La represión de Madrid de la última semana ha reditado de manera más drástica y patética los hechos de junio de 2011. Y lo ha hecho en un contexto más grave aún que el de hace un año y medio. Durante todo este tiempo, en efecto, la impotencia y la complicidad del gobierno con los recortes impuestos por la troika no han dejado de agudizarse. La mayoría de los ajustes se ha aprobado a través de decretos leyes, con mínima o nula discusión parlamentaria. Hasta la Constitución, supuestamente intocable, se ha puesto al servicio de los grandes acreedores con la vergonzante reforma exprés del artículo 135. Sin embargo, la propuesta de algunos colectivos de rodear pacíficamente el Congreso para “rescatarlo de un secuestro que lo ha convertido en un órgano superfluo” ha sido tratada como un acto contra la seguridad del Estado.

Con mayor saña que los dirigentes convergentes, el Partido Popular desplegó una  campaña de criminalización preventiva de los convocantes acusándolos de “peligroso exaltados”, de “turbas incontroladas” e incluso de “nazis”. La delegada de gobierno, Cristina Cifuente, la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, e incluso algunos diputados del PSOE, no dudaron en sacudir también aquí el espantajo golpista. Esta construcción de la manifestación del 25-S como hecho delictivo antes incluso de su celebración, preparó el terreno para la perpetración de una cadena de actuaciones arbitrarias, muchas de ellas claramente ilegales. Hubo personas detenidas solo por desplegar banderas. Otras, simplemente por reunirse, fueron objeto de la insólita acusación de haber delinquido “contra los altos organismos de la Nación”. Con un hemiciclo parapetado tras casi dos mil agentes antidistrubios, los porrazos indiscriminados en la plaza Neptuno o las persecuciones por los andenes de la estación Atocha pusieron en evidencia a unas instituciones sordas a los reclamos ciudadanos.

Esta tendencia a descalificar como “golpista” cualquier protesta capaz de desbordar la interpretación gubernamental de los “intereses de Estado” no se ha limitado a las movilizaciones como las del 25-S. El propio gobierno de la Generalitat de Catalunya, otrora inquisidor, ha pasado él mismo a engrosar la lista de los “sediciosos” acusados de desafiar ilegítimamente la legalidad constitucional. Lejos de constituir una simple maquinación del ejecutivo catalán, la iniciativa aparece estrechamente ligada a las consultas ciudadanas por el derecho a decidir celebradas en numerosos municipios en los últimos años y a la masiva movilización del 11-S, y cuenta con un amplio respaldo en el parlamento autonómico. Sin embargo, ha sido tratada como una oscura conspiración que merece ser frenada por todos los medios.

Buena parte de los dirigentes del PP que por la mañana pedían dureza y ejemplaridad contra los manifestantes del 25-S, desempolvaban por la tarde los artículos 2, 8 y 155 de la Constitución de 1978 para recordar que el uso de la fuerza, incluida la militar, era una de las posibles respuestas “legales” a la propuesta catalana. . Muy lejos de la actitud contemporizadora del Reino Unido con el referéndum de autodeterminación escocés convocado para 2014, esta reacción ha evocado lo peor de la España cerril y autoritaria de 1934 y 1981. La confianza, precisamente, en que las fuerzas armadas puedan actuar como elemento de cierre de las interpretaciones mas restrictivas del marco constitucional es seguramente lo que ha llevado al eurodiputado conservador Alejo Vidal Quadras a extremar las bravuconadas y a instar al gobierno central a “preparar un general de brigada de la Guardia Civil” por si hubiera que invadir Catalunya. El gobierno, en todo caso, no ha tenido dificultades para reclutar aliados tanto en el PSOE como en otras fuerzas de ámbito estatal y autonómico. En el Parlament de Catalunya, Albert Rivera, del españolista partido Ciutadans, se adelantó al PP a la hora de desenfundar el golpismo, esta vez contra Mas. De un argumento similar se sirvió su compañera Rosa Díez, de la también nacionalista UPyD, para exigir la criminalización del derecho a decidir, en una línea similar a la impulsada en su día por José María Aznar.

