El debate principal ha girado alrededor de cómo beneficia la medida a los líderes independentistas. No obstante, el foco también se ha desplazado hacia la regulación de los desórdenes públicos. En esa materia, las preguntas son obligadas: ¿Afecta al derecho de protesta? ¿Estamos ante un avance o un retroceso? ¿Se ha ido todo lo lejos que se podía? ¿El debate esta cerrado?

Empecemos por el inicio. La reforma mejora, sin duda, la actual redacción de los delitos de desórdenes públicos. En primer lugar, se pone fin a una autentica espada de Damocles sobre el derecho de manifestación como la sedición que llevó a la cárcel a los lideres independentistas. Tras la sentencia del procés, un grupo de sindicalistas o activistas de la PAH podrían ser los siguientes en acabar en la cárcel. No es para menos. En la actualidad, la sedición permite perseguir a quién desobedece de forma masiva actos de autoridad o leyes, aunque no haya violencia o intimidación, con penas máximas de hasta 15 años de prisión. Ahora, en cambio, solo se persiguen los desórdenes multitudinarios cuando haya violencia o intimidación y la pena máxima es de 5 años.

En segundo lugar, la reforma dibuja un nuevo panorama. Como reconoce Amnistía Internacional, hay más aspectos positivos que negativos. La sedición no es lo único que desaparece. Desaparecen los desórdenes individuales, que era una vía de entrada a numerosos abusos. También desaparecen la mayoría de los agravantes introducidos por el PP para elevar el listón punitivo. Por ejemplo, ir encapuchado, portar un instrumento peligroso, exhibir un arma de fuego simulada, o el que prevé hasta 6 años de prisión cuando “el autor se prevaleciera de su condición de autoridad”. Que los disturbios se produzcan durante una manifestación deja también de ser un agravante. Se deroga igualmente la incitación pública con mensajes que llevó a Tamara Carrasco al banquillo. Por otro lado, se rebaja el rigor punitivo. Por ejemplo, cuando hay “actos de pillaje”. Con esos cambios, el Código Penal se homologa al del resto de países de nuestro entorno.

No obstante, no hay que engañar a nadie. Nos hemos quedado a mitad del camino. La reforma es fruto de un acuerdo y una correlación de fuerzas. El Código Penal sigue plagado de delitos envejecidos que no respetan suficientemente el principio de legalidad, proporcionalidad e intervención mínima. En la concepción del orden público sigue presente el fantasma del PP. Buena muestra de ello es la pervivencia del delito de las ocupaciones temporales concebido por Rajoy para aplacar las acciones de protesta de la PAH contra los bancos. En este supuesto, este viernes se llegó a un acuerdo con el PSOE para mejorar la redacción actual con la intención de evitar su uso para perseguir la protesta pacífica. Por otro lado, siguen existiendo deficiencias, penas elevadas o demasiados conceptos ambiguos. Una de las objeciones de organizaciones como Amnistía Internacional es que los actos de violencia o intimidación de los desórdenes sólo deberían castigarse cuándo sean especialmente graves. No es suficiente con que se altere la paz pública. Debe garantizarse mejor una interpretación más restrictiva. Este nudo debería deshacerse en la actual fase de discusión de enmiendas parciales.

Sea como sea, estas cuestiones no son menores. En un Estado que se concibe a sí mismo como de derecho, el uso institucional de la fuerza se presenta como la última opción una vez agotadas las vías de solución pacífica de los conflictos. Su apelación no puede ser una excusa para desnaturalizar el ejercicio de derechos fundamentales. Esa es la base del orden público democrático.

Uno de los compromisos del Gobierno de coalición, precisamente, era acabar con el legado del PP sobre recortes del derecho de protesta. Con el gobierno de Rajoy, se aprobó el Código Penal de Gallardón o la Ley Mordaza del ministro de las cloacas, Fernández Díaz para aplacar la contestación social tras la crisis del 2008. El PP pretendía emular a uno de sus fundadores franquistas, Fraga Iribarne, cuando anunció que la calle era suya: inocular el miedo en la ciudadanía y quitarle libertades para que aceptará con impotencia los recortes. Incluso el comisario de DDHH del Consejo de Europa llegó ha declarar que en España tras esas reformas existía un problema con la libertad de expresión.

Es verdad que vivimos tiempos de crisis y eso ha alterado las prioridades pero ahora hay que volver a situar en el centro la libertad amenazada por las reformas del PP o por delitos obsoletos como la sedición.

Se han hecho pasos importantes. Primero, la derogación del delito para perseguir a los huelguistas. Luego, la presentación de la ley para blindar el derecho a la libertad de expresión con la intención de que nunca más un rapero vaya a la cárcel. Ahora, la eliminación de la sedición y buena parte de la reforma del Código Penal de Gallardón sobre los desordenes públicos. El siguiente avance debe ser terminar la demolición de la ley mordaza tras meses de negociación en fase de enmiendas. Queda un año de mandato. La agenda de regeneración democrática no se puede parar. Hasta el momento se ha demostrado que otra salida social a la crisis era posible. Ahora toca demostrar que otra salida democrática también lo es. Lo que está en juego no es solo el derecho a la protesta. Es la propia democracia.

La semana pasada el Gobierno del PSOE tuvo que apoyarse en los votos del PP y Cs para sacar adelante el llamado “decretazo digital”. Su convalidación en el Congreso era el último paso para la aprobación definitiva de un texto que entró en vigor en plena precampaña electoral. Se trataba de una norma sin precedentes en la democracia española que fue concebida, entre otras cosas, para frustrar la llamada “república digital catalana”.

Los defensores de la medida señalaban que la norma era eficaz para evitar las actividades de desinformación, como las denominadasfake news, el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. Los detractores, en cambio, aseguraban que la norma afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ellos, estábamos ante una ley mordaza digital con visos de inconstitucionalidad. Hasta ahora el Ejecutivo tenía el poder de cerrar páginas web ante la sospecha de posibles delitos (como de propiedad intelectual) pero siempre con orden judicial de por medio. Con el Decreto Ley, el Gobierno pasaba a poder cortar redes y comunicaciones sin control judicial por motivos de “orden público”.

Como gesto hacia su potencial socio en el futuro gobierno de coalición, Unidas Podemos y En Comú Podem viró del “no” a la abstención a cambio del compromiso del PSOE de incluir en la norma garantías de protección de los derechos fundamentales. La decisión gener ó desconcierto. A primera vista, sin duda lo más congruente con la oposición a la norma era el voto negativo. A pesar de ello, hacer política debe implicar gestión de la complejidad y resolución no siempre fácil de dilemas políticos. En este caso, ¿cuál era el dilema?

El decreto iba a ser aprobado sí o sí, al margen del sentido de nuestro voto, ya que contaba con los apoyos necesarios para salir adelante. Ante dicho escenario teníamos dos opciones. Una, oponernos a su aprobación con lo cual igual hubiera sido aprobado sin ninguna modificación. Dos, arrancarle al PSOE una serie de concesiones. En el fondo, nos encontrábamos ante un dilema nada excepcional en política, y nada excepcional en la izquierda: la dicotomía entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción.

En la práctica, la acción política debe ponderar lo que es posible y lo que es inevitable, hacerse cargo de la contingencia y de los problemas reales del mundo. En consecuencia, debe medirse más por los resultados, por la capacidad de modificar la realidad, que por los gestos o los discursos. Visto desde esta perspectiva, quedarnos en el “no” nos permitía salir reforzados moralmente y ser congruentes con nuestros principios. Sin embargo, perdíamos la posibilidad de enmendar los aspectos más antigarantistas del decreto. Con un voto en contra, el decreto hubiera salido adelante sin más y la consecuencia de ello sería peor para los derechos digitales de la ciudadanía. El dilema era claro. O un gesto de reafirmación de nuestras convicciones, moralmente más confortable pero más improductivo políticamente. O un gesto de responsabilidad, políticamente más eficaz pero más contradictorio.

