Miles de personas de todo el Estado, organizaciones sociales, judiciales, ecologistas y sindicales han salido a contestar el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para reformar la Constitución. No les faltan razones. El objetivo de esta reforma no es establecer límites al déficit y a la deuda. Es endurecer aún más los ya estrictos que marca el Pacto de Estabilidad de la UE. Y otorgar a los acreedores y al Banco Central Europeo garantías inéditas de que el pago de deuda tendrá prioridad sobre otras inversiones. Estas medidas no tendrán un efecto meramente simbólico. Darán cobertura a nuevos recortes sociales y agravarán la situación financiera de comunidades autónomas y municipios.

Esta deriva antisocial y antidemocrática no es una mera especulación. Ha sido el resultado constatable de iniciativas similares ya ensayadas en las últimas décadas. En EE UU, fue sobre todo el Partido Republicano –y ahora el Tea Party– quienes han insistido en la necesidad de constitucionalizar un techo al gasto público e incluso a la potestad de aumentar impuestos. Economistas como Krugman, han recordado recientemente el vínculo entre este tipo de medidas y la práctica bancarrota de estados como el de California.

En Europa, el Pacto de Estabilidad de 1997 ya constitucionalizó, a escala europea, la obcecación antidéficit, antiinflación y antideuda. La imposibilidad de ajustarse a directivas tan estrictas sin provocar un caos social llevó a la mayoría de países a combinar su incumplimiento selectivo con privatizaciones y recortes específicos. Alemania, Francia e Italia han sido durante años incumplidores crónicos. Y sólo han podido escapar a las sanciones por su capacidad de presión política en el propio Consejo. En la periferia, los intentos de adecuarse a esta tácita Constitución europea adquirieron ribetes dramáticos. Grecia impuso una política fiscal abiertamente regresiva, pero aun así tuvo que falsear sus cuentas públicas. El Estado español, por su parte, alentó una irresponsable política de sobreendeudamiento privado que los grandes partidos siguen alentando a pesar de que está en el núcleo de los problemas actuales.

Esta furtiva reforma estival no resolverá ninguno de esos problemas. Por el contrario, desencadenará un enésimo ataque a los servicios públicos y a la cohesión social, certificará la descomposición de la identidad socialdemócrata y allanará el camino a la extrema derecha y a la xenofobia. Pero también tendrá algunos efectos que podrían sorprender a sus impulsores. Asestará, por ejemplo, un golpe a la cacareada “unidad de España” mucho más certero que el de las exigencias federalistas e independentistas demonizadas por el españolismo cerril. Y sobre todo, aumentará la desafección constitucional de unas generaciones precarizadas que, además de no votarla, están siendo víctimas privilegiadas de sus límites e incumplimientos.

En este contexto, la derecha será la beneficiaria inmediata de estas reformas. Pero la impugnación que el 15M y el conjunto de movilizaciones sociales y sindicales en marcha han lanzado al actual régimen político y económico también crecerá. Esta impugnación podrá traducirse, de momento, en la exigencia de una reforma con contenidos alternativos. La Constitución, hasta ahora intocable, estará más que nunca en el punto de mira. Pero sobre todo, cargará de razones a quienes, como en Islandia, exigen, no señales que “calmen a los mercados”, sino nuevos procesos constituyentes que los sometan a lógicas genuinamente democráticas, priorizando los derechos de todas las personas sobre los beneficios de pocos.

Font: http://www.diagonalperiodico.net/La-Reforma-mas-madera-para-el-15M.html?var_recherche=jaume+asens

La democracia española, 30 años después, sigue siendo una democracia de baja intensidad. Éste fue el modelo que se fraguó en la Transición y nunca fue del todo contradicho. Ahí están, como prueba, la exigua iniciativa para reformar una legislación electoral que distorsiona la voluntad ciudadana, la mezquina cabida dada a iniciativas legislativas populares o referéndum, la negación del derecho a voto de los migrantes, la lamentable evolución de la legislación sobre partidos o, simplemente, la dificultad para asumir en términos no criminalizadores el conflicto y la disidencia política. Esta sensación de bloqueo es extensible también al ámbito social.

La Constitución del ‘78 fue aprobada en los inicios de la crisis del Estado de Bienestar, y los Pactos de La Moncloa dejaron claro desde un principio las líneas rojas que no podían transgredirse en materia económica. Así, los derechos sociales recibieron un reconocimiento debilitado y su desarrollo acabó supeditado a criterios de “estabilización” económica que no beneficiaron a todos por igual. La incorporación acrítica al proceso de integración europea y, sobre todo, la asunción de los criterios de convergencia consagrados en Maastricht, acabaron por forjar un corsé neoliberal que neutralizaría el despliegue de la Constitución social y ambiental. Los resultados saltan a la vista: la economía española ha crecido, sí, pero en un sentido irracional, insostenible e injusto, con estándares sociales y ecológicos muy inferiores a los de otros países europeos.