En el fondo, la forma en que se han venido despachando las numerosas propuestas y movilizaciones desatadas por la crisis no es solo una cuestión de arrogancia o de intransigencia política. La ofensiva anti-social, represiva y recentralizadora de los últimos años tiene que ver, ciertamente, con la crisis financiera y con la propia deriva mercantilizadora del proceso de integración europea. Pero hunde sus raíces, también, en un marco constitucional que nació condicionado por el ruido de sables y que ha ido perdiendo con el tiempo sus de por sí limitadas potencialidades democratizadoras, tanto en materia social como de organización territorial. Esta singularidad del caso español, de hecho, permite establecer algunas diferencias nada desdeñables respecto de otros marcos constitucionales con un origen claramente anti-fascista, como el portugués nacido de la revolución de los claveles. De hecho, no es descabellado otorgar a esta marca de origen un peso a la hora de explicar fenómenos como la menor virulencia de la policía lusa frente a las recientes movilizaciones anti-ajustes. O como la existencia de sectores de las fuerzas armadas que, en lugar de soltar soflaman amenazantes, han mostrado su solidaridad con unas protestas que han conseguido arrancar al gobierno de Passos Coelho el compromiso de replantear su programa de recortes.

Desde esa perspectiva, es innegable que en las manifestaciones y protestas que están teniendo lugar en estas semanas, hay una corriente de fondo destituyente, que está poniendo severamente en cuestión el futuro de la restauración borbónica iniciada tres décadas atrás. Pero este tipo de impulsos, que en parte se amparan en la legalidad vigente pero que también pretenden romper con ella, no son una amenaza para la democracia. Representan, por el contario, la única esperanza de que ésta pueda sobrevivir y refundarse, aquí y en Europa, a partir de procesos constituyentes capaces de revertir el auténtico “golpe” oligárquico que, con más violencia que argumentos, se viene gestando hace tiempo antes nuestros ojos.

La represión de Madrid de la última semana ha reditado de manera más drástica y patética los hechos de junio de 2011. Y lo ha hecho en un contexto mucho más grave que el de entonces. En el último año, la impotencia y la complicidad del gobierno con los recortes impuestos por troika y por los mercados financieros han alcanzado cotas escandalosas. La mayoría de los ajustes se ha aprobado a través de decretos leyes, con mínima o nula discusión parlamentaria. Hasta la Constitución, supuestamente intocable, se ha puesto al servicio de los grandes acreedores en virtud de la vergonzante reforma exprés del artículo 135. A pesar de ello, la propuesta de rodear pacíficamente el Congreso para “rescatarlo de un secuestro que lo ha convertido en un órgano superfluo” ha sido tratada como un atentado a la seguridad del Estado.

Con mayor saña que los dirigentes convergentes, el Partido Popular desplegó una campaña de criminalización preventiva de los convocantes acusándolos de “peligrosos exaltados”, de “turbas incontroladas” e incluso de “nazis”. La delegada de gobierno, Cristina Cifuente, la secretaria general del partido popular, Dolores de Cospedal, e incluso algunos diputados del PSOE, no dudaron en sacudir, también aquí, el espantajo golpista. Esta construcción de la manifestación del 25-S como hecho delictivo antes incluso de su celebración, preparó el terreno para la perpetración de una cadena de actuaciones arbitrarias, muchas de ellas claramente ilegales. Hubo personas detenidas solo por desplegar banderas. Otras, simplemente por reunirse, fueron objeto de la insólita acusación de haber infringido el artículo 493 del Código que castiga con penas de prisión los delitos “contra los altos organismos de la Nación”. Con un hemiciclo parapetado tras casi dos mil agentes antidistrubios, las duras cargas contra los manifestantes, los porrazos indiscriminados en la plaza Neptuno y alrededores, o las persecuciones por los andenes de la estación Atocha, pusieron en evidencia el bloqueo de unas instituciones sordas a los reclamos ciudadanos.

Esta tendencia a descalificar como “golpista” cualquier protesta capaz de desbordar la interpretación gubernamental de los “intereses de Estado” no se ha limitado, en todo caso, a movilizaciones como las del 25-S. El propio gobierno de la Generalitat de Catalunya, otrora inquisidor, ha pasado él mismo a engrosar la lista de los “sediciosos” acusados de desafiar ilegítimamente la legalidad constitucional. El disparador, en este caso, ha sido la propuesta, impulsada tras el estrepitoso fracaso de otras vías federalistas, de un referéndum que incluya como opción la independencia de Catalunya. Lejos de constituir una simple maquinación del ejecutivo catalán, la iniciativa aparece estrechamente ligada a las pacíficas consultas ciudadanas por el derecho a decidir celebradas en numerosos municipios en los últimos años y a la masiva movilización de la diada del 11-S, y cuenta con un amplio respaldo en el parlamento autonómico. Sin embargo, ha sido tratada como una oscura conspiración que merece ser frenada por todos los medios.