Aspirar a transformar la realidad implica gobernar entornos de elevada complejidad que nos sitúan ante dilemas que no pueden resolverse desde esquemas rígidos y binarios. En esos contextos, hay que evitar el riesgo de caer en un voluntarismo épico pero impotente. Por eso, en política deben revisarse a menudo las expectativas y los efectos probables de las acciones. Con esa intención, decidimos priorizar la acción bajo las máximas de la ética de la responsabilidad. Lo que en apariencia podía parecer una opción menos comprensible, en realidad era una maniobra eficaz para garantizar precisamente una visión garantista del derecho. La principal modificación que aceptó el PSOE era la inclusión del control judicial inmediato de cualquier acto administrativo que pueda afectar a los derechos y libertades fundamentales. Un cambio importante en el planteamiento de la norma digital que no podía hacerse jurídicamente en el trámite de convalidación del Decreto Ley pero sí en la tramitación de la futura ley.

Ahora bien, para que ese u otros compromisos políticos del PSOE no queden en papel mojado será esencial que no bajemos la guardia. No solo desde las instituciones. También desde la calle. Cambios de este calado exigen, sin duda, la presencia y movilización de una ciudadanía organizada. En última instancia, esa es una de las garantías democráticas fundamentales de que las promesas se conviertan en hechos. La otra: que quien gobierne aspire a ser valiente para ir tan lejos como se pueda sin dejar de ser honesto y decir la verdad cuando la correlación de fuerzas imponga sus límites. Ese es nuestro compromiso.

Con todo, el caso de Joan Coma tiene ciertas peculiaridades. Es, para empezar, el primer cargo electo desde que comenzó la llamada transición investigado por un delito de sedición. El proceso que ha llevado a su detención tiene mucho que ver con la actuación del denunciante, el fiscal y el juez que lleva el asunto. El ultraderechista Josep Anglada es quien, en efecto, pone en marcha la maquinaria judicial. El Fiscal, no obstante, es quien le da carta de validez. Los argumentos de la imputación son sorprendentes. La sedición -según él- se habría cometido cuando aquel afirmó en un pleno que “para hacer la tortilla será necesario romper los huevos”. O cuando conminó a los asistentes a tomarse “muy en serio la declaración de soberanía del Parlamento”. La propia rueda de prensa de Coma denunciando los hechos, desde su perspectiva, se convierte en una nueva prueba en contra él. Esta forma de interpretar las cosas es un auténtico disparate jurídico. No resulta extraño que el otro protagonista de esta cruzada sea el mismo magistrado que envió a prisión a dos titiriteros para una obra de teatro, Ismael Moreno. La asociación de Jueces por la Democracia, en un duro comunicado, ya recordó que “opinar nunca puede ser delito”. Y hasta tres magistrados diferentes de la propia Audiencia Nacional afirmaron que actos como el del concejal “son posicionamientos políticos en el marco de la libertad ideológica y de expresión de aspiraciones o anhelos políticos”. Con este argumento elemental, archivaron denuncias similares.

En el fondo, esta instrucción es una vergonzosa “causa general” contra el soberanismo municipalista. Y más cuando utiliza conceptos manchados de sangre y de funesto recuerdo para los luchadores antifranquistas. Su abogado y diputado de la CUP, Benet Salellas, lo recordaba en un mitin de apoyo al concejal. Los golpistas de 1936 fueron, precisamente, los que acusaron de sedición a los republicanos leales al estado de derecho. Lo preocupante de todo esto es que estos hechos no son aislados. Forman parte de una “cultura de la excepcionalidad” que se ha ido imponiendo de forma persistente a lo largo de la última década. En primer lugar, a través de una Fiscalía proclive a obedecer mansamente las órdenes del gobierno de turno. Buen ejemplo de ello fue la fulminante destitución del fiscal jefe de Cataluña, Rodríguez Sol, por afirmar que la reivindicación del referéndum catalán era una aspiración política no legalmente viable, pero legítima. Y en segundo lugar, por un altas instancias judiciales como la Audiencia Nacional, claramente conservadoras y vinculadas estrechamente al poder político.

En este contexto, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Este tipo de ataque forma parte de una ofensiva en toda regla contra los independentistas. También es una amenaza, pero, contra todos los que sin serlo creen firmemente con la libertad ideológica y de expresión. Un estado de derecho digno de ese nombre no puede permitirse perseguir a aquellos que, sin recurrir a la violencia, cuestionan aspectos centrales del poder constituido. Lo que está en juego, en efecto, no es sólo la libertad de un puñado de concejales. Es la democracia. Y la soberanía municipal. Con la intención de hacer “un llamamiento a los demócratas”, precisamente, se convocó hace poco una multitudinaria concentración ante las fuentes de Montjuic de Barcelona con el lema “Por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”.

Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, este tipo de persecuciones desatan los fantasmas evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde. Ojalá la advertencia llegue también a los que piensan que esto es sólo un problema de los independentistas. Y simplemente miran hacia otro lado. Lo preocupante, sin duda, no son las palabras de un concejal en un pleno. Lo preocupante es perseguir un acto democrático como si fueran de sedición. Eso sí es, en realidad, un conato de sedición contra la propia democracia.

Ferrer i Guardia va viure en temps obscurs. Ser un home lliure, i ensenyar a pensar críticament és el que el va portar davant l’escamot d’afusellament. El seu crim, ser republicà, socialista i lliurepensador. Defensar la raó, la tolerància i crear l’ensenyament laic a Barcelona. El seu judici, una farsa militar que la premsa internacional va comparar amb la Inquisició. Com en el “cas Dryfus”, viscut pocs anys abans a Paris, però en aquest cas amb un final tràgic. Albert Camus ho va expressar un segle després amb especial finor. ”Ferrer i Guardia pensava –deia el filòsof- que ningú és dolent per voluntat pròpia i que tot el mal que està al món ve de la ignorància. Per això el van assassinar els ignorants i la ignorància es perpetua encara avui en dia a través de noves i incansables inquisicions. Enfront d’elles, no obstant això, algunes víctimes, com Ferrer, viuran eternament”.

En veritat, el pedagog va enfrontar-se a l’obscurantisme d’una educació segrestada per l’Església catòlica. I trencà amb els seus antics dogmes o motllos pedagògics. Un d’ells era la transmissió autoritària del saber a l’estil de “la letra con sangre entra”. En aquella època, l’ensenyament és reduïa a les quatre regles de llegir i escriure. L’objectiu poc dissimulat era inocular en els alumnes les idees de la disciplina, jerarquia i autoritat indispensables per fer acceptables la seva condició de classe subalternes. L’impuls renovador de les seves idees fou equiparable al dels més de 250 mestres republicans assassinats pel franquisme. Recordar avui el pedagog és també recordar a tots aquells homes i dones que van lluitar a través de l’educació per fer un món més just i millor. La pel·lícula la “llengua de les papallones” expressa els seus anhels en boca d’un mestre interpretat per l’actor Fernan Goméz. En el discurs de fi de curs, el docent s’aixeca i proclamava que “si aconseguim que una generació, una sola generació, creixi en llibertat, ningú li podrà arrancar mai”.

