El debate principal ha girado alrededor de cómo beneficia la medida a los líderes independentistas. No obstante, el foco también se ha desplazado hacia la regulación de los desórdenes públicos. En esa materia, las preguntas son obligadas: ¿Afecta al derecho de protesta? ¿Estamos ante un avance o un retroceso? ¿Se ha ido todo lo lejos que se podía? ¿El debate esta cerrado?

Empecemos por el inicio. La reforma mejora, sin duda, la actual redacción de los delitos de desórdenes públicos. En primer lugar, se pone fin a una autentica espada de Damocles sobre el derecho de manifestación como la sedición que llevó a la cárcel a los lideres independentistas. Tras la sentencia del procés, un grupo de sindicalistas o activistas de la PAH podrían ser los siguientes en acabar en la cárcel. No es para menos. En la actualidad, la sedición permite perseguir a quién desobedece de forma masiva actos de autoridad o leyes, aunque no haya violencia o intimidación, con penas máximas de hasta 15 años de prisión. Ahora, en cambio, solo se persiguen los desórdenes multitudinarios cuando haya violencia o intimidación y la pena máxima es de 5 años.

En segundo lugar, la reforma dibuja un nuevo panorama. Como reconoce Amnistía Internacional, hay más aspectos positivos que negativos. La sedición no es lo único que desaparece. Desaparecen los desórdenes individuales, que era una vía de entrada a numerosos abusos. También desaparecen la mayoría de los agravantes introducidos por el PP para elevar el listón punitivo. Por ejemplo, ir encapuchado, portar un instrumento peligroso, exhibir un arma de fuego simulada, o el que prevé hasta 6 años de prisión cuando “el autor se prevaleciera de su condición de autoridad”. Que los disturbios se produzcan durante una manifestación deja también de ser un agravante. Se deroga igualmente la incitación pública con mensajes que llevó a Tamara Carrasco al banquillo. Por otro lado, se rebaja el rigor punitivo. Por ejemplo, cuando hay “actos de pillaje”. Con esos cambios, el Código Penal se homologa al del resto de países de nuestro entorno.

No obstante, no hay que engañar a nadie. Nos hemos quedado a mitad del camino. La reforma es fruto de un acuerdo y una correlación de fuerzas. El Código Penal sigue plagado de delitos envejecidos que no respetan suficientemente el principio de legalidad, proporcionalidad e intervención mínima. En la concepción del orden público sigue presente el fantasma del PP. Buena muestra de ello es la pervivencia del delito de las ocupaciones temporales concebido por Rajoy para aplacar las acciones de protesta de la PAH contra los bancos. En este supuesto, este viernes se llegó a un acuerdo con el PSOE para mejorar la redacción actual con la intención de evitar su uso para perseguir la protesta pacífica. Por otro lado, siguen existiendo deficiencias, penas elevadas o demasiados conceptos ambiguos. Una de las objeciones de organizaciones como Amnistía Internacional es que los actos de violencia o intimidación de los desórdenes sólo deberían castigarse cuándo sean especialmente graves. No es suficiente con que se altere la paz pública. Debe garantizarse mejor una interpretación más restrictiva. Este nudo debería deshacerse en la actual fase de discusión de enmiendas parciales.

Sea como sea, estas cuestiones no son menores. En un Estado que se concibe a sí mismo como de derecho, el uso institucional de la fuerza se presenta como la última opción una vez agotadas las vías de solución pacífica de los conflictos. Su apelación no puede ser una excusa para desnaturalizar el ejercicio de derechos fundamentales. Esa es la base del orden público democrático.

Uno de los compromisos del Gobierno de coalición, precisamente, era acabar con el legado del PP sobre recortes del derecho de protesta. Con el gobierno de Rajoy, se aprobó el Código Penal de Gallardón o la Ley Mordaza del ministro de las cloacas, Fernández Díaz para aplacar la contestación social tras la crisis del 2008. El PP pretendía emular a uno de sus fundadores franquistas, Fraga Iribarne, cuando anunció que la calle era suya: inocular el miedo en la ciudadanía y quitarle libertades para que aceptará con impotencia los recortes. Incluso el comisario de DDHH del Consejo de Europa llegó ha declarar que en España tras esas reformas existía un problema con la libertad de expresión.

Es verdad que vivimos tiempos de crisis y eso ha alterado las prioridades pero ahora hay que volver a situar en el centro la libertad amenazada por las reformas del PP o por delitos obsoletos como la sedición.

Se han hecho pasos importantes. Primero, la derogación del delito para perseguir a los huelguistas. Luego, la presentación de la ley para blindar el derecho a la libertad de expresión con la intención de que nunca más un rapero vaya a la cárcel. Ahora, la eliminación de la sedición y buena parte de la reforma del Código Penal de Gallardón sobre los desordenes públicos. El siguiente avance debe ser terminar la demolición de la ley mordaza tras meses de negociación en fase de enmiendas. Queda un año de mandato. La agenda de regeneración democrática no se puede parar. Hasta el momento se ha demostrado que otra salida social a la crisis era posible. Ahora toca demostrar que otra salida democrática también lo es. Lo que está en juego no es solo el derecho a la protesta. Es la propia democracia.

Pocos días antes del debate se habían cumplido 48 años del asesinato al garrote vil de Puig Antich por parte del franquismo. 48 años de impunidad. Paradójicamente, el momento también coincidió con la decisión de la jueza Servini de acordar nuevas diligencias para reforzar la imputación en Argentina de uno de los responsables de esa muerte, Martín Villa.

No es la primera vez que la justicia argentina nos recuerda que no hay ningún pacto del olvido a salvo del derecho internacional. Es el mismo mensaje que ella recibió anteriormente de la justicia española cuando ésta juzgó a criminales de la dictadura argentina o chilena. De nada sirvieron entonces los argumentos sobre las leyes de amnistía o punto final para evitarlo. La condena del Tribunal Supremo a 73 años de cárcel al exmilitar argentino Scilingo fue un acicate para que luego Argentina aprobara cambios legislativos contra la impunidad.

En España no ha habido la misma respuesta simétrica. El PSOE y la derecha este martes decidieron seguir blindando el modelo de impunidad franquista. Tampoco los jueces han actuado con la misma diligencia. Las normas de impunidad que no valían para los criminales de otros países sí valieron para los españoles. Primero, la cúpula judicial sentó al juez Garzón en el banquillo por intentar investigar los crímenes franquistas en un proceso impulsado por Falange. Eso fue un mensaje para que ningún otro juez se atreviera a salirse del guion. Luego, decidió no extraditar a los criminales franquistas reclamados por la jueza argentina. Eso vulneraba el principio del derecho internacional que dice “extradita o juzga”. O se investiga o se deja investigar.

