La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

De aprobarse la reforma del gobierno, el número de infracciones administrativas se incrementará de forma notable: de las 39 previstas en la llamada Ley Corcuera a 55. El nuevo repertorio de conductas sancionables se ampliaría a escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados o durante la jornada de reflexión electoral (como las realizadas por el 15-M). Las sanciones también se incrementarían, pudiendo llegar a multas de hasta 30.001 euros. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar prioritario en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social. Las multas no solo engrosan las arcas de las Delegaciones de Gobierno. También obligan a activistas y militantes a desviar sus escasos recursos a tareas que no tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones. El objetivo no es reemplazar iniciativas más duras -como la reforma del Código Penal- por otras más blandas. De lo que se trata es de complementarlas. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces primaron la libertad de expresión y emitieron duros autos contra la actuación policial. Las sanciones administrativas permitirán sortear ese contratiempo. Alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Quien quiera recurrir deberá pagar no solo los gastos de abogados y procuradores sino también unas tasas de hasta 2.750 euros. Un  obstáculo, en la práctica, de difícil o imposible superación para la mayoría de los afectados.

El objetivo de la reforma parece claro. Reforzar la impunidad policial y complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último. Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

Que el recorte de derechos sociales suele acarrear un aumento de la protesta es algo sabido, sobre todo cuando viene acompañado del crecimiento impune de los privilegios de unos pocos. Que los gobiernos tienden a responder a dicha protesta de manera represiva, tampoco es nuevo. La cuestión es cómo lo hacen, cómo intentan perfeccionar el socavamiento lento pero persistente de las libertades civiles y políticas, y con ello, de la democracia.

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley mordaza”, es una pieza más de una serie de medidas represivas impulsadas por el Partido Popular con el objeto de neutralizar el derecho a la protesta. Algunas son conocidas, como el aumento consentido de la violencia policial en las manifestaciones o la reforma del Código Penal impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, no son las únicas. Hay otras más sutiles, no tan visibles, pero igual o más efectivas. Su propósito es recluir a la ciudadanía en su casa y convertirla en un espectador resignado de la expropiación política y económica a la que está siendo sometida. La imposición de multas a quienes protestan es quizás una de las más emblemáticas.

Desde el estallido de la crisis, infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad, provocar desórdenes públicos menores o convocar manifestaciones sin comunicarlas previamente han acarreado sanciones de hasta 300 euros. Según estimaciones de abogados de movimientos sociales, las multas impuestas solo entre 2011 y 2012 alcanzan varios centenares de miles de euros. Estas sanciones afectan a todo tipo de colectivos. Desde afectados por las preferentes, hasta sindicatos y asociaciones de vecinos. Muchas personas multadas por protestar, de hecho, son personas ya endeudadas por no poder pagar sus casas o su acceso a la educación son cargadas.

El efecto de las multas en la vida cotidiana de las personas y de las organizaciones sociales es durísimo. Por un lado, porque pueden resolverse en embargos y otras amenazas sobre el patrimonio de las personas afectadas. Por otro, porque desvía esfuerzos que podrían distraen de las reivindicaciones de fondo. Para contrarrestar el efecto de las multas, muchos colectivos se ven obligados a realizar conciertos, comidas populares y otros actos para recaudar fondos y apoyar a los activistas perjudicados. Recientemente, la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha reconocido que casi todo el dinero recaudado en estos 5 años de existencia deberá destinarse al pago de multas impuestas por organizar escraches y otras formas pacíficas de protesta.

Uno de los puntos más negros de la Ley mordaza impulsada por el PP es que convierte a la multa en un instrumento central, silencioso, de disuasión de la protesta. Muchos de los actos de protesta realizados en los últimos años son consagrados como faltas administrativas a las que se impone sanciones pecuniarias considerables. Perturbar la “seguridad ciudadana” en ocasión de reuniones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas puede acarrear multas de hasta 30.000 euros. Lo mismo que desobedecer o resistirse a la autoridad, o negarse a identificarse cuando esta lo requiera. Convocar reuniones o manifestaciones similares a las del 15-M, una vez acabada la campaña electoral, puede suponer desembolsos de hasta 600.000 euros.

Si las reformas pergeñadas por los ministros Ruiz Gallardón y Fernández Díaz se abren camino, impugnar estas sanciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa será más difícil y más costoso. Recurrir las multas por participar en un escrache podría costar hasta 2.750 euros, solo en concepto de tasas. Muchas de las sanciones previstas por la Ley Mordaza, en realidad, resultan más graves que las impuestas en el ámbito penal por los mismos hechos. Con el añadido de que no pueden modularse en función del patrimonio del sancionado ni se prevén otras sanciones alternativas. De hecho, las penas que contempla el Código Penal para las faltas denominadas “contra los intereses generales” o el “orden público” tienen un promedio de 30 días de multa que, a razón de una cuota general de 6 euros diarios, suponen 180 euros cada una. Esta afectación al principio de proporcionalidad es la que llevó al Comisario europeo de Derechos Humanos a pedir al Gobierno español que “dejara de culpar” a la población de los problemas sociales derivados de la crisis económica y le explicara cómo “una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización puede ser una sanción equilibrada”.