Buena parte de los dirigentes del PP que por la mañana pedían dureza y ejemplaridad contra los manifestantes anti-recortes de Madrid, desempolvaban por la tarde los artículos 2, 8 y 155 de la Constitución de 1978 para recordar que el uso de la fuerza, incluida la militar, era una de las posibles respuestas “legales” a la eventual convocatoria democrática a un referéndum. Muy lejos de la relativamente serena actitud del Reino Unido en relación con el referéndum de autodeterminación escocés convocado para 2014, esta reacción ha evocado lo peor de la España cerril y autoritaria de 1934 y 1981. Esa confianza, precisamente, en que las fuerzas armadas puedan actuar como elemento de cierre de las interpretaciones mas restrictivas del marco constitucional es seguramente lo que ha llevado al eurodiputado conservador Alejo Vidal Quadras a extremar las bravuconadas y a instar al gobierno central a “preparar un general de brigada de la Guardia Civil” por si hubiera que invadir Catalunya.

Lo cierto, en todo caso, es que el PP no ha tenido dificultades a la hora de reclutar aliados para su enroque neocentralista tanto en las filas del PSOE como en otras fuerzas de ámbito estatal y autonómico. En el Parlament de Catalunya, Albert Rivera, del españolista partido Ciutadans, se adelantó a los propios populares a la hora de desenfundar la acusación de golpismo, esta vez dirigida contra Mas. De un argumento similar se sirvió su compañera Rosa Díez, de la también nacionalista UPyD, para exigir la criminalización del derecho a decidir en una línea similar a la impulsada en su día por José María Aznar.

En el fondo, la forma en que se han venido despachando las numerosas propuestas y movilizaciones desatadas por la crisis no es solo una cuestión de arrogancia o de intransigencia política. La ofensiva anti-social, represiva y recentralizadora de los últimos años tiene que ver, ciertamente, con la crisis financiera y con la propia deriva mercantilizadora del proceso de integración europea. Pero hunde sus raíces, también, en un marco constitucional que nació condicionado por el ruido de sables y que ha ido perdiendo de manera acelerada y acaso irreversible sus potencialidades democratizadoras.

Esta singularidad del caso español, de hecho, permite establecer algunas diferencias nada desdeñables respecto de otros marcos constitucionales con un origen claramente anti-fascista, como el italiano o el portugués, nacido de la revolución de los claveles. De hecho, no es descabellado otorgar a esta marca de origen un cierto peso a la hora de explicar fenómenos como la menor virulencia de la policía lusa frente a las recientes movilizaciones anti-ajustes. O como la existencia de sectores de las fuerzas armadas que, en lugar de soltar soflaman amenazantes, han llegado a emitir declaraciones solidarias con unas protestas callejeras que, en pocos meses, han puesto al gobierno de Passos Coelho contra las cuerdas y han conseguido arrancarle el compromiso de replantear parte de su programa de recortes.

Desde esta perspectiva, es innegable que en las manifestaciones y protestas que están teniendo lugar en distintos puntos del Reino de España hay una corriente de fondo destituyente. Una corriente que viene a impugnar claramente las supuestas virtudes de la restauración borbónica iniciada tres décadas atrás. Estos impulsos siguen amparándose en parte en la legalidad vigente, sobre todo en aquella que, en materia de libertades y de derechos sociales, señala al gobierno central y a sus aliados como los principales incumplidores. Sin embargo, también plantean, de manera cada vez más clara, la necesidad de desbordar un marco constitucional que se ha convertido en un cerrojo utilizado contra las demandas populares tanto en el terreno social como en el democrático, incluida la cuestión de la organización territorial. Precisamente por eso, estos embrionarios impulsos destituyentes, de ruptura, son todo menos una amenaza para la democracia. Representan, por el contario, la única esperanza de que ésta pueda sobrevivir y refundarse, aquí y en Europa, a partir de procesos constituyentes que reviertan el auténtico “golpe” oligárquico que, más por la violencia que por los argumentos, se está ejecutando ante nuestros ojos desde hace tiempo.

