Pocos días antes del debate se habían cumplido 48 años del asesinato al garrote vil de Puig Antich por parte del franquismo. 48 años de impunidad. Paradójicamente, el momento también coincidió con la decisión de la jueza Servini de acordar nuevas diligencias para reforzar la imputación en Argentina de uno de los responsables de esa muerte, Martín Villa.

No es la primera vez que la justicia argentina nos recuerda que no hay ningún pacto del olvido a salvo del derecho internacional. Es el mismo mensaje que ella recibió anteriormente de la justicia española cuando ésta juzgó a criminales de la dictadura argentina o chilena. De nada sirvieron entonces los argumentos sobre las leyes de amnistía o punto final para evitarlo. La condena del Tribunal Supremo a 73 años de cárcel al exmilitar argentino Scilingo fue un acicate para que luego Argentina aprobara cambios legislativos contra la impunidad.

En España no ha habido la misma respuesta simétrica. El PSOE y la derecha este martes decidieron seguir blindando el modelo de impunidad franquista. Tampoco los jueces han actuado con la misma diligencia. Las normas de impunidad que no valían para los criminales de otros países sí valieron para los españoles. Primero, la cúpula judicial sentó al juez Garzón en el banquillo por intentar investigar los crímenes franquistas en un proceso impulsado por Falange. Eso fue un mensaje para que ningún otro juez se atreviera a salirse del guion. Luego, decidió no extraditar a los criminales franquistas reclamados por la jueza argentina. Eso vulneraba el principio del derecho internacional que dice “extradita o juzga”. O se investiga o se deja investigar.

Es precisamente el uso hipócrita del derecho de algunos políticos y jueces españoles lo que pone en evidencia la reciente decisión de la jueza Servini. Ese tiempo de impunidad, en vez de marcar distancia con la dictadura, alarga su sombra sobre la democracia. No es casualidad que eso pase en España. A diferencia del resto de Europa, el fascismo aquí no fue nunca derrotado militarmente. El poder político y judicial se construyó, entre ruido de sables, sobre esos cimientos. Por eso, bajo las togas de quien ostenta la cúspide judicial sigue perdurando el polvo del franquismo.

Finiquitar esa anomalía era el principal objetivo de la propuesta legislativa. Con ella, no se pedía cuentas a la dictadura, sino a la única democracia europea que ha asumido esas cuentas en vez de liquidarlas. A los republicanos sepultados en las cunetas, los asesinó la dictadura, pero es esta democracia quien todavía los mantiene allí. Igualmente, el asesinato de Puig Antich es imputable a los criminales franquistas, pero es esta democracia quien lo encubre e impide que sus hermanas puedan obtener verdad y justicia.

En este debate, los diputados del PP, Vox y Cs recurren a los tópicos habituales para garantizar esa impunidad. Según ellos, este tipo de iniciativas forman parte de “las batallitas del abuelo” o del “revanchismo guerracivilista”. “Que manía con remover el pasado”, repiten. El portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, llegó a descalificar la iniciativa con el argumento de que los implicados habían fallecido, cuando eran precisamente ellos sus promotores.

En el caso del PSOE, se arguyeron problemas de legalidad. Estos delitos no pueden perseguirse – según ellos – porque no lo eran en la dictadura. Hacerlo – advertían – podía ser un atentado al principio de legalidad.

A la vista de los argumentos de unos y de otros, cabe plantear varias objeciones. En primer lugar, hay que recordar que el tiempo transcurrido no debilita la legitimidad de la lucha contra la impunidad. Tampoco hace menos necesaria la reparación de la injusticia que conlleva. De hecho, su demora la hace más escandalosa. En segundo lugar, la búsqueda de verdad y justicia no es ninguna ocurrencia o capricho de las víctimas. Es un acto de salud democrática. Una exigencia moral y política, pero también un imperativo legal del derecho internacional para romper la línea de continuidad entre el franquismo y la democracia.

Es cierto que a la luz de las leyes franquistas los crímenes no son perseguibles. Tampoco lo eran los crímenes del nazismo a la luz del III Reich. Eso no convierte esos crímenes en legales. Esa es precisamente la idea que hay detrás de las condenas de Núremberg, pero también del tribunal de Estrasburgo: la preeminencia del derecho internacional sobre el estatal. Buen ejemplo de ellos son las condenas por crímenes de lesa humanidad como los cometidos en Estonia y Rusia en los años 40 del siglo pasado. Otro ejemplo es la condena de Estrasburgo a los soldados de la antigua RDA cuando disparaban a quién traspasaba el muro de Berlín en la misma época en que en España asesinaron a Puig Antich. En ese caso, no valieron la ley de fronteras o las órdenes de esos militares alemanes para evitarla. Hay un núcleo esencial de los DDHH cuya vulneración representa una injusticia extrema frente a la cual no vale el argumento del principio de legalidad.

Visto desde esa perspectiva, quizá haya que recordar lo obvio: hay crímenes abominables que, por su crueldad, no prescriben ni admiten inmunidad. No solo ofenden a quién los sufre sino también a la humanidad entera. Y precisamente por eso, independientemente del cuándo, del dónde o del quien pueden perseguirse siempre desde cualquier rincón del mundo. Eso es exactamente lo mismo que ha dicho en este asunto la ONU en reiteradas ocasiones.

Con ese objetivo, el ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero en una serie de medidas aprobadas en estos últimos años: la creación de una comisión de la verdad para reparar a los represaliados del tardofranquismo o la presentación de querellas como la de Puig Antich. También, en el Congreso grupos como Unidas Podemos o ERC han presentado decenas de enmiendas a la Ley de Memoria Democrática para crear, por ejemplo, una Oficina de Víctimas de la Dictadura y un Centro de Memoria Democrática o para revocar las distinciones honoríficas del franquismo.

La propuesta de CEAQUA nos invitaba a dar un paso más en esa lenta, dura y dilatada lucha contra crímenes que son un estigma imborrable de la humanidad. Su rechazo por parte del PSOE y las derechas representa una oportunidad perdida para acabar con su impunidad. Sin duda, eso no va a impedir que las víctimas sigan exigiendo verdad, justicia y reparación. Esta lucha se ha saldado con muchas derrotas. Sin embargo, una y otra vez ha sido replanteado por caminos inesperados como irrenunciable defensa de los derechos humanos. Buen ejemplo de ello es la causa en Argentina. Llegados a este punto, quizá habrá que volver a recordar la advertencia de los familiares de los desaparecidos chilenos en los 70’: “quienes buscan leyes de impunidad van a ser tan responsables en el futuro como los que apretaron el gatillo en el pasado”.

Cuando le dijeron que el cáncer era terminal decidió que no quería morir en el hospital. A partir de entonces, el salón y el jardín de su casa en Sant Cugat del Vallès se convirtieron en un lugar de peregrinación. Sentado en su sofá, junto a su mujer Janine, recibía nuestras visitas. Nos ofrecía té, frutos secos o galletas. Cuando estaba su hijo músico, Albert, entonces la velada podía terminar en un improvisado concierto de piano. Arcadi siempre ha hecho sentir bien a quienes le rodeábamos. Era un hombre afable. En una ocasión la música se trasladó a la calle, con un emotivo repertorio cantado a coro tras una pancarta y un equipo de música, delante de su portal. No fue esa la única despedida a la que acudió. Por ejemplo, la federación catalana de ONG o la plataforma ciudadana del Procés Constituent, cofundada por él, organizaron sendos actos de reconocimiento ante su presencia.

Las muestras de afecto eran tan numerosas que la familia habilitó una web abierta a su otra familia, más amplia y diversa, de la que formaba parte: la de los movimientos sociales. Llegaron más de 7.000 mensajes. Con todo, estos últimos días ya no recibía visitas. El viernes fue la última vez que hablé con él. Le costaba hablar. Su voz era un hilo frágil y tembloroso pero lucido y sereno. Ningún sentimiento de rabia, impotencia o enfado con el mundo. Se iba con agradecimiento. Era un afortunado -confesaba – por haberse podido despedir con tiempo y rodeado de todos sus seres queridos.

Tras su muerte, en la memoria colectiva queda el recuerdo de un Arcadi sentado en una silla plegable, micrófono en mano y hablándole a quien quisiera escucharle sobre las injusticias del planeta. Lo hacía pausadamente pero con claridad y rotundidad. Su voz crítica, insobornable, nunca dejaba de oírse en todos los foros. Iba a cualquier sitio donde se le reclamaba con su viejo coche y una pequeña agenda arrugada para apuntar todas las charlas a las que se comprometía a intervenir. Esa agenda era una muestra de su incasable compromiso en la lucha contra las injusticias: casi todos sus fines de semana estaban ocupados con muchos meses de anticipación.

Con él, hoy se va uno de los mayores referentes de los movimientos sociales en Catalunya. Vinculado desde siempre al catolicismo progresista y al pacifismo, Arcadi destacó por su lucha antifranquista. En los años ochenta empezó a ejercer de profesor de Economía. Dentro y fuera de la universidad, en libros o entrevistas, siempre nos recordaba que la desigualdad era producto de un capitalismo feroz que tendía a convertir todos los derechos en mercaderías.

En los años noventa, para muchos de mi generación Arcadi nos abrió camino. De hecho, leyendo sus libros o escuchando sus discursos tomamos conciencia política. Son muchas las cosas que aprendimos. Una de ellas: la importancia de organizarnos en asambleas, cooperativas, asociaciones o agrupaciones de cualquier tipo para perder el miedo y defender nuestra libertad.

A Arcadi lo conocí en la campaña del 0’7% para los países menos desarrollados. Desde entonces, nunca le perdí la pista. Fue uno de los mediadores en los encierros de migrantes en varias iglesias de Barcelona en protesta por la ley de extranjería. También se implicó en las campañas de objetores fiscales contra el gasto militar o en las movilizaciones antiglobalización o contra la guerra de Irak.

