Cuando le dijeron que el cáncer era terminal decidió que no quería morir en el hospital. A partir de entonces, el salón y el jardín de su casa en Sant Cugat del Vallès se convirtieron en un lugar de peregrinación. Sentado en su sofá, junto a su mujer Janine, recibía nuestras visitas. Nos ofrecía té, frutos secos o galletas. Cuando estaba su hijo músico, Albert, entonces la velada podía terminar en un improvisado concierto de piano. Arcadi siempre ha hecho sentir bien a quienes le rodeábamos. Era un hombre afable. En una ocasión la música se trasladó a la calle, con un emotivo repertorio cantado a coro tras una pancarta y un equipo de música, delante de su portal. No fue esa la única despedida a la que acudió. Por ejemplo, la federación catalana de ONG o la plataforma ciudadana del Procés Constituent, cofundada por él, organizaron sendos actos de reconocimiento ante su presencia.

Las muestras de afecto eran tan numerosas que la familia habilitó una web abierta a su otra familia, más amplia y diversa, de la que formaba parte: la de los movimientos sociales. Llegaron más de 7.000 mensajes. Con todo, estos últimos días ya no recibía visitas. El viernes fue la última vez que hablé con él. Le costaba hablar. Su voz era un hilo frágil y tembloroso pero lucido y sereno. Ningún sentimiento de rabia, impotencia o enfado con el mundo. Se iba con agradecimiento. Era un afortunado -confesaba – por haberse podido despedir con tiempo y rodeado de todos sus seres queridos.

Tras su muerte, en la memoria colectiva queda el recuerdo de un Arcadi sentado en una silla plegable, micrófono en mano y hablándole a quien quisiera escucharle sobre las injusticias del planeta. Lo hacía pausadamente pero con claridad y rotundidad. Su voz crítica, insobornable, nunca dejaba de oírse en todos los foros. Iba a cualquier sitio donde se le reclamaba con su viejo coche y una pequeña agenda arrugada para apuntar todas las charlas a las que se comprometía a intervenir. Esa agenda era una muestra de su incasable compromiso en la lucha contra las injusticias: casi todos sus fines de semana estaban ocupados con muchos meses de anticipación.

Con él, hoy se va uno de los mayores referentes de los movimientos sociales en Catalunya. Vinculado desde siempre al catolicismo progresista y al pacifismo, Arcadi destacó por su lucha antifranquista. En los años ochenta empezó a ejercer de profesor de Economía. Dentro y fuera de la universidad, en libros o entrevistas, siempre nos recordaba que la desigualdad era producto de un capitalismo feroz que tendía a convertir todos los derechos en mercaderías.

En los años noventa, para muchos de mi generación Arcadi nos abrió camino. De hecho, leyendo sus libros o escuchando sus discursos tomamos conciencia política. Son muchas las cosas que aprendimos. Una de ellas: la importancia de organizarnos en asambleas, cooperativas, asociaciones o agrupaciones de cualquier tipo para perder el miedo y defender nuestra libertad.

A Arcadi lo conocí en la campaña del 0’7% para los países menos desarrollados. Desde entonces, nunca le perdí la pista. Fue uno de los mediadores en los encierros de migrantes en varias iglesias de Barcelona en protesta por la ley de extranjería. También se implicó en las campañas de objetores fiscales contra el gasto militar o en las movilizaciones antiglobalización o contra la guerra de Irak.

Casi veinte años más tarde, seguía sin perder la esperanza. Frente al pesimismo de la inteligencia, siempre estaba dispuesto a levantar la bandera del optimismo de la voluntad. Su fe en el género humano no era inquebrantable, pero consideraba que eso no era impedimento para embarcarse en proyectos que mejoraran la posición de los más débiles y, con ello, acercarnos a ese otro mundo posible. Con ese ánimo, participó activamente en movilizaciones como la del soberanismo catalán o la de las plazas de los indignados del 15-M.

Arcadi nunca perdió la oportunidad de comprometerse con causas nobles, aún sabiendo de antemano que probablemente estaban perdidas. Lo hacía de forma pública y, cuando era necesario, de modo discreto. Como abogado, en más de un caso recibí su ayuda en la defensa de algún activista perseguido en un momento en el que la lucha antirrepresiva no tenía los focos y las simpatías que tiene ahora en Catalunya.

Quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Arcadi en manifestaciones, asambleas, aulas o foros nos sentimos afortunados de haber disfrutado de su enorme humanidad, su vocación pedagógica de profesor, su humildad, su generosidad, su honestidad, su humor y, sobre todo, su coherencia radical entre sus ideas y su forma de estar en el mundo.

Con esa coherencia vital y su ejemplo nos deja una última enseñanza: hay que atreverse a imaginar el futuro para poder influir sobre él. Eso haremos, compañero y maestro. Seguiremos enzarzados –cada uno a su manera– en esa pelea para que el mundo sea un lugar más habitable y menos cruel. Descansa en pau, estimat Arcadi.

