El debate principal ha girado alrededor de cómo beneficia la medida a los líderes independentistas. No obstante, el foco también se ha desplazado hacia la regulación de los desórdenes públicos. En esa materia, las preguntas son obligadas: ¿Afecta al derecho de protesta? ¿Estamos ante un avance o un retroceso? ¿Se ha ido todo lo lejos que se podía? ¿El debate esta cerrado?

Empecemos por el inicio. La reforma mejora, sin duda, la actual redacción de los delitos de desórdenes públicos. En primer lugar, se pone fin a una autentica espada de Damocles sobre el derecho de manifestación como la sedición que llevó a la cárcel a los lideres independentistas. Tras la sentencia del procés, un grupo de sindicalistas o activistas de la PAH podrían ser los siguientes en acabar en la cárcel. No es para menos. En la actualidad, la sedición permite perseguir a quién desobedece de forma masiva actos de autoridad o leyes, aunque no haya violencia o intimidación, con penas máximas de hasta 15 años de prisión. Ahora, en cambio, solo se persiguen los desórdenes multitudinarios cuando haya violencia o intimidación y la pena máxima es de 5 años.

En segundo lugar, la reforma dibuja un nuevo panorama. Como reconoce Amnistía Internacional, hay más aspectos positivos que negativos. La sedición no es lo único que desaparece. Desaparecen los desórdenes individuales, que era una vía de entrada a numerosos abusos. También desaparecen la mayoría de los agravantes introducidos por el PP para elevar el listón punitivo. Por ejemplo, ir encapuchado, portar un instrumento peligroso, exhibir un arma de fuego simulada, o el que prevé hasta 6 años de prisión cuando “el autor se prevaleciera de su condición de autoridad”. Que los disturbios se produzcan durante una manifestación deja también de ser un agravante. Se deroga igualmente la incitación pública con mensajes que llevó a Tamara Carrasco al banquillo. Por otro lado, se rebaja el rigor punitivo. Por ejemplo, cuando hay “actos de pillaje”. Con esos cambios, el Código Penal se homologa al del resto de países de nuestro entorno.

No obstante, no hay que engañar a nadie. Nos hemos quedado a mitad del camino. La reforma es fruto de un acuerdo y una correlación de fuerzas. El Código Penal sigue plagado de delitos envejecidos que no respetan suficientemente el principio de legalidad, proporcionalidad e intervención mínima. En la concepción del orden público sigue presente el fantasma del PP. Buena muestra de ello es la pervivencia del delito de las ocupaciones temporales concebido por Rajoy para aplacar las acciones de protesta de la PAH contra los bancos. En este supuesto, este viernes se llegó a un acuerdo con el PSOE para mejorar la redacción actual con la intención de evitar su uso para perseguir la protesta pacífica. Por otro lado, siguen existiendo deficiencias, penas elevadas o demasiados conceptos ambiguos. Una de las objeciones de organizaciones como Amnistía Internacional es que los actos de violencia o intimidación de los desórdenes sólo deberían castigarse cuándo sean especialmente graves. No es suficiente con que se altere la paz pública. Debe garantizarse mejor una interpretación más restrictiva. Este nudo debería deshacerse en la actual fase de discusión de enmiendas parciales.

Sea como sea, estas cuestiones no son menores. En un Estado que se concibe a sí mismo como de derecho, el uso institucional de la fuerza se presenta como la última opción una vez agotadas las vías de solución pacífica de los conflictos. Su apelación no puede ser una excusa para desnaturalizar el ejercicio de derechos fundamentales. Esa es la base del orden público democrático.

Uno de los compromisos del Gobierno de coalición, precisamente, era acabar con el legado del PP sobre recortes del derecho de protesta. Con el gobierno de Rajoy, se aprobó el Código Penal de Gallardón o la Ley Mordaza del ministro de las cloacas, Fernández Díaz para aplacar la contestación social tras la crisis del 2008. El PP pretendía emular a uno de sus fundadores franquistas, Fraga Iribarne, cuando anunció que la calle era suya: inocular el miedo en la ciudadanía y quitarle libertades para que aceptará con impotencia los recortes. Incluso el comisario de DDHH del Consejo de Europa llegó ha declarar que en España tras esas reformas existía un problema con la libertad de expresión.

Es verdad que vivimos tiempos de crisis y eso ha alterado las prioridades pero ahora hay que volver a situar en el centro la libertad amenazada por las reformas del PP o por delitos obsoletos como la sedición.

Se han hecho pasos importantes. Primero, la derogación del delito para perseguir a los huelguistas. Luego, la presentación de la ley para blindar el derecho a la libertad de expresión con la intención de que nunca más un rapero vaya a la cárcel. Ahora, la eliminación de la sedición y buena parte de la reforma del Código Penal de Gallardón sobre los desordenes públicos. El siguiente avance debe ser terminar la demolición de la ley mordaza tras meses de negociación en fase de enmiendas. Queda un año de mandato. La agenda de regeneración democrática no se puede parar. Hasta el momento se ha demostrado que otra salida social a la crisis era posible. Ahora toca demostrar que otra salida democrática también lo es. Lo que está en juego no es solo el derecho a la protesta. Es la propia democracia.