Casi veinte años más tarde, seguía sin perder la esperanza. Frente al pesimismo de la inteligencia, siempre estaba dispuesto a levantar la bandera del optimismo de la voluntad. Su fe en el género humano no era inquebrantable, pero consideraba que eso no era impedimento para embarcarse en proyectos que mejoraran la posición de los más débiles y, con ello, acercarnos a ese otro mundo posible. Con ese ánimo, participó activamente en movilizaciones como la del soberanismo catalán o la de las plazas de los indignados del 15-M.

Arcadi nunca perdió la oportunidad de comprometerse con causas nobles, aún sabiendo de antemano que probablemente estaban perdidas. Lo hacía de forma pública y, cuando era necesario, de modo discreto. Como abogado, en más de un caso recibí su ayuda en la defensa de algún activista perseguido en un momento en el que la lucha antirrepresiva no tenía los focos y las simpatías que tiene ahora en Catalunya.

Quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Arcadi en manifestaciones, asambleas, aulas o foros nos sentimos afortunados de haber disfrutado de su enorme humanidad, su vocación pedagógica de profesor, su humildad, su generosidad, su honestidad, su humor y, sobre todo, su coherencia radical entre sus ideas y su forma de estar en el mundo.

Con esa coherencia vital y su ejemplo nos deja una última enseñanza: hay que atreverse a imaginar el futuro para poder influir sobre él. Eso haremos, compañero y maestro. Seguiremos enzarzados –cada uno a su manera– en esa pelea para que el mundo sea un lugar más habitable y menos cruel. Descansa en pau, estimat Arcadi.

La semana pasada el Gobierno del PSOE tuvo que apoyarse en los votos del PP y Cs para sacar adelante el llamado “decretazo digital”. Su convalidación en el Congreso era el último paso para la aprobación definitiva de un texto que entró en vigor en plena precampaña electoral. Se trataba de una norma sin precedentes en la democracia española que fue concebida, entre otras cosas, para frustrar la llamada “república digital catalana”.

Los defensores de la medida señalaban que la norma era eficaz para evitar las actividades de desinformación, como las denominadasfake news, el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. Los detractores, en cambio, aseguraban que la norma afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ellos, estábamos ante una ley mordaza digital con visos de inconstitucionalidad. Hasta ahora el Ejecutivo tenía el poder de cerrar páginas web ante la sospecha de posibles delitos (como de propiedad intelectual) pero siempre con orden judicial de por medio. Con el Decreto Ley, el Gobierno pasaba a poder cortar redes y comunicaciones sin control judicial por motivos de “orden público”.

Como gesto hacia su potencial socio en el futuro gobierno de coalición, Unidas Podemos y En Comú Podem viró del “no” a la abstención a cambio del compromiso del PSOE de incluir en la norma garantías de protección de los derechos fundamentales. La decisión gener ó desconcierto. A primera vista, sin duda lo más congruente con la oposición a la norma era el voto negativo. A pesar de ello, hacer política debe implicar gestión de la complejidad y resolución no siempre fácil de dilemas políticos. En este caso, ¿cuál era el dilema?

El decreto iba a ser aprobado sí o sí, al margen del sentido de nuestro voto, ya que contaba con los apoyos necesarios para salir adelante. Ante dicho escenario teníamos dos opciones. Una, oponernos a su aprobación con lo cual igual hubiera sido aprobado sin ninguna modificación. Dos, arrancarle al PSOE una serie de concesiones. En el fondo, nos encontrábamos ante un dilema nada excepcional en política, y nada excepcional en la izquierda: la dicotomía entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción.

En la práctica, la acción política debe ponderar lo que es posible y lo que es inevitable, hacerse cargo de la contingencia y de los problemas reales del mundo. En consecuencia, debe medirse más por los resultados, por la capacidad de modificar la realidad, que por los gestos o los discursos. Visto desde esta perspectiva, quedarnos en el “no” nos permitía salir reforzados moralmente y ser congruentes con nuestros principios. Sin embargo, perdíamos la posibilidad de enmendar los aspectos más antigarantistas del decreto. Con un voto en contra, el decreto hubiera salido adelante sin más y la consecuencia de ello sería peor para los derechos digitales de la ciudadanía. El dilema era claro. O un gesto de reafirmación de nuestras convicciones, moralmente más confortable pero más improductivo políticamente. O un gesto de responsabilidad, políticamente más eficaz pero más contradictorio.

Aspirar a transformar la realidad implica gobernar entornos de elevada complejidad que nos sitúan ante dilemas que no pueden resolverse desde esquemas rígidos y binarios. En esos contextos, hay que evitar el riesgo de caer en un voluntarismo épico pero impotente. Por eso, en política deben revisarse a menudo las expectativas y los efectos probables de las acciones. Con esa intención, decidimos priorizar la acción bajo las máximas de la ética de la responsabilidad. Lo que en apariencia podía parecer una opción menos comprensible, en realidad era una maniobra eficaz para garantizar precisamente una visión garantista del derecho. La principal modificación que aceptó el PSOE era la inclusión del control judicial inmediato de cualquier acto administrativo que pueda afectar a los derechos y libertades fundamentales. Un cambio importante en el planteamiento de la norma digital que no podía hacerse jurídicamente en el trámite de convalidación del Decreto Ley pero sí en la tramitación de la futura ley.

Ahora bien, para que ese u otros compromisos políticos del PSOE no queden en papel mojado será esencial que no bajemos la guardia. No solo desde las instituciones. También desde la calle. Cambios de este calado exigen, sin duda, la presencia y movilización de una ciudadanía organizada. En última instancia, esa es una de las garantías democráticas fundamentales de que las promesas se conviertan en hechos. La otra: que quien gobierne aspire a ser valiente para ir tan lejos como se pueda sin dejar de ser honesto y decir la verdad cuando la correlación de fuerzas imponga sus límites. Ese es nuestro compromiso.

Es difícil no ver tras este relato sesgado la marca del “populismo punitivo” que se extiende cada vez más por Europa. Eso en Francia se conoce desde hace años como la “lepenización de los espíritus”. No por casualidad, no fueron pocos a los que la campaña de C’s les recordó a la extrema derecha de Le Pen o incluso al fascismo de Primo de Rivera. Visto desde esta perspectiva, es una prioridad atajar ese simplismo cortoplacista. Que las imágenes de  agresiones son una escena lamentable a rechazar está fuera de duda. Que la tensión entre la policía y quien se dedica a la venta ambulante deriva a veces en violencia gratuita e injustificada, también. Sin embargo, pretender atribuir la violencia aislada de unos pocos a todo un colectivo es un despropósito en toda regla.

Esa caracterización de los hechos no es inocente. En primer lugar, sirve para ocultar las múltiples formas de violencia a la cual los manteros se ven expuestos cotidianamente. La mayoría de ellos aceptarían de buen grado trabajos más seguros y alejados de las inclemencias de la calle. Si no lo hacen es porque la misma legislación de extranjería -apoyada por C’s- se lo impide y los condena a una ilegalidad irremediable. En segundo lugar, el relato es útil para desvincular el fenómeno de las políticas de exclusión social o la masificación turística de ciertas zonas urbanas. Después de todo, lo que sí perjudica seriamente la imagen de las ciudades afectadas es precisamente un relato alarmista alejado de la realidad. En tercer lugar, permite hacer pivotar el debate sobre el espacio público y la seguridad alrededor de un marco cultural cómodo para la derecha. Los discursos del miedo a los manteros, inmigrantes o refugiados, hacen mella entre una población rodeada de inseguridades vitales. Colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil. Naturalmente, para obtener votos entre una población cada vez más empobrecida. Pero también para atizar desconfianza y miedo entre los de abajo mientras se absuelve a los propios responsables de la crisis.

Lo preocupante es que ese “populismo punitivo” es un recurso tentador que recluta no solo a sus partidarios entre las filas conservadoras sino también entre las izquierdas. Sin ir más lejos, el PSC y ERC se han sumado sin contemplaciones al bloque reaccionario de “ley orden” promovido en Barcelona. Ya en el 2005 les arrastró a su terreno de juego cuando se aprobó la llamada “ordenanza del civismo”. Incluso hasta el punto que su discurso de firmeza a veces superaba el suyo en gestos y declaraciones. No pocas veces han llamado la atención algunas voces sobre el cambio de rumbo de los socialistas desde que no forman parte del gobierno barcelonés. O ciertos sectores de los republicanos – como por ejemplo los propios diputados Ruben Wagensberg y Gabriel Rufián – han expresado su incomodidad por el uso partidista de un fenómeno tan delicado por parte de sus compañeros de partido.

En verdad, el fenómeno del top manta nos alerta sobre un problema estructural que se consolida por todas partes por la combinación de factores geopolíticos, económicos y sociales. Para hacerle frente, las recetas exclusivamente punitivas promovidas por la derecha se han mostrado hasta ahora ineficaces. Y ante la carencia de resultados palpables, alimentan un espiral represivo que siempre acaba exigiendo una vuelta de tuerca más. A primera vista, sobre-actuaciones de este tipo sirven para calmar los ánimos de quienes creen que hay que aplicar “mano dura” para poner fin a la conflictividad urbana. A pesar de ello, este enfoque ha tenido un menguado balance durante esta última década. La dureza retórica contrasta a menudo con una exigua eficacia práctica sobre el terreno. En el caso del top manta, la pretensión de borrarlo por la vía únicamente represiva ha fracasado en todas partes donde se ha querido materializar. También en los municipios gobernados por la derecha donde sus alcaldes expresan a menudo la sensación de desbordamiento e impotencia. Y en Barcelona, el fenómeno no ha disminuido a pesar de que en 2016 se llegó a la cifra récord de casi 80.000 actuaciones de la Guardia Urbana y más de un millón de objetos decomisados.

