentència del TSJC. De fet, tampoc el Suprem els fa cap lloança. Els absolen, sí, però els magistrats els retreuen la falta de rectitud. Consideren que l&#8217;operació no va seguir els tràmits exigibles en una bona gestió urbanística. Ni va ser transparent. Es va amagar el caràcter especulatiu d&#8217;una iniciativa presentada com de gran interès públic. I que -per als jutges- «pecava d&#8217;una insuficient motivació en relació amb la necessitat, oportunitat i conveniència». Els magistrats van retreure també que tot valgués per construir un hotel de luxe al cor de Ciutat Vella. I que poc importés entregar un espai públic a mans privades. O destruir un edifici modernista protegit com a patrimoni històrico-arquitectònic. Amb aquesta intenció, de fet, es va firmar un conveni secret paral·lel al públic. No es volia que se sabés que l&#8217;autèntic propietari dels terrenys no era el Palau, sinó un simple hoteler. Posteriorment, es van aprovar tràmits administratius sota una «pressió persistent», es van fer permutes i canvis en les qualificacions urbanístiques amb un clar perjudici per a les arques públiques. Els magistrats, de fet, assenyalen «deficiències», «falsedats» i «falta de diligència» en l&#8217;actuació de la cúpula d&#8217;urbanisme. No obstant, aquest &#8216;<i>modus operandi&#8217;</i> no ha sigut -al seu parer- mereixedor de condemna penal. Entre altres motius perquè el delicte de prevaricació administrativa -a diferència de la judicial- no es pot realitzar per negligència. Exigeix una intencionalitat dolosa que en el supòsit enjudiciat, segons ells, no quedava prou provada. Vist des d&#8217;aquesta perspectiva, col·locar els focus només en l&#8217;absolució és una mica enganyós. Lluny de la funció social que s&#8217;ha d&#8217;atorgar a l&#8217;urbanisme, els exgestors de la ciutat no van dubtar a l&#8217;hora d&#8217;assegurar l&#8217;èxit d&#8217;aquest negoci privat malgrat la ferma oposició dels veïns d&#8217;un barri amb pocs equipaments. Van ser aquests els que -amb l&#8217;ajuda de l&#8217;exregidora <b>Itziar González</b> i l&#8217;advocat <b>Daniel Jiménez</b>- van aconseguir treure a la llum l&#8217;irregular pla. Ja el 2009, van sortir al carrer a exigir més transparència i control democràtic d&#8217;unes institucions que consideraven massa dòcils amb els interessos d&#8217;una oligarquia caciquil. Van denunciar el cas davant la Fiscalia i es van personar com a acusació popular amb els advocats <b>Alex Solà</b> i qui subscriu aquest article. Encara que el Suprem consideri ara que ningú hagi d&#8217;anar a la presó per aquest &#8216;<i>pelotazo&#8217; </i>urbanístic, el cert és que van aconseguir frenar-lo davant la justícia contenciós-administrativa. En veritat, són ells els que meriten dels actes de desgreuge públic. O distincions honorífiques, com la creu de Sant Jordi o la de la Ciutat. Uns honors que desgraciadament es van atorgar en el passat a qui no s&#8217;ho mereixia. A delinqüents confessos com <b>Fèlix Millet</b>.</p>
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		<title>El clan Pujol i els seus còmplices</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 11:06:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La confessió de frau fiscal del clan Pujol ha suposat un autèntic terratrèmol polític. Des d&#8217;alguns àmbits polítics i mediàtics pròxims a CiU s&#8217;ha intentat presentar com un assumpte simplement personal i familiar. Des d&#8217;altres, més lligats al Partit Popular, com una prova del caràcter intrínsecament corrupte del nacionalisme català, que hauria inventat el debat sobre el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La confessió de frau fiscal del clan Pujol ha suposat un autèntic terratrèmol polític. Des d&#8217;alguns àmbits polítics i mediàtics pròxims a CiU s&#8217;ha intentat presentar com un assumpte simplement personal i familiar. Des d&#8217;altres, més lligats al Partit Popular, com una prova del caràcter intrínsecament corrupte del nacionalisme català, que hauria inventat el debat sobre el dret a decidir per ocultar les seves misèries. Ni una ni l&#8217;altra, no obstant, semblen interpretacions acceptables.</p>
<p>Jordi Pujol és una figura que va acaparar grans cotes de poder a Catalunya. Aquest poder, com s&#8217;ha demostrat en més d&#8217;una ocasió, va ser utilitzat per influir en jutges, silenciar periodistes i frenar investigacions parlamentàries. Però no era un poder autònom. S&#8217;explicava, entre altres raons, pel suport de CiU al PSOE, primer, i al PP, després, i per l&#8217;interès de les elits econòmiques catalanes i espanyoles d&#8217;evitar la irrupció d&#8217;altres alternatives polítiques a Catalunya. Com recordava recentment Albert Sáez en aquest diari, eren els temps en què <i>Abc</i> nomenava el president català «espanyol de l&#8217;any».</p>
<p>Quan el ministre Montoro carrega contra Pujol, oblida explicar les raons del silenci que l&#8217;Agència Tributària va mantenir durant totes aquestes dècades. Aquest silenci no és casual. I és que el pujolisme resulta inexplicable sense els forts aliats econòmics i polítics amb què va comptar, dins i fora de Catalunya. Ja en el passat, la pressió de diferents poders de l&#8217;Estat va ser determinant perquè es tanqués la instrucció de casos foscos que involucraven l&#8217;expresident, com el de Banca Catalana. I té sentit pensar que si les noves irregularitats que envolten el clan Pujol s&#8217;han fet públiques, en bona mesura ha estat perquè el procés sobiranista a Catalunya ha propiciat una ruptura de certs acords d&#8217;impunitat i protecció mútua que en el passat van funcionar sense problemes.</p>
