En el ámbito municipal, la primera muestra de concesiones a una línea dura de ley y orden fue la aprobación en 2005, con los votos favorables del Partit Socialista de Catalunya (PSC) y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de la llamada ordenanza del civismo. Esta normativa, emulada luego por decenas de ayuntamientos, refleja un nuevo paradigma securitario sin parangón en todo el Estado. Con el pretexto de discursos bienpensantes sobre el civismo, pretende “limpiar” las calles de la población considerada desviada o indeseable. Así, el mismo poder local que se avino a firmar compromisos como la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, apuesta por una política urbana basada en el recurso predominante a medios represivos, la prohibición de actividades hasta ahora toleradas como el trabajo sexual o la mendicidad, la criminalización de los excluidos y la restricción de las libertades ciudadanas. Tras este paradigma late, en el fondo, una apuesta por el castigo “ejemplar” como medio para resolver los problemas sociales. Lo más grave es que esta hipertrofia punitiva pretende ser un paliativo a la atrofia social en la intervención pública, señaladamente en el ámbito de la vivienda, la educación o la atención sanitaria.

En el plano autonómico, la asunción del discurso securitario ha tenido diferente impacto según se trata de las personas privadas de libertad o de la regulación del derecho a la protesta. La situación de los detenidos en las comisarías o de los internos en los centros penitenciarios resulta de especial vulnerabilidad debido a su dependencia y a su situación de sujeción respecto de los funcionarios. Los organismos internacionales de derechos humanos, de hecho, han mostrado su preocupación a la hora de analizar su protección efectiva frente a abusos y maltratos que, ciertamente, son muchas veces difíciles de controlar.

Desde un punto de vista normativo, uno de los acontecimientos importantes de este período ha sido la ratificación en 2006, por parte del gobierno español, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas. También el Parlamento catalán se ha comprometido, en este sentido, a crear mecanismos de prevención de la tortura y de cumplimiento del resto de recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura. Esta es una reclamación histórica de las asociaciones de derechos humanas cuya concreción práctica habrá que seguir de cerca.

En la realidad cotidiana, con todo, el panorama sigue siendo bastante descorazonador. El último informe del Síndic de Greuges^ Rafael Ribó, presentado ante el legislativo catalán, evidencia un aumento de las denuncias contra los Mossos d’Esquadra por maltratos a los detenidos, así como de situaciones recurrentes, no aisladas, de abusos en las prisiones. El propio presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, Mauro Palma, señaló en su última visita que había podido comprobar cómo, en las cárceles catalanas, “se utilizaban de forma excesiva los medios coercitivos”. Las objeciones de Amnistía Internacional y de otras asociaciones de derechos humanos han ido en igual dirección.

A pesar de las críticas, la Consejería de Justicia ha actuado con timidez, ignorando la existencia de los maltratos. Esta política de contemporización de los excesos ha ido destinada, sobre todo, a no incomodar a las organizaciones sindicales –algunas de claro talante autoritario- que son las que, en el fondo, gobiernan las prisiones catalanas. Una muestra de esta escasa reacción institucional ha sido el archivo de las denuncias procedentes de la prisión de Can Brians por parte de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, situación denunciada por el Síndic de Greuges como una decisión prematura y sin fundamentos. O las condecoraciones a funcionarios condenados por agresiones a internos. La reciente prohibición a que los organismos de derechos humanos puedan visitar las prisiones ha sido el corolario final: un mensaje que apuntala la sensación de impunidad y dificulta el control de la discrecionalidad en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios.

Todo esto se produce en un contexto en el que la población reclusa ha aumentado de manera alarmante hasta alcanzar uno de los índices de encarcelamiento más altos de Europa. Las necesidades disciplinarias siguen, así, predominando sobre las de tratamiento o rehabilitación social. Por otro lado, la población en régimen cerrado también se ha duplicado y todavía preexisten departamentos especiales que permiten el aislamiento de los internos 23 horas al día y sin límites temporales en prisiones como la Modelo, con cien años de funcionamiento y un lamentable estado de conservación.