Es precisamente el uso hipócrita del derecho de algunos políticos y jueces españoles lo que pone en evidencia la reciente decisión de la jueza Servini. Ese tiempo de impunidad, en vez de marcar distancia con la dictadura, alarga su sombra sobre la democracia. No es casualidad que eso pase en España. A diferencia del resto de Europa, el fascismo aquí no fue nunca derrotado militarmente. El poder político y judicial se construyó, entre ruido de sables, sobre esos cimientos. Por eso, bajo las togas de quien ostenta la cúspide judicial sigue perdurando el polvo del franquismo.

Finiquitar esa anomalía era el principal objetivo de la propuesta legislativa. Con ella, no se pedía cuentas a la dictadura, sino a la única democracia europea que ha asumido esas cuentas en vez de liquidarlas. A los republicanos sepultados en las cunetas, los asesinó la dictadura, pero es esta democracia quien todavía los mantiene allí. Igualmente, el asesinato de Puig Antich es imputable a los criminales franquistas, pero es esta democracia quien lo encubre e impide que sus hermanas puedan obtener verdad y justicia.

En este debate, los diputados del PP, Vox y Cs recurren a los tópicos habituales para garantizar esa impunidad. Según ellos, este tipo de iniciativas forman parte de “las batallitas del abuelo” o del “revanchismo guerracivilista”. “Que manía con remover el pasado”, repiten. El portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, llegó a descalificar la iniciativa con el argumento de que los implicados habían fallecido, cuando eran precisamente ellos sus promotores.

En el caso del PSOE, se arguyeron problemas de legalidad. Estos delitos no pueden perseguirse – según ellos – porque no lo eran en la dictadura. Hacerlo – advertían – podía ser un atentado al principio de legalidad.

A la vista de los argumentos de unos y de otros, cabe plantear varias objeciones. En primer lugar, hay que recordar que el tiempo transcurrido no debilita la legitimidad de la lucha contra la impunidad. Tampoco hace menos necesaria la reparación de la injusticia que conlleva. De hecho, su demora la hace más escandalosa. En segundo lugar, la búsqueda de verdad y justicia no es ninguna ocurrencia o capricho de las víctimas. Es un acto de salud democrática. Una exigencia moral y política, pero también un imperativo legal del derecho internacional para romper la línea de continuidad entre el franquismo y la democracia.

Es cierto que a la luz de las leyes franquistas los crímenes no son perseguibles. Tampoco lo eran los crímenes del nazismo a la luz del III Reich. Eso no convierte esos crímenes en legales. Esa es precisamente la idea que hay detrás de las condenas de Núremberg, pero también del tribunal de Estrasburgo: la preeminencia del derecho internacional sobre el estatal. Buen ejemplo de ellos son las condenas por crímenes de lesa humanidad como los cometidos en Estonia y Rusia en los años 40 del siglo pasado. Otro ejemplo es la condena de Estrasburgo a los soldados de la antigua RDA cuando disparaban a quién traspasaba el muro de Berlín en la misma época en que en España asesinaron a Puig Antich. En ese caso, no valieron la ley de fronteras o las órdenes de esos militares alemanes para evitarla. Hay un núcleo esencial de los DDHH cuya vulneración representa una injusticia extrema frente a la cual no vale el argumento del principio de legalidad.

Visto desde esa perspectiva, quizá haya que recordar lo obvio: hay crímenes abominables que, por su crueldad, no prescriben ni admiten inmunidad. No solo ofenden a quién los sufre sino también a la humanidad entera. Y precisamente por eso, independientemente del cuándo, del dónde o del quien pueden perseguirse siempre desde cualquier rincón del mundo. Eso es exactamente lo mismo que ha dicho en este asunto la ONU en reiteradas ocasiones.

Con ese objetivo, el ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero en una serie de medidas aprobadas en estos últimos años: la creación de una comisión de la verdad para reparar a los represaliados del tardofranquismo o la presentación de querellas como la de Puig Antich. También, en el Congreso grupos como Unidas Podemos o ERC han presentado decenas de enmiendas a la Ley de Memoria Democrática para crear, por ejemplo, una Oficina de Víctimas de la Dictadura y un Centro de Memoria Democrática o para revocar las distinciones honoríficas del franquismo.

La propuesta de CEAQUA nos invitaba a dar un paso más en esa lenta, dura y dilatada lucha contra crímenes que son un estigma imborrable de la humanidad. Su rechazo por parte del PSOE y las derechas representa una oportunidad perdida para acabar con su impunidad. Sin duda, eso no va a impedir que las víctimas sigan exigiendo verdad, justicia y reparación. Esta lucha se ha saldado con muchas derrotas. Sin embargo, una y otra vez ha sido replanteado por caminos inesperados como irrenunciable defensa de los derechos humanos. Buen ejemplo de ello es la causa en Argentina. Llegados a este punto, quizá habrá que volver a recordar la advertencia de los familiares de los desaparecidos chilenos en los 70’: “quienes buscan leyes de impunidad van a ser tan responsables en el futuro como los que apretaron el gatillo en el pasado”.

Hemos conocido este suceso porque el fallecido era famoso, pero ¿cuantas personas anónimas han muerto solas, víctimas de la indiferencia ajena, en nuestras grandes ciudades? Esa muerte no nos puede dejar indiferentes. Nos interpela como sociedad.

Es un espejo incómodo que nos recuerda que todos necesitamos ser escuchados y compartir nuestro tiempo con alguien. Por desgracia,  casi el 10% de la población española se siente sola de manera habitual. René Robert murió solo en París, pero podría haberlo hecho en una fría noche de Madrid o Barcelona.

En plena era de la hiperconexión digital, cada vez estamos más aislados, refugiados en nuestros pensamientos o en nuestros móviles. Rodeados de miles de personas, muchos de nosotros no conocemos ni a nuestros vecinos. Por eso, cada vez son más frecuentes las noticias de ancianos muertos en sus viviendas. Estaban completamente solos, días o incluso semanas después de su fallecimiento, bajo el manto oscuro de la indiferencia de una sociedad deshumanizada.