L’educació era, en efecte, la punta de llança modernitzadora de la Segona República. I uns dels seus objectius, formar professors, crear escoles i biblioteques públiques. El franquisme, en canvi, es dedica al contrari: tancar escoles, cremar llibres i assassinar professors. Un diari gallec del 1936 deia: “a la vorera del mar, perquè el mar se’n porti els restos de tanta podridura i de tanta misèria, la Falange esta cremant muntanyes de llibres”. Entre els autors amb llengua espanyola purgats hi trobem Unamuno, Valle-Inclán, Pérez Galdós, Valera, Baroja, Azorín, Concha Espina o Espronceda. Entre els autors universals Eurípides, Edgar Allan Poe, Goethe, Shakespeare o Emilio Salgari.

En l’actualitat, les invectives de Ferrer i Guardia són encara plenament vigents. Entre les seves reivindicacions estava, per exemple, acabar amb escoles que separessin els pobres dels rics o les nenes dels nens. Un llegat incòmode per qui vol substituir la filosofia per la catequesis. Per qui vol convertir la universitat en un coto privilegiat, on milers d’estudiants han de deixar els estudis perquè no poden pagar-se’ls. O pels qui pretén seguir subvencionant amb diners públics el “règim segregacionista” d’escoles privades com les de l’Opus.

El pedagog llibertari avui estaria orgullós, de fet, de tota la gent de la marea groga que defensa quotidianament l’escola pública, de qualitat, laica, inclusiva i en català. O de les mobilitzacions per la llengua i la cultura de Mallorca i València. I amb tota probabilitat, expressaria la seva solidaritat amb els 27 estudiants i professors que aviat seran jutjats per un acte de protesta contra la privatització i degradació de l’educació pública. La Fiscalia demana penes de presó de fins a 14 anys, en una actuació vergonyosa que fa motivar l’aprovació d’una moció de rebuig del Ple de l’Ajuntament de Barcelona.

En el fons, aquesta ofensiva mercantilitzadora contra el dret a l’educació no és gens innocent. Qui impulsa les retallades sap que l’educació pot ser un instrument útil per evitar que les coses canviïn. Per construir ciutadans passius, atemorits i obedients. Sap, però, que –com deia Nelson Mandela- també pot ser l’ “eina més poderosa de transformació del món” per evitar que hi hagin ciutadans de primera i de segona. O per permetre “que la filla d’un camperol o d’un miner pugui arribar a ser metge”. Una octaveta de la Conselleria de Cultura de València, en plena Guerra Civil, deixava clar aquest la seva preeminència en el procés d’emancipació de les classes populars. “La millor manera de fer la revolució –deia- es fer cultura”. Aquesta és, de fet, la idea central del pensament de Ferrer i Guardia. Crear ciutadans crítics, actius i sense por a través d’una xarxa d’escoles lliures. Un llegat que avui més que mai cal reivindicar ben fort amb les seves darreres paraules abans de ser afusellat: “Visca l’Escola Moderna!”.

A lo largo de la historia, en efecto, esa “razón de Estado” se ha invocado en numeras ocasiones y en no pocos países. Ya sea desde una comisaría, un cuartel o un despacho ministerial. Mientras la luz y el taquígrafo son el ADN de la democracia, la opacidad de las trastiendas lo es de los regímenes totalitarios. En la mayoría de los que se reclaman democráticos, no obstante, se sigue recurriendo a la política de cloacas. El periodista David Fernández contaba en un libro publicado en el 2006 como en la era de los 90’ entre sus víctimas recurrentes se encontraban todo tipo de activistas. La conveniencia de recurrir a medios ilegítimos para salvaguardar el bien común todavía hoy es objeto de defensa de algunos dirigentes.  Sin ir más lejos,  el propio expresidente del Gobierno del PSOE, Felipe González, señaló hace poco sin pudor que “el Estado de derecho se defiende también en las alcantarillas” en referencia a la guerra sucia de los GAL.

Con la celebración de la consulta del 9N, los métodos poco ortodoxos se pusieron otra vez de moda. Ya cuando ocupó su cargo, el ministro dejó las cosas claras. El “problema catalán” era –según él- un cuestión más de orden criminal que político. Se creó – según informó la prensa – una unidad destinada a rastrear información para desgastar el proceso soberanista. La lista de damnificados, desde entonces, es larga. Incluso, los jueces pro-consulta salieron salpicados. La policía elaboró un informe –publicado en La Razón– donde se recogía la afiliación política y las actividades de su vida privada. En esa cruzada, la Fiscalía bajo las órdenes del Gobierno ha jugado a menudo un papel crucial. Buen ejemplo de ello es la reciente acusación contra los  concejales que expresaron su apoyo a la resolución independentista aprobada en el Parlament.

Visto desde esta perspectiva, las sospechas van en una doble dirección. Hacia el ministro, sin duda. Pero también recaen sobre De Alfonso. Lejos de ejercer una función de contrapoder, parece hacer un rol de mera comparsa en un abuso de poder. El Parlament ya ha iniciado, por eso, su proceso de destitución a petición de los grupos parlamentarios. El propósito de ese intercambio de información reservada tampoco ofrece muchas dudas. Se pretende buscar pruebas que permitan sostener imputaciones ad hominem contra dirigentes destacados del independentismo.

Es fácil advertir en todo ello un cambio de estrategia. Quienes eran aliados políticos, tras el giro independentista, se vuelven adversarios.  Y  se rompen los acuerdos tácitos de impunidad y protección mutua. Acuerdos que habían funcionado sin sobresaltos entre las élites políticas catalanas y españolas. No hay que olvidar, por ejemplo, que Pujol era una figura intocable – el “español del año” para el ABC- hasta ese momento. El hecho de que su partido se sumara al proceso soberanista es el desencadenante del fin de esa omertá.

Naturalmente, ese cambio de alianzas tiene que ver con el progresivo derrumbe de un sistema político nacido tras la Transición. No resulta causal que, precisamente, sus valedores resulten ahora los principales afectados. El partido de Pujol arrastra tras de sí un sinfín de casos de corrupción. Con las sedes embargadas, sus  tesoreros imputados y el juicio del 3% pendiente de su celebración, es un blanco fácil. Nada que ver con otros partidos del arco soberanista catalán como ERC, CUP o En Comú Podem. Con esos mimbres, resulta poco creíble su vieja estrategia de victimización, de señalar al otro, para ocultar las propias vergüenzas. Y más cuando De Alfonso fue designado en su cargo a propuesta de Mas tras un pacto con el PP.

Las exigencias de regeneración democrática de un sistema lastrado por una corrupción que afecta a CDC y a los dos grandes partidos del Régimen, PP y PSOE, son ineludibles. Debemos evitar que en el futuro se reproduzcan los pactos del pasado y den lugar a nuevas formas de impunidad. Y reforzar los mecanismos de control. En verdad, cuando el vigilante se pliega a los intereses del gobernante de turno deberían saltar las alarmas. Para advertirnos de la necesidad de que los ciudadanos no bajen la guardia. La mayor fortaleza de la corrupción es su inacción. Su presión, movilización, sigue siendo el mejor antídoto para acabar con la podredumbre política.  Se pudo comprobar ya en la noche del 12 marzo de 2004. Un anónimo tecleó en su teléfono móvil un mensaje que corrió como la pólvora. Terminaba con la palabra Pásalo y decía: “¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!” Es la hora de que la gente vuelva a organizarse para defender la democracia de quien la debilita desde el poder. Este domingo, tenemos otra oportunidad de echarlos de una vez por todas.

