Para entender el papel de Moody’s, Standard & Poors y Ficht a lo largo de la crisis habría que distinguir dos momentos. El primero tiene lugar aproximadamente a partir de 2001, con la expansión del boom inmobiliario. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos. Las agencias, en connivencia con la banca, les otorgaron la máxima calificación. Gracias a estas operaciones, los ejecutivos de las agencias multiplicaron sus ingresos. Al mismo tiempo, generaron una burbuja cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo.

En Estados Unidos, estas actuaciones han sido enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión Estatal de Bolsa y Valores. En Ohio, Connecticut y California se ha acusado a las agencias de haber actuado sin rigor ni transparencia, de haber emitido información fraudulenta y de haber favorecido a clientes a los que previamente asesoraban, en un claro conflicto de intereses. Se han dictado algunas sentencias en su contra y se han impuesto nuevas regulaciones. Con todo, las agencias han conseguido desplegar su enorme poder económico, político y mediático para neutralizar los controles más incisivos.

En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca por su responsabilidad no han llegado siquiera a eso. Es más, en casos como el español, las entidades financieras han recibido ingentes cantidades de ayuda que les han permitido convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obliguen, por ejemplo, a aliviar el grave problema habitacional que han contribuido a crear.

Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar al sector privado y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública y a solicitar los servicios de las agencias. Y es aquí, precisamente, donde estas entran en escena por segunda vez. No ya para calificar al alza activos tóxicos, sino para desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase.

El paso del optimismo fraudulento de ayer al desmedido pesimismo de hoy tiene connotaciones más ideológicas que técnicas. Las agencias no califican del mismo modo a los gobiernos conservadores que a aquellos más reticentes a la hora de aplicar los ajustes. Asimismo, la dureza exhibida con deudas como la griega, la portuguesa o la española contrasta con la laxitud con que se juzgan otras igual o más riesgosas, como la abultada deuda pública estadounidense. Los dictámenes de las agencias carecen, en realidad, de la más mínima rigurosidad argumental. El criterio técnico para medir la solvencia de un país consiste, de manera casi exclusiva, en las ventajas que pueda ofrecer a los especuladores o en su predisposición a restringir los derechos sociales. Nada más. Mientras más favorable se muestre un Gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable se presenta a ojos de los grandes evaluadores.

Este modus operandi, ejercido por un puñado de entidades con una posición dominante en el mercado, entraña una conducta delictiva. Sus dictámenes, escasamente transparentes y rigurosos, permiten manipulaciones arbitrarias en el precio de las cosas (art. 284 del Código Penal). Y la información que generan es susceptible de ser utilizada en beneficio económico propio (art. 285). El Gobierno español paga entre 365.000 y 530.000 euros anuales a las tres principales agencias por sus servicios, que luego pueden acabar beneficiando a otros clientes. Los principales tenedores de deuda pública española, por ejemplo, son bancos alemanes, franceses, británicos y holandeses. La mayoría son clientes de las agencias. ¿Cómo no ver el conflicto de intereses? ¿Cómo excluir que estas entidades puedan beneficiarse de manera ilegítima de informes que a menudo se emiten minutos antes del cierre de las bolsas?

Muchas de estas operaciones deberían haber sido objeto de control por parte del Banco de España o de la Comisión Nacional de Valores. Pero ello no ha ocurrido. Por el contrario, si los gobiernos víctimas de la especulación carecen de autoridad para cuestionarla es precisamente porque su connivencia con ella ha sido todo menos excepcional. Es en ese contexto donde la acusación popular ante los tribunales cobra más sentido. Como herramienta jurídica, ciudadana, contra la impunidad de una coalición oligopólica dispuesta a sacrificar al altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales de poblaciones enteras. El multimillonario Warren Buffet, uno de los propietarios de la agencia Moody’s, ha podido decirlo sin ambages: “Esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Seguramente tiene razón. De lo que se trata, sin embargo, es de ponérselo difícil, obligándoles a rendir cuentas, al menos esta vez, por sus crímenes económicos.

¿Se habría llegado antes a este punto de no existir la Ley de Partidos? ¿O sin los instrumentos normativos y judiciales que, de modo más o menos arbitrario, han dejado fuera de juego a todo lo que se ha considerado “entorno de ETA”? Es difícil conjeturarlo. Pero hay algo seguro. Las políticas de excepción aplicadas contra la izquierda abertzale, sumadas a la errática deriva de ETA, habían generado una situación insoportable. Para sus bases, por supuesto. Pero también para muchos actores externos contrarios al recorte de libertades emprendido en nombre de la lucha contra la violencia terrorista.