De salir adelante, la reforma no sólo permitirá al Gobierno engrosar sus arcas a expensas de los estratos populares. También ahogará, todavía más, a quienes ya están endeudados y pretenden cuestionar su situación de empobrecimiento creciente. La idea es clara: aprovechar el mecanismo silencioso, casi invisible de la multa, del endeudamiento infinito, para infundir miedo y convertir a quienes protestan en súbditos silenciados y obedientes.

Hace una semana, decenas de “mareas ciudadanas” salieron a las calles a desafiar esta estrategia punitiva. En la presentación de las Marchas por la Dignidad, la portavoz de la PAH, Ada Colau, también recordó la obligación moral de desobedecer juntos leyes injustas como ésta, ya que “lo más peligroso es quedarse en casa con los brazos cruzados”. Que los sancionados dejen de pagar, que lo hagan colectivamente, no es un escenario sencillo. Sin embargo, tampoco el Estado puede, sin riesgo de colapso, forzar su aparato administrativo y policial para hacer cumplir a todos los remisos. Desbaratar el mecanismo de la multa, de la deuda interminable, se ha convertido en un imperativo de dignidad y de resistencia. La de la gente, como dice Naomi Klein, que empuja las barreras que tratan de contenerla, abriendo ventanas, respirando hondo, probando libertad.

En Barcelona esto es posible. O, al menos lo era no hace mucho si te llamabas Felix Millet y disponías, como éste, de una agenda repleta de citas con casi todos los cargos públicos con responsabilidades en la materia. El llamado caso Hotel del Palau, precisamente, es el “pelotazo inmobiliario” que va a sentar estos días a un puñado de altos cargos municipales, y al propio Millet —entre otros— en el banquillo de los acusados. El escándalo explotó, como una ramificación o daño colateral, de la investigación principal sobre el expolio del Palau de la Música, icono del catalanismo cultural, a manos de sus gestores.

Ya con los correos del banquero Miguel Blesa se vio cómo un entramado fraudulento de poderes económicos y políticos podía abrirse paso, llevándose por delante a la principal entidad financiera de la capital del Estado, a base de enchufismos, compra de lealtades o tráfico de influencias. La versión catalana de ese retrato del poder se podrá rastrear estos días de juicio en los papeles del sumario del “Hotel del Palau”. En ellos aparecen cruces de correos y llamadas, flujo de reuniones que ponen en evidencia tratos de favor concebidos desde despachos municipales. O la desigual capacidad de influencia para decidir el futuro de la ciudad de la que goza un grupo de promotores inmobiliarios y los vecinos de un barrio castigado por los excesos de sus proyectos.

Se ocultó, de hecho, a la ciudadanía el carácter privado y especulativo que había tras una iniciativa urbanística que se presentaba como de gran interés público. Se pretendía, con la connivencia de altos cargos de las administraciones gobernadas por el tripartido, construir un hotel de lujo previa destrucción de un edificio modernista protegido como patrimonio histórico-arquitectónico de la ciudad. De entrada, se firmó un convenio secreto, al margen de otro público, para que no se desvelara que el auténtico propietario de los terrenos no era del Palau sino de un simple hotelero. Con posterioridad, se falsificaron documentos públicos, se aprobaron trámites administrativos bajo presión, se hicieron permutas y cambios en las cualificaciones urbanisticas con perjuicio de las arcas públicas. Lejos de la función social que debe otorgarse al urbanismo, los gestores de la ciudad no dudaron en impulsar y asegurar el éxito de ese negocio privado a pesar de la firme oposición vecinal de un barrio con pocos servicios públicos.

Fueron, precisamente, un grupo de vecinos capitaneados por el abogado Daniel Jiménez y la concejal Itziar Gonzalez quienes lograron tras el escándalo del caso Millet sacar a la luz el irregular proyecto urbanístico e, incluso, frenarlo ante los tribunales. Ya en el 2009, salieron a la calle para exigir mayor transparencia y control democrático de unos ayuntamientos demasiado dóciles a intereses de una oligarquía caciquil. Se erigieron, en ese momento, en portavoces de la indignación ciudadana para denunciar el caso ante la Fiscalía y personarse como acusación popular. En verdad, son ellos quienes se merecen distinciones honoríficas, como la cruz de Sant Jordi o la de la Ciutat, que las autoridades otorgaron en su día al actual delincuente confeso, Felix Millet.