Con motivo de la situación de excepcionalidad jurídica que se vive en Cataluña, se ha celebrado este fin de semana en Barcelona el Primer Congreso en defensa del Estado de derecho. El evento reunió a magistrados, profesores de derecho penal o internacional, periodistas, miembros de entidades de derechos humanos y abogados. Uno de los objetivos del encuentro fue reivindicar el Estado de derecho como artefacto de denuncia y resistencia frente a la vulneración sistemática de las reglas democráticas que se ha producido en los últimos años en España. Es tanta la excepcionalidad jurídica que vivimos que, más que exigir una comprensión “alternativa” o “contrahegemónica” del derecho, la profundización democrática o los derechos sociales, lo que se reclamaba es simplemente que los poderes públicos sean coherentes con ellos mismos. Que no vulneren las reglas mínimas de las que se han dotado al aprobar constituciones y ratificar tratados internacionales.

En efecto, las actuaciones emprendidas contra el soberanismo catalán u otras formas de disidencia por parte del Gobierno del PP, con el apoyo de Cs y PSOE, y de las altas instancias judiciales ha planteado una crisis institucional que ha hecho tambalear los fundamentos del Estado de derecho. En ese contexto, el derecho y su interpretación se ha convertido en un campo de batalla crucial a la hora de establecer el margen de actuación de unos y otros. El mayor o menor grado de legitimidad de sus actos depende en buena medida de la aceptación y reconocimiento de sus razones jurídicas. Al mismo tiempo, la dimisión del debate político por parte del PP, PSOE y Ciudadanos y el refugio constante en un poder judicial controlado “desde arriba” respaldan la centralidad del derecho en el debate social.

En esa disputa, la ventaja de partida de quien ejerce el poder no es tan abrumadora como en tiempos pasados. La legalidad de nuestra época no es como la franquista. Es exigente y conlleva límites y controles de todo tipo. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y declaraciones de derechos impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo pasado. Un legado civilizatorio que puede convertirse en papel mojado si la ciudadanía no se lo reapropia para denunciar sus incumplimientos sistemáticos por parte del poder. A pesar de su aparente ineficacia, estos textos permiten considerar las situaciones de injusticia no como algo natural, sino como auténticas violaciones jurídicas.

En tiempo de involución democrática como la actual, por ello, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual para el poder. De hecho, sirve para mostrar su tendencia creciente a desligarse de ataduras garantistas y situarse en la ilegalidad. En realidad, invocar el estado constitucional en la actualidad implica defender la supremacía de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía, la separación de los tres poderes – cada uno con sus contrapesos -, el papel central de la sociedad civil, la proporcionalidad y el constante control o supervisión de las acciones del Estado. Esta visión de las cosas corresponde con una tradición jurídica alemana del estado de derecho (rechtsstaat), posterior a la Segunda Guerra Mundial, totalmente antitética a la noción de dictadura de la ley en que hoy la derecha jurídica española quiere caricaturizarlo. En el fondo la idea es muy sencilla: un Estado de derecho significa imponer límites “desde abajo” y desde fuera al poder del Estado. La ley no puede ser, en una concepción exigente del principio democrático, un mecanismo de cobertura de los abusos del poder, sino su freno o antídoto primordial.

Visto desde esta perspectiva, resulta más capital que nunca el papel de los juristas garantistas para mostrar el derecho no sólo como la expresión del poder sino también y, sobre todo, como herramienta para deslegitimar sus actuaciones más arbitrarias. Esta tarea tiene al menos dos funciones específicas. Por un lado, dar respuesta al inaceptable recorte de derechos políticos y la criminalización de toda disidencia al poder constituido. Por otro, mostrar que la protesta y la desobediencia, lejos de ser actos censurables, son instrumentos legítimos e incluso necesarias para forzar al poder para que cumpla su propia legalidad. Buen ejemplo de la resistencia jurídica ante la ofensiva contra el independentismo son las querellas interpuestas contra la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1 de octubre por parte de entidades de derechos humanos y varios ayuntamientos, como el de Barcelona o Girona.

En verdad, ese tipo de disputas por el sentido del derecho se libran principalmente en el Estado español. Y aquí el papel de las entidades de derechos humanos y de los juristas será relevante. Una iniciativa incesante fue la creación de la plataforma “No Callarem” (No Callaremos) que ha organizado recientemente, junto al consistorio barcelonés, la reciente “Semana de la Libertad de Expresión” en la antigua cárcel Modelo. Lo que durante casi un siglo fue un centro de privación de libertad, se convirtió en el epicentro de todo tipo de actividades políticas y culturales de denuncia de la deriva represiva. La plataforma denunciaba desde la censura en exposiciones, pasando por el secuestro del libro Fariña, la reciente condena a la revista Mongolia a pagar 40.000 euros por un chiste hasta las recientes condenas a raperos como Valtònyc o la de Pablo Hasél.