No se está, pues, ante un acceso súbito de virtuosismo. El alto el fuego “permanente, general y verificable” de ETA no hubiera sido posible sin la Declaración de Bruselas impulsada por Brian Currin. Tampoco la apuesta de la izquierda abertzale puede reducirse a un simple episodio coyuntural. Tiene su origen en Declaraciones y Acuerdos como los de Anoeta (2004), Alsasua (2009) o Guernica (2010). Y es el resultado de un proceso largo, que incluye un profundo debate interno y externo con una pluralidad de organizaciones sociales y sindicales. Desde esta perspectiva, los estatutos de Sortu no deberían sorprender tanto. Reflejan, sí, una revisión radical de la propia cultura política. Pero es una decisión meditada, hija también de la necesidad de dar a una política de excepción una respuesta igualmente excepcional. Sólo así se explican algunos de los pasos dados. Desde el rechazo sin ambages de la violencia de ETA a la alusión al reconocimiento y reparación de todas las víctimas, en consonancia con los principios de Mitchell que inspiraron el proceso de paz irlandés, pasando por previsiones como la expulsión de los afiliados que incumplan la Ley de Partidos.

Algunos, como el exfiscal Mena, han llegado a calificar los nuevos estatutos de más “impecables” que los de cualquier otra formación. Otros, como el PP, han insistido en la falta de sinceridad y en la insuficiencia del gesto. ¿Qué ocurriría, sin embargo, si esta severa política de la sospecha se aplicara a su propio partido, que en un abrir y cerrar de ojos reconvirtió sin pudor a reputados miembros del aparato franquista en “demócratas de toda la vida”? ¿Cómo puede exigir condenas sin paliativos de todo tipo de violencia quien no la censura en el franquismo o la azuza contra los inmigrantes?

En 2007, el Tribunal Supremo estableció que para que un nuevo partido abertzale no fuera considerado “continuación de otros ilegales” debía exhibir “una actitud de condena o rechazo del terrorismo”. El criterio es discutible. Lo innegable es que los estatutos de Sortu se ajustan escrupulosamente a él. Desconocerlo supondría poner en entredicho el alcance del principio democrático y del pluralismo político. Ciertamente, se podría haber ido más allá en el reconocimiento específico de las víctimas de ETA. Pero esto es una exigencia moral, no jurídica, cuya concreción también depende de la existencia de vías políticas que la faciliten.
En rigor, la iniciativa abertzale es lo suficientemente valiente como para emplazar a los poderes públicos a dar sus propios pasos. En una dirección clara: desmontar las medidas de excepcionalidad –muchas de ellas condenadas por la ONU y otras instancias internacionales– que han limitado el ejercicio de derechos de parte de la ciudadanía vasca. Para ello sería imprescindible que se abandonaran interpretaciones judiciales alambicadas utilizadas para evitar la resocialización de los presos, como la llamada doctrina Parot, o para impedir de manera arbitraria la libertad provisional de actores centrales en el proceso de paz como Arnaldo Otegi. En el ámbito penitenciario debería ponerse fin a una política de dispersión de presos que, además de discriminatoria, ha acabado por criminalizar a los propios familiares. En el ámbito legislativo, por fin, sería fundamental preparar una agenda para el diálogo que incluyera la recuperación de la legislación ordinaria en derechos como los de asociación, participación política o libertad de expresión.

Nada de esto puede conseguirse de la noche a la mañana. Sería imperdonable, empero, que los cálculos electorales de corto plazo o la falta de coraje político acabaran por frustrar la oportunidad de dejar atrás una situación de anomalía que se ha vuelto intolerable, no sólo para la izquierda abertzale, sino para muchos ciudadanos del resto del Estado. Y es que con ello no sólo se pondría en riesgo la consecución de la paz en Euskadi. También se daría carta de naturalidad a una excepcionalidad que, a la larga, sólo puede emponzoñar la vida política y social general, socavando los fundamentos sobre los que asegura sostenerse el Estado de derecho.