<p>La mera existència de patrimoni ocult a Andorra i en altres territoris qualificats legalment com a paradisos fiscals, sense que se&#8217;n pugui justificar la procedència lícita, obligaria la fiscalia i l&#8217;autoritat judicial a iniciar una profunda investigació dels fets. Amb tot, no es pot caure en la ingenuïtat. En temps de corrupció ascendent, és difícil que els poders de l&#8217;Estat -inclòs el judicial- estiguin disposats a propiciar una investigació a fons d&#8217;aquests casos de manera espontània. I molt menys un Govern involucrat en trames de corrupció tant o més escandaloses que les que avui envolten el clan Pujol, com les lligades als casos <i>Gürtel</i> o de Bárcenas.</p>
<p>Quan un escolta el ministre Montoro, adverteix l&#8217;enèsim favor que Pujol li ha fet al Partit Popular. Per un costat, li ha proporcionat una excusa més per dissimular els seus propis casos de corrupció d&#8217;Estat. Per un altre, li ha brindat arguments per deslegitimar una consulta que el 80% de la societat catalana recolza i que té el seu origen no en una ocurrència de CiU, sinó en una àmplia mobilització ciutadana contra les agressions centralistes del PP i un model constitucional autonòmic que fa temps que ha mostrat els seus límits.</p>
<p>D&#8217;aquí ve la importància de l&#8217;anunci de querella realitzada per la Federació d&#8217;Associacions de Veïns de Barcelona fa una setmana. I d&#8217;aquí ve la importància, també, de la presentada ja com a acció popular per Podem i Guanyem Barcelona i a la qual se sumaran ICV-EUiA, Procés Constituent i el Partit X. A diferència del que plantegen organitzacions d&#8217;extrema dreta com Manos Limpias o Plataforma per Catalunya, aquesta acció popular pretén ser una impugnació no solament del declarat frau de Jordi Pujol, sinó del pujolisme i del règim que l&#8217;ha utilitzat com a aliat mentre li convenia. I prové d&#8217;espais compromesos de manera clara i explícita amb el dret a decidir a Catalunya.</p>
<p>En un context en què drets socials bàsics són eliminats en nom de l&#8217;austeritat i de les limitacions fiscals, resultaria escandalós tractar el frau comès des de les institucions com un assumpte menor. Per això és important que la ciutadania i les formacions que aspiren a una regeneració democràtica autèntica, de fons, actuïn. Contra els Pujol, contra els Bárcenas, contra els Urdangarin, contra els Millet i contra els grans corruptors del món financer-constructor-immobiliari. Perquè només aquesta pressió des de baix està en condicions d&#8217;impedir que la crisi se saldi amb la impunitat dels seus principals responsables. Vinguin del partit que vinguin.Portaveu i advocat de Guanyem.L&#8217;article el firma també Gerardo Pisarello, jurista i així mateix membre de Guanyem.</p>
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		<title>El missatge de Luxemburg: sí que es pot</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 22:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nohihadret</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Després de l&#8217;esclat de la bombolla immobiliària, milers de famílies es van quedar al carrer, sense feina i amb un deute a sobre. El 2012 es va arribar a batre el rècord de més de 80 desnonaments diaris. Segons el CGPJ, això va suposar un creixement del 134% en relació a l&#8217;any anterior. Naturalment, aquest [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Després de l&#8217;esclat de la bombolla immobiliària, milers de famílies es van quedar al carrer, sense feina i amb un deute a sobre. El 2012 es va arribar a batre el rècord de més de 80 desnonaments diaris. Segons el CGPJ, això va suposar un creixement del 134% en relació a l&#8217;any anterior. Naturalment, aquest dramàtic panorama no pot atribuir-se a l&#8217;atzar o a alguna misteriosa conjura divina. En això ha tingut molt a veure, precisament, la normativa hipotecària sobre la qual el Tribunal de Justícia de la UE acaba de dictaminar la seva il·legalitat.</p>
<p>La històrica sentència resol la consulta d&#8217;un jutge que volia saber si la normativa que permetia casos com el de Mohamed Aziz, a qui CatalunyaCaixa va expulsar de casa seva i li exigia el pagament de tot el deute més interessos de demora del 18%, era contrària a la legislació europea. Luxemburg estableix que sí. Fins ara els jutges espanyols no podien paralitzar un desnonament que tenia origen en un contracte abusiu. Aquesta era, sens dubte, una de les principals anomalies d&#8217;un procés d&#8217;execució sense parangó a Europa. El retard d&#8217;un mes en el pagament de la quota podia portar ràpidament a l&#8217;hipotecat al carrer. I això, amb independència de la il·legalitat del contracte signat, com en el cas de Mohamed. Era un altre jutge el que havia de decidir sobre això. I quan ho feia, normalment ja era tarda. L&#8217;afectat podia reclamar una indemnització però no se li retornava l&#8217;habitatge. Per al Tribunal, els magistrats no poden estar tan emmanillats. Han de poder adoptar mesures cautelars com la paralització del desallotjament “per garantir la plena eficàcia de la seva decisió final”.</p>
<p>Sens dubte, la sentència tindrà repercussions en tots els jutjats que tramiten execucions hipotecàries. A partir d&#8217;ara els togats podran examinar les condicions en què es van pactar aquestes hipoteques per determinar si s&#8217;afecten els drets del consumidor. Haurà de comprovar-se, per exemple, “si el professional, tractant de manera lleial i equitativa amb el consumidor, podia estimar raonablement que aquest acceptaria la clàusula en qüestió en el marc d&#8217;una negociació individual”.</p>