Otra de las hipotecas heredadas tiene que ver con el pluralismo territorial. Todavía en 1977, una parte importante de la izquierda –incluidos el PSOE y el PCE– reclamaban un Estado federal respetuoso con el derecho democrático a la autodeterminación de los pueblos. La Constitución, empero, se limitó a consagrar un modelo abierto de descentralización, condicionado por la “indisoluble unidad de la Nación española” y cuya integridad el artículo 8 confía al Ejército. El Estado de las autonomías se desarrolló así a regañadientes. Las resistencias centralistas y españolistas no dejaron de aflorar una y otra vez. Desde la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, 1982), de infausta memoria, hasta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de consultas vasca.

Otro tanto podría decirse de la monarquía, que amparada en el mito del “motor de la democracia”, terminaría por convertirse en una institución superprotegida constitucional y penalmente y prácticamente blindada a la crítica social. O de la ausencia, en suma, de una sólida cultura antifranquista, que permita juzgar con naturalidad crímenes que no sólo ofenden a sus víctimas, sino al conjunto de la sociedad. Se podrá decir que esta lectura peca por simplista. Que en el balance pesan más los avances que los retrocesos. Tal vez. Pero buena parte de los avances políticos, sociales, culturales de los últimos años han estado vinculados más a luchas cotidianas, persistentes, construidas desde abajo, que al marco constitucional gestionado por las clases dirigentes. Treinta años después, es imprescindible una revisión profunda y profana del mismo, que lo despoje de su aura de sacralidad. Una crítica de este tipo no puede reducirse a una simple apelación a la reforma constitucional, cuyos rígidos mecanismos son parte del problema. Exige algo más. Acaso la movilización y organización, lenta pero firme, de una opinión pública realmente democratizadora, y por tanto, constituyente.

Hija de la presión en la calle, pero también del miedo y de una adhesión casi forzosa a las condiciones impuestas por los sectores duros y moderados del régimen franquista, la Constitución ha condicionado notablemente el desarrollo político posterior. No tal o cual artículo, sino la interpretación dominante de la misma, sus principales leyes de desarrollo, las actuaciones y omisiones que han alterado su sentido o la han privado de efecto. Es el sistema constitucional, en realidad, lo que se ha convertido en elemento de bloqueo para una genuina regeneración democrática.

Disipado el ruido de sables, la democracia española sigue siendo una democracia de baja intensidad. Este fue el modelo que se fraguó en la transición y nunca fue del todo contradicho. Por el contrario, las élites que la protagonizaron se sintieron cómodas o se acomodaron a una democracia de representantes, dominada por las cúpulas de los grandes partidos y claramente reticente a abrir cauces de participación ciudadana. Ahí están, como prueba, la escasa iniciativa para reformar una legislación electoral que distorsiona la voluntad ciudadana, la mezquina cabida dada a las iniciativas legislativas populares o al referéndum, la negación del derecho de voto a las personas migrantes, la lamentable evolución de la legislación sobre partidos o, simplemente, la dificultad para asumir en términos no criminalizadores el conflicto y la disidencia política.

Esta sensación de bloqueo es extensible también al ámbito social. La Constitución fue aprobada en los inicios de la crisis del “Estado de Bienestar” y los Pactos de La Moncloa dejaron claro las líneas rojas que no podían transgredirse en materia económica. Así, los derechos sociales recibieron un reconocimiento debilitado y su desarrollo acabó supeditado a criterios de “estabilización” que no beneficiaron a todos por igual. La incorporación acrítica al proceso de integración europea y, sobre todo, la asunción de los criterios de convergencia consagrados en Maastricht, acabaron por forjar un corsé neoliberal que neutralizaría el despliegue de la Constitución social y ambiental. Los resultados saltan a la vista: la economía española ha crecido, sí, pero en un sentido irracional, insostenible e injusto, con estándares sociales y ecológicos muy inferiores a los de otros países europeos (algunos de los cuales, como Noruega, ni siquiera forman parte de la Unión Europea).

Otra de las hipotecas heredadas tiene que ver con el pluralismo territorial. Todavía en 1977, una parte importante de la izquierda –incluidos el PSOE y el PCE– reclamaban un Estado federal respetuoso con el derecho democrático a la autodeterminación de los pueblos. La Constitución, empero, se limitó a consagrar un modelo abierto de descentralización, condicionado por la “indisoluble unidad de la Nación española” y cuya integridad se confía al Ejército (artículo 8). El Estado de las autonomías se desarrolló así a regañadientes. Las resistencias centralistas y españolistas no han dejado de aflorar una y otra vez. Desde la LOAPA, de infausta memoria, hasta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de consultas vasca o la histeria jurídico-política generada en torno al nuevo Estatuto catalán.