Gerardo Pisarello y Jaume Asens Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de Barcelona

Ilustración de Patrick Thomas

La ministra Elena Salgado sostiene que este tipo de medidas pondría en riesgo el sistema financiero y que las familias deberían haber sido más prudentes a la hora de solicitar créditos. A estas alturas, sin embargo, el argumento no es de recibo. En un Estado que había hecho muy poco por garantizar vivienda de alquiler asequible, el endeudamiento fue para muchas familias la única forma de acceder a un hogar. Ante la débil capacidad de ahorro de los sectores más vulnerables, las entidades financieras facilitaron créditos que podían superar el valor de los pisos. En muchos casos, la valoración de dichas viviendas corrió a cargo de agencias de tasación estrechamente ligadas a bancos y cajas. La promoción de avales cruzados, entre personas desconocidas, y la ocultación de información respecto de la posible depreciación de las viviendas también fueron hechos frecuentes. En un contexto así, atribuir toda la responsabilidad a las familias hipotecadas es inaceptable. Entre otras razones, porque con ello se absuelve no sólo a los agentes privados involucrados sino también a sus supuestos controladores públicos, comenzando por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el propio Banco de España.

Un Gobierno consciente de la cuota de responsabilidad pública en lo ocurrido no debería dudar en colocar el derecho a la vivienda de los potenciales desalojados por encima de los beneficios de la banca. En la práctica, en cambio, ni la moratoria ICO ni el resto de ayudas previstas por los poderes públicos han sido un remedio al sobreendeudamiento. Es más, mientras los desahucios han crecido de manera exponencial, los privilegios de las entidades financieras no han hecho sino consolidarse. Cuando la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado.

En un escenario así, la dación en pago debería ser vista como la justa consagración del derecho a comenzar de cero. Como una pequeña pieza, en realidad, de un programa más amplio orientado a proteger a las personas de los
desalojos por razones económicas y a hacer del acceso seguro a una vivienda un auténtico derecho. Las asociaciones vecinales que, en diferentes ciudades, se solidarizan con familias deshauciadas e intentan bloquear los desahucios están señalando una urgencia: evitar que quienes han perdido su trabajo se queden, además, en la calle. Pero con su acción directa están indicando también la necesidad de otras políticas públicas. Políticas que promuevan moratorias eficaces, una refinanciación asequible de las deudas e incluso su condonación, sobre todo cuando las familias ya hayan sido deshauciadas o cuando la mala fe de las entidades financieras sea probada.
De cara al futuro, estas políticas deberían trazar un “nunca más” respecto de las prácticas especulativas promovidas por las entidades bancarias y por sus supervisores públicos. Ello exige, por ejemplo, que los créditos para compra de vivienda no comprometan en ningún caso más del 25% o del 30% de los ingresos personales o familiares. O que las hipotecas no puedan pagarse durante más de 20 años. Pero requiere, de modo muy especial, la adopción de medidas contundentes de regulación pública del mercado con un objetivo preciso: erradicar los ejercicios antisociales y antiambientales de la libertad de empresa y del derecho de propiedad que han conducido a la emergencia habitacional actual.

¿Qué impide, en efecto, una actuación más decidida sobre el stock de vivienda construida y no vendida, forzando su movilización hacia el alquiler social? ¿Por qué no hacer valer los derechos de adquisición preferente de los poderes públicos en los procesos de ejecución de vivienda? ¿Por qué no se plantea la fijación de precios máximos de alquiler por zonas, como en Austria o Alemania? ¿Por qué no se penaliza de forma severa el mantenimiento injustificado de viviendas vacías? ¿Para cuándo una depuración y democratización del sistema financiero y crediticio, en lugar de esta cerrazón privatizadora que aboca a la repetición más temprana o más tardía de la catástrofe? Son estas cuestiones, más que la funambulesca retórica que pide “calmar a los mercados”, las que pueden conducir a una reactivación sostenible de la economía, capaz de garantizar a todos el derecho a una vivienda y a una calidad de vida dignas.

Jaume Asens y Gerardo Pisarello son juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.

Ilustración de Javier Olivares

Si las chanzas en cuestión se hubieran producido en otro continente, la respuesta habría sido seguramente más clara. Con frecuencia, el espíritu crítico se rebela cuando algún poder foráneo pone cortapisas a la disidencia religiosa o política. Pero desaparece cuando las diatribas ofenden las propias creencias. No pocos intelectuales y políticos españoles desenfundaron a Voltaire ante la protesta de grupos musulmanes contra una viñeta que se burlaba de sus emblemas religiosos. ¿Por qué mofarse de Mahoma es un ejercicio de libertad de expresión y un delito burlarse de los Príncipes de Asturias?