Hemos conocido este suceso porque el fallecido era famoso, pero ¿cuantas personas anónimas han muerto solas, víctimas de la indiferencia ajena, en nuestras grandes ciudades? Esa muerte no nos puede dejar indiferentes. Nos interpela como sociedad.

Es un espejo incómodo que nos recuerda que todos necesitamos ser escuchados y compartir nuestro tiempo con alguien. Por desgracia,  casi el 10% de la población española se siente sola de manera habitual. René Robert murió solo en París, pero podría haberlo hecho en una fría noche de Madrid o Barcelona.

En plena era de la hiperconexión digital, cada vez estamos más aislados, refugiados en nuestros pensamientos o en nuestros móviles. Rodeados de miles de personas, muchos de nosotros no conocemos ni a nuestros vecinos. Por eso, cada vez son más frecuentes las noticias de ancianos muertos en sus viviendas. Estaban completamente solos, días o incluso semanas después de su fallecimiento, bajo el manto oscuro de la indiferencia de una sociedad deshumanizada.

La democracia es incompatible con la indiferencia. Es un sentimiento de apatía nada  inocuo. Gramsci advirtió que era el peso muerto de la historia. Chéjov que era como un gas letal que lleva a “una parálisis del alma, a una muerte prematura”. Con ella, surge el miedo al otro que encoge, paraliza, vuelve a la gente resignada, conservadora y desconfiada. Se rompen afectos, vínculos y se expande el individualismo con sus múltiples formas de insolidaridad y egoísmo. La sociedad, al final, se ensimisma en sí misma hasta cerrarse en su intolerancia. Cuando eso sucede, retrocede la democracia y avanza el populismo de derechas.

La extrema derecha se nutre de ese gas paralizante. Una sociedad indiferente es una sociedad anestesiada moralmente. Como explicaba Hannah Arendt, el caldo de cultivo del fascismo fue esa ausencia de vínculos comunitarios, fuertes, que disolvieran la indiferencia ante el sufrimiento ajeno de una sociedad carcomida por el dictatum del “sálvese quien pueda”. Entre la gente aislada y asustada, se extiende el odio contra quien se percibe como una amenaza: los diferentes, los recién llegados o los más vulnerables.

Frente a esa epidemia moral, las instituciones públicas no deberían mirar a otro lado. ¿Os imagináis que existiera un Ministerio de la Soledad? Seguramente, una de las recetas básicas para combatirla es multiplicar los esfuerzos para construir ciudades más justas, cohesionadas, interculturales, acogedoras y solidarias. En Barcelona, el Ayuntamiento es pionero en políticas de ese tipo. Entre ellas, destacan las del ámbito de la acción comunitaria. Programas como el de Radars son básicos, por ejemplo, para conectar a gente mayor que está sola a su entorno más inmediato.

En tiempos de crisis, persistir en esa dirección es una cuestión de supervivencia democrática. Hay que romper el espiral de la indiferencia y la soledad. Solo desde allí, podremos frenar a la extrema derecha. O evitar muertes como la de René Robert.

En efecto, a lo largo de la legislatura el partido de Rivera se ha convertido en un peligroso pirómano que ha incendiado la política española y catalana. Su permanente gesticulación muestra, en el fondo, su debilidad e impotencia tras la moción de censura. A partir de entonces, quedaron descolocados y en una posición subalterna. Además, Casado no es Rajoy y eso les ha hecho perder su ventaja en la pugna con el PP por la hegemonía de la derecha. Una vez en la oposición ni suman, ni son complementarios. Aislados como están en Cataluña y en España, Ciudadanos no aspira a más que a agitar el fantasma de la “amenaza separatista”. A esa carrera, se ha sumado Vox con sus discursos de machismo, xenofobia y españolismo feroz que Ciudadanos se niega a rechazar. De ahí viene la intensificación de su reciente campaña de crispación, España Ciudadana. En Alsasua convocaron, por ejemplo, un acto de apoyo a la Guardia Civil junto a Vox que fue una provocación en toda regla y acabó con incidentes.

De hecho, Ciudadanos lleva meses protagonizando escenas de alteración de la convivencia. También ha puesto en la diana del escarnio público a diferentes colectivos, que luego han sido insultados, amenazados e incluso agredidos. En verano, por ejemplo, vimos como unas avionetas invadían con sus consignas el espacio aéreo de nuestras playas. O grupos de encapuchados y dirigentes como Arrimadas y Rivera convertían la retirada de símbolos en un espectáculo televisivo. Lo más grave se produjo con los enfrentamientos entre los partidarios de los lazos amarillos y los detractores de su partido. En una de sus concentraciones en Barcelona se agredió en repetidas ocasiones a un cámara de Telemadrid al confundirle con uno de TV3. Incluso el PP se desmarcó entonces de la tensión generada por Ciudadanos.  Tras años actuando irresponsablemente y con los reflejos broncos de un partido profundamente recentralizador, ocurrió lo esperado. No resulta extraño que el PSOE haya relacionado el intento de asesinato del presidente Pedro Sánchez con la crispación de Cs y el PP.