Desde entonces, los casos de corrupción urbanística han sido un reguero constante. De hecho, en la actualidad existe una convicción generalizada de que esta lacra está firmemente incrustada no solo en ayuntamientos sino en la mayor parte de las instituciones públicas. Ni tan siquiera la otrora intocable monarquía, tras el caso Urdangarin, ha quedado a salvo de las sospechas. Y ello, evidentemente, ha encharcado las cuentas públicas. Un agujero financiero que se ha intentado cerrar con más ajustes y en perjuicio de los derechos ciudadanos. Valga como ejemplo una cifra: en tan solo los diecisiete casos más graves de corrupción la pérdida de recursos públicos ha ascendido a siete mil millones de euros (más del doble de lo que han implicado los recortes).

En estos tiempos de ascendente corrupción, asumir el rol de vigilancia democrática será, quizás, una de las principales tareas que los movimientos ciudadanos y las organizaciones vecinales tendrán por delante. Allí donde los mecanismos internos de control público se han mostrado ineficaces, es donde el ojo ciudadano deberá estar más atento. Y más cuando, como en el caso del “Hotel del Palau”, se pone en evidencia la confluencia y supeditación del poder político a grupos privados vinculados al mundo financiero inmobiliario. Esta determinación se podrá tener o no. Pero hay que saber que, sin el impulso de ese imperativo democrático, difícilmente se podrá deshacer ese oscuro nudo entre política y dinero.

El jurista milanés Cesare Beccaria recordaba, ya en el siglo XVIII, que la mejor forma de prevenir un delito residía en “la persuasión de no encontrar lugar sobre la tierra en el que haya de quedar sin castigo”. Con esa finalidad, el llamado principio de justicia universal se abrió paso a lo largo del siglo XX para poner coto a la impunidad de crímenes tan abominables como los de genocidio o lesa humanidad. En el fondo, la idea era simple: esos hechos son atentados graves que por su crueldad ofenden no solo a sus víctimas, sino a la humanidad entera. En su nombre, así, pueden ser perseguidos desde cualquier rincón del mundo, con independencia de quién sea la víctima, su autor, o de dónde se hayan cometido.

El origen más cercano de ese principio jurisdiccional se encuentra en la conformación de los tribunales de Núremberg y la toma de conciencia de que los actos de barbarie, como los vividos en Auschwitz, no podían repetirse. Bajo ese signo civilizatorio, se aprobaron también documentos cruciales como la Carta de la ONU, la Declaración Universal del 1948, que pretendían convertir los derechos humanos en auténticos muros de contención frente a los poderes arbitrarios de todo tipo. En ese momento, esa necesidad de imponer un “nunca más” como imperativo categórico global fue asumida por muchos de los Estados que ahora se muestran diplomáticamente enojados cuando se abren investigaciones que les involucran en crímenes de esa índole. En verdad, no tuvo que pasar mucho tiempo para constatar como esas normas se aplicaban asimétricamente a los derrotados y a quienes, a pesar de sus fechorías, resultaron victoriosos. Tras el horror nazi, la impunidad de otros crímenes horrendos como los bombardeos de Hiroshima, Nagasaki, Dresden o las posteriores purgas estalinistas, mostraron el cinismo que sustentaba un sistema dual a medida de las grandes potencias. En Tokio, un juez disidente de la Corte sobre los crímenes de guerra de Japón llegó a exclamar, no sin razón, que “solo las guerras perdidas constituyen crímenes internacionales”.

Con todo, la promesa del “nunca más” quedó en pie y su eco se proyectó en el futuro. Del mismo modo que el mercado tendía a traspasar fronteras, empezaba a cuajar el anhelo de que la protección de los derechos humanos también pudiera hacerlo. El Convenio de Ginebra, la Convención contra la Tortura o la Convención contra las desapariciones forzadas, fueron piezas claves para consolidar su capacidad expansiva y extraterritorial. Con ese mismo propósito, se pusieron en marcha tribunales supraestatales ad hoc, como el de la ex-Yugoslavia, y órganos permanentes como la Corte Penal Internacional. Estos intentos, no obstante, pronto se mostraron claramente deficitarios para la consecución de la justicia. Uno de los principales motivos era su fuerte atadura a las relaciones de poder existentes en el orden internacional. Basta con observar, por ejemplo, las circunstancias políticas que rodearon su creación o las llamativas reservas a la jurisdicción universal formuladas por países como EEUU o Rusia para entender que ésta no era más que una versión encubierta de la vieja “justicia de los vencedores”.