El desenlace de muchas de estas disputas, en realidad, se van a decidir en Europa. Como explicó en el encuentro el abogado Gonzalo Boyé, el mayor descrédito jurídico a la ofensiva judicial contra el independentismo proviene precisamente de los “litigios estratégicos” en los tribunales europeos. La primera señal de alarma vino con la retirada de la orden de extradición del Supremo contra los miembros del gobierno de la Generalitat exiliados en Bélgica ante su segura desestimación. A continuación, el segundo envite se produjo con las medidas de libertad acordadas por la justicia europea. Un contraste clamoroso con la dureza de las prisiones provisionales acordadas en España. Luego, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó, a petición de Jordi Sánchez, al Estado español a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que pueda ejercer sus derechos políticos”. Un mensaje que incluía medidas cautelares, un mecanismo previsto por la ONU para evitar “daños irreparables” a las personas que denuncian abusos de sus derechos ante la institución. Y, por último, el varapalo final llegó de la justicia alemana. El tribunal de Schlewsig-Holstein descartaba la existencia de la violencia y el delito de rebelión en los hechos investigados, en contra del criterio del Gobierno y del juez Llarena.

El frente internacional, en efecto, ha provocado un boquete gigante a la línea de flotación de la causa penal seguida en el Supremo. Lo que en un lugar se percibe como hechos delictivos gravísimos contra el orden constitucional, con penas de hasta cuarenta años de cárcel, en el otro no pasan de ser simples hechos políticos sin relevancia penal.  Otra actuación judicial que sacó lo colores al Estado español fue el reciente tirón de orejas del Tribunal de Estrasburgo a raíz de las condenas a unos jóvenes por la quema de fotos del Rey. Otra vez sucedía que lo que para unos era un delito de odio para los otros era un simple acto político amparado por la libertad de expresión.

En el fondo, el riesgo de corrosión del estado de derecho que todas estas actuaciones muestran no es del todo nuevo en España. Forma parte de un populismo punitivo que se ha incrustado en todo el entramado estatal como una bomba de relojería. No obstante, lo cierto es que lo sucedido en los últimos dos años con la cruenta persecución al independentismo catalán ha agudizado hasta extremos inauditos una involución democrática que ahora afecta a otros ámbitos y colectivos. El desafío, por eso, exige más que nunca construir frentes anti-represivos amplios, transversales y plurales que le disputen al poder la legitimidad del discurso del derecho. Y que pongan en el centro de la política el papel de los derechos como límites a sus abusos. Hacerlo es una cuestión de simple supervivencia para frenar su deriva abiertamente despótica.

Querido Jordi (Cuixart):

El día en que jueces y fiscales te señalaron con el dedo tuerto, nos ardió impaciente la indignación. O la náusea de la injusticia. Desde que los altos tribunales se sientan a cenar en la mesa de los poderosos, son malos tiempos para la justicia. Como diría Rosa de Luxemburgo, la justicia es servil con los tiburones y cruel con las sardinas.

Hace poco se cumplieron cuatro meses desde que te despojaron de uno de los bienes más preciados (la libertad) y te vaciaron el alma de oxígeno. Han sido cuatro meses de suplicio, castigo y venganza. Cuatro meses de memoria de una sinrazón, lejos de tus afectos y tu tierra. Cuatro meses con sabor a lágrimas del opaco cemento de una cárcel impenetrable. Como si tuviéramos una astilla clavada, desde entonces, nos falta el aire.

Tu ausencia amarga, tu lejanía de muros, nos quema. Tener que escribirte duele. Pero, como cualquier carta a un preso, hacerlo es un mensaje de futuro. Una hoguera en medio de la noche helada. Se alimenta de soledades, de distancias, pero se construye con puentes de esperanzas.

Con esta carta quiero insuflarte ánimos. Recordarte lo que has sido y siegues siendo para todos los que te extrañamos. Con tu empeño insomne por abrir camino, fuiste (y sigues siendo) un referente de coraje y dignidad. Siendo como eres un militante pacifista dispuesto siempre a extender la mano al prójimo, incluso a quienes solo ofrecen autoritarismo y ruindad, duele que te asocien arbitrariamente con la violencia. Sacrificando tu tiempo libre y de forma desinteresada, te has dejado la piel en lograr una sociedad más libre. Sabías que el camino no era fácil. Los sueños colectivos nunca lo son. Requieren de gente movilizada, ilusionada y dispuesta a sacrificarse. Son procesos largos llenos de espinas. Y más en una democracia imperfecta como la nuestra. No por casualidad, a diferencia del resto de Europa, aquí el fascismo nunca fue derrotado y el poder se construyó sobre sus cimientos. Las togas de quienes ocupan la cúspide judicial no están, por esa razón, limpias. El polvo del franquismo las ensucia. Lo sabes tú bien. Y lo recordábamos hace poco en unas jornadas contra la impunidad franquista celebradas en la Modelo, donde sentimos tu ausencia muy presente.