La idea profunda de su programa es simple: los nacionalismos catalán y vasco son una alteridad negativa que amenaza la supervivencia de la nación española, única y homogénea. Según esa perspectiva, el independentismo sería el summum de la anti-España. Se puede trazar una línea de continuidad de esas coordenadas con la paranoia franquista del enemigo interno. No por casualidad, fueron muchos a quienes el discurso de Rivera sobre la “España sin complejos” o el “ni rojos ni azules, solo españoles” les evocó pasajes de las soflamas fascistas de Primo de Rivera.

En otros Estados europeos la conciencia nacional se consolidó tras la experiencia antifascista de la II Guerra Mundial. En cambio, en España no hubo tal consenso que actuase de mito relegitimador de la nueva comunidad nacional democrática. El hecho de no tener una memoria compartida de la guerra civil y del franquismo impedía la construcción de un patriotismo común y de tener unos símbolos para todos. Así se explica que ciertos grupos oligárquicos sintieran la necesidad de impulsar un nacionalismo reactivo tras la aparición de Podemos y el desafío independentista. Uno de sus objetivos era encender una movilización patriotera que permitiera cerrar filas. Como antaño sucedió con el ariete de ETA, la contraposición con el independentismo serviría como agente legitimador para reforzar una restauración del régimen del 78 por arriba y en clave centralista.

Con esos mimbres, resulta lógica la animadversión con la que Ciudadanos enfanga actualmente el debate sobre la cuestión territorial. A simple vista, esa estrategia puede ser eficaz a corto plazo. Sin embargo, es una operación arriesgada. Como hemos visto, pueden salir a la luz los demonios reprimidos de un nacionalismo que aún tiene cuentas pendientes con la democracia. Por eso, impugnar el frentismo de Ciudadanos no solo es una manera de defender la convivencia, sino que es una condición indispensable para desenmascarar su trasfondo reaccionario.

En primer lugar, se abrió una nueva era política con un fuerte empoderamiento ciudadano. A pesar de la prohibición del referéndum, casi la mitad de la población catalana decidió desafiar al Estado para defender su derecho a decidir sobre su futuro. Los días previos al 1-O ya se movilizaron miles de personas de colectivos tan diversos como los estibadores del puerto, los sindicatos, los estudiantes, los actores, los bomberos, los juristas o los agricultores con sus tractores. Una de las imágenes más impactados de aquella revuelta cívica fueron las caceroladas que noche tras noche repicaban desde los balcones de miles de casas para todos los municipios catalanes al grito de “queremos votar”. Una melodía ensordecedora que nos transportaba a luchas previas, como las protestas del 15-M o del “No a la Guerra”. A pesar de todas las dificultades, fue precisamente la sociedad civil organizada quien salvó las urnas con su propio cuerpo. Entre las entidades que participaron destacaron las AMPA o los llamados Comités de Defensa del Referéndum (CDR). Durante el fin de semana miles de vecinos de cada municipio ocuparon las sedes electorales para hacer debates, actividades lúdicas y resistir ante una posible clausura policial.

En segundo lugar, la reacción del Gobierno del PP provocó uno de los episodios de violencia institucional más grave que se ha vivido en período democrático en Europa. Se pretendía convertir una reivindicación legítima en una cuestión criminal en manos de jueces, fiscales y policías. Y para ello, no se dudó en imponer una especie de estado de excepción encubierto que superó muchas líneas rojas. De hecho, el propio Fiscal Jefe trató a los millones de catalanes que querían participar en esa cita como presuntos delincuentes que se situaban fuera de la ley. A partir de aquí, las semanas previas al 1-O quedó expedita la vía para enviar a diez mil policías de todo el Estado a Catalunya, prohibir debates, decomisar carteles, dípticos y papeletas, cerrar webs, intervenir correos postales, entrar en imprentas o entrar en redacciones de ciertos medios de comunicación para identificar a periodistas. También se produjeron detenciones de cargos públicos, registros en varias consejerías, se empezó a citar a los casi mil alcaldes investigados por la Fiscalía, se bloquearon las cuentas de la Generalitat y se produjo un asedio policial sin orden judicial ante la sede de la CUP.

Por otra parte, durante aquella jornada, se produjeron unas escenas de violencia policial nunca vistas hasta entonces. La Policía Nacional y la Guardia Civil entró en los colegios electorales para decomisar urnas y papeletas, causando destrozos y provocando más de mil heridos entre las personas que esperaban pacíficamente para votar. Se vieron ataques de ansiedad y pánico, el uso de gases lacrimógenos, agresiones policiales con las manos, las botas o las escopetas, cargas indiscriminadas sin previo aviso, personas lanzadas escaleras abajo o arrastradas por los cabellos. E incluso, una de las personas perdió la visión en un ojo a causa del disparo de una bala de goma. Fue un resultado cruento que mostraba el desprecio de los agentes hacia la prohibición de este tipo de armas aprobada por el Parlament de Catalunya. Estas actuaciones provocaron la indignación de numerosas entidades de derechos humanos, como AI o Human Right, y de organismos internacionales como el Consejo de Europa o el Relator especial de la ONU. Desde el ayuntamiento de Barcelona se impulsó un servicio de urgencia para atender a todas las víctimas, acompañarlas judicialmente y personándose en todas las causas abiertas para depurar las responsabilidades penales de los agresores.