Los defensores de la actuación penal frente a los humoristas invocaron la “dignidad” de los miembros de la familia real y recordaron que la libertad de expresión no incluye el derecho al insulto. No obstante, no puede tratarse igual un “insulto” o ataque al “honor” a los miembros de una institución pública que a un ciudadano de a pie. Sobre todo si esa institución, como ocurre con la Monarquía española, carece prácticamente de responsabilidad política y jurídica.

En realidad, este tipo de críticas no son algo nuevo. En Inglaterra, por ejemplo, las caricaturas a la familia real se remontan a tiempos previctorianos y son usuales en la prensa amarilla. En otros países monárquicos como Suecia, Dinamarca, Holanda y Noruega, existe análoga tolerancia. En España, en cambio, el respeto a una institución terrenal como la Monarquía es casi el mismo que se profesa hacia una figura sagrada, como la de Mahoma, en los países islámicos.

Muchos de los que se indignaron ante la condena por “ultraje al Rey” del periodista Ali Lmrabet en Marruecos han aplaudido o guardado silencio ante la petición fiscal de cárcel para el joven de Girona que participó en los actos antimonárquicos. No faltará quien sostenga que la diferencia reside en que “allí no hay democracia pero aquí, sí”. No obstante, es precisamente en un régimen que aspira a ser democrático donde el margen para la crítica de las instituciones debería ser mayor.

De hecho, desde la Revolución francesa hasta nuestros días, los símbolos del poder, político o religioso, siempre han sido satirizados o ridiculizados. Aquí y en cualquier parte del mundo. En la soledad del sótano de una imprenta, pero también en manifestaciones o festejos populares. Tales actos de ofensa callejera se inscriben en una vieja tradición de teatralización de desavenencias o desafectaciones ciudadanas frente a símbolos de poder que se consideran -justa o injustamente- arbitrarios. Quizá por eso suelen tener una mayor carga ideológica, que la simple sátira de papel, y suscitan mayor desasosiego en ciertos sectores políticos e intelectuales “respetables”. No obstante, una sociedad democrática debería ser capaz de verlos, no tanto como ataques al orden público, sino como un sano ejercicio de libertad ideológica y de catarsis ciudadana. En Estados Unidos, la jurisprudencia, que sitúa las quemas de banderas y otros símbolos públicos bajo el amparo de la Primera Enmienda, se basa en un razonamiento de este tipo.

No es esto lo que está ocurriendo en España. Entre otras razones, porque muchas de estas críticas podrían subsumirse en alguno de los delitos contra la corona contemplados por el Código Penal. Esta previsión, como se ha visto, se presta a aplicaciones de difícil encaje en un régimen que garantiza el pluralismo político.

A casi un siglo de la persecución de Valle-Inclán por sus ácratas invectivas contra la Corona, la mitificación de la Monarquía como símbolo intocable de la transición sigue siendo fuente de tabúes y un obstáculo a la libre discusión pública. En un contexto así siempre será preferible la quema de símbolos del poder, a que sea el propio poder el que acabe abrasando los espacios de crítica, irrenunciables en cualquier sistema democrático.

Ilustración de Mikel Casal

Para los partidarios de las corridas, estas serían una manifestación cultural de hondo arraigo popular, que ha inspirado las más diversas bellas artes, desde la pintura y la música hasta el cine o la literatura. De ahí que vean su supresión como un menoscabo irreparable a la libertad de expresión o creación artística y al libre acceso a la cultura y al patrimonio histórico. Además, claro, de un inequívoco ataque a una actividad empresarial generadora de riqueza y empleos (como los ligados, por ejemplo, a la cría de toros bravos, a la gestión material de las corridas o al turismo que estas atraen).
Que la lidia pueda considerarse una expresión cultural inmemorial e incluso una actividad rentable no es óbice, en cualquier caso, para que pueda reputarse anacrónica o inaceptable desde estas mismas premisas. Buena parte de las obras artísticas generadas en torno al toreo constituyen en realidad un deliberado alegato contra su crueldad y celebración machista. Y su propia viabilidad económica, sobre todo en algunas ciudades españolas, resultaría dudosa sin un apoyo institucional de la que otras expresiones culturales carecen por completo.