Como alternativa al doble rasero de esos foros internacionales, no pocos tribunales estatales empezaron a invocar la jurisdicción universal para evitar zonas de impunidad. En el caso español, al amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se abrieron numerosas causas -comenzando por la del dictador Pinochet- en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas. En realidad, se aplicó sin demasiados sobresaltos mientras se enjuiciaban crímenes perpetrados en países periféricos, del continente americano o africano, cuya presión diplomática era manejable. Las cosas cambiaron cuando las pesquisas judiciales apuntaron a las grandes potencias -como EEUU, China o Israel- situadas fuera de la legalidad internacional. El Gobierno sintió comprometida la realpolitik tras la investigación de crímenes cometidos en el Tibet o contra los seguidores de Falung Gong, los vuelos de la CIA, el asesinato en Irak del periodista José Couso, las torturas de Guantánamo o la masacre de Gaza. De hecho, el contenido de los cables secretos de la embajada de EEUU filtrados por Wikileaks mostró sin tapujos la capacidad de esas influyentes piezas del tablero internacional para presionar y doblegar voluntades de funcionarios públicos e, incluso, de gobiernos enteros. Con el objetivo de evitar roces diplomáticos, precisamente, el PSOE pactó en el 2009 con el PP, CIU y UPyD un primer recorte a la jurisdicción universal. Su aplicación quedaría condicionada a que el acusado se encontrara en suelo español, que la víctima fuera también española o existiese “algún vínculo de conexión relevante con España”. Es esa puerta que quedó medio abierta la que ahora el PP desea cerrar en solitario y a toda costa. Y más, tras la orden de detención dictada en la causa abierta a raíz del genocidio tibetano contra el expresidente chino. El ministro Alonso, de hecho, reconoció sin disimulo que se “pretende acabar de un plumazo con todas las molestias diplomáticas” y “sofocar el enfado” de gobiernos como el chino lo más pronto posible. Esas prisas repentinas para decapitar la justicia universal explican que se haya recurrido a una vía de urgencia, mediante una proposición de ley, que permite eludir informes como el del Consejo General del Poder Judicial y sacar adelante la propuesta sin apenas debate.

Con su aprobación, en un par de meses solo se podrán investigar los delitos de la llamada jurisdicción universal cuando “el procedimiento se dirija contra un español o un ciudadano extranjero que resida o se encuentre en España”. Lo que conlleva dar carpetazo a la casi totalidad de las investigaciones abiertas. Además, se deja claro que solo serán “perseguibles previa interposición de querella por el agraviado o por el fiscal”, con lo que se excluye la acción popular prevista constitucionalmente. Otro aspecto escandaloso del texto es el contraste existente entre la superprotección de ciertas víctimas y el desamparo de otras. Buen ejemplo de ello es la decisión de dejar directamente sin castigo hechos tan sangrantes como las ablaciones de niñas en los viajes a los países de origen de sus padres. O el desigual tratamiento que reciben las víctimas que han padecido torturas y las que han sufrido un atentado terrorista. Mientras las primeras deberán acreditar su “nacionalidad española en el momento de los hechos” y que su presunto torturador se encuentra en territorio español, las segundas tendrán  plenamente garantizada la tutela de los jueces incluso cuando el atentado se haya producido en el extranjero.

Naturalmente, las reacciones de rechazo a tal despropósito no se han hecho esperar. Desde las asociaciones de derechos humanos y el resto de partidos de la oposición, hasta el Relator de la ONU, Pablo de Greiff, o el propio colectivo de los jueces han hecho llegar al Gobierno su preocupación. Lo cierto es que está en juego algo más que la expiración de un puñado de causas por crímenes de lesa humanidad. Es comprensible que al ministro de Asuntos Exteriores de turno le resulten incomodas ciertas presiones procedentes de cancillerías extranjeras. No obstante, ese no es motivo suficiente para ignorar el deber asumido de proteger y dotar de eficacia universal los derechos humanos protegidos en las normas internacionales. Estos principios deberían estar por encima de las relaciones coyunturales de la real politik, de los negocios o de esas presiones diplomáticas. Con independencia de que provengan de un pequeño país africano o del gobierno del gigante chino. En un régimen que se concibe a sí mismo como democrático, ese acto de rendición a la “ley del más fuerte” se revela incompatible con su aspiración a que ningún poder, público o privado, pueda librarse de la fuerza del derecho y el respeto a los derechos humanos.

Cuando se permite que genocidas, torturadores u otros criminales internacionales eludan la acción de la justicia -con el consiguiente desprecio hacia sus víctimas- las alarmas deberían dispararse. Para recordarnos que la responsabilidad de sus actos no solo les atañe a ellos, sino también a aquellas sociedades que conviven impasibles con sus acciones. Esa impunidad vergonzosa es una invitación al delito. Con los derechos humanos no hay medias tintas: o se está con las víctimas o con los victimarios, con los familiares de José Couso o con sus asesinos. El Gobierno del PP, en verdad, ya ha elegido. Ahora, tal vez sea la ocasión de recordar la sagaz advertencia lanzada en los años setenta por los familiares de los desaparecidos en Chile: “Quienes buscan leyes de impunidad van a ser tan responsables en el futuro como los que apretaron el gatillo en el pasado”.