<p>El model ara examinat pel Tribunal ja suscitava el rebuig de la majoria de la ciutadania. Bona prova d&#8217;això és la creixent pressió social que ha aconseguit aturar més de 500 desnonaments a tota Espanya. I que ha aconseguit que s&#8217;admetés a tràmit la ILP promoguda per la PAH i recolzada per gairebé un milió i mitg de signatures. De fet, el 94% dels ciutadans considera, segons un recent sondeig, que haurien de suspendre&#8217;s els desnonaments per raons econòmiques.</p>
<p>La sentència representa una severa garrotada per a les entitats financeres. Però també per a un Govern que no ha dubtat a posar-se al servei dels seus interessos. I fins i tot per al propi Tribunal Constitucional que va desestimar una queixa similar sense exhibir major sensibilitat pels drets en joc. Els afectats i plataformes ciutadanes com la PAH, en canvi, són els grans guanyadors. Porten anys denunciant la injustícia d&#8217;una normativa concebuda per protegir als bancs en perjudici dels ciutadans. Encara queda per guanyar, és veritat, la batalla decisiva de la dació en pagament i del lloguer social. Però el que es va aconseguir ahir a Luxemburg és una prova més que quan els ciutadans s&#8217;atreveixen, i les institucions no es pleguen simplement a l&#8217;interès del més fort, sí es pot.</p>
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		<title>Los otros deshaucios</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 23:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nohihadret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles El Periodico]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>

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		<description><![CDATA[La oposición a los desahucios por impago de hipotecas es una de las causas que más apoyos concitan entre la ciudadanía. Gracias a la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de otras entidades, la tragedia de miles de familias condenadas a la pérdida de su vivienda y al pago de deudas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La oposición a los desahucios por impago de hipotecas es una de las causas que más apoyos concitan entre la ciudadanía. Gracias a la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de otras entidades, la tragedia de miles de familias condenadas a la pérdida de su vivienda y al pago de deudas inasumibles se ha convertido en una injusticia intolerable. Para no quedarse al margen de este clamor, hasta el propio portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, llegó a sostener que su partido y la PAH iban «por el mismo camino». Sin embargo, nada hace pensar que el derecho a la vivienda de los sectores más golpeados por la crisis forme parte de las prioridades del Gobierno.</p>
<p>Hace unos días, el Congreso, con los votos favorables del PP y UPD y las abstenciones de CiU y el PNV, dio un paso decisivo en la aprobación de una reforma que afectará de lleno a otras familias: las que (mal)viven en régimen de alquiler. La iniciativa persigue dos objetivos. El primero, reducir de cinco a tres años la duración de los contratos de arrendamiento y permitir que inquilinos y propietarios pacten «libremente» aumentos ilimitados de la renta. El segundo, convertir el impago de un solo mes de alquiler en causa de desalojo y crear un registro público de morosos para dar seguridad a los propietarios.</p>
<p>Los impulsores de la reforma sostienen que su objetivo es «dinamizar el mercado de la vivienda» y «evitar rigideces» (un lenguaje llamativamente similar al utilizado en las últimas contrarreformas laborales). Sin embargo, a falta de un parque público asequible y suficiente lo más probable es que únicamente sirva para agravar una situación de emergencia habitacional que la ONU ha denunciado hasta el cansancio. Y que ya se ha cobrado algunas vidas, como la de José Antonio Diéguez<strong>,</strong> el vecino que el miércoles de la semana pasada se arrojó por la ventana de un modesto piso de Bilbao cuando iba a ser desalojado.</p>
<p>Al precarizar aún más la posición de los arrendatarios, en efecto, la reforma desincentivará el cuidado de los pisos alquilados y acabará por criminalizar a las personas con necesidades más agudas. La idea es reforzar la percepción de que la morosidad en el pago del alquiler obedece a la mala fe y no a la falta de recursos. Pero los datos disponibles demuestran que, pese a la crisis, este tipo de morosidad continúa siendo minoritaria. Y que allí donde existe, se concentra más bien entre promotores inmobiliarios y entidades financieras que no pagan ni los gastos de comunidad. Para las familias, en cambio, pagar el alquiler y evitar la pérdida de su hogar es una necesidad de primer orden. Tanto, que puede justificar la desatención de otras como la alimentación, el vestido o la educación.</p>
<p>En realidad, si la reforma recibe el visto bueno del Senado el derecho a la vivienda sufrirá un nuevo golpe. De entrada, se fomentará un interesado enfrentamiento entre los inquilinos más vulnerables y muchos pequeños propietarios que también se han visto empobrecidos con la crisis. Mientras, las grandes inmobiliarias y las entidades financieras podrán seguir especulando con un parque de viviendas infrautilizado que bien contribuiría a aliviar el problema. El resultado será nefasto. A los desahucios por ejecuciones hipotecarias se sumarán los de miles de personas que, sobre todo en núcleos urbanos donde el alquiler es mayoritario, no llegan a fin de mes y corren el riesgo cierto de quedarse en la calle.</p>