La democracia es incompatible con la indiferencia. Es un sentimiento de apatía nada  inocuo. Gramsci advirtió que era el peso muerto de la historia. Chéjov que era como un gas letal que lleva a “una parálisis del alma, a una muerte prematura”. Con ella, surge el miedo al otro que encoge, paraliza, vuelve a la gente resignada, conservadora y desconfiada. Se rompen afectos, vínculos y se expande el individualismo con sus múltiples formas de insolidaridad y egoísmo. La sociedad, al final, se ensimisma en sí misma hasta cerrarse en su intolerancia. Cuando eso sucede, retrocede la democracia y avanza el populismo de derechas.

La extrema derecha se nutre de ese gas paralizante. Una sociedad indiferente es una sociedad anestesiada moralmente. Como explicaba Hannah Arendt, el caldo de cultivo del fascismo fue esa ausencia de vínculos comunitarios, fuertes, que disolvieran la indiferencia ante el sufrimiento ajeno de una sociedad carcomida por el dictatum del “sálvese quien pueda”. Entre la gente aislada y asustada, se extiende el odio contra quien se percibe como una amenaza: los diferentes, los recién llegados o los más vulnerables.

Frente a esa epidemia moral, las instituciones públicas no deberían mirar a otro lado. ¿Os imagináis que existiera un Ministerio de la Soledad? Seguramente, una de las recetas básicas para combatirla es multiplicar los esfuerzos para construir ciudades más justas, cohesionadas, interculturales, acogedoras y solidarias. En Barcelona, el Ayuntamiento es pionero en políticas de ese tipo. Entre ellas, destacan las del ámbito de la acción comunitaria. Programas como el de Radars son básicos, por ejemplo, para conectar a gente mayor que está sola a su entorno más inmediato.

En tiempos de crisis, persistir en esa dirección es una cuestión de supervivencia democrática. Hay que romper el espiral de la indiferencia y la soledad. Solo desde allí, podremos frenar a la extrema derecha. O evitar muertes como la de René Robert.

Esos argumentos son débiles. A primera vista, podría parecer que la amnistía es equiparable al indulto general. A pesar de ello, las diferencias entre ambas figuras son notables. Como señaló el político y catedrático Jimenez de Azúa, la amnistía no entra en el ámbito de la clemencia sino de las decisiones de “asuntos políticos de interés general“ del Legislativo. En cambio, el indulto es una facultad de gracia del Ejecutivo que ejerce mediante real decreto tras la oportuna apertura de un expediente administrativo. Por otro lado, la falta de previsión expresa de la amnistía en la Constitución no implica su prohibición. En caso contrario, no existirían decenas de amnistías a lo largo de la historia. Ni el Tribunal Supremo habría avalado en su sentencia 101/2012 la plena vigencia de la ley de amnistía 46/1977 o la ley de amnistía ampliada de 1/1984. De hecho, el propio Tribunal Constitucional ya disipó las dudas sobre su encaje constitucional en las sentencias 63/1983, 147/1983 o 147/1986 y la vigente ley de enjuiciamiento criminal -artículo 666.4 – regula la figura como una de las causas de extinción de la responsabilidad penal.

Tampoco hace falta ser un experto jurídico para saber que ni la amnistía es incompatible con la democracia ni la justicia tiene siempre la última palabra. En España, por ejemplo, ha sido un instrumento democrático fundamental para superar crisis políticas excepcionales. De hecho, en el siglo pasado se aprobaron amnistías como la del 1931 tras el fin de la monarquía o la de 1977 tras el fin del franquismo. Ahora bien, en el período republicano hubo amnistías sin necesidad de ningún cambio de régimen. La amnistía de 1936, por ejemplo, llegó tras la victoria de las izquierdas a propuesta del presidente Azaña. La medida benefició a miles de acusados o condenados encarcelados en la convulsa legislatura anterior con hechos como la revolución de octubre del 1934 en Asturias o Cataluña. Entre otros, Indolecio Prieto o Lluís Companys. En las democracias vecinas de nuestro entorno también ha sucedido. En Francia han habido varias leyes de amnistía, las dos últimas vinculadas a movimientos independentistas en 1980 y 1988. En Portugal, un buen precedente es la ley de amnistía de 1996 para miembros de una organización revolucionaria.

Como bien apuntan juristas como el ex magistrado del Tribunal Surpemo, José Antonio Martín Pallín, o el catedrático Pérez Royo, la amnistía es el instrumento político más eficaz para cicatrizar heridas y “poner el marcador a cero”. En su opinión sería la solución ideal para que el conflicto saliera de los tribunales y volviera al terreno político. Entre otros motivos, porque no solo afectaría a los lideres independentistas sino también al conjunto de los ciudadanos involucrados en unas protestas surgidas en un clima regresivo de gran excepcionalidad jurídica.

En realidad, el problema de la amnistía no es de encaje legal o democrático si no de divergencia de relatos, correlación de fuerzas y viabilidad. En un contexto donde la amenaza independentista de volver a la vía unilateral está en la mente de muchos, quienes se oponen argumentan que esa medida podría ser un punto final del conflicto, no un punto de partida para retomarlo. En ellos también pesa la percepción de que detrás de los promotores de la iniciativa hay una voluntad de evocar la lucha antifranquista.

Sea como sea, el actual Tribunal Constitucional no aceptaría con toda probabilidad esa solución aunque la correlación de fuerzas políticas fuera favorable. Hace tiempo que existe un gobierno de los jueces que se ha erigido en defensor de una concepción muy conservadora de la nación y el Estado. En España el parlamentarismo está en horas bajas. Los jueces son los auténticos guionistas políticos que dictaminan cuál debe ser la voluntad del legislador. También anulan declaraciones políticas, no jurídicas, de las cámaras legislativas e incluso deciden sobre lo que se puede discutir o no en sede parlamentaria. En los últimos años el Constitucional se ha convertido de facto en la tercera cámara legislativa, especialmente en el conflicto catalán.

A la luz de ese relato, la susodicha deriva intervencionista del bloque formado por el PSOE, VOX y PP en la Mesa del Congreso para prohibir el debate puede parecer una medida anticipadora de esa constante intromisión de los jueces en política. En un contexto así, lo primero que habría que recordar es que el control constitucional de una ley no corresponde a ese grupo de diputados. Es el Constitucional quien debe hacerlo una vez ésta aprobada. De hecho, si hay elementos de inconstitucionalidad en una ley se pueden subsanar durante su tramitación. A la práctica, ese veto significa una auténtica censura política para amordazar a las Cámaras legislativas que agrava la crisis de legitimidad democrática provocado por la judicialización de la política.