Vivimos tiempos difíciles, donde la polarización se extiende como una mancha cancerígena. Ahora más que nunca, resulta imprescindible recoser complicidades entre unos y otros; poner en valor lo que nos une por encima de lo que nos separa. En esa tarea urgente, figuras como la tuya son un faro en la niebla. Frente a la actual deriva autoritaria, hay que rescatar el espíritu unitario de la Asamblea de Cataluña de los 70. O la filosofía que latía detrás del lema “un solo pueblo” – catalanes de linaje y nuevos catalanes- del viejo dirigente del PSUC, Josep Benet. Te lo había oído gritar a los cuatro vientos con voz solemne de los grandes momentos: ¡somos un país mestizo! Hay que ver el fenómeno migratorio, no a partir de su grado de integración, sino como una nueva realidad construyendo una patria común con identidades y orígenes múltiples. Gente nacida aquí y gente venida de Murcia en los años 30; de Andalucía, Extremadura o Galicia en los años 60. Gente que se encontró un entorno en condiciones muy duras, sin servicios ni transporte público. Y con un esfuerzo inmenso, anónimo y silencioso, levantó nuestras ciudades desde abajo. Muchos de ellos, vecinos del extrarradio gris, la “Internacional de los bloques” evocada por tu apreciado Pérez Andújar. Siempre te identificaste con esa gente humilde y sencilla que, como tu madre, emigraron persiguiendo un futuro mejor. Eras incapaz de pensarte separadamente de sus reivindicaciones o pulsaciones vitales. De quienes llegaron, pero también de quienes se quedaron en sus tierras. Apelabas a menudo a la fraternidad y al anhelo de emancipación de las clases populares del resto de territorios ibéricos. Algo se ha torcido o no se habrá hecho bien cuando no pocos de ellos, lejos de sentirse interpelados por personas como tú, se han sentido amenazados en su identidad. Y envolviéndose entre banderas, han entregado su voto a un nacionalismo de extrema derecha. Ya lo hablaremos cuando recuperéis la libertad, pero seguro que lo que ha pasado te duele ahora en el alma, tú que eres un internacionalista obstinado en trascender filiaciones y fronteras. También te dolía ver cómo otros nacionalistas utilizaban la unidad patriótica para diluir luchas sociales y ocultar sus miserias. O el discurso contra un “Madrid” al que injustamente reducían a una de las dos Españas, olvidando que también es la ciudad mestiza, del orgullo gay, del 15-M o del “no pasarán”.

Recuerdo cuando me defendiste ante los silbidos de un auditorio de exaltados al mencionar a ese otro Madrid popular y antifascista. Lloré de rabia ante tanto desprecio ignorante y tú querías hacer un comunicado de condena. Ambos creíamos que la idea de una España uniforme e irreformable era reaccionaria. Existe una España vieja, monárquica, caciquil, miedosa, de sacristía, que embiste al grito de “a por ellos” y aspira a helarnos otra vez el corazón. Ésta está ganando. Sin embargo, ha aflorado también otra España joven, indignada, republicana, interreligiosa y laica, plurinacional y reacia a ser una prisión de pueblos. Con esa otra nueva España compartimos horizontes, sueños y anhelos comunes. Hay quienes, a ambos lados, quieren romper esa corriente de simpatía entre unos y otros.

Con nostalgia, te recuerdo ahora en todos los momentos vividos. Te recuerdo en charlas con amigos como Quim Arrufat en un aula de estudiantes o Toni Comín y Eulàlia Reguant encima de un escenario de Nou Barris. Te recuerdo cuando nos despedíamos la noche antes de tu encarcelamiento. Sabías el peligro al que te dirigías y, a pesar de ello, conservabas el valor de animarme con la claridad silvestre de tus risas. Te recuerdo cuando tú y Jordi Bosch me persuadisteis para que me hiciese socio de Ómnium Cultural, una entidad con casi cien mil afiliados y sesenta años de historia. Si no fuera por ti, no lo habría hecho. Contigo superé prejuicios y recelos antiguos. Fue en el año 2016. Querías que  Ómnium fuera casa común del soberanismo republicano, donde convivieran federalistas, confederalistas o independentistas. Querías trazar complicidades con otras organizaciones estatales que defendían el derecho de decidir del pueblo catalán. Recuerdo tu insistencia en que te presentara a Pablo Iglesias. Me gustaba tu visión inclusiva del catalanismo y la cultura. Me hablabas con entusiasmo de celebrar la Noche de Santa Llúcia en el Hospitalet de Llobregat. Por primera vez, después de 65 años, el principal acontecimiento literario se desplazaba a una ciudad metropolitana, obrera y cuna de tantas personas de origen inmigrante. Poco antes, habíamos participado juntos en un acto de vuestra campaña Lluites compartides. Allí defendimos la interrelación entre las luchas de los últimos 50 años de mucha de esa gente venida de otros lugares con las luchas colectivas del presente. Defendimos a la clase trabajadora, valiente, que nos recordaba que los derechos nunca se regalan. A la lucha feminista de una ciudad con nombre de mujer. A los que salían cada 11-S para exigir urnas y democracia. A los jubilados infatigables defendiendo lo ganado para sus nietos. A la gente de la PAH y el 15-M poniendo el cuerpo para recuperar lo que es de todos. A los viejos antifranquistas peleando por la memoria democrática. A quienes alzaban la voz contra el sufrimiento provocado por CIEs y fronteras; o exigiendo más refugiados en la manifestación más grande de Europa.