Visto en perspectiva, aquel primero de octubre el Gobierno del PP fue derrotado en las calles. Había repetido hasta la saciedad que ese día no se podría votar y el hecho es que, a pesar de las incidencias, más de dos millones de catalanes lo hizo. Se subestimó la capacidad de resistencia y movilización de buena parte del pueblo catalán. Y la respuesta policial generó una profunda desafectación en importantes capas sociales con el Estado. Además, en la defensa de los colegios electorales o en la posterior “aturada de país” [parada de país], se constituyó un frente democrático y antirepresivo muy potente, que superaba las costuras del independentismo. Precisamente, fue en esta confluencia entre partidarios y contrarios a la independencia donde fuimos más fuertes como pueblo.

Desde un punto de vista social, es innegable el valor democratizador y comunitario de aquella cita. Muy probablemente, si alguna vez se produce el referéndum acordado en Catalunya, como defendemos cerca del 80% de la sociedad catalana, será en parte gracias a este precedente. Este análisis, sin embargo, no excluye otro igual de evidente. Y es que muchos catalanes, tan catalanes como los que sí fueron a votar, ese día no se sintieron interpelados por el motivo que fuera. Un país diverso no se puede permitir, tampoco, dejarlos atrás. Es aquí donde, pasado un año, la hoja de ruta unilateral tiene preguntas sin resolver. Y es que si bien es cierto que las causas judiciales contra los líderes independentistas han hecho el ridículo ante el espejo europeo, también lo es que votar no es suficiente y que la ola de reconocimiento de Europa para con una supuesta Catalunya soberana no llegó. Hacernos cargo de esta realidad es imprescindible, también, para construir horizontes inclusivos y realizables.

Un año después del 1 de octubre, la herida aún sigue abierta y las dudas sobre lo que significó aquel acontecimiento nos siguen interpelando. Y lo hace con especial intensidad a la luz del posterior encarcelamiento o exilio de buena parte de sus protagonistas. Con la intención de reencontrarnos, tanto los que participamos como los que no, desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos organizado una serie de exposiciones, actividades y mesas redondas con la participación de artistas y personalidades destacadas tanto de Catalunya como del resto del Estado. Alberto San Juan, Marina Garcés, Jordi Amat, Marcel Mauri, Santiago Alba Rico, Txell Bonet, Ana Pardo de Vera, David Fernández, Jordi Évole, Vicky Rosell, Pérez Royo o Alfonso Pérez Esquivel son algunas de las voces que esta semana se están dando cita en La Model para tratar de revisar con perspectiva aquel 1 de octubre de 2017.  Queremos que entre las paredes de La Model resuene un debate crítico que permita recuperar consensos amplios en torno a los derechos. Queremos recuperar lo mejor del legado del 1 de octubre para poder dibujar horizontes de esperanza y fraternidad que permita a Catalunya y al resto de pueblos del mundo decidir su propio futuro.

Con ese mensaje de dignidad se expresa, sin duda, el convencimiento de que la mejor forma de combatir la barbarie es desafiar al miedo, volver a la normalidad y no renunciar a ser quienes somos. Se pretende cerrar el paso a posibles recortes de libertades en nombre de la seguridad, a la islamofobia y a las reacciones del populismo de derechas. Los destinatarios de este tipo de exhortaciones son los propios Gobernantes, el conjunto de la sociedad y, sobretodo, quienes están detrás de éstos o futuros atentados. Uno de los objetivos de los ataques indiscriminados era inocular miedo. Las intenciones parecen claras: destruir la democracia y un modelo de convivencia basado en la diversidad. En el instante en que el miedo aparece, en efecto, acostumbra a volverse pegadizo, sofocante y rápidamente contagioso. Uno de sus efectos es el aislamiento, la resignación y la sospecha del vecino. El miedo encoge, paraliza, vuelve a la gente conservadora y desconfiada. Con el miedo se rompen afectos, vínculos y se expande el individualismo con sus múltiples formas de insolidaridad y egoísmo. La sociedad, al final, se ensimisma en si misma hasta cerrarse en su intolerancia. Cuando eso sucede, entonces, el terrorismo ha ganado.

“Lo único de lo que tenemos que tener miedo es del propio miedo”. Con esa advertencia el ex presidente de los EEUU, Franklin D. Roosevelt, quería exhorcitar los peligros que acarrea la propagación del miedo y los gobiernos que hacen de él su política central. Los hombres libres –consideraba- no deben tener ningún miedo al miedo, porque eso puede costarles su autodeterminación. Con el dictatum del “sálvese quien pueda” se carcome los cimientos de la democracia. Es entonces cuando se genera el mejor caldo de cultivo del fascismo entre los ciudadanos asustados. El miedo conduce a la tiranía y permite jugar con las masas que callan. Otro presidente norteamericano, Thomas Jefferson, ya en el siglo XVIII lo recordaba. Decía que “cuando el Gobierno teme al pueblo, hay democracia; cuando el pueblo teme al Gobierno, hay tiranía”. La tarea primera y más noble de la política es, por eso, quitarle el miedo a la ciudadanía. Y ayudar a mantener su espíritu crítico.