La clave para entender cómo se ha llegado hasta aquí se encuentra en el propio carácter y profundidad de la crisis territorial en España, acrecentada a partir del 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. En el fondo, el primer paso para empezar a desbloquear el conflicto pasa por solucionar la situación de los dirigentes independentistas presos y en el exilio. Su libertad no es solo una exigencia que viene de los tribunales europeos. En su voto particular, dos magistrados del Constitucional avalan reformar el delito de sedición. También critican la desproporción de la condena. Por otro lado, el Supremo pronto mandará el expediente de los indultos al Gobierno. Con ello, el tiempo de los jueces habrá terminado. A partir de allí sí hay margen de maniobra. Será la hora de los actores políticos. No podemos esperar más. La política debe volver a recuperar su protagonismo.

Cuando le dijeron que el cáncer era terminal decidió que no quería morir en el hospital. A partir de entonces, el salón y el jardín de su casa en Sant Cugat del Vallès se convirtieron en un lugar de peregrinación. Sentado en su sofá, junto a su mujer Janine, recibía nuestras visitas. Nos ofrecía té, frutos secos o galletas. Cuando estaba su hijo músico, Albert, entonces la velada podía terminar en un improvisado concierto de piano. Arcadi siempre ha hecho sentir bien a quienes le rodeábamos. Era un hombre afable. En una ocasión la música se trasladó a la calle, con un emotivo repertorio cantado a coro tras una pancarta y un equipo de música, delante de su portal. No fue esa la única despedida a la que acudió. Por ejemplo, la federación catalana de ONG o la plataforma ciudadana del Procés Constituent, cofundada por él, organizaron sendos actos de reconocimiento ante su presencia.

Las muestras de afecto eran tan numerosas que la familia habilitó una web abierta a su otra familia, más amplia y diversa, de la que formaba parte: la de los movimientos sociales. Llegaron más de 7.000 mensajes. Con todo, estos últimos días ya no recibía visitas. El viernes fue la última vez que hablé con él. Le costaba hablar. Su voz era un hilo frágil y tembloroso pero lucido y sereno. Ningún sentimiento de rabia, impotencia o enfado con el mundo. Se iba con agradecimiento. Era un afortunado -confesaba – por haberse podido despedir con tiempo y rodeado de todos sus seres queridos.

Tras su muerte, en la memoria colectiva queda el recuerdo de un Arcadi sentado en una silla plegable, micrófono en mano y hablándole a quien quisiera escucharle sobre las injusticias del planeta. Lo hacía pausadamente pero con claridad y rotundidad. Su voz crítica, insobornable, nunca dejaba de oírse en todos los foros. Iba a cualquier sitio donde se le reclamaba con su viejo coche y una pequeña agenda arrugada para apuntar todas las charlas a las que se comprometía a intervenir. Esa agenda era una muestra de su incasable compromiso en la lucha contra las injusticias: casi todos sus fines de semana estaban ocupados con muchos meses de anticipación.

Con él, hoy se va uno de los mayores referentes de los movimientos sociales en Catalunya. Vinculado desde siempre al catolicismo progresista y al pacifismo, Arcadi destacó por su lucha antifranquista. En los años ochenta empezó a ejercer de profesor de Economía. Dentro y fuera de la universidad, en libros o entrevistas, siempre nos recordaba que la desigualdad era producto de un capitalismo feroz que tendía a convertir todos los derechos en mercaderías.

En los años noventa, para muchos de mi generación Arcadi nos abrió camino. De hecho, leyendo sus libros o escuchando sus discursos tomamos conciencia política. Son muchas las cosas que aprendimos. Una de ellas: la importancia de organizarnos en asambleas, cooperativas, asociaciones o agrupaciones de cualquier tipo para perder el miedo y defender nuestra libertad.

A Arcadi lo conocí en la campaña del 0’7% para los países menos desarrollados. Desde entonces, nunca le perdí la pista. Fue uno de los mediadores en los encierros de migrantes en varias iglesias de Barcelona en protesta por la ley de extranjería. También se implicó en las campañas de objetores fiscales contra el gasto militar o en las movilizaciones antiglobalización o contra la guerra de Irak.

Casi veinte años más tarde, seguía sin perder la esperanza. Frente al pesimismo de la inteligencia, siempre estaba dispuesto a levantar la bandera del optimismo de la voluntad. Su fe en el género humano no era inquebrantable, pero consideraba que eso no era impedimento para embarcarse en proyectos que mejoraran la posición de los más débiles y, con ello, acercarnos a ese otro mundo posible. Con ese ánimo, participó activamente en movilizaciones como la del soberanismo catalán o la de las plazas de los indignados del 15-M.

Arcadi nunca perdió la oportunidad de comprometerse con causas nobles, aún sabiendo de antemano que probablemente estaban perdidas. Lo hacía de forma pública y, cuando era necesario, de modo discreto. Como abogado, en más de un caso recibí su ayuda en la defensa de algún activista perseguido en un momento en el que la lucha antirrepresiva no tenía los focos y las simpatías que tiene ahora en Catalunya.

Quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Arcadi en manifestaciones, asambleas, aulas o foros nos sentimos afortunados de haber disfrutado de su enorme humanidad, su vocación pedagógica de profesor, su humildad, su generosidad, su honestidad, su humor y, sobre todo, su coherencia radical entre sus ideas y su forma de estar en el mundo.

Con esa coherencia vital y su ejemplo nos deja una última enseñanza: hay que atreverse a imaginar el futuro para poder influir sobre él. Eso haremos, compañero y maestro. Seguiremos enzarzados –cada uno a su manera– en esa pelea para que el mundo sea un lugar más habitable y menos cruel. Descansa en pau, estimat Arcadi.

Desde su óptica, la amnistía es la única vía viable y legítima. Permite “volver al diálogo en igualdad de condiciones” y no “depende de los tribunales” sino “exclusivamente de la voluntad política”. Por el contrario, la reforma penal exige “amplísimas e imposibles mayorías en el Congreso” y “el visto bueno de un Tribunal Constitucional que podría alargar el proceso durante años”. No hay que ser un experto en derecho para apreciar que el argumento no se adecua a la realidad. Para empezar, en esta descripción binaria hay un error de partida. Las tres propuestas son legitimas y no excluyentes. En realidad, tienen naturaleza, efectos y recorridos diferentes. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 

No es la primera vez que, desde las filas republicanas, se desenfoca el debate. Primero, presentaron el indulto como una opción inaceptable porque obligaba a los beneficiados a arrepentirse y a pedir perdón cuando la ley no dice nada de eso. El indulto es una herramienta válida del Ejecutivo para corregir injusticias perpetradas en los tribunales. Después, exigieron al Gobierno del Estado que diera órdenes a la Fiscalía cuando la separación de poderes lo prohíbe. Ahora, vuelven a dibujar un diagnóstico sesgado. La constitucionalidad de la amnistía es un hecho controvertido pero nadie pone en duda que la última palabra, a diferencia de la reforma de la sedición, es del Tribunal Constitucional.