Es evidente que cualquier abordaje riguroso de la problemática tiene que empezar haciendo pedagogía democrática y evitar caer en la tentación de reproducir los marcos mentales de la derecha. No puede estigmatizarse a las personas de colectivos vulnerables como cabezas de turco del malestar social. Y no hay soluciones policiales que sean mágicas o definitivas. Por el contrario, la estrategia debe ser transversal: combinar acciones preventivas y disuasivas en el control del uso del espacio público con otros de tipo social. Barcelona, por eso, ha sido la primera ciudad europea donde se han hecho ciertos pasos innovadores desde una óptica de los derechos de la ciudadanía. Los cambios en el circuito del empadronamiento, los planes de ocupación, o la cooperativa de Diomcoop, son algunas de las medidas que han permitido sacar a 130 vendedores ambulantes de la calle y tratarlos como ciudadanos de pleno derecho.

Este tipo de iniciativas, a pesar de ir en la buena dirección, son insuficientes. Que sean la norma, y no la excepción, dependerá de si hay una mayor implicación del resto de administraciones públicas. Otra condición indispensable para encauzar la problemática es levantar las barreras  legales a la regularización de las personas “sin papeles”. La falta de permisos de trabajo y de residencia son el principal factor que los empuja a buscar formas ilegales de subsistencia. En un contexto de crisis como el actual, por eso, el guión preestablecido por la derecha va en la dirección contraria. Lejos de impulsar una alternativa enfocada hacia la garantía de derechos, utiliza a los manteros como amenaza latente en beneficio propio. Con ello, se elude una discusión de fondo, no demagógica, sobre las causas reales, económicas y políticas, de la inseguridad en nuestras ciudades.

Ante esta disyuntiva, las izquierdas deben tomar partido. O se suman a las políticas punitivas que, como solía decir Eduardo Galeano, “escupen a la gente”. O se suman al frente en defensa de los derechos humanos. No se trata, como querrían los sectores más conservadores, de políticas realistas contra políticas irrealistas. El supuesto realismo de quienes confunden la “seguridad en los derechos” con el “derecho a la seguridad” es un realismo estrecho de miras. Por el contrario, el único modelo sostenible de seguridad es el fundado no en la demagogia del populismo punitivo, sino en un modelo de escrupuloso respeto a los derechos sociales, políticos y civiles de todos.

El medio millón de simpatizantes del partido, en efecto, serían los encargados de decidir sobre la continuidad de ambos al frente de la organización por una posible incoherencia ética. Esa fue la osada reacción de la pareja ante la polémica suscitada al conocerse la ubicación y las características de su futura vivienda. Nunca antes un asunto privado como la elección residencial había generado una controversia de tales dimensiones. Situación diferente eran los célebres pisos bajo sospecha por su vinculación a compraventas irregulares o tramas corruptas. En este caso, sin embargo, no se planteaban problemas de legalidad sino de moralidad.

La línea argumental principal para afear la conducta de la pareja tenía que ver con la hemeroteca. Los detractores sacaban a relucir con sorna unas declaraciones de Iglesias sobre su intención de no mudarse de su barrio de Vallecas. O sobre  la clase política que vivía aislada de la sociedad y de un modo distinto a sus votantes. Los críticos también blandían un tuit suyo del 2012 contra la adquisición a toca-teja del ex ministro Luis de Guindos de un ático de lujo en La Moraleja que se sumaba a su fortuna millonaria.

A primera vista, esas viejas palabras de Iglesias podían revelar una incongruencia  personal con su reciente intención de irse a vivir a un chalet de 600.000 euros, con piscina y a 40 km de Madrid.  Lo cierto, no obstante, es que las contradicciones en asuntos personales son recurrentes en la vida de cualquiera y más cuando se asumen responsabilidades públicas. Hacer política es precisamente cabalgar contradicciones y asumir las impurezas intrínsecas del ejercicio del poder. Lo advertía el propio Iglesias a sus alumnos en sus antiguas lecciones universitarias.

Con toda probabilidad, de hecho, la vivienda no habría suscitado controversia alguna si se hubiera adquirido en Madrid aunque fuera a un precio superior. O estando en otra localidad fuera más modesta. En el fondo, el asunto no dejaba de ser una cuestión menor de la vida privada del ex profesor que en nada afectaba a su credibilidad como dirigente político. Ello, sin embargo, no fue impedimento para atajar un revuelo con apariencia de  escándalo.  Y tanto él como su pareja sintieron la obligación de dar la cara en una rueda de prensa.

De entrada, Montero e Iglesias exhibieron todo lujo de detalles sobre la adquisición de la vivienda. Sus familiares eran los avaladores  de una hipoteca contraída con una entidad cooperativa y ética a 30 años vista. Eso les obligaba a cada uno de ellos a pagar 800 euros mensuales. Arguyeron también que la vivienda era para vivir, y no para especular como la del ministro responsable del plan de ajuste que empobreció a la sociedad en beneficio de la banca. Mudarse al campo, además, era una decisión que pretendía proteger su intimidad o seguridad cuando pronto iban a ser padre y madre de mellizos. Lejos de ser un capricho, la voluntad de parapetarse tras el cerco de un chalet respondía a las dificultades que tenían para moverse y vivir con libertad en su vida privada. No querían ver a sus hijos   crecer – decían- en un entorno asediado por los paparazzi y los curiosos. De hecho, las amenazas y el señalamiento público de periodistas como Jiménez Losantos o Eduardo Inda les habían convertido en diana para cualquier ultra o desaprensivo. Bajo esa óptica, no resulta demasiado sensato exigirles retractarse de una decisión que puede considerarse torpe en términos de imagen pública pero comprensible e irreprochable en términos morales. Con toda probabilidad, Iglesias no habría renunciado nunca a su aspiración de vivir como cualquier otro vecino de Vallecas si no estuviera a las puertas de la paternidad y fuertemente asediado por el fango inquisitorial de la caverna mediática.

Lo sucedido no dejaría de ser una anécdota si no fuera porque revela una tenaz ofensiva de mayor calado. De hecho, no es la primera vez que se pone el foco en la vivienda de un dirigente de la nueva política. Le ocurrió ya al griego Yanis Varoufakis con su piso con vistas al Partenón o a la vasca Pili Zabaleta con su casa de lujo en Zarautz. En un momento u otro, casi todos los líderes morados han sufrido un severo hostigamiento a su vida privada. Buen ejemplo de ello se observó el mismo día en que la formación irrumpió en el Congreso. La imagen de las rastas del diputado canario, Alberto Rodríguez, o de Carolina Bescansa amamantando a su bebé se convirtieron rápidamente en un chismorreo público. Con posterioridad, el marcaje o fiscalización se volvió algo recurrente y más áspero. Se polemizaba sin rubor sobre una coca-cola que bebió Espinar en la cafetería del Congreso, el banquete de boda de Alberto Garzón, las vacaciones de la alcaldesa Carmena, el asistente de Echenique o la ropa de Alcampo del propio Iglesias.

Los damnificados por esas diatribas insidiosas denunciaban el doble rasero del que eran objeto en contraste con los dirigentes políticos de otras formaciones. Sus instigadores, en cambio, sostenían que ese era el precio a pagar por hacer bandera de ejemplaridad en materia de transparencia, austeridad o regeneración democrática. Es cierto que Podemos surge, tras las movilizaciones del 15-M, de esa voluntad de cambio con las viejas formas de hacer política. Su intención era finiquitar ciertos privilegios vinculados al poder, las puertas giratorias, las corruptelas o los costes fastuosos. Se renunciaba, por ejemplo, a viajar en “business” a costa del erario público. A diferencia de los partidos tradicionales, se ataba en corto a sus cargos electos. Los sacrificios exigidos eran numerosos. Des de las agendas transparentes, la limitación de mandatos, la reducción de sueldos y donación del sobrante a proyectos sociales hasta la rendición de cuentas y la publicación de su patrimonio.

El Código ético de la formación morada precisa, con ese propósito, esas constricciones con todo tipo de minuciosidad. La idea de fondo es muy sencilla. Un político no es un ciudadano cualquiera. Ya lo advertía el presidente norteamericano Thomas Jefferson cuando recordaba que quien ejerce el poder debe considerarse a si mismo como propiedad pública y estar dispuesto a ser vigilado de cerca. Y con el ascenso del fenómeno de la corrupción, y el desprestigio consiguiente de la clases política, ese control exige un rigor más incisivo.

Ahora bien, ¿cuáles son los límites de esas reglas del juego y quien los establece? Uno de los primeros en tomar partido en la controversia sobre el chalet fue el alcalde de Cádiz, José María González (“Kichi”). En un  comunicado y una  cartadirigida al exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, le leyó la cartilla a la pareja.  Les recordaba que el código ético de Podemos “no es una formalidad” sino “el compromiso de vivir como la gente corriente” para poder representarla. Y reivindicaba su “piso de currante” para criar a sus hijos como ejemplo a seguir. A él -advertía- “no le iban a pillar en un reuncio” como a la alcaldesa del PP, Teofila Martínez,  que vivió más de 20 años en un chalé fuera de la ciudad.

Lo primero que habría que advertirle a “Kichi”, sin embargo, es que sus circunstancias no son las mismas que las de Iglesias.  Él mismo admitía que en su caso “la prensa no le ha molestado mucho”. Por otro lado, resulta poco razonable exigirle al máximo dirigente estatal de un partido que fije su residencia en una localidad concreta. En el caso de un alcalde sí es esperable que viva allí donde gobierna y mantenga un contacto más cotidiano con sus conciudadanos. Si se parte de aquí, sea hace difícil predecir cómo actuaria cualquiera –incluso “Kichi”– en la situación de  Iglesias.