Las élites políticas y financieras que gobiernan Europa han decidido que no tolerarán ninguna consulta o elección que pueda escapar a su control. Lo han dejado claro en Grecia al forzar la dimisión de Papandreu; en Italia, imponiendo al Gobierno tecnócrata de Monti; e incluso en España, rindiendo de antemano al nuevo Gobierno a los designios de la prima de riesgo. Este veto oligárquico tiene otras expresiones. Hay una muy notoria: la demonización del referéndum, una de las pocas vías institucionales a través de la cual la ciudadanía podría llegar a imponer una respuesta distinta a la que las élites están dispuestas a aceptar.
En el discurso dominante, el referéndum aparece como la quintaesencia de la manipulación y de la democracia plebiscitaria. Esta caracterización rotunda no es del todo arbitraria. Es innegable que el referéndum encierra peligros plebiscitarios. También que corre el riesgo de convertirse en un simple mecanismo de ratificación de decisiones previamente adoptadas desde arriba sin debate alguno. Una pregunta que sólo admite un sí o un no por respuesta puede ser un instrumento de manipulación en manos del poder de turno. Quien pregunta decide el contenido de la consulta y prefigura, en parte, la respuesta. Ahí están, para constatarlo, los plebiscitos de Mussolini o de Franco, en los que el líder obtiene el asentamiento de las masas en la plaza, sin posibilidad de confrontación plural e informada de ideas. Pero también consultas como la de la OTAN, que el PSOE instrumentalizó de forma burda para justificar su cambio de posición en la materia.
Cuestión diferente es que estos usos espurios basten para negar al referéndum toda su potencialidad como vía de participación ciudadana. En muchos de ellos, en rigor, la pregunta diseñada desde el poder acaba por escapar a su control, como en el aprendiz de brujo. La sola exigencia de un tiempo para el debate permite la irrupción de voces marginadas o infrarrepresentadas que acaban incidiendo en la decisión final. A pesar de sus pretensiones plebiscitarias, el referéndum de la OTAN no pudo impedir la movilización de posiciones pacifistas y antimilitaristas que calaron hondo en la opinión pública. Y lo mismo en el caso de Europa. Muchas consultas organizadas por las élites para legitimar decisiones económicas o políticas controvertidas terminaron por estrellarse contra opiniones públicas informadas que se tomaron en serio las preguntas realizadas. En Suecia y Dinamarca, la ciudadanía rechazó el euro en varias ocasiones. Y en Francia, Holanda o Irlanda, el férreo consenso mediático, partidista y empresarial no bastó para neutralizar los argumentos de las ilustradas campañas contra el Tratado constitucional o el Tratado de Lisboa.
Es verdad que cuando una pregunta no es clara o unívoca la respuesta puede prestarse a interpretaciones arbitrarias. Las élites financieras y políticas europeas, por ejemplo, se complacen en leer cualquier crítica al euro o a las grandes líneas económicas del proceso de integración como un reflejo principalmente nacionalista, xenófobo o populista. Esta interpretación sesgada les ahorra afrontar una realidad más amarga: el creciente rechazo que las recetas neoliberales de ajuste generan entre la población europea, comenzando por los jóvenes y las clases populares. Pero les permite, una y otra vez, deslegitimar al referéndum como herramienta democrática o forzar su repetición en caso de que sea inevitable convocarlo y los resultados no se ajusten a sus intereses.
A veces, esta manipulación ha sido conjurada gracias a la obstinación popular. En Islandia, la ciudadanía ratificó su decisión de no pagar la deuda ilegítima de la banca, a pesar de la enorme presión externa. En Eslovenia, se negó a aceptar el aumento de la edad de jubilación como pieza del programa de ajuste impuesto por la UE. Y en Italia, cerró el paso a la privatización del agua, al regreso de la energía nuclear o a la inmunidad de Berlusconi. En este último caso, esto fue posible precisamente gracias a la configuración jurídica del referéndum, que permite que sea una fracción de la ciudadanía quien pueda impulsar la pregunta que luego ha de someterse a consulta.
Las razones del referéndum de Papandreu no eran claras. Seguramente pensaba que podía ganar la consulta sobre el plan de rescate y aplacar, de esa manera, la asfixiante presión de la calle. Pero Alemania, Francia y los grandes inversores decidieron no asumir riesgos. En pocas horas, forzaron su dimisión y lo convirtieron en un monigote “populista” incapaz de entender que hay cuestiones “técnicas” sobre las que el común de los mortales no debería ser consultado. El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, aportó la cuota ibérica al coro de censores. Justificó el golpe con la improvisada tesis de que los referendos sólo podían convocarse si entrañaban reformas constitucionales. Todo ello a pocas semanas de que su partido y el PP pactaran una modificación inconsulta del texto de 1978 para saciar la voracidad de los acreedores.
Detrás del argumento de Merkozy y la troika no hay sutilezas. Es esto o la furia de los prestamistas. El asalto de los tecnócratas y la rendición del principio democrático o el ascenso febril de la prima de riesgo. Hasta ahora, el chantaje ha funcionado con cierta eficacia. Pero a medida que la precarización y la recesión avanzan, pierde fuerza. Los indignados europeos lo han entendido. Por eso, a los intentos de demonizar el referéndum o de instrumentalizarlo
desde arriba, han comenzado a oponer la necesidad de consultas basadas en una lógica distinta: participativa y deliberativa, no plebiscitaria. Estas consultas permitirían discutir sobre lo que hoy no se discute. Como el sentido de seguir pagando deudas ilegítimas, no contraídas por la mayoría, que están conduciendo a su ruina. O de un corsé monetarista que sólo exige ajustes e impide la construcción de una Europa solidaria. Plantear estas cuestiones es esencial para rescatar a la democracia de una oligarquía ciega y sin límites. Y si no lo hacen las instituciones, es lógico que tarde o temprano acabe haciéndolo la calle.