Tampoco es aceptable el argumento de una reforma penal inviable. El voto de la mayoría de la investidura y de los partidos independentistas suman apoyos suficientes. En cambio, la ley de amnistía sí tiene una correlación de fuerzas desfavorable. El PSOE se ha opuesto firmemente y la actual composición conservadora del Constitucional hace inimaginable su “visto bueno”, vista la prohibición de los indultos generales de la Constitución. Además, la amnistía en el pasado ha sido una herramienta útil para pasar página pero en contextos de grandes consensos históricos ahora lejanos.

Desplazada en este plano, la discusión toma otra fuerza. La acción política que lo fía todo en los grandes hitos, al todo o nada, puede ser muy atractiva pero acaba a menudo en la frustración. Trabajar en escenarios de largo plazo no es incompatible con hacerlo en el corto. Visto desde esta perspectiva, sorprende el menosprecio de Rovira y Jové a las soluciones pragmáticas. Calificar la reforma penal de “poco menos que ofensiva” es temerario cuando es una exigencia, no solo de los comunes, sino de los sindicatos, el Síndic de Greuges o entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional. La reforma apunta a dos objetivos. Uno, la libertad de los presos y exiliados. Dos, blindar el derecho de manifestación, sea quien sea quien lo ejerza: independentistas pero también sindicalistas, ecologistas o activistas de la PAH.

Los términos en los que se define un problema son parte de su solución. Por eso, la crítica a las propuestas de los adversarios no exime de ecuanimidad y rigor intelectual. Por el contrario, los republicanos tendrían que evitar el hipercriticismo paralizante ante reformas que pueden acercar hitos más utópicos. No podemos esperar a que llegue una improbable amnistía para empezar a desjudicializar el conflicto. Para reunir complicidades en el camino, también es útil practicar la solidaridad reclamada por uno mismo. La represión no empieza con el independentismo. De hecho, su propuesta no prevé nada sobre otros perseguidos como los indignados del 15- M condenados por los hechos del Parlament. No se puede olvidar que solo ICV y la CUP se opusieron. En cambio, ERC facilitó que Marchena aceptara el recurso del Parlament contra su absolución. Para ser creíbles, otra incongruencia por revisar es la actitud de la Generalitat respecto de los manifestantes independentistas acusados de disturbios. Es poco honesto reclamar la amnistía para quien pides penas de prisión en los tribunales.

Sea como sea, tienen razón Rovira y Jové en un punto. Cualquier propuesta de desbloqueo del conflicto pasa por su desjudicialización. Un acuerdo sin solución para los represaliados no es viable. No será fácil. Habrá que superar muchos obstáculos pero todo el mundo, y cada uno desde su posición, tendrá que esforzarse por encontrarla

La semana pasada el Gobierno del PSOE tuvo que apoyarse en los votos del PP y Cs para sacar adelante el llamado “decretazo digital”. Su convalidación en el Congreso era el último paso para la aprobación definitiva de un texto que entró en vigor en plena precampaña electoral. Se trataba de una norma sin precedentes en la democracia española que fue concebida, entre otras cosas, para frustrar la llamada “república digital catalana”.

Los defensores de la medida señalaban que la norma era eficaz para evitar las actividades de desinformación, como las denominadasfake news, el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. Los detractores, en cambio, aseguraban que la norma afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ellos, estábamos ante una ley mordaza digital con visos de inconstitucionalidad. Hasta ahora el Ejecutivo tenía el poder de cerrar páginas web ante la sospecha de posibles delitos (como de propiedad intelectual) pero siempre con orden judicial de por medio. Con el Decreto Ley, el Gobierno pasaba a poder cortar redes y comunicaciones sin control judicial por motivos de “orden público”.

Como gesto hacia su potencial socio en el futuro gobierno de coalición, Unidas Podemos y En Comú Podem viró del “no” a la abstención a cambio del compromiso del PSOE de incluir en la norma garantías de protección de los derechos fundamentales. La decisión gener ó desconcierto. A primera vista, sin duda lo más congruente con la oposición a la norma era el voto negativo. A pesar de ello, hacer política debe implicar gestión de la complejidad y resolución no siempre fácil de dilemas políticos. En este caso, ¿cuál era el dilema?

El decreto iba a ser aprobado sí o sí, al margen del sentido de nuestro voto, ya que contaba con los apoyos necesarios para salir adelante. Ante dicho escenario teníamos dos opciones. Una, oponernos a su aprobación con lo cual igual hubiera sido aprobado sin ninguna modificación. Dos, arrancarle al PSOE una serie de concesiones. En el fondo, nos encontrábamos ante un dilema nada excepcional en política, y nada excepcional en la izquierda: la dicotomía entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción.

En la práctica, la acción política debe ponderar lo que es posible y lo que es inevitable, hacerse cargo de la contingencia y de los problemas reales del mundo. En consecuencia, debe medirse más por los resultados, por la capacidad de modificar la realidad, que por los gestos o los discursos. Visto desde esta perspectiva, quedarnos en el “no” nos permitía salir reforzados moralmente y ser congruentes con nuestros principios. Sin embargo, perdíamos la posibilidad de enmendar los aspectos más antigarantistas del decreto. Con un voto en contra, el decreto hubiera salido adelante sin más y la consecuencia de ello sería peor para los derechos digitales de la ciudadanía. El dilema era claro. O un gesto de reafirmación de nuestras convicciones, moralmente más confortable pero más improductivo políticamente. O un gesto de responsabilidad, políticamente más eficaz pero más contradictorio.