Otro tanto podría decirse de la monarquía, que amparada en el mito del “motor de la democracia”, terminaría por convertirse en una institución superprotegida constitucional y penalmente y blindada a la crítica social. O de la Iglesia Católica, cuyo poder, a pesar de la supuesta a-confensionalidad del Estado, ha sido enorme, y le ha permitido exigir prebendas políticas o económicas como contrapartida a cada avance en un sentido laico. O de la ausencia, en suma, de una sólida cultura anti-franquista, que permita juzgar con naturalidad crímenes que no sólo ofenden a sus víctimas, sino al conjunto de la sociedad.

Se podrá decir que esta lectura es simplista. Que en la transición se consiguió menos de lo que se pedía pero más de lo que se esperaba. Puede ser. Pero habrá que admitir que buena parte de los avances políticos, sociales, culturales de los últimos años, han estado vinculados, más a luchas cotidianas, persistentes, construidas desde abajo, que al marco constitucional gestionado por las clases dirigentes. Dicho marco, por el contrario, arrastra ya muchas sombras. Treinta años más tarde, es imprescindible una revisión profunda y profana del mismo, que lo despoje de su aura de sacralidad. Ello exige algo más que una simple apelación a la reforma constitucional, cuyos rígidos mecanismos son parte del problema. Acaso la movilización y organización, lenta pero firme, de una opinión pública realmente democratizadora, republicana, y por tanto, constituyente.

Disipado el ruido de sables, la democracia española sigue siendo una democracia de baja intensidad. Este fue el modelo que se fraguó en la Transición y nunca fue del todo contradicho. Por el contrario, las élites que la protagonizaron se sintieron cómodas o se acomodaron a una democracia de representantes, dominada por las cúpulas de los grandes partidos y claramente reticente a abrir cauces de participación ciudadana. Ahí están, como prueba, la exigua iniciativa para reformar una legislación electoral que distorsiona la voluntad ciudadana, la mezquina cabida dada a las iniciativas legislativas populares o a los referendos, la negación del derecho de voto a las personas migrantes, la lamentable evolución de la legislación sobre partidos o, simplemente, la dificultad para asumir en términos no criminalizadores el conflicto y la disidencia política.

Esta sensación de bloqueo es extensible también al ámbito social. La Constitución del 78 fue aprobada en los inicios de la crisis del Estado de Bienestar, y los Pactos de La Moncloa dejaron claro desde un principio las líneas rojas que no podían transgredirse en materia económica. Así, los derechos sociales recibieron un reconocimiento debilitado y su desarrollo acabó supeditado a criterios de “estabilización” económica que no beneficiaron a todos por igual. La incorporación acrítica al proceso de integración europea y, sobre todo, la asunción de los criterios de convergencia consagrados en Maastricht, acabaron por forjar un corsé neoliberal que neutralizaría el despliegue de la Constitución social y ambiental. Los resultados saltan a la vista: la economía española ha crecido, sí, pero en un sentido irracional, insostenible e injusto, con estándares sociales y ecológicos muy inferiores a los de otros países europeos (algunos de los cuales, como Noruega, ni siquiera forman parte de la Unión Europea).
Otra de las hipotecas heredadas tiene que ver con el pluralismo territorial. Todavía en 1977, una parte importante de la izquierda –incluidos el PSOE y el PCE– reclamaban un Estado federal respetuoso con el derecho democrático a la autodeterminación de los pueblos. La Constitución, empero, se limitó a consagrar un modelo abierto de descentralización, condicionado por la
“indisoluble unidad de la Nación española” y cuya integridad el artículo 8 confía al Ejército. El Estado de as autonomías se desarrolló así a regañadientes. Las resistencias centralistas y españolistas no dejaron de aflorar una y otra vez. Desde la LOAPA, de infausta memoria, hasta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de consultas vasca o la histeria jurídico-política generada en torno al nuevo Estatuto catalán.

Otro tanto podría decirse de la monarquía, que, amparada en el mito del “motor de la democracia”, terminaría por convertirse en una institución superprotegida constitucional y penalmente y prácticamente blindada a la crítica social. O de la Iglesia católica, cuyo poder, a pesar de la supuesta aconfensionalidad del Estado, ha sido enorme, y le permite exigir prebendas políticas o económicas como contrapartida a cada avance en un sentido laico. O de la ausencia, en suma, de una sólida cultura antifranquista, que permita juzgar con naturalidad crímenes que no sólo ofenden a sus víctimas, sino al conjunto de la sociedad.
Se podrá decir que esta lectura peca por simplista. Que en el balance pesan más los avances que los retrocesos.

Tal vez. Pero buena parte de los avances políticos, sociales, culturales de los últimos años, han estado vinculados, más a luchas cotidianas, persistentes, construidas desde abajo, que al marco constitucional gestionado por las clases dirigentes. Dicho marco, por el contrario, arrastra ya muchas sombras. 30 años después, es imprescindible una revisión profunda y profana del mismo, que lo despoje de su aura de sacralidad. Una crítica de este tipo no puede reducirse a una simple apelación a la reforma constitucional, uyos rígidos mecanismos son parte del problema. Exige algo más. Acaso la movilización y organización, lenta pero firme, de una opinión pública realmente democratizadora, republicana y, por tanto, constituyente.