Lejos de ser un capricho de último momento, la nueva ley catalana se inscribe en una larga lucha social y jurídica contra prácticas que no sólo degradan a los animales sino también a las sociedades que las toleran o vitorean. Un impulso de este tipo llevó ya a la UNESCO y a la ONU, en 1978, a aprobar una Declaración Universal de Derechos de los Animales con el propósito de erradicar su sometimiento a tratos crueles. En el ámbito español, el maltrato animal fue incluido como delito castigado con penas de cárcel en 2003. Y ese mismo año, Catalunya aprobó una ley señera que consideraba a los animales “organismos dotados de sensibilidad psíquica, además de física” y proscribía espectáculos que implicaran sufrimiento o muerte, como las peleas de perros o de gallos.

Se ha dicho, no sin razón, que tratándose de una costumbre social en franco declive en Catalunya, resultaba innecesario recurrir a la prohibición. Pero el argumento podría invertirse: precisamente porque las corridas habían perdido hace tiempo el favor social su prohibición no resulta tan perjudicial como pretenden quienes viven de ellas. Y tiene, en cambio, un enorme efecto simbólico y pedagógico de cara al conjunto de la sociedad. No es casual, de hecho, que la temprana prohibición de las lidias en Canarias, en 1991, se produjera cuando estas llevaban años ya sin practicarse (lo cual explica su apoyo, quizás, por parte de reputados miembros del Partido Popular).

Entre los objetores de la medida, tampoco faltan quienes sostienen que, puestos a combatir la crueldad, lo suyo sería ocuparse de la que se ejerce contra los seres humanos, como la tortura o el maltrato policial, laboral o sexista. O incluso de otras formas menos visibles de crueldad animal, como el negocio de la cría intensiva de ganado o de aves, que a pesar de estar regulado, subsiste con cierta impunidad y está en el centro de la crisis alimentaria de nuestra época. Todo esto es atendible, sobre todo cuando no es infrecuente ver que una exquisita sensibilidad frente al maltrato de los bóvidos puede convivir con una pasmosa indiferencia frente a otros males sociales tan o más sangrantes. Con todo, invocar injusticias mayores para impugnar la prohibición de las corridas no deja de ser una forma de ceguera moral o una coartada dirigida a avalar todo lo que ellas implican.
De todas las reacciones críticas dirigidas a la ley catalana, la más patética en todo caso ha sido la proveniente del entorno político y mediático del nacionalismo españolista. Obcecada en reducir el voto del Parlament a una mera cornada identitaria, no ha dejado pasar la ocasión para presentarlo como la enésima conspiración catalana contra las esencias patrias (o como “una venganza por los triunfos de la selección nacional”, en palabras del dirigente del PP, Mayor Oreja).

Es evidente que en un mundo en el que la violencia contra animales humanos y no humanos persiste de manera descarnada, convertir la prohibición de las corridas en signo de superioridad civilizatoria sería, además de presuntuoso, ofensivo. No por ello cabe quitar mérito a una ley que, situada entre las más avanzadas en la materia, debería consolidarse e incluso extenderse a otros supuestos (como el de los llamados correbous, que continúan permitidos en Catalunya aunque bajo prohibición legal de infligir daño a los animales). La razón es sencilla: erradicar la crueldad y minimizar el sufrimiento causado a seres vivos –como mínimo a aquéllos con sistemas nerviosos similares al de los seres humanos– constituye un presupuesto irrenunciable de una ética igualitaria y compasiva. Venga de quien venga y contra cualquier práctica cultural, por más pergaminos que esta pretenda exhibir.

La posible inhabilitación del juez Garzón ha generado un movimiento de apoyo al polémico magistrado de la Audiencia Nacional. El espectáculo y los intereses de sectores políticos alimentan la figura del juez estrella, actor político de primer orden y supuesto referente jurídico y moral. Una figura que convendría analizar.