<p>No hace falta ser un crítico radical para advertir el desatino de esta política. En países como Dinamarca, Francia, el Reino Unido u Holanda, las insuficiencias del mercado privado de alquiler son compensadas por la existencia de ayudas, por la prohibición de desahucios en casos extremos, por la penalización del abandono injustificado de viviendas y, sobre todo, por la presencia de un fuerte parque de alquiler social (entre el 20% y el 35%). Y allí donde el parque público carece de peso suficiente, como en Alemania (un 6%), al menos existen límites a los precios del alquiler privado.</p>
<p>Si de verdad pretende dinamizar y no degradar el mercado de alquiler, el Gobierno dispone de varias alternativas. La primera, impulsar un registro riguroso, no de morosos pobres sino de grandes propietarios de viviendas abandonadas o infrautilizadas. Otra, forzar el alquiler del más de un millón de pisos vacíos en manos de las entidades financieras, comenzando por las que han sido apuntaladas con recursos públicos. Este es el razonable camino que señalan la PAH y otras entidades sociales ¿Será capaz el Senado, ese aparente convidado de piedra, de hacer resonar las voces de la calle antes de que una nueva tragedia se consume?</p>
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		<title>No disparar contra el jurado</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 10:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nohihadret</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Codi Penal]]></category>
		<category><![CDATA[jurat]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>

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		<description><![CDATA[El llamado caso Tous ha reavivado numerosos debates en el seno de la opinión pública y del mundo jurídico. ¿Qué influencia tuvo en el veredicto las características de la víctima y del acusado? ¿Que es más infalible un tribunal de jurado o de jueces? ¿Éstos habrían operado igual? No pocas voces han aprovechado la absolución [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">El llamado </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>caso Tous</em></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> ha reavivado numerosos debates en el seno de la opinión pública y del mundo jurídico. ¿Qué influencia tuvo en el veredicto las características de la víctima y del acusado? ¿Que es más infalible un tribunal de jurado o de jueces? ¿Éstos habrían operado igual? No pocas voces han aprovechado la absolución de Lluis Corominas, jefe de seguridad y yerno de los joyeros, para poner en cuestión el papel del jurado en el sistema jurídico español. A pesar de su parte de razón, estas críticas no apuntan al fondo del asunto. Aprovechan un caso extremo para atacar a una institución con una fuerte impronta democrática pero no inciden en los factores que desvirtúan su funcionamiento en las sociedades actuales. El más evidente, quizá, es la desigual capacidad con la que se enfrentan ricos y pobres a las severidades de la ley. O la deferencia hacia los poderosos y los dobles raseros que suelen imperar entre los grandes medios de comunicación y los propios jueces. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Que un jurado absuelva a quien dispara dos veces y a bocajarro a una persona desarmada que pretendía robar a sus pudientes suegros refleja, ciertamente, una errónea comprensión de los requisitos técnicos de la legítima defensa. Pero expresa, sobre todo, una fuerte identificación social con valores como la defensa de la propiedad privada, la familia, la respetabilidad de las clases acomodadas o el carácter siempre amenazante de ciertos extranjeros. Difícilmente puede negarse, así, el peso de prejuicios o estereotipos en este tipo de casos. Basta recordar, por ejemplo, famosos veredictos como la </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">absolución de unos policías de Los Angeles que habían apaleado a un negro</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> o la injusta condena de Dolores Vázquez, cuya condición sexual no paso inadvertida para el jurado.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Esta identificación no se produce de manera espontánea. Es el producto de un férreo consenso mediático difundido de manera machacona, día a día, y que condiciona lo que resulta aceptable y lo que no. Este consenso conservador, más duro con el pobre que con el rico, con el extranjero que con el autóctono, en la defensa de lo propio a cualquier precio, influye decisivamente en el juicio de los ciudadanos de a pie. Pero también en las decisiones de jueces, fiscales y otros operadores jurídicos que, más allá de este caso puntual, no dejan de expresar valores similares e incluso más rígidos. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Que en el caso Tous un grupo de legos haya adoptado una decisión difícilmente aceptable para un jurista profesional no debería servir ni para absolver la cultura conservadora de dichos juristas ni para negar las potencialidades democratizadoras del jurado. Un análisis empírico de las decisiones judiciales en diversos ámbitos, por el contrario, muestra que a pesar de su supuesta independencia y formación especializada, los jueces no están libres de prejuicios clasistas o de otra índole. Es más, muchas de sus decisiones, amparadas por la legitimidad de la “técnica”, son más irrazonables que las alcanzadas por muchos jurados dotados de sentido común. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">A la luz de estos elementos, las enseñanzas que arroja el caso Tous deberían situarse en su punto justo. Que la institución del jurado debe mejorar en la selección de sus miembros, de las preguntas y de la información de que disponen o del tipo de delitos sobre los que deberían intervenir, es indudable. Una genuina democratización de la justicia, en todo caso, no se agota en más y mejores jurados. Exige un cuestionamiento profundo de los prejuicios económicos y culturales con los que opera. Sino no se tocan esos resortes, toda discusión aislada a favor o en contra del jurado está destinada a ser una trampa. O lo que es peor, un distractor del debate esencial acerca del sentido democrático y garantista de la justicia como instrumento de tutela del más débil y de remoción de la impunidad del más fuerte. </span></span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
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		<title>Cadena perpetua: ¿y después, qué?</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nohihadret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles a Sin Permiso]]></category>
		<category><![CDATA[Articles El Periodico]]></category>

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		<description><![CDATA[La propuesta del PP insinúa la intención de instalar en la agenda política un programa de mano dura. El tratamiento dado por los medios a asesinatos como los de Marta del Castillo o la niña Mari Luz Cortés ha permitido a ciertos sectores de la derecha política y judicial desempolvar el debate en torno a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La propuesta del PP insinúa la intención de instalar en la agenda política un programa de mano dura.</strong></p>
<p>El tratamiento dado por los medios a asesinatos como los de Marta del Castillo o la niña Mari Luz Cortés ha permitido a ciertos sectores de la derecha política y judicial desempolvar el debate en torno a la cadena perpetua o, como se ha corregido luego, la «prisión permanente revisable». El propio Mariano Rajoy, secundado por partidos como la UPD de Rosa Díez, se ha propuesto llevar el asunto al Congreso cuando se discuta la reforma del Código Penal. Aunque este designio se presenta como respuesta a una «realidad nacional», es difícil no ver tras él la marca de un populismo punitivo que se extiende cada vez más por Europa y que compromete seriamente la convivencia social y libertades y derechos básicos.<br />
El populismo punitivo es un intento de recabar, de manera demagógica, el consenso social en torno al miedo generado en la población por la criminalidad ordinaria. Este miedo, espoleado e incluso creado a golpe de titulares de prensa, no siempre se compadece con la realidad. Frente al argumento de que la pena vitalicia sería la única respuesta a la «inseguridad y la impunidad reinantes», los datos disponibles revelan que los índices de delitos con violencia se encuentran entre los más bajos de Europa y que las condenas, en cambio, suelen ser especialmente severas, como mínimo desde la reforma del Código Penal de 1995.<br />
En su empeño en que ciertos condenados no puedan salir nunca en libertad en todo caso, el PP está siendo coherente con una visión compartida con los sectores más conservadores del Poder Judicial. De hecho, la ley 7/2003 para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, aprobada durante el Gobierno de Aznar, ya aumentó el límite máximo de cumplimiento de estas de 30 a 40 años. Algo similar a lo pretendido con la llamada <em>doctrina</em> Parot, alumbrada por el Tribunal Supremo para evitar, precisamente, que la excarcelación de ciertos presos causara «alarma social». El propósito, en uno y otro caso, era claro: elevar el tope punitivo, limitar el acceso a permisos, al tercer grado o a la libertad condicional, y conseguir con ello introducir la prisión perpetua eludiendo el <em>nomen iuris.<br />
</em>La cruzada a favor de la cadena perpetua, con todo, no parece reducirse a una simple reacción frente a dos asesinatos estremecedores. Lo que se insinúa, por el contrario, es la intención de aprovechar la coyuntura para instalar en la agenda política un programa más audaz de mano dura. Para comenzar, contra la inmigración irregular, un tema en el que el PP ya ha mostrado su disposición a asumir buena parte del guión xenófobo que Berlusconi o Sarkozy están desplegando sin tapujos. Pero también contra el vasto elenco de <em>delincuentes natos</em> para los que el imaginario conservador reserva toda la saña del aparato coercitivo: terroristas islámicos, traficantes de drogas, pederastas.<br />
Es ingenuo, igualmente, pensar que este afán represivo, de todo punto contrario a los fines socializadores que la Constitución atribuye a las penas, vaya a saciarse con la demanda de prisión perpetua. Como se puso de manifiesto durante el debate generado por la excarcelación de presos por delitos de terrorismo como De Juana Chaos, junto a ella asoma otra bandera que la derecha estaría dispuesta a hacer suya: la de la pena de muerte. No es casual que el líder del PP en Catalunya, Alberto Fernández Díaz, defendiera la perpetuidad con el argumento de que «si no pueden pagar con su vida, que paguen toda la vida». O que en las manifestaciones por la reinstauración de la cadena perpetua, lideradas por la derecha, se lancen gritos a favor de la pena de muerte.<br />