Tú que has luchado tanto por la libertad ajena, has acabado perdiendo la tuya. Como Forn, Sánchez y Junqueras, te has convertido en preso político del siglo XXI. Lo explicaba hace poco en un artículo que te mando junto a esta carta. Son muchos quienes te precedieron en esa ingrata condición. “Hem vist tancats a la presó homes plens de raó…no, diguem no” cantaba Raimon ya en los recitales de los 60. Antes de ti, estuvieron “hombres llenos de razón” como Wilde, Gramsci, Luxemburg, Roque Dalton, Sands, Mandela, Miguel Hernández.  Lo recordaba recientemente un amigo común, el periodista David Fernández.

El corazón se me encoje cuando te pienso ahora detrás de unos barrotes infames que ennegrecen los horizontes, en una celda diminuta y mal iluminada de Soto del Real. O cuando hablo con tus seres queridos o con el resto de perseguidos políticos. Todos ellos forzados a recorrer centenares kilómetros. Es terrible que no puedas levantar el teléfono y escuchar al otro lado la voz afectuosa de Txell; que solo puedas verla brevemente una vez a la semana tras un grueso cristal; o que solo puedas abrazar a tu hijo de diez meses una vez cada tres meses. Ante el vacío institucional provocado por la vil aplicación del artículo 155, debes saber que como ayuntamiento no nos quedamos de brazos cruzados. Hace poco, por ejemplo, llevamos ante la justicia la vulneración de derechos humanos del 1-O y denunciamos lo sucedido ante el Congreso de los Diputados o el Parlamento europeo. Esta semana hemos vuelto a reclamar vuestra libertad o, como mínimo, el fin del doble castigo del alejamiento. No olvidamos que la prisión es un espacio de aislamiento, hostil y deshumanizado. Allí el tiempo se congela y se hace perpetuo. Se pierde la intimidad, la luz solar, las cosas básicas de la vida: el contacto, las miradas y la ternura de quien se ama. Como decía Albert Camus, “la prisión es un suplicio cotidiano que nadie tiene derecho a infligir a un ser vivo en nombre tan solo de una opinión o de una concepción del mundo”. Cada día lo recordamos con un lazo amarillo colgado en la fachada consistorial señalando vuestra ausencia.

Los que te queremos nos vamos a acostar noche tras noche con ganas de abrazarte. Cerramos, luego, los ojos con la mala conciencia de disfrutar de una comodidad a la que a ti te han privado. Y sentimos que entre tú y la mayoría del pueblo catalán nos une un hilo rojo indestructible. Seguro que hay momentos difíciles en los que te sentirás solo en un pozo sin salida. Acorralado. Triste. Abatido. Y no verás el futuro con esperanza. Entonces, acuérdate de que somos miles los que estamos allí fuera. Acuérdate de nosotros sufriendo contigo. En el fondo, el castigo es colectivo. Tu cautiverio es nuestro cautiverio. Como en el 1-O, es una herida abierta que escuece pero nos hace más fuertes y lúcidos. Hemos vivido juntos tantos momentos duros que somos más pueblo ahora que nunca. Por querer votar, nos pegaron, insultaron y humillaron. Nos quisieron imponer censuras vergonzantes y el silencio por la fuerza del miedo. Nos trataron de delincuentes. Y, finalmente, nos han quitado la libertad. Lo que nunca podrán arrebatarnos es la dignidad de volvernos a levantar para decir que somos quienes somos y exigir respeto por nuestros derechos. Con persistencia pero con la mano extendida, sin rencor ni rabia, porque no queremos convertirnos en aquello contra lo que luchamos. Como las compañeras nos han enseñado, la política sin amor no es política. Tampoco lo es, pero, sin memoria y anhelos de justicia. No lo dudes: seguiremos soñando una democracia donde refugiarnos; para que la razón venza al miedo, a la ignorancia y al odio. No descansaremos hasta que tú y el resto volváis. No seremos libres hasta que vosotros lo seáis.