Cuando se producen hechos traumáticos, no obstante, no son pocos los gobernantes que buscan justo el efecto contrario. Tras el atentado del 11-S, por ejemplo, otro presidente norteamericano, George Bush, utilizó ese sentimiento para emprender todo tipo de actuaciones difícilmente aceptadas en condiciones normales. A nivel externo, fue el acicate necesario para una “guerra global permanente” que ya estaba previamente planificada. A nivel interno, se convirtió en la coartada de reformas de todo tipo – policial, penal o social – que apuntalaban actuaciones seguritarias y neo-liberales. Una de sus primeras decisiones fue, precisamente, recortar ayudas sociales. Un país en guerra -sostenían- debía movilizar todos sus esfuerzos en derrotar al enemigo (externo e interno). Cada anuncio de medida antisocial iba acompañado de otro contra las libertades. Esa estrategia tiene su lógica: atropellar los derechos ciudadanos exige mantener a raya las libertades que permiten reclamarlos.

El miedo como elemento propagandístico ha servido históricamente como estrategia para cerrar filas e impedir cambios no deseados y, al mismo tiempo, favorecer que ocurran otros. Noemi Klein lo llamaba la doctrina del shock. En realidad, envenenar las ciudades de miedo es una medida eficaz para anestesiar su pulso y lograr que se acepten políticas impopulares. Una sociedad acongojada no sale a la calle a reclamar sus derechos arrebatos.

Con el estallido de la crisis, el miedo también se extendió por todo el territorio europeo como una mancha cancerígena. El miedo a no poder pagar las deudas, al desahucio, a no tener en el futuro una pensión, a la pérdida de unos ahorros o de un empleo cada vez más precario. La extrema derecha no surge de la nada. Se nutre, precisamente, de ese desasosiego y malestar. Lo aprovecha para provocar un repliegue identitario y buscar cabezas de turco entre los de abajo. Eso es lo que ha sucedido en la mayoría de países europeos. En el caso español, en cambio, movilizaciones como la del 15-M o la PAH quemaron los espacios de la extrema derecha. Contra todo pronóstico, la gente se sacudió la resignación, se organizó y llenó las plazas de las ciudades. Señalaban a los de arriba, a las élites, como responsables de la crisis en vez de los de abajo. Esa forma de ver las cosas fue una victoria clara contra el miedo.

Naturalmente, que el populismo de derechas haya ganado posiciones en el viejo continente tiene que ver con otro sentimiento que va de la mano del miedo: el odio. Una intensa sensación de desagrado o aversión que se dirige a quien se percibe como una amenaza: los diferentes, los recién llegados o los más vulnerables. La hostilidad creciente hacia las comunidades musulmanas tiene que ver con ese aumento del racismo, la xenofobia y los discursos del odio. Esa es en verdad la gran victoria del fascismo islamista, de Al Qaeda y el Estado Islámico, que recluta a quienes descubren en su mensaje el impulso para contraatacar. Tras la derrota de las revoluciones árabes, la intensificación del racismo occidental permite que sus filas se engrosen de forma ininterrumpida. A ello también ayuda, sin duda, las intervenciones bélicas como la ocupación en Palestina o la invasión sobre Afganistán e Iraq. O la proliferación de todo tipo de guantánomos repartidos por el mundo. Un esquema que encuentra su réplica asesina, como en el caso de Ripoll, entre los propios europeos de origen musulmán. De hecho, la islamofobia es una gran fábrica que alimenta el fundamentalismo yihadista en Europa. Gregroy Bateson nombró en los 60’ a este fenómeno como “cismogénesis complementaria”: los enemigos se retroalimentan como acción de respuesta a la acción del otro.

Las otras causas que hay detrás de esta “islamización del extremismo”, y quizás las principales, son la precariedad laboral, la falta de expectativas, la pobreza y el desarraigo. Visto desde esta perspectiva, las intervenciones exclusivamente seguritarias no son la panacea. Se deben tomar las medidas de control oportunas con una mayor coordinación policial. También hay que desarrollar mecanismos más eficientes para que el sectarismo religioso no se infiltre en los lugares de culto y capte jóvenes con identidades débiles como los de Ripoll. El riesgo de un atentado terrorista, sin embargo, siempre estará presente hasta que no se eliminen los problemas de fondo que lo originan. En realidad, una de las recetas básicas para disminuir esa amenaza es multiplicar los esfuerzos para construir ciudades más justas, cohesionadas, interculturales, acogedoras y solidarias. Hay que erradicar la discriminación y el aislamiento de la población musulmana para que ningún adolescente se sienta excluido.

Contra la propagación del discurso del odio, el miedo, y la intolerancia, el mejor antídoto es la defensa de la diversidad religiosa, política y cultural de nuestras ciudades. Con esa intención, hay que salir este sábado a la calle. Barcelona es una de las ciudades europeas con las movilizaciones más masivas a favor de acoger más refugiados, en contra de la guerra, de los CIEs y la política de cierre de fronteras. Mantener esa identidad, ese legado de ciudad de paz sin miedo, sí puede ser la auténtica victoria contra el populismo xenófobo y el fundamentalismo religioso.

Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias por que me dices que el hombre es noble. Nada importa que tan pocos lo sean: uno, uno tan obl basta como testigo irrefutable de toda la oblesa humana.