En el ámbito de actuación de la Consejería del Interior, en cambio, se han producido algunos avances significativos en la protección de los colectivos susceptibles de ser víctimas de abusos policiales. En primer lugar, se ha impulsado un mayor diálogo con organizaciones de derechos humanos y se ha abierto una nueva etapa de reconocimiento institucional de su tarea cotidiana. En segundo término, se han adoptado medidas relevantes como la creación de un Comité de Ética de la Policía, la denuncia de dos casos de maltratos en la Comisaría de las Cortes frente a la fiscalía y, sobre todo, la instalación de cámaras de videovigilancia en las dependencias policiales, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ONU. Por último, se han puesto en marcha la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos, el protocolo contra las agresiones homófobas y un plan piloto en Girona –que debería extenderse a otras ciudades- con el propósito de conocer el porcentaje y el motivo de las actuaciones contra la población extranjera.

El balance, en cambio, resulta más negativo en el campo del mantenimiento del orden público y el derecho de manifestación. En este sentido, la Consejería del Interior ha sido rehén de una cierta obsesión por presentarse como el mayor garante de la paz social entendida como la ausencia de conflictos políticos no convencionales. En la práctica, esto ha comportado la asunción de una dureza policial que ha superado en ocasiones la de sus predecesores, generando múltiples críticas por parte de los movimientos sociales. Así, la deriva securitaria ha implicado, por ejemplo, la prohibición de actos y manifestaciones que, en ocasiones, han resultado en condenas de los tribunales a la actuación de la Consejería por vulneraciones a los derechos fundamentales de los manifestantes. También se ha autorizado el recurso a nuevas estrategias de control policial, como el “pastoreo” o el “encapsulamiento”, hasta ahora inéditas en Catalunya y de un carácter extremadamente preventivo. Estas técnicas han restringido de manera notable el derecho a la protesta y, en un contexto de reflujo de la movilización social, han constituido un elemento de crispación y confrontación constantes.

El tema de la represión policial se ha convertido, en suma, en un arma de doble fila para Interior cuando ha tenido que hacer frente, de un lado, a la presión de los activistas, y de otro, a duras campañas promovidas desde los medios y partidos de la derecha, centradas en torno a la ley y al orden. Así, si bien ha habido interlocución con los primeros, lo decisivo en la política de orden público ha sido el fuerte peso de las inercias y resistencias de la estructura policíaca que han imposibilitado un cambio real de paradigma. Los sindicatos policiales de los Mossos d’Esquadra han pasado a ser, en este contexto, un potente grupo de presión, extremadamente politizado. Esta capacidad de presión se pudo comprobar en 2007, cuando salieron a la calle a manifestarse con gritos y consignas del tipo: “Saura dimisión”, “Kubotán, kubotán”, o “Salta, salta, salta, okupa el que no salta”. Una imagen de descrédito del todo alejada de la apariencia de imparcialidad profesional exigida por la ley y que sería de esperar en un cuerpo nacido y formado tras la caída de una dictadura.

También en este campo, las asociaciones de derechos humanos han reclamado un debate amplio sobre el uso de ciertas armas policiales. Durante el 2007, algunas unidades de los Mossos adquirieron las temibles pistolas Taser que habían causado decenas de muertos en el continente norteamericano, como la de un hombre polaco en un aeropuerto canadiense. El mismo año entró en escena el famoso punzón denominado Kubotán y utilizado sin autorización por los antidisturbios catalanes en el cuerpo a cuerpo de una manifestación “pastoreada” en Barcelona.

Recientemente, el ‘caso Vilaró’ permitió evidenciar la peligrosidad de unos proyectiles que pueden superar los 250 kilómetros por hora y que llegaron a herir de gravedad al propio jefe policial. Desde esta perspectiva, las recientes instrucciones internas aprobadas –la 4/2008 y la 5/2008- constituyen, a pesar de ciertas deficiencias, un importante marco jurídico de referencia. Tras la polémica inicial, el Kubotán y la pistola eléctrica han sido finalmente prohibidos. En el caso de las escopetas antidisturbios y de las pelotas de goma, en cambio, no se ha progresado nada. Sus efectos, cabe recordar, han sido letales en algunas ocasiones y en la mayoría de países europeos ya han sido prohibidas y substituidas por métodos a priori menos contundentes. En Catalunya, por el contrario, continúan formando parte del equipo reglamentario de las unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