Disipado el ruido de sables, la democracia española sigue siendo una democracia de baja intensidad. Este fue el modelo que se fraguó en la Transición y nunca fue del todo contradicho. Por el contrario, las élites que la protagonizaron se sintieron cómodas o se acomodaron a una democracia de representantes, dominada por las cúpulas de los grandes partidos y claramente reticente a abrir cauces de participación ciudadana. Ahí están, como prueba, la exigua iniciativa para reformar una legislación electoral que distorsiona la voluntad ciudadana, la mezquina cabida dada a las iniciativas legislativas populares o a los referendos, la negación del derecho de voto a las personas migrantes, la lamentable evolución de la legislación sobre partidos o, simplemente, la dificultad para asumir en términos no criminalizadores el conflicto y la disidencia política.

Esta sensación de bloqueo es extensible también al ámbito social. La Constitución del 78 fue aprobada en los inicios de la crisis del Estado de Bienestar, y los Pactos de La Moncloa dejaron claro desde un principio las líneas rojas que no podían transgredirse en materia económica. Así, los derechos sociales recibieron un reconocimiento debilitado y su desarrollo acabó supeditado a criterios de “estabilización” económica que no beneficiaron a todos por igual. La incorporación acrítica al proceso de integración europea y, sobre todo, la asunción de los criterios de convergencia consagrados en Maastricht, acabaron por forjar un corsé neoliberal que neutralizaría el despliegue de la Constitución social y ambiental. Los resultados saltan a la vista: la economía española ha crecido, sí, pero en un sentido irracional, insostenible e injusto, con estándares sociales y ecológicos muy inferiores a los de otros países europeos (algunos de los cuales, como Noruega, ni siquiera forman parte de la Unión Europea).
Otra de las hipotecas heredadas tiene que ver con el pluralismo territorial. Todavía en 1977, una parte importante de la izquierda –incluidos el PSOE y el PCE– reclamaban un Estado federal respetuoso con el derecho democrático a la autodeterminación de los pueblos. La Constitución, empero, se limitó a consagrar un modelo abierto de descentralización, condicionado por la
“indisoluble unidad de la Nación española” y cuya integridad el artículo 8 confía al Ejército. El Estado de as autonomías se desarrolló así a regañadientes. Las resistencias centralistas y españolistas no dejaron de aflorar una y otra vez. Desde la LOAPA, de infausta memoria, hasta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de consultas vasca o la histeria jurídico-política generada en torno al nuevo Estatuto catalán.

Otro tanto podría decirse de la monarquía, que, amparada en el mito del “motor de la democracia”, terminaría por convertirse en una institución superprotegida constitucional y penalmente y prácticamente blindada a la crítica social. O de la Iglesia católica, cuyo poder, a pesar de la supuesta aconfensionalidad del Estado, ha sido enorme, y le permite exigir prebendas políticas o económicas como contrapartida a cada avance en un sentido laico. O de la ausencia, en suma, de una sólida cultura antifranquista, que permita juzgar con naturalidad crímenes que no sólo ofenden a sus víctimas, sino al conjunto de la sociedad.
Se podrá decir que esta lectura peca por simplista. Que en el balance pesan más los avances que los retrocesos.

Tal vez. Pero buena parte de los avances políticos, sociales, culturales de los últimos años, han estado vinculados, más a luchas cotidianas, persistentes, construidas desde abajo, que al marco constitucional gestionado por las clases dirigentes. Dicho marco, por el contrario, arrastra ya muchas sombras. 30 años después, es imprescindible una revisión profunda y profana del mismo, que lo despoje de su aura de sacralidad. Una crítica de este tipo no puede reducirse a una simple apelación a la reforma constitucional, uyos rígidos mecanismos son parte del problema. Exige algo más. Acaso la movilización y organización, lenta pero firme, de una opinión pública realmente democratizadora, republicana y, por tanto, constituyente.

A primera vista, la ordenanza ha servido para sosegar los ánimos de quienes consideraban que la ciudad se encontraba inmersa en una deriva caótica y que para aplacarla había que aplicar “mano dura” a los pequeños desórdenes urbanos. Poco importó que para hacerlo se estampara el sello del incivismo en conductas tan disímiles como el vandalismo, la mendicidad, el patinaje callejero o el trabajo sexual. O que en un alarde de firmeza se recurriera a sanciones draconianas y de discutida cobertura legal, totalmente desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos.