Sea como sea, que “todo lo personal sea político” no puede ser una patente de corso para controlar y juzgar todo lo que ocurre en la esfera intima y privada  de un político. De hecho, ni el código ético de Podemos ni ningún otro estipulan dónde y cómo deben vivir los cargos electos. Tampoco alude a cuales no deben ser sus vicios, cómo deben peinarse o si deben llevar corbata o no para representar mejor a sus electores. Se da por supuesto que eso forma parte de la esfera personal de cada uno. Como mucho puede ser objeto de debate informal en el entorno más cercano. Lo contrario seria una amenaza a la libertad y una pretensión totalitaria digna de una distopía orwelliana.

Lo cierto, sin embargo, es que ciertos sectores políticos y mediáticos se arrogan a sí mismos la potestad de alzarse en tribunales éticos por encima de las consciencias. Actúan bajo la creencia que si eres progresista estas obligado a llevar una vida asceta o casta y no puedes prosperar económicamente. Con ello, a menudo se eleva el listón sobre la coherencia moral hasta niveles de pureza angelical.

Esta forma moralista de ver las cosas tampoco es inocente. Exhibir la ropa sucia del adversario suele ser muy útil si se pretende destruir su reputación para dejarlo fuera de juego. De hecho, el periodismo de cloacas  hace tiempo que rompe todas las barreras éticas en beneficio del poder. Recientemente, por ejemplo, forzó la salida de Cristina Cifuentes con la filtración del video donde se la veía retenida por un hurto en un supermercado. Precisamente Iglesias fue el único político del arco parlamentario que puso el grito en el cielo ante lo que consideró la “destrucción de un ser humano”. Cuando la prensa conservadora escarba ahora tras la ecografía de Montero o el paseo de la pareja con sus perros no pretende solo inmiscuirse en sus asuntos privados para sacarles de quicio. También aspira a rastrear cualquier flaqueza o doblez poco estética de su intimidad que permita confundir a la opinión pública. El objetivo final parece doble. Primero, esparcir la duda y hacer indistinguible unos políticos de otros. Y luego, abrir las heridas internas en el seno de la formación morada.

Fue Umberto Eco quien se atrevió a definir ese modo de operar como la “máquina del fango”. Lo hizo con motivo de la campaña de desprestigio de Berlusconi contra los jueces y políticos que luchaban contra la corrupción. Colocar cualquier incongruencia privada de quien encarna esa lucha al mismo nivel que el corrupto o corruptor tiene otro efecto perverso. Con el rancio mantra de “todos los políticos son iguales” se lanza una sospecha generalizada que despolitiza a la ciudadanía. La vuelve descreída, indiferente e individualista.  Por eso, el desafío lanzado con la iniciativa plebiscitaria debería convertirse en un acicate para movilizar y unir a las diferentes facciones moradas frente a un enemigo común. En los últimos tiempos, las cloacas mediáticas han franqueado impunemente los límites de la decencia en demasiadas ocasiones.  En ese contexto, el respaldo de las bases a Montero e Iglesias sería una clara advertencia a quien juega sucio para enfangar el campo de juego. Un recordatorio de que no todo vale para desgastar al adversario. Ese es el dilema en disputa. No nos equivoquemos de bando. O gana el juego limpio. O gana la máquina del fango.

Con motivo de la situación de excepcionalidad jurídica que se vive en Cataluña, se ha celebrado este fin de semana en Barcelona el Primer Congreso en defensa del Estado de derecho. El evento reunió a magistrados, profesores de derecho penal o internacional, periodistas, miembros de entidades de derechos humanos y abogados. Uno de los objetivos del encuentro fue reivindicar el Estado de derecho como artefacto de denuncia y resistencia frente a la vulneración sistemática de las reglas democráticas que se ha producido en los últimos años en España. Es tanta la excepcionalidad jurídica que vivimos que, más que exigir una comprensión “alternativa” o “contrahegemónica” del derecho, la profundización democrática o los derechos sociales, lo que se reclamaba es simplemente que los poderes públicos sean coherentes con ellos mismos. Que no vulneren las reglas mínimas de las que se han dotado al aprobar constituciones y ratificar tratados internacionales.

En efecto, las actuaciones emprendidas contra el soberanismo catalán u otras formas de disidencia por parte del Gobierno del PP, con el apoyo de Cs y PSOE, y de las altas instancias judiciales ha planteado una crisis institucional que ha hecho tambalear los fundamentos del Estado de derecho. En ese contexto, el derecho y su interpretación se ha convertido en un campo de batalla crucial a la hora de establecer el margen de actuación de unos y otros. El mayor o menor grado de legitimidad de sus actos depende en buena medida de la aceptación y reconocimiento de sus razones jurídicas. Al mismo tiempo, la dimisión del debate político por parte del PP, PSOE y Ciudadanos y el refugio constante en un poder judicial controlado “desde arriba” respaldan la centralidad del derecho en el debate social.

En esa disputa, la ventaja de partida de quien ejerce el poder no es tan abrumadora como en tiempos pasados. La legalidad de nuestra época no es como la franquista. Es exigente y conlleva límites y controles de todo tipo. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y declaraciones de derechos impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo pasado. Un legado civilizatorio que puede convertirse en papel mojado si la ciudadanía no se lo reapropia para denunciar sus incumplimientos sistemáticos por parte del poder. A pesar de su aparente ineficacia, estos textos permiten considerar las situaciones de injusticia no como algo natural, sino como auténticas violaciones jurídicas.

En tiempo de involución democrática como la actual, por ello, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual para el poder. De hecho, sirve para mostrar su tendencia creciente a desligarse de ataduras garantistas y situarse en la ilegalidad. En realidad, invocar el estado constitucional en la actualidad implica defender la supremacía de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía, la separación de los tres poderes – cada uno con sus contrapesos -, el papel central de la sociedad civil, la proporcionalidad y el constante control o supervisión de las acciones del Estado. Esta visión de las cosas corresponde con una tradición jurídica alemana del estado de derecho (rechtsstaat), posterior a la Segunda Guerra Mundial, totalmente antitética a la noción de dictadura de la ley en que hoy la derecha jurídica española quiere caricaturizarlo. En el fondo la idea es muy sencilla: un Estado de derecho significa imponer límites “desde abajo” y desde fuera al poder del Estado. La ley no puede ser, en una concepción exigente del principio democrático, un mecanismo de cobertura de los abusos del poder, sino su freno o antídoto primordial.

Visto desde esta perspectiva, resulta más capital que nunca el papel de los juristas garantistas para mostrar el derecho no sólo como la expresión del poder sino también y, sobre todo, como herramienta para deslegitimar sus actuaciones más arbitrarias. Esta tarea tiene al menos dos funciones específicas. Por un lado, dar respuesta al inaceptable recorte de derechos políticos y la criminalización de toda disidencia al poder constituido. Por otro, mostrar que la protesta y la desobediencia, lejos de ser actos censurables, son instrumentos legítimos e incluso necesarias para forzar al poder para que cumpla su propia legalidad. Buen ejemplo de la resistencia jurídica ante la ofensiva contra el independentismo son las querellas interpuestas contra la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1 de octubre por parte de entidades de derechos humanos y varios ayuntamientos, como el de Barcelona o Girona.

En verdad, ese tipo de disputas por el sentido del derecho se libran principalmente en el Estado español. Y aquí el papel de las entidades de derechos humanos y de los juristas será relevante. Una iniciativa incesante fue la creación de la plataforma “No Callarem” (No Callaremos) que ha organizado recientemente, junto al consistorio barcelonés, la reciente “Semana de la Libertad de Expresión” en la antigua cárcel Modelo. Lo que durante casi un siglo fue un centro de privación de libertad, se convirtió en el epicentro de todo tipo de actividades políticas y culturales de denuncia de la deriva represiva. La plataforma denunciaba desde la censura en exposiciones, pasando por el secuestro del libro Fariña, la reciente condena a la revista Mongolia a pagar 40.000 euros por un chiste hasta las recientes condenas a raperos como Valtònyc o la de Pablo Hasél.

El desenlace de muchas de estas disputas, en realidad, se van a decidir en Europa. Como explicó en el encuentro el abogado Gonzalo Boyé, el mayor descrédito jurídico a la ofensiva judicial contra el independentismo proviene precisamente de los “litigios estratégicos” en los tribunales europeos. La primera señal de alarma vino con la retirada de la orden de extradición del Supremo contra los miembros del gobierno de la Generalitat exiliados en Bélgica ante su segura desestimación. A continuación, el segundo envite se produjo con las medidas de libertad acordadas por la justicia europea. Un contraste clamoroso con la dureza de las prisiones provisionales acordadas en España. Luego, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó, a petición de Jordi Sánchez, al Estado español a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que pueda ejercer sus derechos políticos”. Un mensaje que incluía medidas cautelares, un mecanismo previsto por la ONU para evitar “daños irreparables” a las personas que denuncian abusos de sus derechos ante la institución. Y, por último, el varapalo final llegó de la justicia alemana. El tribunal de Schlewsig-Holstein descartaba la existencia de la violencia y el delito de rebelión en los hechos investigados, en contra del criterio del Gobierno y del juez Llarena.

El frente internacional, en efecto, ha provocado un boquete gigante a la línea de flotación de la causa penal seguida en el Supremo. Lo que en un lugar se percibe como hechos delictivos gravísimos contra el orden constitucional, con penas de hasta cuarenta años de cárcel, en el otro no pasan de ser simples hechos políticos sin relevancia penal.  Otra actuación judicial que sacó lo colores al Estado español fue el reciente tirón de orejas del Tribunal de Estrasburgo a raíz de las condenas a unos jóvenes por la quema de fotos del Rey. Otra vez sucedía que lo que para unos era un delito de odio para los otros era un simple acto político amparado por la libertad de expresión.