En un contexto como el actual, la sola introducción de este debate constituye una tragedia civil. Una tragedia que, alimentada por móviles electoralistas, esconde además una farsa en toda regla. Y es que incluso en países que han impulsado propuestas similares, como el Reino Unido, Francia o Italia, la medida no equivale a la prisión hasta la muerte (los presos a perpetuidad, de hecho, pueden llegar a salir en libertad a los 10 años de condena). En el caso español, en cambio, la reforma del 2003 ya ha dejado esta alternativa fuera del alcance de un número significativo de presos. Así lo ha admitido el propio ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha reconocido que el sistema penal –con una población reclusa que se ha cuadruplicado en menos de 30 años– se ha convertido en «uno de los más duros de Europa».<br />
Más allá de su inaceptable adscripción al <em>ojo por ojo</em>, lo que más subleva de este programa expansionista del <em>ius puniendi</em> para los <em>enemigos</em> es su capacidad para invocar sin sonrojo un celoso garantismo penal cuando lo que está en juego son casos de alta corrupción o delitos económicos cometidos por los propios <em>amigos</em>. Por eso, impugnar sus pretensiones no es solo una manera de defender el mejor legado de la tradición penal ilustrada. También es una condición indispensable para desenmascarar el trasfondo autoritario, clasista y racista sobre el que se asienta el populismo punitivo de nuestra época.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>En defensa de la libre circulación de las personas</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nohihadret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles El Periodico]]></category>

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		<description><![CDATA[Si algo ha permitido constatar la actual crisis económica es la inveterada predisposición de las clases privilegiadas a cargar sus costes sobre los sectores sociales más vulnerables. Las bravuconadas racistas de Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi, como las del líder austríaco Georg Häider hace unos años, son la expresión más desembozada de este tipo de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Si algo ha permitido constatar la actual crisis económica es la inveterada predisposición de las clases privilegiadas a cargar sus costes sobre los sectores sociales más vulnerables. Las bravuconadas racistas de Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi, como las del líder austríaco Georg Häider hace unos años, son la expresión más desembozada de este tipo de actitud. Sin embargo, cuando los gobiernos francés e italiano decretan que los migrantes pobres son “chusma”, que sus derechos básicos deberían supeditarse a un contrato de integración que a nadie más se exige, o que la falta de papeles debería considerarse un delito, se tiene  la impresión de que formulan de manera provocadora lo que otros están dispuestos a aceptar bajo formas más amables y suavizadas. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Las declaraciones de Sarkozy y Berlusconi, en efecto, están lejos de ser un simple sarpullido en un continente inmunizado contra este tipo de desafueros. Ya en el Tratado de Roma de 1957, la libertad de circulación y residencia aparecía como un derecho mutilado, como un privilegio reservado a los ciudadanos de los países miembros. Esta configuración excluyente fue determinante para el crecimiento de los “grandes de Europa”, comenzando por la propia Alemania. Es más, el mito del “milagro económico” hubiera sido difícilmente sostenible sin la decisiva aportación de miles de trabajadores turcos, españoles o portugueses que, en su condición de “extranjeros”, se vieron obligados a vivir de manera clandestina y a soportar controles o humillaciones de diverso tipo. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;">A partir de entonces, cada fase de ampliación en el proceso de integración ha supuesto la creación jurídica de nuevos “europeos” a los que se concede un pasaporte, el disfrute más o menos estable de ciertos derechos y una trepidante incorporación al consumo de masas capitalista. Pero también ha comportado la producción de nuevos “extranjeros” condenados a la exclusión o a una inclusión subordinada al mercado laboral. Un trabajador extranjero siempre puede ser acusado de no “adaptarse” o “integrarse” a las condiciones  que le ofrecen en los países receptores, comenzando, claro está, por las económicas. Y quien no logra “adaptarse”, quien aspira a vivir sin permiso de otros, puede ser bruscamente devuelto al limbo de la ilegalidad y considerado un</span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;">potencial delincuente. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">En rigor, el vínculo entre inmigración ilegal y delincuencia se presenta como un elemento capital de la economía “altamente competitiva” que los Tratados europeos ensalzan sin tapujos. Cuando hay crecimiento, ese vínculo puede relajarse ligeramente. Entonces, tienen lugar las “regularizaciones extraordinarias” –presentadas siempre como la última de todas- y la esclusa de los llamados a apuntalar sectores de dudosa viabilidad como la construcción o la agricultura intensivas, puede abrirse con cierta flexibilidad. Pero cuando llega la recesión, quienes pagan vuelven a ser, no los grandes grupos económicos enriquecidos en la fase anterior, sino los trabajadores extranjeros, que ven cernirse sobre ellos una renovada panoplia de controles y medidas represivas. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Esta es la idea que subyacía a la creación del llamado grupo TREVI, con el que los países comunitarios se comprometían, ya en los años 70, a rastrear el ligamen entre “terrorismo, delincuencia e inmigración”. Y es la que inspira la propuesta de “Directiva de Retorno” que el Parlamento europeo discutirá a lo largo de este mes de junio. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;">Lejos, en efecto, de ser una rareza surgida de la nada, la propuesta de Directiva es el precipitado lógico de un proceso que necesita disponer de una mano de obra estigmatizada y disciplinada  al servicio de sus objetivos económicos. La posibilidad de privar de libertad a una persona durante 18 meses por una simple falta administrativa -carecer de papeles- y de impedirle entrar en territorio europeo durante 5 años, debería avergonzar a un continente que aspira a ser una alternativa civilizatoria para el conjunto del planeta. Lo cierto, sin embargo, es que los Centros de Internamiento –más de 175 en toda la Unión Europea e incluso fuera de ella– son sólo uno de los dispositivos surgidos para mantener a raya a los miles de mujeres y hombres que huyen de sus países con la esperanza de una vida mejor. Radares, sensores, muros, alambradas, buques y helicópteros, controles biométricos, vigilancia constante en metros, aeropuertos, estaciones de autobuses y escuelas, uso de narcóticos y camisas de fuerza en las repatriaciones, detenciones indiscriminadas, falta de asistencia jurídica efectiva</span><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;">. </span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;">Y muertes. Este es el auténtico precio, moral y económico, que comporta la cotidiana utilización de las fronteras como instrumento para producir ilegalidad y vulnerabilidad económica.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;">Por eso, cuando el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba se felicita porque su gobierno </span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><em>sólo</em></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"> considera aumentar el período de retención en un Centro de Internamiento de 40 a 60 o 90 días, o porque, a diferencia de Italia o Francia, apuesta por una inmigración </span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><em>ordenada</em></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"> que </span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><em>humanice</em></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"> la represión y las expulsiones, la desazón es inevitable. Y es que pretender que con estas políticas se podrá contrarrestar la demagogia de la derecha, desactivar la violencia xenófoba o evitar las revueltas que acabarían generándose, constituye un claro ejercicio de miopía política, cuando no de velado cinismo. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">En un contexto como el actual, por el contrario, la única alternativa realista a la degradación violenta de las condiciones de vida en los países emisores y receptores de migración sigue siendo el reconocimiento efectivo de la libertad de circulación y la implantación progresiva de una ciudadanía de residencia basada en el principio de que, en materia de derechos, los que habitan en un lugar, son de ese lugar. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Una consigna de este tipo no pretende apelar a la caridad o a la buena voluntad de los gobiernos europeos. Por el contrario, sería una manera de asumir la enorme deuda social y ecológica que Europa –sus empresas, su insostenible modelo de producción y consumo- ha contraído con los países empobrecidos del Sur y del Este. Naturalmente, esta toma de conciencia no tendrá lugar mientras los países privilegiados no sientan como propio el problema. Y esto, como lúcida y crudamente ha apuntado el jurista italiano Luigi Ferrajoli, sólo ocurrirá si los países ricos &#8220;se ven obligados, después de haber invadido el mundo con sus conquistas y promesas, a afrontar la invasión de las poblaciones hambrientas de todo el mundo que se agolpan en sus fronteras&#8221;. Y es que los derechos, como bien mantiene Ferrajoli, &#8220;sólo se extienden a los excluidos cuando la presión sobre los incluidos se vuelve irresistible. Y esta presión sólo puede reducirse si el mundo de los incluidos se ve constreñido a  eliminar las causas que han hecho de la ciudadanía un estatuto de privilegio, reconociendo a todos los mismos derechos, incluida la libertad de circulación y residencia&#8221;. Ni voluntarismo, en suma, ni utopismo: realismo. </span></span></p>
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		<title>Proyectiles peligrosos: ¿hay que prohibirlos?</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nohihadret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles El Periodico]]></category>
		<category><![CDATA[pilotes de goma]]></category>
		<category><![CDATA[violencia policial]]></category>

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		<description><![CDATA[El uso de balas de goma por la policía ha sido proscrito en la mayor parte de los países europeos Viernes, 5 de junio del 2009 &#160; Los disturbios tras la celebración del título europeo del FC Barcelona, la madrugada del jueves de la semana pasada, dejaron un balance de 134 detenidos y más de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>El uso de balas de goma por la policía ha sido proscrito en la mayor parte de los países europeos</h3>