Lo cierto es que el “populismo punitivo” se ha convertido en un recurso tentador que recluta partidarios no sólo entre las filas conservadoras sino también entre la izquierda institucional. Empeñada en despejar cualquier sospecha sobre su capacidad para garantizar la gobernabilidad y moverse con soltura al abordar un conflicto en términos policiales, una parte de esta última se ha sumado sin tapujos al discurso de ley y orden de sus adversarios, superándolos a veces en gestos y declaraciones de intenciones.

Pero se trata de una dureza retórica de limitada eficacia práctica, que con frecuencia ha servido para disimular la propia impotencia en otros campos, como el de las políticas sociales. El inventario provisional de la ordenanza lo refleja con claridad: indigentes sancionados con multas de hasta 3.000 euros, trabajadoras sexuales expuestas al estigma, la precariedad y la discrecionalidad policial, decenas de expresiones políticas, sociales y culturales no autorizadas en nombre de la “convivencia cívica”. Y como corolario paradójico, un abrupto “botellón” en una ciudad que desconocía el fenómeno hasta la aprobación de la ordenanza.

En realidad, la efectividad de estas medidas es sobre todo simbólica. El estigma que se proyecta sobre los más vulnerables ahonda su marginación y los convierte en cabezas de turco del malestar social general. Pero contribuye, sobre todo, a silenciar las prácticas de quienes, por su mayor capacidad económica, gozan de un acceso privilegiado al espacio público. Quien mendiga, quien se baña en una fuente o quien acampa en una plaza para reivindicar derechos que incumben a todos, se convierte en arquetipo del “ciudadano desviado”, al que debe sancionarse de manera ejemplificadora. Quien especula, quien vende ocio, quien produce ruido o contamina visualmente, pero paga lo suficiente por ello, es en cambio discretamente tolerado, cuando no subvencionado o protegido, sin perder en ningún momento su condición de “ciudadano respetable”.

Sería injusto, en cualquier caso, atribuir a las autoridades barcelonesas la paternidad de este modelo que identifica la seguridad ciudadana con una cruzada punitiva contra las pequeñas ilegalidades, la marginalidad social o cierta disidencia política y cultural. Sus antecedentes se remontan al menos a las viejas Leyes de Vagos y Maleantes y guardan un estrecho parentesco con las políticas de “tolerancia cero” impulsadas por Rudolf Giuliani, en Nueva York, o por Nicolás Sarkozy.

Estas políticas siempre han sido objeto de contestación, sobre todo por parte de quienes las han considerado una amenaza para el pluralismo político, social y cultural. El potente movimiento por el derecho a una vivienda digna, en Barcelona, o los Hijos de Don Quijote, en París, son un expresión de ese fenómeno. De hecho, una de sus principales contribuciones al debate público es haber instalado algunas cuestiones de indudable alcance pedagógico. Una de ellas: subrayar el vínculo, con frecuencia silenciado, entre inseguridad, desintegración social y el proceso de privatización y segregación espacial que afecta a la mayoría de las ciudades europeas. Otra: recordar que si la vivienda, como la educación o la salud, es un auténtico derecho exigible, no cabe consentir su reducción a una simple mercancía o a una concesión discrecional, revocables por el poder político de turno. Una última: recordar que los derechos y la democratización del espacio público no son nunca regalos caídos del cielo. Se conquistan y defienden día a día, en las instituciones, pero también más allá de ellas.

Estas ideas suelen inquietar a los poderes fácticos. Sin embargo, están estrechamente ligadas a una concepción robusta y dinámica del principio democrático. No hay democracia sin ciudadanos activos dispuestos a entregar parte de su tiempo y energías tanto a la construcción y tutela de los propios derechos como a la interpelación de quienes tienen mayores responsabilidades políticas y económicas.

Si 2006 fue el año que instaló el debate sobre el civismo y la seguridad, 2007 será el de las alternativas a las lecturas simplistas y electoralistas de estos conceptos. Para que el discurso sobre el civismo no quede reducido a simple dispositivo punitivo dirigido a sancionar al débil y a absolver al más fuerte, es necesario asentarlo, más que en la vaporosa proclama del derecho a la seguridad, en la seguridad en los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de todos los habitantes. Esto supone aceptar lo obvio: que no hay disfrute estable, seguro, de los propios derechos, sin garantías frente a la arbitrariedad pública y privada y, sobre todo, sin que el más mínimo acto de atropello contra los más vulnerables sea considerado una ofensa anticipada al conjunto de la sociedad. Ni más ni menos.

Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados y Gerardo Pisarello es vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.