Esta historia, desde luego, no es nueva. La deudocracia es hija del neoliberalismo. Y este del afán capitalista de soltar amarras. De librarse de las ataduras impuestas por las luchas y resistencias populares. Tras el hundimiento del socialismo irreal, lo sabemos, la bestia no quiere bozal. No tolera los límites jurídicos, los derechos, las leyes. A menos, claro, que sean sus propias leyes. Las que benefician a los bancos, a los grandes evasores fiscales, a la oscura trama de la cleptocracia. Esas leyes, sí. Las que aseguran la “culpabilidad de las sardinas” y la “impunidad de los tiburones”, como decía la gran Rosa Luxemburg. Lo otro, los derechos humanos, son un incordio. Una atadura inaceptable. Da igual que se trate de los derechos sociales y ambientales que de los civiles y políticos. La bestia no quiere bozal, ni críticas, ni protestas que se le vayan de las manos. Solo consumidores dóciles y atemorizados. Puede aprobar sin inmutarse normas indecentes que dejan a miles de personas sin trabajo, sin casa y sin futuro. Pero ladra indignada contra un piquete sindical o contra las pegatinas de un escrache. Así, mientras estrangula el Estado social, mientras liquida los bienes comunes, monta el Estado penal, la excepcionalidad punitiva, la vigilancia continua.

La ciudad vigilada, la ciudad del miedo, está en el núcleo de la barbarie neoliberal. Prácticas de disciplina que traspasan los muros de la prisión y se extienden por la metrópolis.

Escáneres en los aeropuertos, huellas digitales, registro de datos en la red, cámaras de vigilancia, seguridad privada en parques y plazas. “La policía en todas partes, la justicia en ninguna” como escribía Víctor Hugo en el siglo XIX. Una especie de guerra de baja intensidad que no se libra en las trincheras sino en los supermercados, en los parques, en el metro, en los sofás de las casas. Una guerra que levanta muros, fronteras y que convierte la ciudad en un gran panóptico en el que todos somos reclusos y guardias. Atentos vigilantes del vecino, convertido en una amenaza. Y junto a esa represión velada, aceptada de manera casi voluntaria, la otra. La represión pura y dura contra los excluidos y contra los disidentes. Huelguistas, activistas sociales, trabajadoras sexuales, graffiteros, mendigos, migrantes sin papeles, jóvenes sin futuro. Todos en el punto de mira de las ordenanzas del civismo, convertidas en auténtica constitución de la ciudad. Todos en el punto de mira de unos códigos penales que se endurecen a medida que aumentan la desigualdad y la resistencia.

La criminalización de la protesta, de la disidencia, tampoco es nueva. Pero se acelera cuando la resistencia crece. Se vio con la irrupción del 15-M, con las huelgas generales, con el rodeo al Parlament de Catalunya, con el 25-S. Primero, el paternalismo condescendiente, la zanahoria. Luego, el palo, el rostro torvo de los gobiernos market friendly. A medida que las políticas de austeridad se han ido intensificando, las derechas y sus cómplices han rivalizado en iniciativas represivas. Hoy, mayor contundencia policial y judicial. Mañana, restricciones al derecho de reunión, prohibición de ocultar el rostro en las manifestaciones y designación de fiscales especializados en “guerrilla urbana”. Más tarde, apertura de sitios en Internet para que los “ciudadanos” puedan delatar a los “antisistema”, ampliación de conductas constitutivas de atentado contra la autoridad, asimilación de las protestas a conductas terroristas o prototerroristas, monitorización policial de las redes sociales.

Es el derecho penal del enemigo. El que no tiene empacho en ir “más allá de la ley”, como decía el consejero catalán Puig. O en recurrir a la “ingeniería jurídica” si hay que quitarse de encima alguna garantía incómoda, como declara el ministro Fernández Díaz. Es el no derecho. El que criminaliza a cualquiera que ose levantar la voz. El que expulsa de las plazas a los indignados, el que trata como “ratas” a los huelguistas y como “nazis” a los desahuciados. Y junto a él, el derecho penal de los amigos. El que se pone al servicio del poder y mira hacia otro lado cuando hay fraude fiscal, el que indulta a los grandes banqueros y promueve o absuelve la violencia policial. Tampoco aquí la originalidad es absoluta. La violencia punitiva del Estado siempre ha encontrado sus enemigos. Y cuando no, los ha inventado. La inquisición persiguió a las campesinas despojadas de sus tierras acusándolas de brujas. Las clases propietarias persiguieron a los obreros acusándolos de degenerados, de hienas, de chusma, de vagos. Vistos con dimensión histórica, calificativos como perro-flautas o  terroristas son variantes, a menudo, de un odio lejano. El que lleva implícita la demofobia, el odio clasista (e incluso racista) de los poderosos a quienes pueden poner en peligro sus privilegios.

Llevamos años, décadas, conviviendo con un capitalismo sin complejos que pretende reducirlo todo a simple mercancía, a beneficio inmediato. Su avance ha dado lugar a múltiples formas de barbarie. Aumento de la pobreza, depresiones, suicidios, centros de internamiento, brotes xenófobos. Pero también está generando, en su afán totalizador, inéditos espacios de solidaridad, de resistencia. Un día es la PAH, el gesto digno de quienes ponen el cuerpo para parar desalojos. Otro, las movilizaciones contra la privatización del agua, las huelgas, las decenas de iniciativas cooperativas, anticapitalistas, que surgen aquí y allá. Después del diluvio neoliberal, estas iniciativas pueden parecer modestas. Pero están consiguiendo el que parecía imposible. Que la clase política que ha gestionado la deudocracia, la cleptocracia, esté más deslegitimada que nunca. Que el régimen bipartidista y monárquico heredado del franquismo y hoy rendido a la troika comience a aparecer como un lastre insoportable. Esta deslegitimación puede, claro, traducirse en resignación, en abandono. Pero puede alimentar, ya lo está haciendo, reacciones de indignación que muten en luchas por la dignidad, por la constitución de algo nuevo. Que eso ocurra no depende de ninguna ley divina. Depende de nosotros. Porque lo que no ha sucedido nunca –como escribió Schiller– no envejece. Sigue allí para quien tenga la capacidad de rescatar del olvido las luchas y los sueños de quienes nos precedieron. Y para alimentar, con esa memoria, nuestras propias razones para estar y golpear juntos. Contra el miedo, y por la libertad.

Es innegable que CiU esta utilizando la cuestión nacional para ocultar su responsabilidad en la gestión de la crisis y ganar oxígeno político. Pero eso no convierte al derecho a decidir en una caprichosa invención suya. En realidad, lo que Artur Mas ha hecho es leer un reclamo amplio de la sociedad catalana e intentar capitalizarlo a su favor. Y para ello, ha tenido que asumir unos objetivos y un estado de movilización con el que ni la burguesía catalana ni su propia coalición política se sienten del todo cómodos. El actual programa de CiU, de hecho, sería inexplicable sin la movilización de la Diada, sin la manifestación contra los recortes al Estatut, sin la presión de las consultas municipalistas celebradas previamente y sin la exigencia de democracia radical propagada por el propio 15M.

Es verdad que esta demanda se ha visto espoleada por la crisis, pero ello no le quita legitimidad. Que “España nos roba” sea una expresión tosca y primitiva no debería ocultar la existencia de un modelo de financiación inequitativo y poco transparente, que a menudo premia a las oligarquías territoriales en detrimento de las clases populares catalanas y del resto del Estado –a excepción, quizás, del caso vasco, cuyo concierto fiscal defienden tanto el PP como la izquierda abertzale–. Pretender, por otro lado, equiparar el caso catalán con el de la Padania italiana es minusvalorar el autoritarismo y la escasa sensibilidad pluralista del nacionalismo de Estado español. Durante el Franquismo, desde luego, pero también a lo largo de un Estado autonómico que se abrió paso a regañadientes y con la frecuente resistencia de los grandes partidos estatales. Hoy mismo, la defensa del derecho a decidir existe fuera y dentro de España: en Escocia y en Quebec, donde no existen inercias como las heredadas del franquismo, pero también en sitios como Euskadi o Galiza, donde cuenta con importantes apoyos entre las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales. Que CiU pretenda combinar este derecho con políticas anti-sociales no autoriza a quienes se oponen a ellas a negarlo. Después de todo, las críticas más severas a la corrupción y a las políticas neoliberales de CiU no han provenido del PP, del PSOE o de las izquierdas estatales reacias a la autodeterminación. Han sido planteadas, sobre todo, por las propias izquierdas catalanistas, moderadas y radicales, en un espectro que va desde ERC e ICV-EUiA a las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) o a Esquerra Anticapitalista. Los miembros de estas fuerzas suelen definirse como independentistas o como federalistas, pero no como nacionalistas. Por el contrario, han dado muestras de solidaridad internacional y de compromiso con una concepción no esencialista, plural y multicultural de nación mucho más frecuentes que las exhibidas por los grandes partidos de ámbito estatal. Es esta realidad la que explica, de hecho, que un sector importante del 15M, tradicionalmente abstencionista y nada sospechoso de nacionalismo, haya brindado a su apoyo a una candidatura independentista como la de las CUP, considerándola un revulsivo en términos de democracia radical.