Y sin embargo, todo ello ocurre en un momento en el que Europa se ha convertido en un terreno de batalla decisivo. Más, sin duda, que hace cinco años, cuando la expropiación política y económica de las poblaciones del continente -sobre todo del Sur y del Este-, no era tan drástica. Es en la UE, de hecho, donde se fraguan parte de los rescates a entidades financieras que hincharon las burbujas especulativas y que ahora se benefician impunemente de su estallido. Es en la UE donde los hombres de negro y el club de amigos de Goldman Sachs ultiman los planes de austeridad que condenan a millones a la precariedad y a la exclusión. Es en la UE donde los lobbies de las principales transnacionales presionan para limitar la libertad de expresión en la red y otros medios o para laminar los estándares laborales, sociales y ecológicos.

Combatir esta ofensiva desde la propia UE no es fácil. Antes de 1979, el Parlamento europeo estaba integrado por delegaciones de los parlamentos estatales. Esto permitía un vínculo algo más estrecho entre la política local y la comunitaria. Cuando se introdujeron las elecciones directas al Parlamento, los diputados de uno y otro ámbito dejaron de reunirse. El cambio dio pie a una paradoja. Había cuestiones que se discutían en Estrasburgo, pero cuando llegaba el momento de plantearlas en los parlamentos estatales, nadie sabía lo que su propio partido había propuesto.

Este alejamiento, sumado al creciente protagonismo de instituciones sin legitimidad democrática como la Comisión Europea, el Banco Central o el Tribunal de Luxemburgo, acabó por dinamitar el carisma del Parlamento. Daba igual que cada nuevo Tratado recordara la conquista de unas cuantas competencias. La percepción generalizada era que allí había poco que hacer. Esto se reflejó de manera nítida en la participación electoral. En 1979, fue de un 63%. Desde entonces, no ha dejado de caer. 61% en 1984; 58,5% en 1989; 56,8% en 1994; 49,8% en 1999; 45,5% en 2004; 43% en 2009.

Para algunas posiciones críticas, esta tendencia señalaría una línea de actuación: dejar languidecer el Parlamento y replegarse en el ámbito local. El europapanatismo profesado por las elites que se han rendido a la Troika y que en estos días desfilan en los salones de Davos hace comprensible esta reacción. Pero afirmarse sin más en ella puede resultar peligroso.

De entrada, ninguno de los partidos responsables de la actual deriva antidemocrática y autoritaria de la UE -incluidos el PP y el PSOE- dejarán de ir a Estrasburgo a cumplir su papel. La extrema derecha de Marine Le Pen o de Geert Wilders tampoco resignará este espacio. Aborrecerá en público la pérdida de “soberanía nacional” en beneficio de la “tecnocracia de Bruselas”. Pero hará todo lo posible por conseguir en el Parlamento un altavoz que le permita propagar sus causas: atacar a la “plutocracia” mientras pacta con banqueros y grandes empresas, convertir a la inmigración en chivo expiatorio de la crisis o azuzar el chovinismo y la islamofobia.

Los movimientos sociales y sindicales partidarios de una radicalización democrática y las fuerzas transformadoras de izquierdas y ecologistas no pueden dejar el campo libre a estas iniciativas. Ni aquí, ni en Grecia, ni en Portugal, ni en Alemania. Quizás el Parlamento europeo cuente poco y su presencia mediática sea escasa. Pero también puede ser una caja de resonancia y un espacio de contrapoder y resistencia. La experiencia de los últimos años lo atestigua: mientras más controladas estén las instituciones europeas por fuerzas tecnocráticas o reaccionarias, mayor será el sufrimiento y la impotencia de las poblaciones locales, comenzando por las más vulnerables.

Dar batalla en las instancias supraestatales no está reñido con la defensa de la organización desde abajo y de las iniciativas cooperativas en el territorio, en los lugares de trabajo, o en las pequeñas escalas en general. Por el contrario, el fortalecimiento de la democracia en estos ámbitos depende estrechamente de lo que se consiga en escalas más amplias. Para revertir el fraude y la regresividad fiscal, para poner fin a las deudas ilegítimas e impagables, para combatir la xenofobia y la homofobia o para contrarrestar, sencillamente, la oligarquización de la vida política y económica. Llevar la necesidad de una ruptura democrática más allá de las fronteras, denunciar los cantos de sirena del repliegue estatal y crear las condiciones para un proceso constituyente, también europeo, no es sencillo. Pero o se hace desde premisas solidarias, internacionalistas, o la serpiente incubará su huevo racista y anti-igualitario también en el corazón del continente.