En el fondo, el riesgo de corrosión del estado de derecho que todas estas actuaciones muestran no es del todo nuevo en España. Forma parte de un populismo punitivo que se ha incrustado en todo el entramado estatal como una bomba de relojería. No obstante, lo cierto es que lo sucedido en los últimos dos años con la cruenta persecución al independentismo catalán ha agudizado hasta extremos inauditos una involución democrática que ahora afecta a otros ámbitos y colectivos. El desafío, por eso, exige más que nunca construir frentes anti-represivos amplios, transversales y plurales que le disputen al poder la legitimidad del discurso del derecho. Y que pongan en el centro de la política el papel de los derechos como límites a sus abusos. Hacerlo es una cuestión de simple supervivencia para frenar su deriva abiertamente despótica.

Querido Jordi (Cuixart):

El día en que jueces y fiscales te señalaron con el dedo tuerto, nos ardió impaciente la indignación. O la náusea de la injusticia. Desde que los altos tribunales se sientan a cenar en la mesa de los poderosos, son malos tiempos para la justicia. Como diría Rosa de Luxemburgo, la justicia es servil con los tiburones y cruel con las sardinas.

Hace poco se cumplieron cuatro meses desde que te despojaron de uno de los bienes más preciados (la libertad) y te vaciaron el alma de oxígeno. Han sido cuatro meses de suplicio, castigo y venganza. Cuatro meses de memoria de una sinrazón, lejos de tus afectos y tu tierra. Cuatro meses con sabor a lágrimas del opaco cemento de una cárcel impenetrable. Como si tuviéramos una astilla clavada, desde entonces, nos falta el aire.

Tu ausencia amarga, tu lejanía de muros, nos quema. Tener que escribirte duele. Pero, como cualquier carta a un preso, hacerlo es un mensaje de futuro. Una hoguera en medio de la noche helada. Se alimenta de soledades, de distancias, pero se construye con puentes de esperanzas.

Con esta carta quiero insuflarte ánimos. Recordarte lo que has sido y siegues siendo para todos los que te extrañamos. Con tu empeño insomne por abrir camino, fuiste (y sigues siendo) un referente de coraje y dignidad. Siendo como eres un militante pacifista dispuesto siempre a extender la mano al prójimo, incluso a quienes solo ofrecen autoritarismo y ruindad, duele que te asocien arbitrariamente con la violencia. Sacrificando tu tiempo libre y de forma desinteresada, te has dejado la piel en lograr una sociedad más libre. Sabías que el camino no era fácil. Los sueños colectivos nunca lo son. Requieren de gente movilizada, ilusionada y dispuesta a sacrificarse. Son procesos largos llenos de espinas. Y más en una democracia imperfecta como la nuestra. No por casualidad, a diferencia del resto de Europa, aquí el fascismo nunca fue derrotado y el poder se construyó sobre sus cimientos. Las togas de quienes ocupan la cúspide judicial no están, por esa razón, limpias. El polvo del franquismo las ensucia. Lo sabes tú bien. Y lo recordábamos hace poco en unas jornadas contra la impunidad franquista celebradas en la Modelo, donde sentimos tu ausencia muy presente.

Vivimos tiempos difíciles, donde la polarización se extiende como una mancha cancerígena. Ahora más que nunca, resulta imprescindible recoser complicidades entre unos y otros; poner en valor lo que nos une por encima de lo que nos separa. En esa tarea urgente, figuras como la tuya son un faro en la niebla. Frente a la actual deriva autoritaria, hay que rescatar el espíritu unitario de la Asamblea de Cataluña de los 70. O la filosofía que latía detrás del lema “un solo pueblo” – catalanes de linaje y nuevos catalanes- del viejo dirigente del PSUC, Josep Benet. Te lo había oído gritar a los cuatro vientos con voz solemne de los grandes momentos: ¡somos un país mestizo! Hay que ver el fenómeno migratorio, no a partir de su grado de integración, sino como una nueva realidad construyendo una patria común con identidades y orígenes múltiples. Gente nacida aquí y gente venida de Murcia en los años 30; de Andalucía, Extremadura o Galicia en los años 60. Gente que se encontró un entorno en condiciones muy duras, sin servicios ni transporte público. Y con un esfuerzo inmenso, anónimo y silencioso, levantó nuestras ciudades desde abajo. Muchos de ellos, vecinos del extrarradio gris, la “Internacional de los bloques” evocada por tu apreciado Pérez Andújar. Siempre te identificaste con esa gente humilde y sencilla que, como tu madre, emigraron persiguiendo un futuro mejor. Eras incapaz de pensarte separadamente de sus reivindicaciones o pulsaciones vitales. De quienes llegaron, pero también de quienes se quedaron en sus tierras. Apelabas a menudo a la fraternidad y al anhelo de emancipación de las clases populares del resto de territorios ibéricos. Algo se ha torcido o no se habrá hecho bien cuando no pocos de ellos, lejos de sentirse interpelados por personas como tú, se han sentido amenazados en su identidad. Y envolviéndose entre banderas, han entregado su voto a un nacionalismo de extrema derecha. Ya lo hablaremos cuando recuperéis la libertad, pero seguro que lo que ha pasado te duele ahora en el alma, tú que eres un internacionalista obstinado en trascender filiaciones y fronteras. También te dolía ver cómo otros nacionalistas utilizaban la unidad patriótica para diluir luchas sociales y ocultar sus miserias. O el discurso contra un “Madrid” al que injustamente reducían a una de las dos Españas, olvidando que también es la ciudad mestiza, del orgullo gay, del 15-M o del “no pasarán”.

Recuerdo cuando me defendiste ante los silbidos de un auditorio de exaltados al mencionar a ese otro Madrid popular y antifascista. Lloré de rabia ante tanto desprecio ignorante y tú querías hacer un comunicado de condena. Ambos creíamos que la idea de una España uniforme e irreformable era reaccionaria. Existe una España vieja, monárquica, caciquil, miedosa, de sacristía, que embiste al grito de “a por ellos” y aspira a helarnos otra vez el corazón. Ésta está ganando. Sin embargo, ha aflorado también otra España joven, indignada, republicana, interreligiosa y laica, plurinacional y reacia a ser una prisión de pueblos. Con esa otra nueva España compartimos horizontes, sueños y anhelos comunes. Hay quienes, a ambos lados, quieren romper esa corriente de simpatía entre unos y otros.

Con nostalgia, te recuerdo ahora en todos los momentos vividos. Te recuerdo en charlas con amigos como Quim Arrufat en un aula de estudiantes o Toni Comín y Eulàlia Reguant encima de un escenario de Nou Barris. Te recuerdo cuando nos despedíamos la noche antes de tu encarcelamiento. Sabías el peligro al que te dirigías y, a pesar de ello, conservabas el valor de animarme con la claridad silvestre de tus risas. Te recuerdo cuando tú y Jordi Bosch me persuadisteis para que me hiciese socio de Ómnium Cultural, una entidad con casi cien mil afiliados y sesenta años de historia. Si no fuera por ti, no lo habría hecho. Contigo superé prejuicios y recelos antiguos. Fue en el año 2016. Querías que  Ómnium fuera casa común del soberanismo republicano, donde convivieran federalistas, confederalistas o independentistas. Querías trazar complicidades con otras organizaciones estatales que defendían el derecho de decidir del pueblo catalán. Recuerdo tu insistencia en que te presentara a Pablo Iglesias. Me gustaba tu visión inclusiva del catalanismo y la cultura. Me hablabas con entusiasmo de celebrar la Noche de Santa Llúcia en el Hospitalet de Llobregat. Por primera vez, después de 65 años, el principal acontecimiento literario se desplazaba a una ciudad metropolitana, obrera y cuna de tantas personas de origen inmigrante. Poco antes, habíamos participado juntos en un acto de vuestra campaña Lluites compartides. Allí defendimos la interrelación entre las luchas de los últimos 50 años de mucha de esa gente venida de otros lugares con las luchas colectivas del presente. Defendimos a la clase trabajadora, valiente, que nos recordaba que los derechos nunca se regalan. A la lucha feminista de una ciudad con nombre de mujer. A los que salían cada 11-S para exigir urnas y democracia. A los jubilados infatigables defendiendo lo ganado para sus nietos. A la gente de la PAH y el 15-M poniendo el cuerpo para recuperar lo que es de todos. A los viejos antifranquistas peleando por la memoria democrática. A quienes alzaban la voz contra el sufrimiento provocado por CIEs y fronteras; o exigiendo más refugiados en la manifestación más grande de Europa.

Tú que has luchado tanto por la libertad ajena, has acabado perdiendo la tuya. Como Forn, Sánchez y Junqueras, te has convertido en preso político del siglo XXI. Lo explicaba hace poco en un artículo que te mando junto a esta carta. Son muchos quienes te precedieron en esa ingrata condición. “Hem vist tancats a la presó homes plens de raó…no, diguem no” cantaba Raimon ya en los recitales de los 60. Antes de ti, estuvieron “hombres llenos de razón” como Wilde, Gramsci, Luxemburg, Roque Dalton, Sands, Mandela, Miguel Hernández.  Lo recordaba recientemente un amigo común, el periodista David Fernández.