Con posterioridad al acuerdo municipal, el ex–magistrado terció en la polémica con la publicación de un artículo en La Vanguardia. En él, expresaba su sorpresa por el desplante de la CUP en una intervención suya en el Parlament. Su actuación –entendía– había sido “impecable” y la condena de Estrasburgo no cuestionaba su intervención. Argüía cuatro argumentos. Uno, que los detenidos fueron examinados por el forense. Dos, que las torturas denunciadas fueron incluidas en las actas de declaración. Tres, que el juez competente para investigarlas era otro. Y cuarto, que en aquella época sus compañeros de la Audiencia Nacional eran menos diligentes que él. Garzón cuenta, en su descargo, varias verdades sobre lo sucedido en el 92. No cuenta, sin embargo, toda la verdad. Su alegato elude varios hechos relevantes. En primer lugar, que él mismo negó con rotundidad la existencia de esas mismas denuncias en un programa de Salvados  emitido en el 2012 cuando, a preguntas del periodista Jordi Évole, contestó: “De las personas que comparecieron ante mí, ni una sola, ni una sola, denunció torturas”. En segundo lugar, omitió mencionar su falta de interés por los detalles de lo sucedido en el interrogatorio de los detenidos. Lo recordaba, de nuevo, Vazquez Montalban en un artículo rememorado por el ex diputado David Fernández. El escritor mostraba su desazón con la indiferencia de jueces que, como Garzón, pocas veces se inmutaban cuando escuchaban relatos escalofriantes de torturas. En tercer lugar, nada decía tampoco sobre el encarcelamiento de quienes fueron luego hallados inocentes. O sobre la prolongada incomunicación de cinco días que se les impuso. Esa decisión era aplicada de forma rutinaria por todos los magistrados de la Audiencia Nacional. Pero no deja de ser sorprendente que también la asumiera justamente quien pretende erigirse como paladín de los derechos humanos. Organismos internacionales, como el propio CPT, llevan años criticando su aplicación y exigiendo su supresión del ordenamiento. La detención incomunicada representa una drástica restricción de derechos y es caldo de cultivo de abusos que normalmente quedan impunes. Se aísla al sospechoso durante un tiempo superior al ordinario, se le somete a largos interrogatorios sin presencia de su abogado y se le niega el derecho a ser visitado por un médico de su elección. Tampoco se graba su estancia en los calabozos. En esas circunstancias, no resulta extraño que aumenten las suspicacias. Y que, en la mayoría de ocasiones, las denuncias se archiven ante la dificultad de probar hechos que se consuman en secreto. Quienes sufren ese suplicio, ven a menudo quebrada su voluntad y modifican sus palabras a medida que transcurre el tiempo. No es extraño que, al final, acaben auto–inculpándose o declarando que se han auto–lesionado, a pesar de haber asegurado lo contrario al inicio. Es por todo ello que un juez debe extremar las precauciones y supervisar con meticulosidad la situación de quienes están incomunicados bajo su custodia. Debe proceder también con contundencia al mínimo indicio de irregularidad. Visto desde esa perspectiva, el ex juez fue más displicente que diligente. No acordó, por ejemplo, ninguna medida para evitar situaciones de riesgo ni dedujo testimonio de particulares de los hechos para remitirlo al juez competente. Tampoco ordenó un examen médico lo suficientemente exhaustivo –físico pero también psicológico– para averiguar si éstos eran ciertos. Los estándares internacionales, como los del Protocolo de Estambul, lo exigen. No es suficiente con una pregunta genérica sobre el estado del arrestado. Con todo, lleva razón Garzón cuando se compara con sus otros cinco compañeros y apunta a un fallo generalizado en la Audiencia Nacional. Es llamativo que reconozca que allí no se recogían las manifestaciones sobre maltratos de los detenidos. Sus colegas –señala– miraban a otro lado. Con pocos escrúpulos, es cierto, se había naturalizado la aplicación de practicas de excepción en clave de “derecho penal del enemigo”. Dos años después del varapalo de Estrasburgo, de hecho, fue él quien intentó crear e implantar un manual anti–tortura en el que se grabara todo el período de la incomunicación. Esa medida y la implantación de videocámaras en las comisarías eran una exigencia del Consejo de Europa. El Ejecutivo español, sin embargo, se negó rápidamente a poner los medios para implementar tanto una como otra. Y el Consejo del Poder Judicial se niega, todavía hoy, a formar a los jueces en esta materia. Los Mossos y la Ertzaintza, en cambio, instalaron esos artilugios en sus dependencias y las denuncias sobre malos tratos disminuyeron súbitamente. Garzón fue, en todo caso, un juez hiperactivo que destacó por encima del resto. Su arrojo explica que estuviera tras causas incómodas que otros no hubieran vacilado en cerrar. En su currículo están, por ejemplo, la investigación de la Gürtel o la Operación Pretoria, de los responsables del GAL, el franquismo, o las dictaduras de Chile y Argentina. Ese tipo de actuaciones, a la vez de granjearle numerosos adversarios, sirvieron para construir el “mito Garzón”. Las muestras de apoyo hacia su labor judicial, en efecto, le han llegado de todo tipo de colectivos de defensa los