En este balance también deberían incluirse actitudes controvertidas como la gestión policial e informativa de la detención de la activista Núria Pórtulas por aplicación de la legislación anti-terrorista, o la presentación de un manual para prevenir la constitución de plataformas arraigadas en la denominada “cultura del no”. Y en el campo, por último, de la lucha contra el racismo o la xenofobia, es posible reseñar una escasa preocupación por modificar sustancialmente la formación de las policías en la no utilización de “criterios raciales”, especialmente en identificaciones preventivas.

Todo esto debería conducir, en un futuro, a que el gobierno adopte un compromiso más firme, público y visible con la protección y promoción de los derechos humanos. Para hacerlo, resulta imprescindible, desde la sana autocrítica, identificar y reconocer, en primer lugar, los puntos más débiles en la lucha contra la violencia institucional. Y elaborar, luego, técnicas más eficaces para asegurar una mayor efectividad de los derechos reconocidos en las declaraciones y tratados internacionales. En las áreas de seguridad y justicia, concretamente, de lo que se trataría es de implementar de una manera plena y eficaz las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Comité Europeo para la Prevención de las Torturas y de las Penas, Tratos Inhumanos o Degradantes. Así, en el ámbito de Interior, implicaría, por ejemplo, ampliar el uso de las cámaras a todas las zonas de custodia de los detenidos y aprobar medidas, como las del Gobierno vasco, para garantizar los derechos de las personas incomunicadas bajo la legislación anti-terrorista. En la cartera de Justicia, por otra parte, significaría crear los mecanismos de prevención de la tortura, de acuerdo con los compromisos adoptados, y sobre todo revisar de manera radical la actual política de arrogancia y menosprecio hacia las asociaciones de derechos humanos que trabajan en el ámbito de la prisión. Esto exige, naturalmente, redefinir esquemas mentales y prioridades: colocar el énfasis en la defensa de las víctimas de abusos sobre las “razones de Estado” o las supuestas lealtades al sistema.

Una izquierda consecuente, o simplemente comprometida con el Estado de derecho y con la defensa de los derechos humanos, no debería acomplejarse frente a los reclamos de mano dura de la derecha o frente a las reacciones corporativas de los sindicatos policiales o de prisiones. Es más, debería señalar de manera inequívoca la incongruencia que comporta denunciar la vulneración de derechos en los diferentes Guantánamos del mundo mientras se pretenden ocultar los propios trapos sucios. En estricta lógica democrática, los poderes públicos deberían entender el control y la vigilancia de las asociaciones de derechos humanos, no como un agravio personal, sino como uno de los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que ellos mismos han contraído en el plano constitucional e internacional. Deberían, en suma, respetar su crítica, sin situarse a la defensiva, y admitir que esta puede contribuir a detectar insuficiencias y a señalar nuevos caminos en la lucha contra la impunidad.

Revista DESC, 2009

]]> http://www.nohihadret.cat/2009/09/470/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2005/11/465/ http://www.nohihadret.cat/2005/11/465/#comments Mon, 07 Nov 2005 10:48:35 +0000 nohihadret http://www.nohihadret.cat/?p=465 El actual proceso de globalización económica, atravesado por acontecimientos emblemáticos como los atentados del 11-S, ha transformado tanto las modalidades de represión de los movimientos sociales como sus estrategias de protesta. Si por un lado ciertos espacios de acción colectiva experimentan una drástica contracción, por otro, se ensanchan y encuentran nuevas vías de expresión ligadas a la emergencia de una cierta “sociedad civil globalizada”. En ese contexto, los gobiernos y los poderes privados globales se adaptan y adquieren nueva movilidad transnacional. Pero también la protesta se reinventa y asume nuevas estrategias.