Este fenómeno no debería sorprender. Desde el siglo XVII, se han producido al menos cuatro intentos de proclamación de una república catalana, interclasistas pero con fuerte apoyo popular. Estas iniciativas, frustradas por la violencia o por la incomprensión estatal, hunden sus raíces en un sinnúmero de luchas populares contra el absolutismo monárquico similares a la emprendida por los comuneros castellanos o por el campesinado andaluz. No en vano el Manifiesto andalucista, aparecido en Córdoba el 1 de enero de 1919, señalaba que: “en todas las regiones o nacionalidades peninsulares se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional. Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos con relación a pueblos vivos, como Cataluña y Vasconia, por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares intereses”. A pesar del franquismo, de la segunda restauración borbónica y del estallido de la crisis de 2008, esta memoria anticentralista y democratizadora está lejos de haber desaparecido, y se expresa en las múltiples iniciativas confederadas que todavía hoy unen movimientos sociales de diferentes rincones del Estado. El reciente manifiesto de activistas y personalidades gallegas solidarias con el ejercicio del derecho a decidir en Catalunya da buena cuenta de ello.

En el largo plazo, en realidad, son las élites europeas, españolas y catalanas, y no los movimientos sociales o las clases populares, quienes más pueden perder con lo que está ocurriendo. Las declaraciones anti-independentistas de Rajoy, Rubalcaba y Durao Barroso, pero también de Durán i Lleida y de un sector del gran empresariado catalán, expresan ese temor. Al fin y al cabo, el cerco del Congreso del 25-O, la huelga general del 14-N y la consulta catalana forman parte de un mismo proceso de desestabilización de un régimen constitucional agotado y rendido a las exigencias de la troika y de los grandes poderes financieros.

Hace un siglo atrás, el dirigente anarcosindical Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre, sostenía que era más probable que la oposición a la independencia de Catalunya viniera “de los capitalistas de Foment del Treball” que de los propios trabajadores, que no tendrían con ella “nada que perder” y sí “mucho por ganar”. Adaptada a los tiempos, aquella sentencia no ha perdido vigencia. De ahí que el derecho a decidir deba verse, más que como una iniciativa disolvente, como una oportunidad y un acicate para la democratización radical de España y de Europa.

La propuesta de un referéndum sobre la permanencia o no de Catalunya en el Reino de España ha desatado todo tipo de resistencias. Las más cerriles han provenido del nacionalismo español de derecha. Desde allí se exigió, en un primer momento, responder a la iniciativa con el código penal, como en tiempos de Aznar, cuando no directamente a través de la intervención militar. Con todo, la ofensiva contra el derecho a decidir no ha sido patrimonio exclusivo de la derecha. Un sector de la izquierda en Catalunya, más nutrido en el resto del Estado, salió rápidamente a descalificar la consulta como si tratara de una simple estrategia de manipulación del nacionalismo conservador. La constatación posterior de que contaba con un apoyo amplio entre la sociedad catalana, fue generando un ligero cambio de posiciones. Algunos críticos iniciales han dejado entrever que podrían aceptar un referéndum, aunque casi siempre con desdén, insistiendo en que en el fondo se está ante un embrollo artificialmente creado. Los cañones, desde entonces, han pasado a apuntar directamente a la independencia, presentada como una iniciativa amenazante y disolvente, como un capricho de ricos que debilita las posibilidades de afrontar los retos de una economía capitalista globalizada. En sus mejores versiones, estas críticas contienen gérmenes de verdad. El problema es que a menudo presentan una versión esquemática de lo que está ocurriendo. Y sobre todo, no consiguen ofrecer una alternativa capaz de conjugar adecuadamente las aspiraciones igualitarias de las izquierdas con la defensa de la diversidad, de la democracia radical y de un genuino internacionalismo.

Que CiU se ha valido del soberanismo para forma de diluir su responsabilidad en la gestión de la crisis y de ganar oxígeno es una realidad innegable. Pero esto no convierte al derecho a decidir en una caprichosa invención suya. Por el contrario, lo que Artur Mas ha hecho es leer un reclamo extendido en la sociedad catalana e intentar capitalizarlo a su favor. Para ello, ha tenido que asumir unos objetivos y un estado de movilización con el que ni el alto empresariado catalán ni su propia coalición política se sienten del todo cómodos. Según las últimas encuestas realizadas en Catalunya y en el resto del Estado, un 75% de los catalanes están a favor de un referéndum y solo un 19,9% se oponen. Los porcentajes alcanzan un promedio similar o mayor entre los votantes de partidos de izquierda, entre los jóvenes y entre un importante sector de la población surgida de las migraciones españolas de hace 40 y 50 años. De los partidarios de la consulta, entre un 41% y un 44% votaría a favor de la independencia [1].

Nada de esto es una simple creación de CiU. El ascenso del soberanismo, de hecho, no podría explicarse sin la beligerancia del nacionalismo de Estado español y sin las resistencias de la sociedad catalana a un marco constitucional no solo viciado en su origen, sino que se ha ido cerrando de manera sistemática a las aspiraciones de mayor autogobierno. La lista de agravios, desde la malograda LOAPA de 1982 hasta la sentencia del Tribunal constitucional sobre el Estatut de 2010, está lejos de ser un simple artilugio nacionalista. Se trata de una percepción extendida que entronca no solo con la masiva manifestación de la Diada, sino también con las numerosas consultas soberanistas celebradas previamente y con las propias exigencia de democracia radical propagadas por el 15-M. Es verdad que la desafección respecto de la España de las últimas décadas se ha visto espoleada por la crisis, pero ello no tiene por qué quitarle legitimidad. Mucho menos cuando el propio Partido Popular la ha aprovechado para lanzar una ofensiva en toda regla contra el principio de autonomía, yendo más allá de las exigencias de la troika. En efecto, el impulso en la UE de reglas de reducción del déficit y del endeudamiento público más rígidas aún que las del Pacto de Estabilidad de 1997, ha otorgado al gobierno la excusa perfecta para emprender un creciente proceso de recentralización, laminando profundamente la autonomía financiera y empujando a las Comunidades Autónomas a recortar sus de por sí menguadas políticas sociales. En abril de este año, la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada para “desarrollar el nuevo artículo 135 de la Constitución” (el que se compromete a dar prioridad absoluta al pago de la deuda contraída con la banca y los grandes inversores) ya se propuso atarlas presupuestariamente todo lo posible. Para ello, supeditó el cumplimiento de rígidos objetivos de estabilidad la autorización de las emisiones de deuda, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios. El artículo 26 de dicha ley invoca expresamente el amedrentador artículo 155 de la Constitución española –uno de los preferidos por Manuel Fraga o por Juan Carlos Rodríguez Ibarra– con el objeto de ordenar medidas automáticas de corrección para las comunidades remisas. Por si fuera poco, el gobierno impulsó un Real Decreto-ley posterior con el propósito de obligar a las CCAA con problemas de tesorería y susceptibles de ser “rescatadas” por el Estado central, a colocarse prácticamente bajo las órdenes del Ministerio de Hacienda. Se pretendía reproducir así, en el orden interno, la misma operación de sujeción que el Pacto fiscal europeo alentado por Alemania pretende realizar con los Estados. El objetivo es similar: garantizar que los fondos transferidos no afecten “el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento con instituciones financieras multilaterales” (artículo 15).