El corazón se me encoje cuando te pienso ahora detrás de unos barrotes infames que ennegrecen los horizontes, en una celda diminuta y mal iluminada de Soto del Real. O cuando hablo con tus seres queridos o con el resto de perseguidos políticos. Todos ellos forzados a recorrer centenares kilómetros. Es terrible que no puedas levantar el teléfono y escuchar al otro lado la voz afectuosa de Txell; que solo puedas verla brevemente una vez a la semana tras un grueso cristal; o que solo puedas abrazar a tu hijo de diez meses una vez cada tres meses. Ante el vacío institucional provocado por la vil aplicación del artículo 155, debes saber que como ayuntamiento no nos quedamos de brazos cruzados. Hace poco, por ejemplo, llevamos ante la justicia la vulneración de derechos humanos del 1-O y denunciamos lo sucedido ante el Congreso de los Diputados o el Parlamento europeo. Esta semana hemos vuelto a reclamar vuestra libertad o, como mínimo, el fin del doble castigo del alejamiento. No olvidamos que la prisión es un espacio de aislamiento, hostil y deshumanizado. Allí el tiempo se congela y se hace perpetuo. Se pierde la intimidad, la luz solar, las cosas básicas de la vida: el contacto, las miradas y la ternura de quien se ama. Como decía Albert Camus, “la prisión es un suplicio cotidiano que nadie tiene derecho a infligir a un ser vivo en nombre tan solo de una opinión o de una concepción del mundo”. Cada día lo recordamos con un lazo amarillo colgado en la fachada consistorial señalando vuestra ausencia.

Los que te queremos nos vamos a acostar noche tras noche con ganas de abrazarte. Cerramos, luego, los ojos con la mala conciencia de disfrutar de una comodidad a la que a ti te han privado. Y sentimos que entre tú y la mayoría del pueblo catalán nos une un hilo rojo indestructible. Seguro que hay momentos difíciles en los que te sentirás solo en un pozo sin salida. Acorralado. Triste. Abatido. Y no verás el futuro con esperanza. Entonces, acuérdate de que somos miles los que estamos allí fuera. Acuérdate de nosotros sufriendo contigo. En el fondo, el castigo es colectivo. Tu cautiverio es nuestro cautiverio. Como en el 1-O, es una herida abierta que escuece pero nos hace más fuertes y lúcidos. Hemos vivido juntos tantos momentos duros que somos más pueblo ahora que nunca. Por querer votar, nos pegaron, insultaron y humillaron. Nos quisieron imponer censuras vergonzantes y el silencio por la fuerza del miedo. Nos trataron de delincuentes. Y, finalmente, nos han quitado la libertad. Lo que nunca podrán arrebatarnos es la dignidad de volvernos a levantar para decir que somos quienes somos y exigir respeto por nuestros derechos. Con persistencia pero con la mano extendida, sin rencor ni rabia, porque no queremos convertirnos en aquello contra lo que luchamos. Como las compañeras nos han enseñado, la política sin amor no es política. Tampoco lo es, pero, sin memoria y anhelos de justicia. No lo dudes: seguiremos soñando una democracia donde refugiarnos; para que la razón venza al miedo, a la ignorancia y al odio. No descansaremos hasta que tú y el resto volváis. No seremos libres hasta que vosotros lo seáis.

“Olvidar el sufrimiento del pasado es olvidar las fuerzas que lo provocaron sin derrotar a esas mismas fuerzas”. Con esas palabras, el filósofo Herbert Marcuse recordaba que la memoria nos informa de quiénes somos, de donde venimos pero también a donde vamos. Solo desde allí, pueden liberarse las energías latentes del pasado para construir nuevos horizontes alternativos a lo existente. Aquello que no fue, que pudo haber sido y podría volver a ser. Los herederos políticos del franquismo, por eso, querrían deshacerse de esa memoria cargada de futuro. Que las víctimas fueran mudas e invisibles. Que no molestaran y se quedaran en las cunetas del olvido. Hay crímenes tan deleznables, no obstante, que sus victimas nos convocan y exigen justicia. Los asesinados, torturados o desaparecidos de la dictadura nos advierten que somos contemporáneos del instante en que se paró su reloj biográfico. Como un espectro que se alza, nos recuerdan que sin reparar esa injusticia no hay justicia posible. Con la intención de hacerse cargo de esa exigencia, se celebra este lunes el II Encuentro de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, en el que Barcelona toma el relevo de Pamplona en la presidencia de esta red. El encuentro se produce en la ex-cárcel Modelo, coincidiendo con su apertura de puertas a la ciudadanía.

La iniciativa es un paso más en una lenta, dura y dilatada lucha para diseñar mecanismos contra la impunidad de crímenes que constituyen un estigma imborrable en la historia de la humanidad. Para superarla, los intentos han sido numerosos y han corrido suerte diversa. Con frecuencia se ha saldado con derrotas y con la dura imposición de la “ley del más fuerte”. A veces, se han logrado victorias parciales donde los vencidos han logrado hacer valer lo que el jurista Ferrajoli denominaba “la ley del más débil”. Es una lucha que una y otra vez, sin embargo, se ha replanteado por caminos inesperados. Siempre ha contado con gente dispuesta a levantar, como ahora la red de ciudades, la bandera irrenunciable de un “nuca más” que se niega a reconocer fronteras.

Hay crímenes que, en verdad, no prescriben ni admiten inmunidad. Su crueldad no solo ofenden a quien los sufre sino también a la humanidad entera. Y precisamente por eso, independientemente de quien sea su autor y donde se haya producido, pueden ser perseguidos en su nombre desde cualquier rincón del mundo. Con esa finalidad, el llamado principio de justicia universal se instauró a lo largo del siglo XX para poner coto a la impunidad de crímenes tan abominables como los de genocidio y lesa humanidad. Su antecedente más originario se encuentra en los tribunales de Núremberg y la toma de conciencia de que los actos de barbarie, como los vividos en Auschwitz, no podían repetirse. Bajo ese signo civilizatorio, se aprobaron también documentos cruciales como la Carta de la ONU, la Declaración Universal del 1948, que pretendían convertir los derechos humanos en auténticos muros de contención frente a los poderes arbitrarios de todo tipo. En el fondo, la idea era simple. Se quería enviar un mensaje preventivo claro a los gobernantes. Utilizar el propio aparato estatal para asesinar, torturar y después asegurarse la propia inmunidad, es una operación arriesgada. Siempre puede abrirse una investigación con posterioridad o en algún otro lugar.

Los tribunales españoles fueron, de hecho, pioneros en el impulso de ese principio. Se utilizó para romper la impunidad de crimines ocurridos en otros países. Entre los casos más notorios estaban los de Chile y Argentina. De nada sirvieron entonces los argumentos de quienes blandían leyes de amnistía y punto final aprobadas para dejar sin castigo los crímenes de sus dictaduras. Esos hechos no podían ser objeto de amnistía ni perdón. La condena del Tribunal Supremo a 1.084 años de prisión al exmilitar argentino, Adolfo Silingo, es un buen ejemplo de ello. La cuestión se torció, no obstante, cuando se trataron de limpiar los propios trapos sucios. El cierre brusco de una investigación en la Audiencia Nacional sobre los crímenes franquistas ponía al descubierto el uso hipócrita del derecho. Las normas que no valían para los otros, entonces sí valían para uno mismo. Se daba la espalda a los compromisos adquiridos a nivel internacional y una doctrina del Tribunal de Estrasburgo de carácter obligatorio. De nada importó que la ley de amnistía se aprobara con la intención, no de blindar la inmunidad franquista, sino de sacar de la cárcel a los presos políticos. Por eso, Alianza Popular – ahora PP- votaron en contra. O que los hechos denunciados no fueran los delitos políticos exigidos en su articulado y su interpretación fuera ajena a los tratados internacionales suscritos por el Estado español. Lo más sorprendente fue, sin duda, que se vulneró incluso el propio contenido pre-constitucional de la ley del 1977. En su artículo 6, por ejemplo, se requiere una previa investigación y juicio antes de aplicar la medida de gracia. Eso no sucedió. No por casualidad, a diferencia del resto de Europa, el fascismo español no fue nunca derrotado militarmente. Y el poder político o judicial se construyó, entre ruido de sables, sobre esos cimientos. Bajo las togas de quien ostenta la cúspide judicial, por eso, sigue perdurando el polvo del franquismo.

Se produjo, entonces, lo inesperado. La senda abierta por la jurisdicción española fue retomada por un juzgado argentino. Una querella presentada por víctimas y asociaciones permitió impulsar la investigación contra los responsables de los hechos. En nombre de la humanidad, fueron entonces los argentinos quienes nos mandaban el mismo mensaje que recibieron ellos de nosotros anteriormente. La respuesta, no obstante, no fue recíproca. Las autoridades españolas se negaron a dar curso a las órdenes internacionales de extradición. Esa política de bloqueo es, sin duda, contraria a otro principio del Derecho Internacional que dice “extradita o juzga”. O se investiga o se deja investigar. Con este argumento, las entidades de derechos humanos volvieron a retomar el hilo argentino para volverlo a llevar a los tribunales españoles. Había antecedentes de ello. Primero, la orden de la Audiencia Provincial de Barcelona para que se investiguen los bombardeos fascistas del 1937-1939. Luego, la investigación del asesinato de 10 civiles en el 1936 seguido por un juzgado de Almazán (Soria).

El cambio de ciclo político abierto en las pasadas elecciones municipales, había abierto una ventana de oportunidad histórica. Ciudades como Zaragoza, Cádiz, Vitoria-Gazteiz, Madrid, A Coruña, Pamplona o Barcelona dieron un paso al frente. En el 2016 se creó en Pamplona una alianza municipalista con el objetivo de impulsar todo tipo de acciones que rompieran el candado de la impunidad y el olvido. Para dignificar a las víctimas, por ejemplo, se retiraron honores, estatuas y calles a gerifaltes franquistas. O se cerró el paso a lugares de exaltación del fascismo,  como la librería Europa y las misas del Día de la victoria en espacios municipales autorizadas desde 1940.