Aspirar a transformar la realidad implica gobernar entornos de elevada complejidad que nos sitúan ante dilemas que no pueden resolverse desde esquemas rígidos y binarios. En esos contextos, hay que evitar el riesgo de caer en un voluntarismo épico pero impotente. Por eso, en política deben revisarse a menudo las expectativas y los efectos probables de las acciones. Con esa intención, decidimos priorizar la acción bajo las máximas de la ética de la responsabilidad. Lo que en apariencia podía parecer una opción menos comprensible, en realidad era una maniobra eficaz para garantizar precisamente una visión garantista del derecho. La principal modificación que aceptó el PSOE era la inclusión del control judicial inmediato de cualquier acto administrativo que pueda afectar a los derechos y libertades fundamentales. Un cambio importante en el planteamiento de la norma digital que no podía hacerse jurídicamente en el trámite de convalidación del Decreto Ley pero sí en la tramitación de la futura ley.

Ahora bien, para que ese u otros compromisos políticos del PSOE no queden en papel mojado será esencial que no bajemos la guardia. No solo desde las instituciones. También desde la calle. Cambios de este calado exigen, sin duda, la presencia y movilización de una ciudadanía organizada. En última instancia, esa es una de las garantías democráticas fundamentales de que las promesas se conviertan en hechos. La otra: que quien gobierne aspire a ser valiente para ir tan lejos como se pueda sin dejar de ser honesto y decir la verdad cuando la correlación de fuerzas imponga sus límites. Ese es nuestro compromiso.

No són, doncs, articles que aspirin a la distància i a la fredor. Com diria Jean Paul Sartre, són textos que prenen partit amb un compromís militant i situat en el seu temps. Estan escrits a partir d’experiències biogràfiques que, des de l’exercici del periodisme de trinxera, han intentat reflectir una mirada heterodoxa d’un historiador sobre el seu entorn immediat. Un fil comú els travessa: la reivindicació nacional mallorquina sense essencialismes ni folkloritzacions en el rerefons de l’univers mediterrani.

Aquesta aproximació no és neutral. Ve animada, per descomptat, per una perspectiva empàtica amb l’ “ésser” illenc. El punt de partida és la constatació que els mallorquins d’origen català començaren a identificar-se internament com a mallorquins a partir del segle XV. Van crear una identitat amb elements comuns amb la resta de terres de parla catalana però clarament diferenciada. Per això, Trobat invoca l’estudi del medievalista mallorquí Antoni Mas que desenvolupa el concepte de “criollització“, com procés de “mallorquinització” que es produeix de forma semblant al que va passar amb les colònies castellanoandaluses a Amèrica del Sud o les angleses d’Amèrica del Nord. Com elles, Mallorca també crearà una nova identitat nacional pròpia. I a més, diferenciada de la resta d’illes baleàriques. Més enllà de les formulacions comunes o administratives de l’arxipèlag, les illes tenen singularitats geogràfiques, culturals i històriques singulars. El domini britànic durant una mica menys d’un segle sobre Menorca, per exemple, li confereix una idiosincràsia diferent a Mallorca.

El flamenc, cultura mallorquina

Des d’aquesta singularitat illenca, un Trobat més literari ens fa viure, respirar, imaginar, somiar, i rebel·lar-nos a favor d’un poble heterogeni, en el qual la reflexió i la passió es donen la mà i l’estètica i l’ètica es busquen per crear un món millor. S’endinsa, llavors, en la comprensió de la psicologia col·lectiva, antropològica i geogràfica de l’ “homo mallorquinensis”. Com Josep Pla sobre Catalunya, ell diu “som italians” però amb un individualisme exacerbat, de tarannà llunàtic. Ens descriu un país viu, ple de contradiccions i mestís, on reivindica el flamenc com a cultura mallorquina i lliga Palma amb la “Part Forana”. Es un relat àgil on el llegat musulmà o jueu de l’illa són les runes benjaminianes des d’on construir el “nosaltres” del futur.

En les seves estampes illenques també hi apareixen els amos del camp de cotó, el passat esclavista, els pagesos, la tramuntana illenca, els glosadors i els poetes, els silencis i els secrets a veus, l’alteritat del ‘moro’ i els protestants, els insignes representants de la dreta anticatalanista, l’aristocràcia mallorquina i les elits que espolien a les illes igual que arreu, la lluita per obrir fosses i per l’enderrocament del monòlit feixista palmesà de Sa Feixina, la significació de la diada nacional el 31-D i la televisió pública IB3, la problemàtica de la immigració o la multiculturalitat.

En el llibre s’hi descriu Mallorca com país que forma part d’unes illes mediterrànies amb una posició fronterera, enmig del mar, i més a prop d’Algèria que no del Marroc. És en aquest punt, on en les seves pàgines ressona l’eco menorquí d’un Albert Camus d’origen algerià. El filòsof francès reivindicava l’essència mediterrània d’unes illes solars que s’obrien com a flors als seus visitants. Camus, com ‘pied noir’ i alhora representant del cafè dels existencialistes parisencs, tenia un peu en cada costa i sempre va reivindicar a la vegada el mediterrani europeu i africà, aquest continent líquid envoltat de terra.

Pont entre els Comuns i la CUP

Darrere tot plegat hi batega una proposta de país que parteix d’una crítica severa al sectarisme i els vells dogmes de cert pancatalanisme independentista. Trobat impugna la voluntat d’imitar i trasplantar a Mallorca les dinàmiques del “procés” –el “tenim pressa”– per trencar la calma illenca. Com diu ell, “massa estelada per tan poca gent i massa poca preocupació pel subjecte real de la sobirania mallorquina, que són més les kellys –’las ke limpian los hoteles’– de Magalluf que els nacionalistes de tota la vida”. L’autor per això, tot i que no abandona l’horitzó compartit dels Països Catalans, posarà més èmfasi en la realitat mallorquina.

En un context així, Trobat defensa Mallorca com una nació per ella mateixa, un subjecte polític diferenciat de la resta. De fet, Mallorca ha estat l’illa on més s’ha desenvolupat un moviment nacionalista propi que lliga l’especificitat mallorquina amb una catalanitat plural. No és casualitat, que com evoca l’autor, fou en aquesta illa on apareixen els primers partits amb una clara reivindicació nacionalista. Dins d’aquesta tradició, en les pàgines del llibre hi apareixen el pensament de Damià Pons, Josep Melià o el poeta Josep Maria Llompart. I en aquesta presa de consciència, sense dubte, hi té una forta influència la presència constant d’escriptors, polítics i intel·lectuals mallorquins a Barcelona. El mateix Trobat com a mallorquí resident a Barcelona n’és un bon exemple. És deutor de la tradició del catalanisme popular del mallorquí Gabriel Alomar que també vivia a la capital barcelonina.