En un contexto así, la expresión “España nos roba” resulta seguramente tosca y primitiva [2]. Pero no debería ocultar ni el proceso de recentralización en curso ni la existencia de un modelo de financiación inequitativo y poco transparente que a menudo premia a las oligarquías territoriales en detrimento de las clases populares catalanas y del resto del Estado. La situación de injusticia fiscal en relación con Catalunya es admitida incluso por el rabiosamente anti-independentista Manifiesto de los 300 –rubricado, según el diario El País, por personalidades de “centro-izquierda” entre los que se encontrarían Mario Vargas Llosa, Carlos Solchaga o el Ministro Portavoz de Aznar, Pio Cabanillas–. Este reconocimiento no es un dato menor, sobre todo proviniendo de “solidaristas” que no suelen mostrar la misma indignación ante las políticas neoliberales e insolidarias del PP y del PSOE o que acostumbran a mostrarse más comprensivos con la singularidad del concierto vasco o del convenio navarro (un sistema de financiación que ni el Partido Popular de dichas comunidades cuestiona).

Frente al tópico de la región opulenta que se niega a compartir su riqueza, hay que recordar que en Catalunya hay dos millones y medio de personas por debajo del umbral de la pobreza –un 30% de la población–. Esta peligrosa situación de fractura social tiene que ver, desde luego, con las regresivas políticas sociales y fiscales llevadas a cabo por CiU (y en más de un aspecto, por el gobierno tripartito anterior). Sin embargo, no puede explicarse al margen de otros factores decisivos. Uno: la existencia de un modelo de financiación que, agravado por los incumplimientos e irracionalidades estatales en materia de inversiones, se ha traducido en una vulneración reiterada del principio de ordinalidad (la pérdida relevante de posiciones en materia de capacidad de gasto que se produce tras las diferentes operaciones de nivelación territorial) [3]. Dos: el propio proceso de recentralización competencial y de recortes sociales alentado por el gobierno central. Tres: la presión “austeritaria” y privatizadora proveniente de la propia UE. Un auténtico corsé de hierro que atenaza cualquier despliegue de la autonomía digna de ese nombre.

También sería un error, en todo caso, reducir la reivindicación del derecho a decidir a una cuestión meramente económica. Entre parte de la derecha, pero también entre la izquierda, es frecuente comparar a Catalunya con la Padania italiana y ensayar lecturas gramscianas del caso español en la que las reivindicaciones de autogobierno catalanas o vascas no serían más que un agravio de ricos contra el Mezziogiorno empobrecido. Esta equiparación, en realidad, minusvalora el autoritarismo y la escasa sensibilidad pluralista que el nacionalismo español ha exhibido a lo largo de su historia [4]. A diferencia de los nacionalismos periféricos, que en el mejor de los casos han contado con el acceso a un aparato institucional limitado, el nacionalismo español ha operado como un auténtico nacionalismo de Estado. Esto le ha permitido imponerse jurídica, económica y comunicacionalmente en ámbitos decisivos, además de servirse de la coerción o de la amenaza de la coerción para llevar adelante sus propósitos. Ha sido así, desde luego, durante la dictadura franquista –cuya huella no ha desaparecido–, pero también con el llamado Estado autonómico, un “modelo” que avanzó, no tanto por voluntad real de reconocimiento del autogobierno por parte del centro como gracias a la presión de las periferias. Como bien señala Jaime Pastor, para pensar la cuestión nacional las izquierdas ibéricas deberían prestar más atención a figuras como la del dirigente del Bloc Obrer i Camperol y del POUM en los años treinta del siglo pasado, Joaquín Maurín. A diferencia de Gramsci, cuya concepción de lo nacional-popular se vinculaba a un Estado en última instancia mononacional, Maurín partía de una lectura plurinacional del Estado español. Y entendía que no habría proyecto socialista posible en la península sin el reconocimiento de esa diversidad y del derecho a la autodeterminación -incluida la secesión- y a la unión libre de los pueblos que la integraban [5].

Ciertamente, intentar fundar el derecho a la autodeterminación en la existencia de una situación de opresión externa puede parecer desmedido tras el fin del franquismo. Pero en la actualidad, el derecho a decidir no puede reducirse al derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos o colonizados que evoca el derecho internacional. Por el contrario, tras sentencias como la del Tribunal Supremo de Canadá sobre el caso de Quebec, de 1998, debería identificarse simplemente con un derecho democrático. El que corresponde a cualquier comunidad política que se sienta inferiorizada por razones culturales, políticas y/o socio-económicas y que sea capaz de expresarlo a través de una voluntad clara, suficiente y libremente conformada. Es esto lo que cimienta su reclamo en sitios como Quebec o Escocia. Pero también en otros como Galiza o Euskadi, donde –sobre todo tras el fin de la violencia de ETA– cuenta con crecientes apoyos entre las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales.

Que CiU pretenda defender este derecho y mantener al mismo tiempo políticas neoliberales no autoriza a quienes se oponen a ellas a negarlo. Después de todo, las críticas más severas y concretas a la corrupción y a las políticas neoliberales de CiU no han provenido del PP o de los sectores de izquierda estatal reacios a la autodeterminación. Han sido planteadas, sobre todo,  por movimientos sociales e izquierdas catalanistas, moderados y radicales. Un espectro amplio que, en términos de organizaciones políticas, puede ir desde ERC e ICV-EUiA a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) o a Revolta Global-Esquerra Anticapitalista (sin excluir, claro está, a un sector importante de las bases de izquierdas y catalanistas del propio PSC). Estas fuerzas suelen definirse mayoritariamente como independentistas y como federalistas –si acaso, como confederalistas–, pero no como nacionalistas. Por el contrario, el crecimiento del soberanismo, propiciado entre otros elementos por la adhesión a dichas posiciones de antiguos y nuevos migrantes llegados de otros sitios del resto del Estado y del mundo, ha generado un cambio en la percepción mayoritaria de la idea de comunidad nacional. Ello se ha reflejado de manera más intensa en las izquierdas catalanas. Su compromiso, de hecho, con una concepción no esencialista, culturalmente mutable y plurilingüe de la propia comunidad política, y su apuesta por la solidaridad –no sólo nacional sino internacional– suelen ser mucho más exigente que los de los grandes partidos estatales. Es esta realidad la que explica, de hecho, que un nutrido sector del 15-M, tradicionalmente abstencionista y nada sospechoso de nacionalismo, haya brindado a su apoyo a una candidatura independentista alternativa como la de las CUP, considerándola un revulsivo en términos de democracia radical.