Ese empeño obstinado para hacer efectivo los valores de justicia, verdad y reparación no es ninguna ocurrencia o capricho. No es tampoco un acto “revanchismo guerracivilista”, como señalaba ayer mismo el líder del PP, Alberto Fernández Díaz. Romper la línea de continuidad entre el franquismo, la transición y la democracia es una exigencia moral y política. Los crimines son imputables a los verdugos franquistas pero es el actual régimen quien los encubre. Sin esa tarea seria casi imposible, además, recuperar la cultura republicana que quiebre las cadenas de la España monárquica, vieja, uniforme y caciquil. Con todo, la obligación de actuar es también un imperativo legal. El Convenio europeo de Derechos Humanos establece, en efecto, el deber insoslayable de persecución de los crímenes internacionales. Cuando estados como el español se quedan de brazos cruzados, son otros quienes deben de tomar la iniciativa y ejercitar las acciones previstas para que los tribunales competentes los investiguen. Como instituciones de suplencia, las corporaciones locales no pueden desentenderse y mirar a otro lado. Frente a la pasividad estatal ante el drama de los refugiados surge el mismo imperativo de acción. Ante la crueldad de los crimines sufridos por los refugiados, o con más razón por sus vecinos y vecinas, los municipios se convierten en auténticos bastiones de sus derechos. Son los garantes últimos de su cumplimento. Con esa intención, precisamente, la Red de Ciudades adoptó el acuerdo de impulsar iniciativas acordes con el mandato internacional. En Barcelona, por ejemplo, primero se puso las oficinas municipales al servicio de los afectados y sus familiares. Luego se acordó ejercer la acusación en la causa argentina o la seguida en un juzgado barcelonés para investigar los bombardeos aéreos sufridos entre los años 1937 y 1939.

Finalmente, se decidió impulsar la investigación de una de las páginas más negras de la historia: el asesinato de Puig Antich de 1974. Esas medidas obtuvieron el apoyo de una amplia mayoría de 33 concejales (ERC, Barcelona en Comú, PSC, CUP, Pdcat) de 41. Sólo la minoría del PP y Cs -8 concejales en total- se opusieron. Argüían que eso era remover el pasado.

Empuñar el calendario como arma para descalificar las reivindicaciones de las víctimas y sus familiares es una inmoralidad. El tiempo transcurrido no hace menos ineludible la reparación sino más bochornosa su retraso. Ni debilita esas reivindicaciones. Al contrario, la legitima más. A las víctimas las asesinó o torturó el régimen franquista pero siguen siendo actuales en tanto en cuanto no se le haga justicia. No se las puede ignorar una y otra vez. Y, si se hace, el eco de su voz nos perseguirá sin descanso. Como promesa de un “nunca más” que quiere hacerse realidad. Como irrenunciable ley de quien, en la lucha por los derechos humanos, no acepta fronteras ni mordazas. Ni pactos de silencio ni pactos del olvido. En verdad, con los derechos humanos no hay medias tintas. O se está con las víctimas o con los victimarios. Tanto el PP, como Ciudadanos, ya eligieron hace tiempo. Ahora, tal vez sea la ocasión de recordar la sagaz advertencia lanzada en los años setenta por los familiares de los desaparecidos chilenos: “Quienes buscan leyes de impunidad van a ser tan responsables en el futuro como los que apretaron el gatillo en el pasado”.

En democracia hay dos reglas elementales. Una, la voluntad del pueblo debe respectarse. Dos, un gobierno solo puede ser inhabilitado en las urnas. En la actualidad, existe en Catalunya una percepción generalizada que éstas se han roto. La imposición de un Estatut no votado por nadie y contra la voluntad de los catalanes está en el origen del conflicto. Tras ese hecho, calificado por el catedrático Pérez Royo como “golpe de Estado”, los ciudadanos reclamaron recuperar la voz. Ya no como última palabra sino como primera. Y no ya como referéndum sobre la fórmula de integración en el Estado, sino como referéndum para decidir si se quiere formar parte de él. Se pidió, por eso, la transferencia de la competencia para organizarlo. O se intentó hacer una consulta -como la del 9-N – que acabó en un simple proceso participativo. Aun así, el Gobierno del PP se enrocó. Ofreció sólo autoritarismo e incomprensión. Su respuesta inmediata es reformar el Tribunal Constitucional para convertirlo en un mero brazo ejecutor suyo. Se le otorgó un poder absoluto e incuestionable con el objetivo de usurpar las prerrogativas de las fuerzas políticas. Con ello, se desdibujó no solo su papel de órgano de control sino también el propio régimen jurídico que lo sostiene. La voluntad democrática de una comunidad para autodeterminarse, en este contexto, resultaba más legítima que nunca. Y una amplia mayoría de catalanes considera que debe prevalecer por encima de la opinión de cualquier juez. Lo que está en juego es, precisamente, el principio democrático y la legitimidad política que la soberanía popular concede.

Con esa intención, se convocó el referéndum del 1-O. Lejos de aplanarse, el Gobierno del PP inició una ofensiva punitiva sin precedentes para impedir su celebración. Se trató una cuestión democrática como si fuera una cuestión criminal. Se convirtió a los catalanes en presuntos delincuentes y se imputó a casi mil alcaldes por permitir que se expresaran en las urnas. Entre otras medidas, se mandaron centenares de policías de otras partes del Estado, se prohibieron debates y reuniones, se decomisaron carteles, se abrió correspondencia privada, se cerraron webs o se registraron imprentas y medios de comunicación. Con todo, más de dos millones de ciudadanos salieron a votar. Ese día marcará un antes y un después en la historia de Catalunya. Fue un momento de soberanía y empoderamiento ciudadano. Con más de mil heridos, se convirtió también en uno de los episodios de violencia institucional masiva más grave sucedido en Europa. Uno de los heridos, incluso, perdió la visión de un ojo por el uso de balas de goma prohibidas por el Parlament.

Tras esa violencia, y cuando todo parecía que no podía ir peor, el PP llegó a un acuerdo con el PSOE y Cs para disolver las instituciones catalanas. El artículo 155 de la Constitución fue un pretexto para cesar al Parlament y aupar a la Generalitat a la quinta fuerza catalana sin pasar por las urnas. Algo que tampoco había sucedido en ninguna democracia europea. Los ponentes de la Constitución habían descartado expresamente ese escenario. Solo lo defendió el ex ministro franquista, Fraga Iribarne. No por casualidad, no hay ninguna referencia a las medidas aplicadas en el texto constitucional. Bajo ese clima de excepcionalidad, el paso siguiente era previsible. Ya sin la protección del aforamiento, los miembros del gobierno catalán quedaron a merced de una jueza de la Audiencia Nacional. Y ésta, sin ningún tipo de titubeo, los encarceló. Con anterioridad, ya había aplicado la misma receta contra los líderes sociales Sànchez y Cuixart por su participación en una protesta pacífica. Desde entonces, miles de catalanes se han movilizado para exigir la liberación de quienes consideran presos políticos. En la fachada del ayuntamiento de la capital cuelga un cartel con esa misma reivindicación.

Estos hechos han levantado una pregunta evidente: ¿hay presos políticos en España? El Gobierno del PP y sus aliados, PSOE y Cs, lo niegan rotundamente. El motivo de su encarcelamiento –alegan– es estrictamente legal, no político. Como decía el editorial del diario El País, “no han sido enviados a prisión por sus ideas, sino por un delito de sedición previsto en el Código Penal”. El enfoque puramente legal, no obstante, tiene algunas deficiencias. Desde esa óptica, no hay presos políticos en ninguna parte. O si se reconocen, son los de otros países u otros tiempos. No existe ningún estado que acepte tener presos políticos. Siempre hay un artículo del código penal que avala su persecución. Hasta en Corea del Norte se apela a la ley para encarcelar a los disidentes. Ni siquiera se le concedió esa condición al más célebre de los presos políticos, Nelson Mandela. El Gobierno sudafricano lo encarceló durante 27 años acusado de un delito de conspiración para derrocar al gobierno. Mahatma Ghandi no tuvo tampoco tal reconocimiento. Las autoridades británicas coloniales lo condenaron por sedición. Un cambio de criterio en ese aspecto solo se produce si previamente hay una ruptura con el régimen dominante. Los presos antifranquistas, por ejemplo, tuvieron que esperar al fin del franquismo para que eso sucediera. En el artículo uno de la ley de Amnistía de 1977, se amnistiaban los “actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delito y faltas”.

¿Quiénes son, entonces, los “presos políticos”? No existe una definición universal aceptada y, por ello, el asunto suele ser motivo de todo tipo de disputas. Normalmente se considera como tal quien ha resultado arrestado por sus actividades políticas, especialmente si son críticas o muestran oposición a un Gobierno. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa fijó, en el 2012, algunos criterios. Consideraba que lo eran cuando, por ejemplo, existía motivación política en sus actos o en la voluntad de las autoridades para encarcelarlo. También cuando el proceso judicial era claramente injusto y con un contenido político significativo. En ausencia de violencia en sus actos, puede calificarse de preso de conciencia.

Sea como sea, el debate de fondo es fundamentalmente político. Tiene que ver con la opinión que se tenga del preso y del régimen que lo encarcela. Buena prueba de ello es la diferente vara de medir que utilizan unos y otros en función de quien sea quien. Los que suelen caracterizar a los independentistas como peligrosos sediciosos no dudan luego en otorgan la categoría de presos políticos a opositores venezolanos como Leopoldo López. Y ello a pesar de los métodos defendidos por unos y otros. Mientras los primeros apelan a la desobediencia civil pacífica, los segundos llamaban a “derrocar al presidente a través de manifestaciones” también “con métodos no pacíficos” que luego terminaron con decenas de muertos. Otro ejemplo sintomático de esa disparidad de trato la vimos con los activistas del 15-M que rodearon el Parlament en el 2011. No pocos de los que exigen ahora la liberad de sus compañeros presos, reclamaban entonces tratar a los disidentes como sediciosos. Merecían –según ellos – ir a la Audiencia Nacional para ser condenados a más de cinco años de cárcel. Uno de los gestos de mayor dignidad ha sido, precisamente, ver esos mismos represaliados saliendo a defender la libertad de quienes antes les querían meter entre rejas a ellos.