De fet, Alomar es definia a si mateix com a català de Mallorca perquè entenia que l’illa formava part de Catalunya. Per això, la realitat dels Països Catalans era un element estable del seu ideari. Durant la discussió de la Constitució del 1931, a diferència dels diputats catalans, Alomar va defensar derogar la prohibició de federació dels diferents territoris de parla catalana amb l’esperança de connectar Mallorca a Catalunya. I així poder situar l’illa sota una influència del moviment catalanista progressiu que pogués trencar amb el seu tarannà reaccionari, agrari i caciquil.

Una imatge de la presentació del llibre a Palma, que Toni Trobat va compartir amb Neus Tur, politòloga i activista feminista, Laura Camargo, diputada de Podem al Parlament Balear i Nanda Ramon, exregidora de Cultura de l’Ajuntament de Palma.

Uns Països Catalans confederals

A diferència d’Alomar, Trobat reivindica l’insularisme i es definiria més com a mallorquí a Catalunya que com a català de Mallorca perquè no considera que l’illa sigui una simple prolongació o una part de la Catalunya que Josep Guia defensava en el seu clàssic “És molt senzill: digueu-li Catalunya”. El periodista parteix de la premissa que els Països Catalans com a nació cultural requereix per consolidar-se com a realitat supraterritorial que cada una de les seves nacions polítiques avanci amb els seus propis ritmes i formes. Els mallorquins, sens dubte, poden fer camí, sense necessitat de dependre dels catalans. Per això, Trobat s’inspira amb una afirmació d’estil fusterià com la que diu “els Països Catalans seran d’esquerres o no seran” per acabar sentenciant que “els Països Catalans seran confederals o no seran”.

El seu mallorquinisme tampoc pivota sobre l’únic eix de la llengua. La màxima dels Joves de Mallorca per la Llengua que “la llengua és l’ADN del nostre poble” li sembla que empetiteix el “nosaltres” del futur. Amb aquesta intenció introduirà un concepte laïcitzant de nou “mallorquinisme” que trenca la proposta fusteriana canònica dels Països Catalans entesos només a partir del fet lingüístic. El seu ‘nosaltres’ mallorquí no és com el ‘Nosaltres, els valencians’ de l’escriptor de Sueca. La seva és una mallorquinitat líquida “de platges guapes” –diu irònicament- que aspira a extirpar la càrrega etnolingüística dels que somnien una Mallorca purificada. Ell somia una “república mallorquina on sorgeixin grans cantaoras y cantaores” que connectin amb les classes populars de tots els pobles d’Espanya i que configurin una cultura diversa a l’illa juntament amb els glosadors mallorquins. L’ADN del seu “nosaltres” del futur està fet del missatge intercultural, del feminisme, dels valors republicans i de la defensa de tots els drets socials i polítics en una illa que no ha deixat de rebre immigració des dels anys seixanta

En efecto, a lo largo de la legislatura el partido de Rivera se ha convertido en un peligroso pirómano que ha incendiado la política española y catalana. Su permanente gesticulación muestra, en el fondo, su debilidad e impotencia tras la moción de censura. A partir de entonces, quedaron descolocados y en una posición subalterna. Además, Casado no es Rajoy y eso les ha hecho perder su ventaja en la pugna con el PP por la hegemonía de la derecha. Una vez en la oposición ni suman, ni son complementarios. Aislados como están en Cataluña y en España, Ciudadanos no aspira a más que a agitar el fantasma de la “amenaza separatista”. A esa carrera, se ha sumado Vox con sus discursos de machismo, xenofobia y españolismo feroz que Ciudadanos se niega a rechazar. De ahí viene la intensificación de su reciente campaña de crispación, España Ciudadana. En Alsasua convocaron, por ejemplo, un acto de apoyo a la Guardia Civil junto a Vox que fue una provocación en toda regla y acabó con incidentes.

De hecho, Ciudadanos lleva meses protagonizando escenas de alteración de la convivencia. También ha puesto en la diana del escarnio público a diferentes colectivos, que luego han sido insultados, amenazados e incluso agredidos. En verano, por ejemplo, vimos como unas avionetas invadían con sus consignas el espacio aéreo de nuestras playas. O grupos de encapuchados y dirigentes como Arrimadas y Rivera convertían la retirada de símbolos en un espectáculo televisivo. Lo más grave se produjo con los enfrentamientos entre los partidarios de los lazos amarillos y los detractores de su partido. En una de sus concentraciones en Barcelona se agredió en repetidas ocasiones a un cámara de Telemadrid al confundirle con uno de TV3. Incluso el PP se desmarcó entonces de la tensión generada por Ciudadanos.  Tras años actuando irresponsablemente y con los reflejos broncos de un partido profundamente recentralizador, ocurrió lo esperado. No resulta extraño que el PSOE haya relacionado el intento de asesinato del presidente Pedro Sánchez con la crispación de Cs y el PP.

La idea profunda de su programa es simple: los nacionalismos catalán y vasco son una alteridad negativa que amenaza la supervivencia de la nación española, única y homogénea. Según esa perspectiva, el independentismo sería el summum de la anti-España. Se puede trazar una línea de continuidad de esas coordenadas con la paranoia franquista del enemigo interno. No por casualidad, fueron muchos a quienes el discurso de Rivera sobre la “España sin complejos” o el “ni rojos ni azules, solo españoles” les evocó pasajes de las soflamas fascistas de Primo de Rivera.

En otros Estados europeos la conciencia nacional se consolidó tras la experiencia antifascista de la II Guerra Mundial. En cambio, en España no hubo tal consenso que actuase de mito relegitimador de la nueva comunidad nacional democrática. El hecho de no tener una memoria compartida de la guerra civil y del franquismo impedía la construcción de un patriotismo común y de tener unos símbolos para todos. Así se explica que ciertos grupos oligárquicos sintieran la necesidad de impulsar un nacionalismo reactivo tras la aparición de Podemos y el desafío independentista. Uno de sus objetivos era encender una movilización patriotera que permitiera cerrar filas. Como antaño sucedió con el ariete de ETA, la contraposición con el independentismo serviría como agente legitimador para reforzar una restauración del régimen del 78 por arriba y en clave centralista.

Con esos mimbres, resulta lógica la animadversión con la que Ciudadanos enfanga actualmente el debate sobre la cuestión territorial. A simple vista, esa estrategia puede ser eficaz a corto plazo. Sin embargo, es una operación arriesgada. Como hemos visto, pueden salir a la luz los demonios reprimidos de un nacionalismo que aún tiene cuentas pendientes con la democracia. Por eso, impugnar el frentismo de Ciudadanos no solo es una manera de defender la convivencia, sino que es una condición indispensable para desenmascarar su trasfondo reaccionario.