Con todo, el caso de Joan Coma tiene ciertas peculiaridades. Es, para empezar, el primer cargo electo desde que comenzó la llamada transición investigado por un delito de sedición. El proceso que ha llevado a su detención tiene mucho que ver con la actuación del denunciante, el fiscal y el juez que lleva el asunto. El ultraderechista Josep Anglada es quien, en efecto, pone en marcha la maquinaria judicial. El Fiscal, no obstante, es quien le da carta de validez. Los argumentos de la imputación son sorprendentes. La sedición -según él- se habría cometido cuando aquel afirmó en un pleno que “para hacer la tortilla será necesario romper los huevos”. O cuando conminó a los asistentes a tomarse “muy en serio la declaración de soberanía del Parlamento”. La propia rueda de prensa de Coma denunciando los hechos, desde su perspectiva, se convierte en una nueva prueba en contra él. Esta forma de interpretar las cosas es un auténtico disparate jurídico. No resulta extraño que el otro protagonista de esta cruzada sea el mismo magistrado que envió a prisión a dos titiriteros para una obra de teatro, Ismael Moreno. La asociación de Jueces por la Democracia, en un duro comunicado, ya recordó que “opinar nunca puede ser delito”. Y hasta tres magistrados diferentes de la propia Audiencia Nacional afirmaron que actos como el del concejal “son posicionamientos políticos en el marco de la libertad ideológica y de expresión de aspiraciones o anhelos políticos”. Con este argumento elemental, archivaron denuncias similares.

En el fondo, esta instrucción es una vergonzosa “causa general” contra el soberanismo municipalista. Y más cuando utiliza conceptos manchados de sangre y de funesto recuerdo para los luchadores antifranquistas. Su abogado y diputado de la CUP, Benet Salellas, lo recordaba en un mitin de apoyo al concejal. Los golpistas de 1936 fueron, precisamente, los que acusaron de sedición a los republicanos leales al estado de derecho. Lo preocupante de todo esto es que estos hechos no son aislados. Forman parte de una “cultura de la excepcionalidad” que se ha ido imponiendo de forma persistente a lo largo de la última década. En primer lugar, a través de una Fiscalía proclive a obedecer mansamente las órdenes del gobierno de turno. Buen ejemplo de ello fue la fulminante destitución del fiscal jefe de Cataluña, Rodríguez Sol, por afirmar que la reivindicación del referéndum catalán era una aspiración política no legalmente viable, pero legítima. Y en segundo lugar, por un altas instancias judiciales como la Audiencia Nacional, claramente conservadoras y vinculadas estrechamente al poder político.

En este contexto, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Este tipo de ataque forma parte de una ofensiva en toda regla contra los independentistas. También es una amenaza, pero, contra todos los que sin serlo creen firmemente con la libertad ideológica y de expresión. Un estado de derecho digno de ese nombre no puede permitirse perseguir a aquellos que, sin recurrir a la violencia, cuestionan aspectos centrales del poder constituido. Lo que está en juego, en efecto, no es sólo la libertad de un puñado de concejales. Es la democracia. Y la soberanía municipal. Con la intención de hacer “un llamamiento a los demócratas”, precisamente, se convocó hace poco una multitudinaria concentración ante las fuentes de Montjuic de Barcelona con el lema “Por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”.

Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, este tipo de persecuciones desatan los fantasmas evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde. Ojalá la advertencia llegue también a los que piensan que esto es sólo un problema de los independentistas. Y simplemente miran hacia otro lado. Lo preocupante, sin duda, no son las palabras de un concejal en un pleno. Lo preocupante es perseguir un acto democrático como si fueran de sedición. Eso sí es, en realidad, un conato de sedición contra la propia democracia.

Els vents més freds vénen de l’est. A Polònia, per exemple, el partit Llei i Justícia ha arribat al poder amb un discurs de nacionalisme, catolicisme i xenofòbia. A Hongria el govern ultra-conservador explota el discurs anti-refugiats i organitza consultes sobre la idoneïtat d’acollir-los. La fórmula s’expandeix també pel cor d’Europa. A Àustria el xenòfob Norbert Hofer s’ha quedat a les portes de guanyar les eleccions. La ultradretana Marine Le Pen aspira a ser la Donald Trump francesa amb promeses com la retirada de l’educació gratuïta per a les persones d’origen estranger. L’extrema dreta holandesa també creix en totes les enquestes. El seu líder Wilders sacseja propostes com tancar totes les mesquites, prohibir l’Alcorà o exigir “menys marroquins a Holanda”.

Amb aquesta situació, entendre com es construeix el discurs de l’odi és el primer pas per combatre-ho. Com sorgeix la islamofòbia del segle XXI? Pretendre reduir el fenomen a una simple actualització del vell conflicte entre l’occident cristià i l’orient islàmic és un acte de miopia. Es presenta, en l’actualitat, més aviat com un combat messiànic per eradicar l’obscurantisme. Amb tints de fonamentalisme laic però també de vegades amb deliris de cristiandat que clava les seves arrels en el colonialisme. L’ex-president Aznar, per exemple, invocava el mite de la Reconquesta per assenyalar que “nosaltres ja els vam fer fora fa segles”. I en una mostra d’ignorància, declarava que els atemptats de l’11-M no estaven vinculats amb la guerra de l’Iraq. Les seves raons -segons ell- es remuntaven al segle VIII quan “Espanya va rebutjar ser un tros més del món islàmic”.