derechos humanos, contra la corrupción o la impunidad del franquismo y los crímenes de lesa humanidad. También del mundo cultural o político cercano a IU. Lo cierto es que tras la fachada de su imagen elegíaca se esconden no pocas sombras que se combinan con esos aciertos. Con el encarcelamiento de centenares de personas posteriormente declaradas inocentes, él contribuyó como pocos a la erosión del principio de presunción de inocencia. No es ningún secreto tampoco su empleo abusivo de métodos excepcionales de indagación, de extensos secretos sumariales y de resoluciones inquisitoriales contra supuestos “extremistas” a partir de apriorismos, analogías o teorías excéntricas. Una de ellas fue la que le llevó a acusar a Batasuna de “genocidio” y “limpieza étnica” sobre la población no nacionalista, valiéndose de estrambóticas estadísticas de población y asimilando su proyecto político al del Partido Nacionalsocialista Alemán. En el contexto de la lucha contra el llamado “entorno de ETA”, fue precisamente cuando acabó consolidando su perfil de juez incansable pero poco riguroso y garantista. El propio calvario atravesado por los periodistas de Egunkaria o Ekin no podría entenderse sin una serie de prejuicios judiciales que él mismo alimentó en sumarios como el 18/98 y que luego, por otras razones, se volvieron en su contra. Muchas de estas actuaciones le valieron el reconocimiento de quienes querían librarse de ciertos enemigos a costa de cualquier precio. El garantismo era, para ellos, un lujo innecesario. El Gobierno Aznar, de hecho, llegó a otorgarle el máximo galardón al Mérito Policial con pensión incluida. Sin embargo, no encontraron el mismo eco favorable entre muchos de sus compañeros de carrera, que ya entonces comenzaron a verle con suspicacia. La propia Audiencia Nacional y el Supremo le desautorizaron en reiteradas ocasiones. Como por ejemplo, en el cierre cautelar de un periódico vasco, en ciertas aplicaciones extensivas del concepto de terrorismo, en el uso de autoinculpaciones arrancadas a la fuerza en Guantánamo o en escuchas telefónicas que empañaron laboriosas investigaciones en materia de narcotráfico. También los jueces de Estraburgo le censuraron cuando, en el 2010, apreciaron que no había “respondido a la exigencia de imparcialidad”. Eso sucedió en la investigación contra su ex–compañero de Gobierno, Rafael Vera, tras su paso por la política. Estos antecedentes contribuyen a explicar por qué una parte no desdeñable de jueces no vieron con malos ojos la actuación contra él. O, al menos, mantuvieron un conspicuo silencio cuando la cúspide judicial le puso en el punto de mira. Incluso explica que no falten quienes, apoyando su valiente actuación en materia de memoria histórica o contra la trama Gürtel, consideraban una contrariedad que estos casos cayeran en sus manos. Lo cierto, en todo caso, es que la impulsiva forma de actuar de Garzón ha respondido a una especie de voracidad justiciera en el que los aciertos y torpezas se han alternado de manera caprichosa. Así, por cada actuación dirigida a quebrar el cerco de impunidad de poderosos de distinta laya, es posible señalar otra de signo opuesto. Otorgar a todos estos elementos su peso justo no es sencillo. Silenciar los ataques furibundos que recibió Garzón de quienes vieron amenazado su entramado de poder parece un error. Como también lo parece pretender vilipendiar, con manifestaciones de venganza, a quien ya ha sido apeado del poder y de la carrera judicial. Sin embargo, querer colocar en un segundo plano las numerosas actuaciones del ex juez, marcadas por la ligereza o arbitrariedad jurídica, seria otro desacierto. Es razonable, de hecho, que quienes las padecieron esperen un acto suyo de constricción o disculpa. Y más cuando Garzón pretende presentarse urbi et orbi como el gran defensor de los derechos humanos. Lo reclamaba el diputado de ERC, Joan Tardà, en el aludido programa de Salvados. Aceptar sin más la posverdad del “mito Garzón” sería, precisamente, un flaco favor al discurso de los derechos humanos. Éste, si quiere ser coherente y eficaz, ha de ser capaz de erradicar los dobles raseros y llamar a las cosas por su nombre. Esa fue la intención con la que, en mayor o menor fortuna, el Pleno consistorial barcelonés aprobó el acuerdo del pasado julio. ]]> http://www.nohihadret.cat/2017/08/la-posverdad-de-garzon/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2017/06/prostitucion-y-ordenanzas/ http://www.nohihadret.cat/2017/06/prostitucion-y-ordenanzas/#comments Sun, 11 Jun 2017 12:22:31 +0000 user http://www.nohihadret.cat/?p=665 La prostitución ha sido siempre uno de los temas más recurrentes del debate público. Las instituciones lo han abordado desde una posición ambivalente. Con tolerancia en los locales privados; con persecución, por contra, en el espacio público. Con este objetivo, en Barcelona se aprobó la Ordenanza del Civismo en el 2006. Y en el 2012, el entonces alcalde Trias declaró su voluntad de borrar de la ciudad «una intolerable esclavitud del siglo XXI». Con el apoyo del PP endureció el texto y suprimió el requisito del aviso previo a la sanción. Ni el PP en Madrid se había atrevido a ir tan lejos. ¿Qué balance se puede extraer hoy de la aplicación de la ordenanza?