Visto desde esta perspectiva, hay múltiples razones que permiten considerar a Sànchez, Cuixart y el resto de presos de la Generalitat como políticos. La primera tiene que ver con los cargos de la acusación. Los delitos de sedición y rebelión suelen ser un recurso habitual para perseguir a los opositores. Los disidentes antifranquistas fueron, por ejemplo, juzgados bajo esa categoría por el régimen de los golpistas del 1936. En la propia ley de amnistía se hacía referencia a los “delitos de rebelión y sedición” como actos políticos susceptibles de ser amnistiados. El texto también aludía a la aplicación de la medida de gracia “cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España”. En el caso concreto de los consejeros y los líderes sociales encarcelados, hay un consenso bastante amplio entre los juristas que no hay nada en su conducta que permita encajarla dentro de esos tipos penales. Lo recordaba recientemente un numeroso grupo de catedráticos y profesores de derecho penal en un manifiesto. Ni hubo el alzamiento tumultuario de la sedición ni la violencia exigida en la rebelión.

Un segundo motivo afecta al tribunal que les ha privado de libertad. Que sea la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de orden público, proyecta un halo intenso de ilegitimidad. Como el Tribunal Supremo, este es un órgano judicial fuertemente centralizado y vinculado al poder político. Su constitución es en sí mismo una anomalía democrática que rompe el principio del juez natural. A ello hay que añadirle su clara falta de competencia para investigar un presunto delito de sedición y rebelión. Como denunció la Comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, la actuación de la jueza Lamela roza la prevaricación. Con anterioridad, ella misma había defendido su falta de competencia en otra investigación por los mismos delitos. Los 2o magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de hecho, vetaron esa posibilidad y dejaron zanjada la cuestión ya en el 2008. No hay ni un solo precepto, además, que permita ahora atribuir el conocimiento de los hechos a ese tribunal.

Un tercer motivo tiene que ver con el modus anti-garantista con el que se ha actuado. Son numerosas las irregularidadesdenunciadas que parecen responder al espíritu del “a por ellos” o el “más grande será la caída” de quienes deben proteger los derechos ciudadanos. La más llamativa es la negativa a suspender las declaraciones para impedir que los investigados tengan conocimiento de qué se les acusa. O la inclusión de nuevos delitos inexistentes en la orden de detención internacional contra el Gobierno en Bruselas para burlar la garantía de doble incriminación de la legislación belga. Un último motivo que añade un tamiz político a la causa es la decisión de encarcelar a quien se presenta voluntariamente ante la justicia. Una medida dictada, más que para ahuyentar el riesgo de fuga, con la intención de infringir un castigo ejemplarizante que desaliente las movilizaciones de un pueblo que se siente mayoritariamente humillado. Otra prueba del componente político la vimos en el Tribunal Supremo recientemente cuando se obligó a los miembros de la Mesa del Parlament a renegar de sus convicciones. O a prohibirles acudir a manifestaciones para exigir la liberación de sus compañeros.

En verdad, este tipo de actuaciones no son hechos aislados. Forman parte de una lógica de excepción que se ha ido imponiendo en los últimos tiempos. Una tendencia a consolidar un Derecho Penal del Enemigo inspirado en una antigua y nunca apagada tentación totalitaria: la idea de que debe castigarse no por lo que se ha hecho sino por lo que se es. Con ello se invalida la manida letanía de que “todas las ideas se pueden defender en escenarios de no violencia”. Y se abre la puerta a normalizar y extender esas medidas concebidas para el caso catalán a otros lugares. Ya se ha propuesto aplicar el artículo 155 a Euskadi y a Navarra. Y en Madrid, el PP ha intervenido las cuentas municipales de Carmena. Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, este tipo de persecuciones desatan los fantasmas evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde. Ojalá la advertencia llegue también a los que miran hacia otro lado y piensan que esto es sólo un problema de los independentistas.

¿Un acusado por hechos abominables tiene derecho a una defensa? Esa pregunta se la formuló el abogado noruego, Geir Lippestad, tras el asesinato de ochenta personas en julio del 2011 por parte de un joven de extrema derecha. La matanza, perpetrada en nombre de la lucha contra “la multiculturalidad y la invasión musulmana”, se produjo en el centro de Oslo y en el campo de las juventudes laboristas en la isla de Utoya. Anders Breivik, el autor confeso y convicto de estos terribles hechos, lo escogió a él para llevar su defensa.

Geir Lippestad era un destacado miembro del mismo partido laborista afectado por tan crueles hechos. Ante la dura contradicción de la propuesta, el abogado consultó a su compañera Signo y ella le dijo: “Soy enfermera. Si me hubieran llamado del hospital para ir a curarlo, lo habría hecho. Ese es mi trabajo. Tú eres abogado, haz el tuyo”.

Lippestad, que personificaba todo aquello que Breivik odiaba de Noruega, aceptó el caso y lo vivió como un acto de reafirmación de los valores de democracia y dignidad de todas las personas, que incluye también el derecho a la defensa ante los tribunales.

Uno de los objetivos del terrorismo de extrema derecha, como de quienes perpetraron los crueles atentados de Barcelona y Cambrils, es destruir la democracia y un modelo de convivencia basado en la diversidad. El fascismo político o religioso busca que la respuesta de la sociedad sea simétrica a la suya. Quien comete un ataque terrorista espera que sea interpretado como un acto de guerra, no como un simple hecho criminal. Su victoria se produce cuando la democracia se degrada y se entra en una lógica primitiva de guerra. Se allana el camino, entonces, a la aplicación de un “derecho penal del enemigo” y a todo tipo de abusos que retroalimentan el conflicto.

Son un buen ejemplo el recurso a la legislación y los escenarios de excepción, incluida la tortura, del gobierno de los Estados Unidos después de los atentados del 11-S. Los excesos de la Patriot Act, las vejaciones en Abu Ghraib o Guantánamo fueron el principal recurso propagandístico de Al Qaeda para captar adeptos en sus filas. En los años sesenta, el sociólogo Gregroy Bateson llamó este fenómeno “cismogénesis complementaria”: los enemigos se retroalimentan como acción de respuesta a la acción del otro.

En situaciones de excepcionalidad como ésta es cuando, sin duda, la fortaleza democrática de una sociedad se pone a prueba. Por ello, la mejor reacción ante la barbarie es la del Estado de derecho. Como decía Albert Camus, “la democracia, si es consecuente, no puede beneficiarse de las ventajas del totalitarismo”. Cuando lo hace, la barbarie se apodera de todo. No degrada sólo quien la sufre sino también sus propios fundamentos. La democracia no puede defenderse desde fuera de la misma democracia sin destruirse.

Lippestad consideraba, de hecho, que más que defender Breivik, defendía la democracia y uno de sus pilares fundamentales: el derecho a un juicio justo. Un argumento no muy diferente al que utilizó el abogado comunista Jacques Vergès para defender al criminal de guerra nazi Klaus Barbie a finales de los 80. O el propio abogado y eurodiputado de C’s, Javier Nart, para defender al llamado “talibán español” retenido en Guantánamo.

Entre los derechos que tiene cualquier acusado, en efecto, existe el derecho a que se presuma su inocencia, a la tutela judicial efectiva y a ser defendido por un abogado o abogada. Garantizar que, con independencia del hecho delictivo, la ciudadanía dispone de plenas garantías por el solo hecho de ser persona es una manera de poner límites al monopolio de la violencia estatal en la represión de los crímenes.

Es la plasmación del hilo de humanidad que atraviesa nuestro sistema jurídico desde la Ilustración y que sustenta mandatos esenciales como la prohibición de la tortura o de la pena de muerte. Y una prueba evidente de la fortaleza de la democracia noruega es, precisamente, la reciente sentencia que reconoce que a Breivik se le vulneraron los derechos en la prisión donde cumple una condena de 21 años. El Estado de derecho, a pesar de lo que piensen algunos, es más Estado de derecho cuando es capaz de reconocer sus excesos o errores.

Visto desde esta perspectiva, las polémicas palabras de los concejales Alberto Fernández Díaz (PP) y Carina Mejías (C’s) cuestionando el derecho de defensa de los acusados de delitos vinculados al terrorismo son un signo de degradación democrática claramente reprobable. Como han señalado las asociaciones de juristas, de derechos humanos y los mismos colegios de abogados, sus palabras implican un ataque al sistema de garantías de un Estado de derecho. Y al conjunto de la abogacía que debe defenderlos ante los tribunales.

Uno de los principios básicos de su funcionamiento, reconocido por la ONU, es su carácter independiente. Los letrados deben poder ejercer sus funciones sin estar expuestos a persecuciones de ningún tipo. Ni ser asociados o identificados con sus clientes.

En verdad, la abogacía representa una especie de contrapoder, un espacio de libertad dentro de la propia institucionalidad que resulta imprescindible para una sociedad diversa y auténticamente democrática. De hecho, su rol consiste a menudo a proteger los derechos de los más débiles: las minorías, los desarraigados, las personas con enfermedades mentales, los repudiados o perseguidos.

Poner en el punto de mira a la abogacía por hacer su trabajo es poner en el punto de mira la idea misma de Estado de derecho. Si, además, se hace para sacar rédito político en momentos sensibles o para cuestionar la defensa de personas declaradas inocentes, entonces, se cierran las puertas de la justicia. Y se abren las de la barbarie contra la que supuestamente se pretende luchar. Entre justicia o barbarie, no hay dilema posible.

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