El discurs de la islamofòbia està construït sobre tòpics. Els més recurrents són els que associen l’islam amb quelcom bàrbar, irracional, inferior, impermeable en el temps, la geografia o les cultures. Són tots falsos. Un altre lloc comú, després de l’11-S i l’11-M, és vincular-lo a la violència o al terrorisme. Es tendeix a equiparar àrabs amb musulmans, musulmans amb islamistes, i islamistes amb terroristes. L’esquema mental és simple. Entre els musulmans, com entre els cristians, hi ha diferències abismals. No obstant això, es redueix tota la seva riquesa a una unitat fictícia. Els actes d’uns pocs, d’altra banda, s’acaben associant al grup sencer. I s’emfasitzen els fanatismes mentre s’oculten les formes de l’Islam democràtic, humanista o la seva influència històrica sobre la civilització occidental. Hi ha monjos budistes que s’han dedicat a massacrar dones i nens. A algú se li acudiria associar budisme amb violència? Amb l’islam, això es fa constantment. Tot val contra ell.

L’hostilitat creixent cap a les comunitats musulmanes té a veure amb la promoció d’aquesta visió de les coses. També beuen d’aquesta font intervencions bèl·liques com l’ocupació Palestina, la invasió a l’Afganistan i l’Iraq. O la proliferació de tot tipus de guantánamos repartits per tot el món. Aquesta és veritablement la gran victòria del feixisme islamista, d’Al-Qaeda i l’Estat Islàmic. Després de la derrota de les revolucions àrabs, l’augment del racisme europeu contra les minories musulmanes fa créixer de forma ininterrompuda les seves files. Això succeeix, fins i tot, entre els mateixos europeus d’origen musulmà. De fet, la islamofòbia és, al costat de l’exclusió sociolaboral dels joves d’origen migrant, la gran fàbrica que alimenta el injustificable yihadisme radical a Europa. Gregroy Bateson va nomenar en els 60 aquest fenomen com “cismogènesi complementària”: els enemics es retro-alimenten com a acció de resposta a l’acció de l’altre .

Explica Alba Rico que, amb l’auge de la fòbia a l’islam, els musulmans europeus són “els jueus d’avui”. Cal protegir-los perquè no els passi el mateix que als “jueus d’ahir”. Com Hitler ho va fer amb l’antisemitisme, la islamofòbia és un sentiment explotat electoralment per Netanyahu a Israel, Donald Trump als EUA o Lepen a França.

La transigència amb què acceptem agressions islamofóbicas obeeix al mateix esquema de la judeofòbia d’altre temps. La deshumanització de l’altre va ser, de fet, el que va desembocar a mitjans del segle passat a les cambres de gas. Quan s’analitzen les causes de l’holocaust jueu, n’hi ha una que sobresurt per sobre de les altres. La judeofòbia s’havia naturalitzat feia dècades en àmplies capes de la societat europea. Aquí es on es troba, com explica Hanna Arendt, la raó de la indiferència amb que no pocs van acceptar el seu extermini.

Com evitar que torni a repetir-se la història? Contra la propagació del discurs de l’odi, la por, i la intolerància, el millor antídot és el reconeixement de la diversitat religiosa, política i cultural al món de l’Islam. Desmuntar un a un els tòpics és fonamental en la pedagogia democràtica per desautoritzar el populisme xenòfob. Amb aquest objectiu, a Barcelona estem impulsant un Pla contra la Islamofòbia. Es pretén també, amb la seva implantació, eradicar la discriminació, exclusió i aïllament de la població musulmana.

La islamofòbia es manifesta avui en dia en actes anodins, rutinaris, arrelats en els nostres hàbits i amb les nostres opinions. Les institucions democràtiques han de vetllar perquè aquestes pulsions, en despertar, no arribin a traduir-se en manifestacions de rebuig. Com quan s’expulsa d’un centre educatiu a una estudiant per portar el vel. O quan la hi agredeix o insulta a la via pública. També, però, quan es rebutgen espais de culte amb el pretext que “són incompatibles amb la tradició i cultures autòctones”. Davant d’aquests signes d’intolerància, la normalitat amb la qual es va incubar l’antisemitisme en les ments europees hauria de mantenir-nos en guàrdia. I recordar que la degradació del sentit crític i la indiferència ha estat sempre una espoleta que ha activat tota mena de persecucions i crims. El mandat que prové dels camps d’extermini seguirà, precisament, viu fins que no deixem de tractar els palestins, àrabs i musulmans en general com als jueus dels anys trenta.

A lo largo de la historia, en efecto, esa “razón de Estado” se ha invocado en numeras ocasiones y en no pocos países. Ya sea desde una comisaría, un cuartel o un despacho ministerial. Mientras la luz y el taquígrafo son el ADN de la democracia, la opacidad de las trastiendas lo es de los regímenes totalitarios. En la mayoría de los que se reclaman democráticos, no obstante, se sigue recurriendo a la política de cloacas. El periodista David Fernández contaba en un libro publicado en el 2006 como en la era de los 90’ entre sus víctimas recurrentes se encontraban todo tipo de activistas. La conveniencia de recurrir a medios ilegítimos para salvaguardar el bien común todavía hoy es objeto de defensa de algunos dirigentes.  Sin ir más lejos,  el propio expresidente del Gobierno del PSOE, Felipe González, señaló hace poco sin pudor que “el Estado de derecho se defiende también en las alcantarillas” en referencia a la guerra sucia de los GAL.