No es una novedad que la derecha utilice la cuestión vasca (y la catalana) para ocultar su responsabilidad en la crisis y para fomentar un nacionalismo español autoritario y anti-democrático. Sin embargo, es dudoso que la operación pueda repetirse ad nauseam. Hace unas semanas, el colectivo de expresos de ETA reconoció el daño que había causado y rechazó el uso de la violencia para lograr sus objetivos políticos. Para algunos, comenzando por las víctimas de esa violencia, puede resultar insuficiente. Pero es mucho más de lo que ha hecho el Gobierno, empeñado en volver inviable el proceso de paz, a fuerza de convertirlo en una suerte de imposición arrogante de los vencedores sobre los vencidos, incluidas sus familias.

Los participantes en la declaración no eran aprovechados que hablaran amparándose en la impunidad. Eran personas que habían pagado sus delitos con prisión de entre 20 y 30 años (a veces más). Todo ello en un país donde supuestamente las penas no pueden utilizarse como una forma de venganza o de castigo sin límites. La declaración podrá no complacer las demandas de algunos. Pero asumía la legalidad penitenciaria y, lejos de la antigua reclamación de amnistía, se mostraba abierta a la reinserción individual de los presos. Esta era una de las exigencias principales de grupos pacifistas vascos como Lokarri y de varias organizaciones internacionales de resolución de conflictos. También formaba parte de la llamada Vía Nanclares, puesta en marcha por el Gobierno de Zapatero tras el fracaso del proceso de diálogo de 2006. Se trataba, pues, de un paso previo al proceso unilateral de disolución de la banda y de una apuesta decisiva para consolidar el anuncio del cese definitivo.

A pesar de todo ello, el Gobierno del PP y sus aliados judiciales reaccionaron de la manera más cerril posible. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió prohibir la marcha en favor de un cambio de política penitenciaria convocada por el colectivo “Tantaz Tanta” (Gota a Gota). Velasco no es un juez cualquiera. Fue miembro del Gobierno del PP en Valencia y sus actuaciones en esta cuestión están signadas por un revanchismo incompatible con un mínimo de independencia. El magistrado que examinó antes que él la legalidad de la manifestación, Pablo Ruz, consideró que no existían indicios de que con ella se buscara “enaltecer el terrorismo”. Sin embargo, Velasco sostuvo que la organización convocante era una tapadera de otra suspendida judicialmente por formar parte del “entramado de ETA”. Las pruebas, en su opinión, eran concluyentes: el objetivo de la movilización coincidía con otros similares defendidos por la organización suspendida; ergo, se trataba de una estrategia al servicio del terrorismo.

También el ministro Fernández Díaz reaccionó a las peticiones de los colectivos de presos con una contraofensiva represiva. Ordenó un registro irregular del despacho del abogado y senador por Bildu, Iñaki Goioaga, así como la detención de tres letrados acusados de hacer de puente entre los presos y el mundo exterior. El Colegio de abogados de Bizkaia calificó la operación policial de despropósito e incluso desde El País se sugirió que el objetivo de estas medidas era torpedear el proceso de paz.

Ciertamente, ni el Partido Popular ni sus aliados en el poder judicial han actuado siempre así. Cuando el ex presidente Aznar carecía de mayoría absoluta, autorizó contactos con lo que el mismo llamaba “Movimiento de Liberación Nacional Vasco”. Asimismo, acercó a 200 presos a las cárceles vascas en plena actividad frenética de la banda. El propio lehendakari Iñigo Urkullu recordó con perplejidad que este tipo de marchas llevaba años realizándose, incluso cuando ETA seguía asesinando.

Con la insistencia en su línea más dura, sin duda, el Gobierno pretende remontar en las encuestas, contentar a sus sectores más extremistas y paralizar a quienes discrepan. Lo mismo en el País Vasco que en Cataluña, contra los recortes o contra la criminalización del aborto. Puede que se salga con la suya. Pero semejante siembra puede traer consigo más de una tempestad. La obsesión por dinamitar todos los puentes hacia la paz, identificándolos con una estrategia al servicio de ETA, ha emponzoñado la vida en el País Vasco y fuera de él hasta límites indecentes. Ha servido para cerrar periódicos, ilegalizar formaciones políticas, prohibir manifestaciones, imputar a personas de acreditadas convicciones pacifistas o simplemente impedir reuniones, manifestaciones o debates públicos. Sin embargo, se trata de un camino que comienza resultar intolerable incluso para gente que no pertenece al mundo abertzale.