Quienes pretenden reducir el actual movimiento soberanista a una simple manipulación de la derecha tampoco deberían olvidar el vínculo histórico del catalanismo con las clases populares y medias. Desde el siglo XVII, de hecho, se produjeron en Catalunya al menos cuatro intentos de proclamación de una república propia, interclasistas, pero con un importante apoyo popular. Durante la revolución francesa, hasta los jacobinos –¡presentados como la máxima expresión del centralismo!– se hicieron eco de esta reivindicación. Un catalanista de izquierdas moderado como Rovira i Virgili explicaba en los años treinta del siglo pasado que Robespierre se había trasladado a Perpinyà llevando en su maleta las viejas leyes de Catalunya y que había ordenado que la Constitución francesa de 1791 se tradujera al catalán. Asimismo, que Couthon, cercano también a Robespierre y a Saint Just, propuso a la Convención Nacional francesa el apoyo a una república catalana [6]. En su mayoría, estos intentos, incluidos los producidos durante las dos repúblicas españolas, aspiraban a vincular fraternalmente la nueva república catalana con el resto de pueblos ibéricos, desde abajo y en condiciones de igualdad. Aunque estas iniciativas se vieron frustradas por la violencia o por la incomprensión estatal, a menudo contaron con simpatías en otros territorios del Estado. No en vano, hundían sus raíces en un sinnúmero de luchas populares contra el absolutismo monárquico similares a las emprendidas en su momento por los comuneros castellanos o por el campesinado andaluz. Tras la crisis de la primera restauración borbónica y con la llegada de la II República española, las aspiraciones del catalanismo encontraron eco en importantes figuras republicanas como el galleguista Alfonso Castelao –frecuentemente evocado por Xosé Manuel Beiras– o el andalucista Blas Infante. El propio Manifiesto andalucista aparecido en Córdoba el 1 de enero de 1919 ya señalaba que: “en todas las regiones o nacionalidades peninsulares se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional. Aun las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos con relación a pueblos vivos, como Cataluña y Vasconia, por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares intereses” [7].

A pesar del franquismo, de las renuncias de la transición y del estallido de la crisis de 2008, esta memoria anticentralista y democratizadora está lejos de haber desaparecido. Se expresa, por el contrario, en las múltiples iniciativas solidarias entre gente y colectivos de diferentes rincones del Estado. El reciente manifiesto de personalidades y activistas gallegos solidarios con el ejercicio del derecho a decidir en Catalunya –suscrito por gente como Beiras o Carlos Taibo– y el rubricado a favor del derecho de autodeterminación por personas de izquierdas de diferentes rincones del Estado –Santiago Alba, Pepe Beunza, Ariel Jerez, Carmen Lamarca, José Manuel Naredo, Justa Montero, Jaime Pastor o Jorge Riechmann, entre otros– son un reflejo modesto pero real de la pervivencia de estos lazos.

Es verdad que junto a estas iniciativas se han lanzado otras que consideran prioritario evitar toda coincidencia con Mas y cerrar el paso a cualquier tipo de independentismo, apostando por el federalismo como única alternativa disponible para las clases trabajadores y populares. El problema de estas posiciones es que no siempre dejan claro de qué tipo de federalismo se está hablando y cómo se pretende llegar concretamente a él. En ocasiones, de hecho, estas propuestas tienen en mente un federalismo homogeneizador, más cercano a modelos uninacionales como Alemania o Estados Unidos, pero que se adecua muy mal a una realidad plurinacional como la que caracteriza al Estado español. Otras veces, el federalismo propuesto pasa por alto el reconocimiento explícito del derecho de autodeterminación [8] o parece confiar de manera no problemática toda propuesta de reforma a una súbita conversión de unos partidos estatales que han hecho lo imposible para sabotearla. Hace más de un siglo, en ocasión del naufragio de la I República española, Valentí Almirall –uno de los fundadores del catalanismo progresista– ya reprochaba a Francesc Pi i Margall, como muchos otros republicanos de la periferia, su confianza en que el federalismo pudiera conseguirse desde el centro. Esta objeción de Almirall a la ilusión de un federalismo desde arriba aún aguarda réplica. Y más ahora, cuando la Constitución española se ve despojada sin contemplaciones de sus elementos más sociales para satisfacer los intereses de los grandes acreedores financieros, al tiempo que se convierte en un cerrojo inexpugnable cuando de lo que se trata es de discutir el mantenimiento de la Corona o la democratización a fondo de la organización territorial. En ese contexto, no sorprende que sean cada vez más en Catalunya quienes piensan que solo un acuerdo similar al alcanzado por los gobiernos de Canadá o Reino Unido con Quebec o Escocia permitiría, más allá del corsé constitucional, dar una salida democrática a las reivindicaciones de una amplia mayoría de la sociedad catalana [9]. O incluso que la independencia se ha convertido en un requisito necesario para cualquier pacto posterior, federal o confederal, pero entre iguales.

Sería un error, en suma, que para revertir la hegemonía que CiU y el Partido Popular están consiguiendo en torno a la cuestión nacional, las izquierdas comprometidas con la igualdad, pero también con el pluralismo y la democracia radical, se atrincheraran en la negación o el desprecio del derecho a decidir. Su desafío es otro, complicado pero no imposible: conseguir que las aspiraciones federalistas, confederalistas o independentistas converjan, en las urnas y más allá de ellas, en iniciativas comunes de lucha contra las políticas “austeritarias” europeas y contra un régimen constitucional que ha abdicado de sus elementos más garantistas. Desde estas premisas, hechos como el cerco del Congreso del 25-O, el ascenso del soberanismo de izquierdas en Galiza o Euskadi, la huelga general europea del próximo 14-N o la propia consulta catalana, no deberían verse como fenómenos aislados e inconexos. Antes bien, deberían contemplarse como elementos de un mismo proceso de desestabilización de un régimen que se ha rendido a las exigencias de los poderes financieros y se muestra incapaz de dar respuesta a exigencias democráticas básicas de la ciudadanía en distintos frentes.

Vistas las cosas de este modo, las élites europeas, españolas y catalanas tienen más razones para temer al movimiento activado por la masiva manifestación de la Diada que la propia ciudadanía que lo ha protagonizado. Las declaraciones anti-independentistas de Rajoy, Rubalcaba y Durao Barroso, pero también de Durán i Lleida y de un sector del gran empresariado catalán, son una expresión de ese temor. Naturalmente, el resultado final de lo que pueda ocurrir dependerá de lo que las distintas fuerzas políticas, sociales y culturales, los hombres y mujeres de carne y hueso sean capaces de hacer para dar una salida realmente democrática a la crisis múltiple que atraviesa al Estado. Pero la ventana de oportunidades abierta por el derecho a decidir no debería subestimarse. Hace un siglo atrás, el dirigente anarcosindical Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre, sostenía que era más probable que la oposición a la independencia de Catalunya viniera “de los capitalistas de Foment del Treball” que de los propios trabajadores, que no tendrían con ella “nada que perder” y sí “mucho por ganar”. Con ojos actuales, aquella sentencia puede parecer demasiado optimista. Sin embargo, no ha perdido toda su vigencia. Más que descalificar el derecho a decidir como una iniciativa disolvente y como un velo para la elucidación de las “contradicciones principales”, las izquierdas catalanas y del resto del Estado deberían hacerlo suyo. Y convertirlo en un acicate para la democratización y la reconfiguración profunda de España y de Europa.