Al menos desde la revuelta de Seattle, una parte no desdeñable de la confrontación entre autoridades económicas y políticas globales y movimientos alter-globalizadores ha transcurrido en el marco de las cumbres internacionales. Éstas se han convertido, de manera progresiva, en una suerte de plató político, sobre todo cuando las “contra-cumbres” y los enfrentamientos callejeros han adquirido mayores cuotas de visibilidad que las propias cumbres. Para cualquier régimen político, como recuerda la politóloga italiana Donatella Della Porta, el control de estas protestas no es una tarea sencilla. Lo que está en juego, después de todo, no son sólo los derechos políticos de los movimientos sociales sino también la propia credibilidad del sistema político.

En la literatura existente sobre las policías europeas se pueden apreciar dos tendencias distintas. Una coercitiva, propia de las policías en el continente europeo -particularmente de las mediterráneas-, donde predomina el uso de las armas y de la fuerza física. Y otra persuasiva, propia de los países nórdicos y del Reino Unido, a pesar de excepciones reseñables como las del periodo thatcherista contra los mineros o el caso de Irlanda del Norte. En este segundo modelo, predominan los contactos previos con los activistas, el recurso a tecnologías audiovisuales que permiten identificar sospechosos sin intervenir directamente o la utilización de servicios de información e infiltración policial. Estas dos tendencias o tradiciones son clave para entender los escenarios de confrontación entre la policía y los nuevos movimientos sociales.

En Europa, en los últimos 40 años, se puede apreciar una cierta prevalencia de este segundo modelo, con una creciente tolerancia hacia la protesta y una reducción del uso de la fuerza (las cifras sobre muertos en manifestaciones dan testimonio de ello). Esta evolución se inicia, no sin contradicciones, en los años 60′, se invierte en algunos momentos en los 70′ -especialmente en Italia y Alemania- y se afirma, finalmente y de modo selectivo, en los 80′. Durante esos años, se pone mayor énfasis en el diálogo y en la negociación con los actores considerados “legítimos”, se otorgan ciertas concesiones al derecho de manifestación y se buscan acuerdos con los organizadores de acciones formalmente ilegales, pero toleradas en la práctica.

Esta evolución se interrumpe abruptamente en los 90′. El nuevo ciclo de protesta abierto tras las movilizaciones de Seattle engendra a su vez un nuevo ciclo de represión policial que tiende a militarizar el orden público. Esta militarización tiene lugar tanto en términos organizativos -de armamento, adiestramiento y formación de los cuerpos especiales para la gestión de las situaciones de mayor peligro- como de control espacial, con el recurso a nuevas técnicas como la de los “muros”, “perímetros”, “fronteras cerradas” o “zonas rojas”, propias de tiempos de guerra.

Tras las movilizaciones de Praga, Niza o Davos, esta ola represiva encuentra una de sus expresiones más brutales en la actuación policial de Göteborg, en 2000, y Barcelona, en 2001, para alcanzar su cénit en la reunión del G-8 en Génova, en julio del mismo año. Allí, el gobierno de Silvio Berlusconi encaja la protesta social en el campo de las “amenazas a la democracia”. A resultas de ello, se produce una ruptura de la forma clásica de mantenimiento del orden público. Los activistas son tratados como enemigos y la seguridad exterior e interior se imbrican en un mismo ámbito de actuación.

Es en Génova, precisamente, donde por primera vez se aplica la doctrina “preventiva” alentada por los Estados Unidos tras los acontecimientos del 11-S. Ello supone la aparición de una suerte de frente bélico interno que no duda en desplegar dispositivos represivos cuasi militares y militares. Estos últimos incluyen la instalación de baterías antimisiles y carros blindados. Los primeros, el uso de gases lacrimógenos y urticantes prohibidos, la tortura en dependencias policiales e incluso la utilización de armas de fuego que acaban cobrándose la vida del joven activista Carlo Giuliani. Como ya había ocurrido un mes antes en Barcelona, la policía italiana utilizaría el pretexto del “violento” para extender una ofensiva en toda regla contra el grueso de los manifestantes. En ella no se cumplirían, tal como denunció Amnistía Internacional, ni uno solo de los protocolos de actuación policial que cabría esperar en un sistema democrático.