Tras el éxito de la manifestación del domingo en Bilbao, un grupo de organizaciones ha anunciado, para los próximos meses, una cadena humana de Durango a Pamplona a favor del “derecho a decidir”. Ya no solo es Cataluña. Es también el País Vasco. Y son, en realidad, muchos otros rincones del Estado en los que el derecho a manifestarse, a protestar, a recuperar los espacios de decisión ilegítimamente expropiados, comienza a ser visto como algo irrenunciable. Contra el miedo, contra la violencia de un Gobierno cínico y arbitrario, y en defensa de la democracia. Habrá que ver qué ocurre.

El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.

Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes.

a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.

Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza. Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.

Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabrupto pour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.

b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial

Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25  de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja  de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.

La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla. 

c) Crear una mayoría silenciada (III): asfixiar económicamente a los que protestan.

A juzgar por los anuncios realizados por Fernández Díaz, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana será un complemento perfecto del resto de medidas represivas adoptadas en estos últimos años. De aprobarse, permitiría aumentar sensiblemente el número de infracciones administrativas previstas en la ley actual: de 39 a 55. El repertorio de conductas sancionables se ampliaría de manera notable: escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), quema de contenedores, protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones por estas conductas también se incrementarían, pudiendo llegar en algunos casos a multas de entre 30.001 y 600.000 euros.

Como salta a la vista, ninguna de las infracciones contempladas obedece a la imaginación del Ministerio del Interior. Todas están vinculadas a acciones de protesta que se han producido recientemente. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de las multas y de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar central en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social [2]. Tras la aparición del 15-M, de hecho, se hizo frecuente que las autoridades echaran mano de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 para multar a quienes protestaban contra las políticas gubernamentales. Este régimen sancionatorio ya resultaba cuestionable en el momento de su aprobación. Pero ha devenido aún más arbitrario en los últimos años. Infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos, han acarreado multas de hasta 300 euros. En cambio, infracciones consideradas graves como celebrar reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones que no se hayan comunicado a la autoridad gubernativa, han supuesto multas de entre 300 y 30.000 euros. Y si se trata, por fin, de infracciones muy graves, en las que se ha alterado el funcionamiento de servicios públicos o los transportes, pueden llegar a 600.000 euros.

Manifestantes aislados o activistas pertenecientes a movimientos como el 15-M, el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la PAH han sido sancionados con multas cuantiosas que pueden tener un efecto desmovilizador mayor incluso que las simples detenciones. Además de engrosar las arcas de las Delegaciones de Gobierno, estas multas han obligado a los movimientos a desviar sus escasos recursos a tareas que no siempre tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones.

La propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana viene así a complementar la estrategia represiva diseñada con la reforma del Código Penal. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces que entendieron en estas causas emitieron duros autos duros autos contra la actuación policial y primaron la libertad de expresión de los ciudadanos. Las sanciones administrativas, en cambio, alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Para obtener una revisión en sede jurisdiccional, de hecho, habrá que recurrir a la vía contencioso-administrativa y pagar unas tasas judiciales que, tras la reforma Gallardón, se han tornado especialmente abusivas.

d) El silencio del miedo y sus límites

Como bien han sostenido los abogados del Colectivo de Juristas andaluz 17 de marzo, la  propuesta de reforma de Fernández Díaz es una suerte de reedición de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada durante el franquismo. Además de reforzar la impunidad policial, su objetivo es claro: complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último.

Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría silenciada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con sanciones económicas elevadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

Notas [1] La idea de que la resistencia pacífica y pasiva fuera considerada un delito también había sido defendida en otros ámbitos. Un comisario antidisturbios de la policía catalana, de hecho, llegó a declarar sin disimulo en un programa de Salvados, en la cadena Sexta, que “la resistencia pacífica es violencia” y que si “Ghandi hubiera estado en [la ocupación] de plaza Catalunya” durante el años 2011 debería haber sido detenido [2] Sobre esta noción, vid. Pedro Oliver Olmo (coord.) Burorrepresión. Sanción administrativa y control social, Bomarzo, Albacete, 2013.

La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

De aprobarse la reforma del gobierno, el número de infracciones administrativas se incrementará de forma notable: de las 39 previstas en la llamada Ley Corcuera a 55. El nuevo repertorio de conductas sancionables se ampliaría a escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados o durante la jornada de reflexión electoral (como las realizadas por el 15-M). Las sanciones también se incrementarían, pudiendo llegar a multas de hasta 30.001 euros. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar prioritario en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social. Las multas no solo engrosan las arcas de las Delegaciones de Gobierno. También obligan a activistas y militantes a desviar sus escasos recursos a tareas que no tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones. El objetivo no es reemplazar iniciativas más duras -como la reforma del Código Penal- por otras más blandas. De lo que se trata es de complementarlas. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces primaron la libertad de expresión y emitieron duros autos contra la actuación policial. Las sanciones administrativas permitirán sortear ese contratiempo. Alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Quien quiera recurrir deberá pagar no solo los gastos de abogados y procuradores sino también unas tasas de hasta 2.750 euros. Un  obstáculo, en la práctica, de difícil o imposible superación para la mayoría de los afectados.