Notas: [1] Estos datos pueden recabarse en encuestas tan disímiles como las del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, de octubre y noviembre, la de Telecinco o la del propio Centro de Estudios Sociológicos estatal [2] Esta una idea admitida incluso entre independentistas de izquierdas. El cooperativista y periodista David Fernàndez, candidato de la CUP por Barcelona, ha declarado recientemente al respecto: “Ni me identifico con una propuesta como la de Solidaritat per la Independencia, que agita el nacionalismo económico —que no es el instrumento esencial, sino la libertad política de este pueblo, no si cobramos más o menos— ni con lemas como Espanya ens roba —también nos roba nuestra burguesía—. Son discursos independentistas vacíos de contenido social. El proyecto político es diferente no sólo en el contenido, sino también en las formas de hacer las cosas; la democracia participativa y la democracia real deberían estar en el orden del día.” [3] Sobre esta cuestión, tiene interés, entre otros, el ensayo de Germà Bel, España, capital París, Destino, 2010. [4] Sobre las singularidades del nacionalismo español, tanto explícito como puede verse el excelente libro coordinado por Carlos Taibo, Nacionalismo español. Esencias, memoria, instituciones, La Catarata, Madrid, 2007. [5] Jaime Pastor, Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda, La Oveja Roja-Libros de Viento Sur, Madrid, 2012. [6] A. Rovira i Virgili, Resum d`Història del Catalanisme, Barcino, 1936, p. 27. [7] Citado por Miquel Caminal en la ponencia “El nacionalismo español y la parálisis federal del Estado Autonómico Catalunya y el Estado español”, presentada ante la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, el 30 de octubre de 2012. [8] Esta fue el certero reparo al manifiesto “federalista i d’esquerres” lanzado por un grupo de intelectuales afines al PSC y a ICV realizado por Antoni Domènech, Jordi Borja o Vicenç Navarro [9] El constitucionalista Francisco Rubio Llorente ha sugerido que la consulta podría abrirse camino, dentro de la legalidad vigente, a partir de una iniciativa de reforma de la actual ley orgánica de referéndum que partiera del Parlament de Catalunya (“Un referéndum para Cataluña”, El País, octubre de 2012). Joan Ridao, por su parte, señala también que una consulta cuya pregunta se vinculara la necesidad de una reforma constitucional posterior podría superar las objeciones de la sentencia del tribunal constitucional 103/2008 a propósito de la ley de consulta vasca de 2008 (Podem ser independents? Els nous Estats del segle XXI, RBA, Barcelona, 2012, p. 39). Lamentablemente, entre los federalistas han sido pocos los que se han mostrado interés en explorar estas vías específicas.

La represión de Madrid de la última semana ha reditado de manera más drástica y patética los hechos de junio de 2011. Y lo ha hecho en un contexto más grave aún que el de hace un año y medio. Durante todo este tiempo, en efecto, la impotencia y la complicidad del gobierno con los recortes impuestos por la troika no han dejado de agudizarse. La mayoría de los ajustes se ha aprobado a través de decretos leyes, con mínima o nula discusión parlamentaria. Hasta la Constitución, supuestamente intocable, se ha puesto al servicio de los grandes acreedores con la vergonzante reforma exprés del artículo 135. Sin embargo, la propuesta de algunos colectivos de rodear pacíficamente el Congreso para “rescatarlo de un secuestro que lo ha convertido en un órgano superfluo” ha sido tratada como un acto contra la seguridad del Estado.

Con mayor saña que los dirigentes convergentes, el Partido Popular desplegó una  campaña de criminalización preventiva de los convocantes acusándolos de “peligroso exaltados”, de “turbas incontroladas” e incluso de “nazis”. La delegada de gobierno, Cristina Cifuente, la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, e incluso algunos diputados del PSOE, no dudaron en sacudir también aquí el espantajo golpista. Esta construcción de la manifestación del 25-S como hecho delictivo antes incluso de su celebración, preparó el terreno para la perpetración de una cadena de actuaciones arbitrarias, muchas de ellas claramente ilegales. Hubo personas detenidas solo por desplegar banderas. Otras, simplemente por reunirse, fueron objeto de la insólita acusación de haber delinquido “contra los altos organismos de la Nación”. Con un hemiciclo parapetado tras casi dos mil agentes antidistrubios, los porrazos indiscriminados en la plaza Neptuno o las persecuciones por los andenes de la estación Atocha pusieron en evidencia a unas instituciones sordas a los reclamos ciudadanos.

Esta tendencia a descalificar como “golpista” cualquier protesta capaz de desbordar la interpretación gubernamental de los “intereses de Estado” no se ha limitado a las movilizaciones como las del 25-S. El propio gobierno de la Generalitat de Catalunya, otrora inquisidor, ha pasado él mismo a engrosar la lista de los “sediciosos” acusados de desafiar ilegítimamente la legalidad constitucional. Lejos de constituir una simple maquinación del ejecutivo catalán, la iniciativa aparece estrechamente ligada a las consultas ciudadanas por el derecho a decidir celebradas en numerosos municipios en los últimos años y a la masiva movilización del 11-S, y cuenta con un amplio respaldo en el parlamento autonómico. Sin embargo, ha sido tratada como una oscura conspiración que merece ser frenada por todos los medios.

Buena parte de los dirigentes del PP que por la mañana pedían dureza y ejemplaridad contra los manifestantes del 25-S, desempolvaban por la tarde los artículos 2, 8 y 155 de la Constitución de 1978 para recordar que el uso de la fuerza, incluida la militar, era una de las posibles respuestas “legales” a la propuesta catalana. . Muy lejos de la actitud contemporizadora del Reino Unido con el referéndum de autodeterminación escocés convocado para 2014, esta reacción ha evocado lo peor de la España cerril y autoritaria de 1934 y 1981. La confianza, precisamente, en que las fuerzas armadas puedan actuar como elemento de cierre de las interpretaciones mas restrictivas del marco constitucional es seguramente lo que ha llevado al eurodiputado conservador Alejo Vidal Quadras a extremar las bravuconadas y a instar al gobierno central a “preparar un general de brigada de la Guardia Civil” por si hubiera que invadir Catalunya. El gobierno, en todo caso, no ha tenido dificultades para reclutar aliados tanto en el PSOE como en otras fuerzas de ámbito estatal y autonómico. En el Parlament de Catalunya, Albert Rivera, del españolista partido Ciutadans, se adelantó al PP a la hora de desenfundar el golpismo, esta vez contra Mas. De un argumento similar se sirvió su compañera Rosa Díez, de la también nacionalista UPyD, para exigir la criminalización del derecho a decidir, en una línea similar a la impulsada en su día por José María Aznar.

En el fondo, la forma en que se han venido despachando las numerosas propuestas y movilizaciones desatadas por la crisis no es solo una cuestión de arrogancia o de intransigencia política. La ofensiva anti-social, represiva y recentralizadora de los últimos años tiene que ver, ciertamente, con la crisis financiera y con la propia deriva mercantilizadora del proceso de integración europea. Pero hunde sus raíces, también, en un marco constitucional que nació condicionado por el ruido de sables y que ha ido perdiendo con el tiempo sus de por sí limitadas potencialidades democratizadoras, tanto en materia social como de organización territorial. Esta singularidad del caso español, de hecho, permite establecer algunas diferencias nada desdeñables respecto de otros marcos constitucionales con un origen claramente anti-fascista, como el portugués nacido de la revolución de los claveles. De hecho, no es descabellado otorgar a esta marca de origen un peso a la hora de explicar fenómenos como la menor virulencia de la policía lusa frente a las recientes movilizaciones anti-ajustes. O como la existencia de sectores de las fuerzas armadas que, en lugar de soltar soflaman amenazantes, han mostrado su solidaridad con unas protestas que han conseguido arrancar al gobierno de Passos Coelho el compromiso de replantear su programa de recortes.

Desde esa perspectiva, es innegable que en las manifestaciones y protestas que están teniendo lugar en estas semanas, hay una corriente de fondo destituyente, que está poniendo severamente en cuestión el futuro de la restauración borbónica iniciada tres décadas atrás. Pero este tipo de impulsos, que en parte se amparan en la legalidad vigente pero que también pretenden romper con ella, no son una amenaza para la democracia. Representan, por el contario, la única esperanza de que ésta pueda sobrevivir y refundarse, aquí y en Europa, a partir de procesos constituyentes capaces de revertir el auténtico “golpe” oligárquico que, con más violencia que argumentos, se viene gestando hace tiempo antes nuestros ojos.