<p>Viernes, 5 de junio del 2009</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="imagenAmpliar_85764"></a>Los disturbios tras la celebración del título europeo del FC Barcelona, la madrugada del jueves de la semana pasada, dejaron un balance de 134 detenidos y más de 200 heridos. Las pelotas de goma lanzadas por los Mossos al parecer lesionaron, entre otros, a un cabo de la Guardia Urbana de Barcelona, además jefe de prensa, y a tres jóvenes que perdieron un ojo. Los hechos han generado honda preocupación y plantean ciertos interrogantes: ¿en qué situaciones pueden utilizarse las escopetas antidisturbios? ¿Resultan admisibles unos proyectiles que pueden superar los 250 kilómetros por hora y amenazar seriamente la integridad física de las personas?</p>
<p>El uso de escopetas antidisturbios contra los ciudadanos es una de la medidas más extremas que se pueden adoptar. Ello explica que jurídicamente aparezca como la última opción, una vez agotadas las otras vías de solución de conflictos, y que quede supeditada a la observancia de estrictos criterios de congruencia, oportunidad o proporcionalidad, con la única finalidad de remover una alteración grave del orden público. El protocolo policial, además, exige una utilización gradual de los medios. En primer lugar, se recurrirá a métodos disuasorios, como los avisos de advertencia; luego, a las salvas &#8211;disparos sin propulsión&#8211;, y solo si estas vías fracasan, a las pelotas de goma. En este caso, los disparos se harán siempre con rebote al suelo &#8211;no hacia las personas&#8211; y a una distancia mínima de 50 metros. La lógica sobre la que se fundamentan estos principios es simple: la policía solo puede disponer de un medio tan invasivo si es absolutamente imprescindible y debe asegurarse, en todo caso, de que no provoque un mal mayor del que se pretende evitar.</p>
<p>Vistos desde esta perspectiva, los disturbios del 28 de mayo seguramente justificaban que la fuerza pública interviniera. La persuasión o la mediación difícilmente hubieran permitido, por sí solas, reconducir la situación. Lo que no está tan claro es que el uso de escopetas fuera necesario ni que los protocolos fueran siempre respetados. El <em>conseller</em> de Interior, <strong>Joan Saura, </strong>rechazó cualquier investigación y calificó la actuación de «absolutamente correcta». Víctimas y testigos, en cambio, hablan de disparos discrecionales, a menos de la distancia reglamentaria y en lugares donde los incidentes habían finalizado o ni siquiera empezado, como en el caso del cabo herido en la plaza de Catalunya.</p>
<p>Más allá, en todo caso, de las diferentes opiniones sobre lo sucedido, lo cierto es que tales armas entrañan un severo riesgo para la integridad física e incluso la vida. Renombradas revistas médicas como <em>The Lancet</em> y el balance del último año en el Estado son, al respecto, elocuentes: 60 hospitalizados y 4 lesiones oculares graves &#8211;22 desde 1990, según EL PERIÓDICO de ayer&#8211;. En Barcelona, sin ir más lejos, una de las supuestas víctimas fue el propio jefe de la Guardia Urbana, <strong>Xavier Vilaró, </strong>durante la actuación policial tras los disturbios por la victoria de la selección española en la Eurocopa del verano pasado. A <strong>Vilaró </strong>le tuvieron que extirpar el bazo. En enero de este año, asimismo, el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por un «mal funcionamiento de la Administración» a indemnizar con 170.000 euros a un joven herido por otro impacto.</p>
<p>SFlbLas asociaciones de derechos humanos llevan tiempo reclamando un debate sobre el manejo de esta y otras armas policiales. En el 2005, la utilización no autorizada de porras extensibles por la Guardia Civil causó la muerte de un agricultor almeriense en el cuartel de Roquetas de Mar. Dos años más tarde, algunas unidades de los Mossos adquirieron las temibles pistolas Taser, que tantas víctimas mortales han causado en EEUU y Canadá. El mismo año entró en escena el célebre punzón llamado <em>kubotán</em>, esgrimido sin autorización por los antidisturbios durante una manifestación en Barcelona. El peligro de estos artilugios es evidente. Por ello, las recientes instrucciones 4/2008 y 5/2008 aprobadas por la Generalitat van, a pesar de algunas deficiencias, en el buen camino. Se prohibieron el <em>kubotán</em> y la pistola eléctrica, medida que Amnistía Internacional, en su reciente informe, <em>Voltios sin control, </em>reclama para el resto del Estado.</p>
<p>Las balas de goma, en cambio, siguen siendo legales. La Conselleria d’Interior no se plantea ningún cambio y defiende su empleo arguyendo que también «se utilizan en el resto del Estado». Lo que no se dice es que, salvo en casos como los de Grecia e Italia, han sido retiradas en la mayoría de países europeos y sustituidas por medios a priori menos contundentes e indiscriminados. Un problema adicional de tales proyectiles es la ausencia de marcas de identificación, con la consiguiente dificultad para investigar su uso y determinar qué agente ha apretado el gatillo y en qué circunstancias.</p>
<p>SFlbNo parece cierto, por tanto, que no existan otras opciones que entrañen menos riesgos y permitan un uso más proporcional o controlado de la fuerza. El ideal normativo de un Estado de derecho exige no cerrar en falso sucesos tan dramáticos como los citados. Las armas las carga el diablo, las trayectorias no son siempre previsibles y, por ello, cualquiera puede ser víctima de una bala perdida. Si incluso los propios funcionarios policiales llegan a serlo, ¿qué puede esperar un ciudadano que salga a la calle para manifestarse o celebrar la victoria de su equipo? ¿No sería más aconsejable investigar su uso? ¿Qué concepción del orden público puede justificar el recurso a un medio tan lesivo?</p>
<p>&nbsp;</p>
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