El objetivo de la reforma parece claro. Reforzar la impunidad policial y complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último. Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

El proceso de regresión en la utilización de los castigos penales lleva ya varias décadas. Se remonta, al menos, al Código penal de 1995 aprobado por el PSOE. Desde entonces, los presos cumplen hasta el 80% de su condena íntegramente en las cárceles. No con ningún fin preventivo, sino como castigo. A pesar de las bajas tasas de criminalidad, el sistema carcelario español exhibe la tasa de presos más alta de la Unión Europea. Con un alarmante aumento del 400% en los últimos 30 años. El actual Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ufanó de ello cuando era Ministro del Interior: “el sistema penitenciario español es el más duro de Europa”.

Esta obsesión por el castigo se dirigió con especial saña contra los condenados por delitos de terrorismo. Se les aplicó criterios propios de un Derecho penal pensado no para ciudadanos sino para enemigos. Limitación de acceso a los permisos, al tercer grado o a libertad condicional. Aumento del límite máximo de las penas de 30 a 40 años. Políticas de dispersión, con grave perjuicio para las familias de los presos. Un trato muy diferente al otorgado a los presos del poder, como el ex general Galindo y otros condenados por su participación en los asesinatos del GAL. La propia ‘doctrina Parot’ fue la respuesta del Tribunal Supremo a una intensa campaña de criminalización mediática que exigía encerrar de manera irrevocable a un tipo de delincuentes que prácticamente eran considerados “no personas”. Dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal insistieron, una y otra vez, en que no bastaba con que los presos cumplieran sus condenas. Era necesario ir más allá y evitar por cualquier medio que pudieran salir a la calle. En un principio, la ‘doctrina Parot’ se aplicó a presos acusados de terrorismo. Luego se extendió a los delitos sexuales y de sangre. Al final, el Tribunal Supremo permitió su aplicación, con “independencia de los delitos cometidos”, a todos los condenados por el Código Penal antiguo.

Muchos reaccionaron como en el poema de Niemoller: primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era… Ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional estuvieron a la altura de su función garantista. Fue esa deserción, contraria a la propia finalidad que la Constitución española atribuye a las penas, la que ha generado la sentencia europea. Los 17 magistrados del TEDH, presidido por Dean Spielmann, consideran que las resoluciones de los tribunales españoles vulneran, entre otros, el derecho a la libertad y a la seguridad reconocido en el artículo 5 del Convenio Europeo. A la luz de estos razonamientos, se insta al Estado español a poner en libertad a la reclusa “en el plazo de tiempo más breve posible” y a indemnizarla con 30.000 euros como daños morales.

Un gobierno razonable y respetuoso de su propia legalidad debería saber leer estas señales y abandonar una política de excepción que, además de ser discriminatoria, ha acabado por criminalizar a los propios familiares. La reacción del gobierno del PP, una vez más, no invita al optimismo. El Ministro de Justicia Gallardón, en la rueda de prensa posterior a la lectura del fallo europeo, volvió a considerarla un “caso aislado” y a ignorar las advertencias de reforma del propio Tribunal. De persistir en el tiempo, esta actitud podría acarrear sanciones no desdeñables. Financieras, pero no solo. La exclusión temporal de un Estado es algo que ya ocurrió con Grecia tras el golpe de los coroneles.

En realidad, el Gobierno español parece no aceptar lo que el alto al fuego permanente de ETA y la apertura de un horizonte de pacificación y de reparación de todas las víctimas supone. Hoy, quedan pocas excusas para no desmantelar las numerosas restricciones de derechos y libertades que se han puesto en pie a lo largo de los tiempos con el argumento de la lucha antiterrorista. En un contexto de crisis económica como el actual, no cabe duda que esa cerrazón punitiva puede prestarle buenos servicios en otros ámbitos, como el de la criminalización de la protesta. Pero se trata de una actitud necia y cortoplacista. La reacción del Gobierno no es solo peligrosa por su desprecio de la legalidad internacional. También puede contribuir a extender en el conjunto del entramado constitucional unas prácticas que nacieron como excepcionales y que luego serán difíciles de controlar. Desde esa perspectiva, tanto el Ministro como quienes le dan órdenes deberían tener presente algunas lecciones históricas. La primera, es que quien se habitúa a echar mano de medios ilegítimos para salvaguardar sus intereses inmediatos, corre el riesgo de engendrar, más temprano que tarde, combinaciones monstruosas que acaban por revolverse contra sus propios creadores.