Miles de personas de todo el Estado, organizaciones sociales, judiciales, ecologistas y sindicales han salido a contestar el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para reformar la Constitución. No les faltan razones. El objetivo de esta reforma no es establecer límites al déficit y a la deuda. Es endurecer aún más los ya estrictos que marca el Pacto de Estabilidad de la UE. Y otorgar a los acreedores y al Banco Central Europeo garantías inéditas de que el pago de deuda tendrá prioridad sobre otras inversiones. Estas medidas no tendrán un efecto meramente simbólico. Darán cobertura a nuevos recortes sociales y agravarán la situación financiera de comunidades autónomas y municipios.

Esta deriva antisocial y antidemocrática no es una mera especulación. Ha sido el resultado constatable de iniciativas similares ya ensayadas en las últimas décadas. En EE UU, fue sobre todo el Partido Republicano –y ahora el Tea Party– quienes han insistido en la necesidad de constitucionalizar un techo al gasto público e incluso a la potestad de aumentar impuestos. Economistas como Krugman, han recordado recientemente el vínculo entre este tipo de medidas y la práctica bancarrota de estados como el de California.

En Europa, el Pacto de Estabilidad de 1997 ya constitucionalizó, a escala europea, la obcecación antidéficit, antiinflación y antideuda. La imposibilidad de ajustarse a directivas tan estrictas sin provocar un caos social llevó a la mayoría de países a combinar su incumplimiento selectivo con privatizaciones y recortes específicos. Alemania, Francia e Italia han sido durante años incumplidores crónicos. Y sólo han podido escapar a las sanciones por su capacidad de presión política en el propio Consejo. En la periferia, los intentos de adecuarse a esta tácita Constitución europea adquirieron ribetes dramáticos. Grecia impuso una política fiscal abiertamente regresiva, pero aun así tuvo que falsear sus cuentas públicas. El Estado español, por su parte, alentó una irresponsable política de sobreendeudamiento privado que los grandes partidos siguen alentando a pesar de que está en el núcleo de los problemas actuales.

Esta furtiva reforma estival no resolverá ninguno de esos problemas. Por el contrario, desencadenará un enésimo ataque a los servicios públicos y a la cohesión social, certificará la descomposición de la identidad socialdemócrata y allanará el camino a la extrema derecha y a la xenofobia. Pero también tendrá algunos efectos que podrían sorprender a sus impulsores. Asestará, por ejemplo, un golpe a la cacareada “unidad de España” mucho más certero que el de las exigencias federalistas e independentistas demonizadas por el españolismo cerril. Y sobre todo, aumentará la desafección constitucional de unas generaciones precarizadas que, además de no votarla, están siendo víctimas privilegiadas de sus límites e incumplimientos.

En este contexto, la derecha será la beneficiaria inmediata de estas reformas. Pero la impugnación que el 15M y el conjunto de movilizaciones sociales y sindicales en marcha han lanzado al actual régimen político y económico también crecerá. Esta impugnación podrá traducirse, de momento, en la exigencia de una reforma con contenidos alternativos. La Constitución, hasta ahora intocable, estará más que nunca en el punto de mira. Pero sobre todo, cargará de razones a quienes, como en Islandia, exigen, no señales que “calmen a los mercados”, sino nuevos procesos constituyentes que los sometan a lógicas genuinamente democráticas, priorizando los derechos de todas las personas sobre los beneficios de pocos.

Font: http://www.diagonalperiodico.net/La-Reforma-mas-madera-para-el-15M.html?var_recherche=jaume+asens