En paralelo a este fenómeno, sin embargo, también es posible observar el desarrollo de un incipiente repertorio policial menos coactivo que tiene sus expresiones más destacadas en ciertas reuniones de organizaciones internacionales realizadas en espacios rurales y apartados. Este es el caso de la cumbre del G-8 celebrada en Escocia, en 2005. Allí, los protocolos de intervención de la policía británica presentan ciertas novedades en relación con otras policías europeas, particularmente las mediterráneas. En Escocia, en efecto, la policía adoptaría técnicas de control del orden público a distancia (stand-off) para controlar los movimientos de entrada y salida de los activistas y evitar enfrentamientos. De hecho, se emularon las técnicas policiales del mundo del fútbol. Dentro y fuera del campo, los hinchas de uno y otro equipo son separados y mantenidos a distancia. La actuación policial, antes y después del partido, consiste en “envolver” o “encapsular” a las dos partes para evitar el contacto.

En Escocia, los agentes pondrían todo su empeño en evitar las cargas y el uso de material anti-disturbios “de larga distancia”. Avanzaban lentamente en grupos muy numerosos desde diferentes puntos y trataban de rodear, sin precipitarse, a los manifestantes. Para ello no dudaban en recurrir a unidades antidisturbios, de caballería e incluso a los perros. En la medida en que los manifestantes, al igual que la policía, permanecían en bloque, la situación derivaba en un lento juego en el que los manifestantes quedaban cercados por un número siempre superior de agentes. En estas circunstancias, las posibilidades de choque decrecían notablemente, facilitando la consecución de los objetivos policiales: cachear, identificar, controlar la protesta y evitar la mala prensa.

A diferencia de lo ocurrido en los países anglosajones, en los países mediterráneos el objetivo policial habitual ha seguido siendo la dispersión de los manifestantes. Para ello, se recurre a las pelotas de goma o a gases lacrimógenos acompañados de cargas en las que no es necesaria la participación de numerosos agentes. En el fondo, lo que diferencia la estrategia y las tácticas de la policía británica respecto de otras policías es su gestión del espacio. En su intento de reprimir antes que controlar, muchos cuerpos antidisturbios convierten el espacio en un escenario de conflicto abierto cuya expresión más llamativa, quizás, sea la guerrilla urbana. En cambio, las prácticas espaciales de la policía británica sacrifican a menudo las “necesidades punitivas” o la velocidad de actuación a cambio de un control casi asegurado del terreno y de la situación, lo que ha sido llamado técnica de incapacitación del conflicto.

Tanto en Génova como en Escocia se pusieron en marcha de medidas para limitar la libertad de movimiento de las personas en amplias zonas alrededor del lugar de reuniones del G-8-. En Génova, no se vaciló a la hora de recurrir a técnicas duras de choque y dispersión de los manifestantes. El objetivo era lograr un control cuasi militar y a cualquier precio del espacio público. En Escocia, en cambio, se manejaron técnicas lo más discretas posibles para reducir al máximo los espacios de confrontación. Por ello, algunas perturbaciones fueron aceptadas como un mal menor, limitándose las fuerzas de seguridad a alejarlas de los cascos urbanos y de la mirada pública.

El uso de la fuerza coercitiva contra la protesta social en Europa en los últimos años es de sobra conocido, entre otras cosas, por su contundente espectacularidad mediática. Génova es, sin duda, el ejemplo más acabado de ello. No obstante, la adaptación de estos repertorios a otros más persuasivos en el ámbito anglosajón ha demostrado gran efectividad a la hora de arrebatar a la protesta uno de sus bienes más preciados: la visibilidad mediática. El caso de Escocia es, también aquí, un buen ejemplo. Mientras en Génova las reuniones se produjeron en el centro histórico, la cumbre escocesa marcó una nueva tendencia: la apuesta por entornos aislados y menos expuestos, que entorpecieran los desplazamientos de los activistas y redujeran su visibilidad política. En un contexto en el que las propuestas globalizadoras no parecen sino haber comenzado y en el que la conflictividad social difícilmente disminuya, el “movimiento de movimientos” debería tomar nota de estos cambios, y actuar en consecuencia.

 Noviembre, 2005 EL VIEJO TOPO