En primer lugar, se abrió una nueva era política con un fuerte empoderamiento ciudadano. A pesar de la prohibición del referéndum, casi la mitad de la población catalana decidió desafiar al Estado para defender su derecho a decidir sobre su futuro. Los días previos al 1-O ya se movilizaron miles de personas de colectivos tan diversos como los estibadores del puerto, los sindicatos, los estudiantes, los actores, los bomberos, los juristas o los agricultores con sus tractores. Una de las imágenes más impactados de aquella revuelta cívica fueron las caceroladas que noche tras noche repicaban desde los balcones de miles de casas para todos los municipios catalanes al grito de “queremos votar”. Una melodía ensordecedora que nos transportaba a luchas previas, como las protestas del 15-M o del “No a la Guerra”. A pesar de todas las dificultades, fue precisamente la sociedad civil organizada quien salvó las urnas con su propio cuerpo. Entre las entidades que participaron destacaron las AMPA o los llamados Comités de Defensa del Referéndum (CDR). Durante el fin de semana miles de vecinos de cada municipio ocuparon las sedes electorales para hacer debates, actividades lúdicas y resistir ante una posible clausura policial.

En segundo lugar, la reacción del Gobierno del PP provocó uno de los episodios de violencia institucional más grave que se ha vivido en período democrático en Europa. Se pretendía convertir una reivindicación legítima en una cuestión criminal en manos de jueces, fiscales y policías. Y para ello, no se dudó en imponer una especie de estado de excepción encubierto que superó muchas líneas rojas. De hecho, el propio Fiscal Jefe trató a los millones de catalanes que querían participar en esa cita como presuntos delincuentes que se situaban fuera de la ley. A partir de aquí, las semanas previas al 1-O quedó expedita la vía para enviar a diez mil policías de todo el Estado a Catalunya, prohibir debates, decomisar carteles, dípticos y papeletas, cerrar webs, intervenir correos postales, entrar en imprentas o entrar en redacciones de ciertos medios de comunicación para identificar a periodistas. También se produjeron detenciones de cargos públicos, registros en varias consejerías, se empezó a citar a los casi mil alcaldes investigados por la Fiscalía, se bloquearon las cuentas de la Generalitat y se produjo un asedio policial sin orden judicial ante la sede de la CUP.

Por otra parte, durante aquella jornada, se produjeron unas escenas de violencia policial nunca vistas hasta entonces. La Policía Nacional y la Guardia Civil entró en los colegios electorales para decomisar urnas y papeletas, causando destrozos y provocando más de mil heridos entre las personas que esperaban pacíficamente para votar. Se vieron ataques de ansiedad y pánico, el uso de gases lacrimógenos, agresiones policiales con las manos, las botas o las escopetas, cargas indiscriminadas sin previo aviso, personas lanzadas escaleras abajo o arrastradas por los cabellos. E incluso, una de las personas perdió la visión en un ojo a causa del disparo de una bala de goma. Fue un resultado cruento que mostraba el desprecio de los agentes hacia la prohibición de este tipo de armas aprobada por el Parlament de Catalunya. Estas actuaciones provocaron la indignación de numerosas entidades de derechos humanos, como AI o Human Right, y de organismos internacionales como el Consejo de Europa o el Relator especial de la ONU. Desde el ayuntamiento de Barcelona se impulsó un servicio de urgencia para atender a todas las víctimas, acompañarlas judicialmente y personándose en todas las causas abiertas para depurar las responsabilidades penales de los agresores.

Visto en perspectiva, aquel primero de octubre el Gobierno del PP fue derrotado en las calles. Había repetido hasta la saciedad que ese día no se podría votar y el hecho es que, a pesar de las incidencias, más de dos millones de catalanes lo hizo. Se subestimó la capacidad de resistencia y movilización de buena parte del pueblo catalán. Y la respuesta policial generó una profunda desafectación en importantes capas sociales con el Estado. Además, en la defensa de los colegios electorales o en la posterior “aturada de país” [parada de país], se constituyó un frente democrático y antirepresivo muy potente, que superaba las costuras del independentismo. Precisamente, fue en esta confluencia entre partidarios y contrarios a la independencia donde fuimos más fuertes como pueblo.

Desde un punto de vista social, es innegable el valor democratizador y comunitario de aquella cita. Muy probablemente, si alguna vez se produce el referéndum acordado en Catalunya, como defendemos cerca del 80% de la sociedad catalana, será en parte gracias a este precedente. Este análisis, sin embargo, no excluye otro igual de evidente. Y es que muchos catalanes, tan catalanes como los que sí fueron a votar, ese día no se sintieron interpelados por el motivo que fuera. Un país diverso no se puede permitir, tampoco, dejarlos atrás. Es aquí donde, pasado un año, la hoja de ruta unilateral tiene preguntas sin resolver. Y es que si bien es cierto que las causas judiciales contra los líderes independentistas han hecho el ridículo ante el espejo europeo, también lo es que votar no es suficiente y que la ola de reconocimiento de Europa para con una supuesta Catalunya soberana no llegó. Hacernos cargo de esta realidad es imprescindible, también, para construir horizontes inclusivos y realizables.

Un año después del 1 de octubre, la herida aún sigue abierta y las dudas sobre lo que significó aquel acontecimiento nos siguen interpelando. Y lo hace con especial intensidad a la luz del posterior encarcelamiento o exilio de buena parte de sus protagonistas. Con la intención de reencontrarnos, tanto los que participamos como los que no, desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos organizado una serie de exposiciones, actividades y mesas redondas con la participación de artistas y personalidades destacadas tanto de Catalunya como del resto del Estado. Alberto San Juan, Marina Garcés, Jordi Amat, Marcel Mauri, Santiago Alba Rico, Txell Bonet, Ana Pardo de Vera, David Fernández, Jordi Évole, Vicky Rosell, Pérez Royo o Alfonso Pérez Esquivel son algunas de las voces que esta semana se están dando cita en La Model para tratar de revisar con perspectiva aquel 1 de octubre de 2017.  Queremos que entre las paredes de La Model resuene un debate crítico que permita recuperar consensos amplios en torno a los derechos. Queremos recuperar lo mejor del legado del 1 de octubre para poder dibujar horizontes de esperanza y fraternidad que permita a Catalunya y al resto de pueblos del mundo decidir su propio futuro.