Con la celebración de la consulta del 9N, los métodos poco ortodoxos se pusieron otra vez de moda. Ya cuando ocupó su cargo, el ministro dejó las cosas claras. El “problema catalán” era –según él- un cuestión más de orden criminal que político. Se creó – según informó la prensa – una unidad destinada a rastrear información para desgastar el proceso soberanista. La lista de damnificados, desde entonces, es larga. Incluso, los jueces pro-consulta salieron salpicados. La policía elaboró un informe –publicado en La Razón– donde se recogía la afiliación política y las actividades de su vida privada. En esa cruzada, la Fiscalía bajo las órdenes del Gobierno ha jugado a menudo un papel crucial. Buen ejemplo de ello es la reciente acusación contra los  concejales que expresaron su apoyo a la resolución independentista aprobada en el Parlament.

Visto desde esta perspectiva, las sospechas van en una doble dirección. Hacia el ministro, sin duda. Pero también recaen sobre De Alfonso. Lejos de ejercer una función de contrapoder, parece hacer un rol de mera comparsa en un abuso de poder. El Parlament ya ha iniciado, por eso, su proceso de destitución a petición de los grupos parlamentarios. El propósito de ese intercambio de información reservada tampoco ofrece muchas dudas. Se pretende buscar pruebas que permitan sostener imputaciones ad hominem contra dirigentes destacados del independentismo.

Es fácil advertir en todo ello un cambio de estrategia. Quienes eran aliados políticos, tras el giro independentista, se vuelven adversarios.  Y  se rompen los acuerdos tácitos de impunidad y protección mutua. Acuerdos que habían funcionado sin sobresaltos entre las élites políticas catalanas y españolas. No hay que olvidar, por ejemplo, que Pujol era una figura intocable – el “español del año” para el ABC- hasta ese momento. El hecho de que su partido se sumara al proceso soberanista es el desencadenante del fin de esa omertá.

Naturalmente, ese cambio de alianzas tiene que ver con el progresivo derrumbe de un sistema político nacido tras la Transición. No resulta causal que, precisamente, sus valedores resulten ahora los principales afectados. El partido de Pujol arrastra tras de sí un sinfín de casos de corrupción. Con las sedes embargadas, sus  tesoreros imputados y el juicio del 3% pendiente de su celebración, es un blanco fácil. Nada que ver con otros partidos del arco soberanista catalán como ERC, CUP o En Comú Podem. Con esos mimbres, resulta poco creíble su vieja estrategia de victimización, de señalar al otro, para ocultar las propias vergüenzas. Y más cuando De Alfonso fue designado en su cargo a propuesta de Mas tras un pacto con el PP.

Las exigencias de regeneración democrática de un sistema lastrado por una corrupción que afecta a CDC y a los dos grandes partidos del Régimen, PP y PSOE, son ineludibles. Debemos evitar que en el futuro se reproduzcan los pactos del pasado y den lugar a nuevas formas de impunidad. Y reforzar los mecanismos de control. En verdad, cuando el vigilante se pliega a los intereses del gobernante de turno deberían saltar las alarmas. Para advertirnos de la necesidad de que los ciudadanos no bajen la guardia. La mayor fortaleza de la corrupción es su inacción. Su presión, movilización, sigue siendo el mejor antídoto para acabar con la podredumbre política.  Se pudo comprobar ya en la noche del 12 marzo de 2004. Un anónimo tecleó en su teléfono móvil un mensaje que corrió como la pólvora. Terminaba con la palabra Pásalo y decía: “¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!” Es la hora de que la gente vuelva a organizarse para defender la democracia de quien la debilita desde el poder. Este domingo, tenemos otra oportunidad de echarlos de una vez por todas.

La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

De aprobarse la reforma del gobierno, el número de infracciones administrativas se incrementará de forma notable: de las 39 previstas en la llamada Ley Corcuera a 55. El nuevo repertorio de conductas sancionables se ampliaría a escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados o durante la jornada de reflexión electoral (como las realizadas por el 15-M). Las sanciones también se incrementarían, pudiendo llegar a multas de hasta 30.001 euros. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar prioritario en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social. Las multas no solo engrosan las arcas de las Delegaciones de Gobierno. También obligan a activistas y militantes a desviar sus escasos recursos a tareas que no tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones. El objetivo no es reemplazar iniciativas más duras -como la reforma del Código Penal- por otras más blandas. De lo que se trata es de complementarlas. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces primaron la libertad de expresión y emitieron duros autos contra la actuación policial. Las sanciones administrativas permitirán sortear ese contratiempo. Alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Quien quiera recurrir deberá pagar no solo los gastos de abogados y procuradores sino también unas tasas de hasta 2.750 euros. Un  obstáculo, en la práctica, de difícil o imposible superación para la mayoría de los afectados.

El objetivo de la reforma parece claro. Reforzar la impunidad policial y complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último. Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.