PROTEGER LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES

A primera vista, su entrada en vigor sirvió para sosegar los ánimos de quienes consideraban que existía una situación de caos en la ciudad. El fenómeno, no obstante, no ha disminuido y la situación de las mujeres ha empeorado. Una de las pretensiones de la norma era protegerlas del «comercio y explotación sexual». Desde una visión abolicionista, se sostiene que la práctica no es nunca voluntaria sino fruto de la coacción. Los argumentos son similares a los de la cruzada contra las mujeres musulmanas con velo. Se defiende que está en juego su dignidad como mujeres. Hay que protegerlas por su bien y, si hace falta, contra su voluntad.

No hay que ser un experto en la materia para percatarse de la incongruencia de colocar en la diana a quien previamente se ha definido como víctima o esclava. Lejos de protegerla de sus supuestos explotadores, se prevé incautar el dinero de su trabajo y multas de hasta 3.000 euros. El castigo económico, sin embargo, no es de gran ayuda. A menos ingresos, más incentivos para salir a la calle. La portavoz de Genera, Clarisa Velocci, ha calificado la medida de ejercicio de hipocresía institucional. Un celo punitivo que, más que erradicar, puede fomentar la explotación. La Síndica de Barcelona también se ha sumado a las críticas. Y la Agencia de Protección de Datos sancionó en el 2006 al consistorio por vulnerar sus derechos con un fichero. No son pocas, además, las que acumulan deudas impagables con la Administración. Y eso puede ser un obstáculo para recibir ayudas o prestaciones sociales.

UNA EFECTIVIDAD SIMBÓLICA

En realidad, la efectividad de la ordenanza ha sido sobre todo simbólica. El estigma se proyecta sobre los más vulnerables, profundiza su marginación y los convierte en chivos expiatorios. Lo interiorizan también en perjuicio de su autoestima. La caracterización de las mujeres como incívicas configura un imaginario de rechazables que alimenta comportamientos de odio. Se consolida, además, un mensaje contradictorio con la visión victimista. Sancionarlas transmite la idea de que el problema es básicamente suyo. Esta forma de actuar puede chocar con la normativa europea. La directiva 2011/36 de la UE obliga a los estados miembros a proteger a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico. Y a evitar, en cualquier caso, medidas de castigo contra ellas.

Diez años después, se puede asegurar que el abordaje punitivo ha fracasado. Los datos son reveladores e incontestables. Desde el 2009 hasta ahora el Ayuntamiento atiende a unas 400 mujeres. A pesar de las promesas, la cifra se ha mantenido estable. Esta es una de las conclusiones de las jornadas Prostitución y ordenanzas municipales de hace unos días. ¿Cómo abordar, entonces, la cuestión? Desde finales del 2015 se ha dejado de multar a quienes ejercen la prostitución por el solo hecho de estar en la calle. Más allá de los motivos políticos, hay buenas razones legales para ello. La entrada en vigor de la ley de seguridad ciudadana –conocida como ley mordaza– no prevé castigar el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Se introduce el requisito de aviso previo. El PP y el PDECat han quedado descolocados. La norma estatal es más benévola que la suya y, en cambio, el fenómeno no ha crecido.

DEBATE ABIERTO

Una vez constatado que multar no es ninguna solución, ahora es el momento idóneo para elaborar una estrategia más eficaz y garantista. Junto con la concejala de Feminismos, Laura Pérez, debemos construir herramientas –sobre todo comunitarias– para afrontar las preocupaciones vecinales sin reproducir un marco punitivo fallido. En esta nueva etapa, el debate se debe abrir a la oposición y a la ciudadanía. También, no obstante, a quien normalmente no se le da la palabra: a las mujeres que ejercen la prostitución. Esto supone aceptar lo que es obvio: que no hay disfrute estable, seguro, de los derechos propios si no se establece un marco que evite amplificar la voz de los más fuertes a expensas de silenciar la voz de los y las más débiles.

Un año después, ¿qué ha pasado con todo eso? El balance es decepcionante. Lo que parecía un cambio de paradigma no era más que un espejismo que iba a ocultar un cúmulo de compromisos incumplidos. Las cifras no engañan. Con el actual ritmo de reubicaciones se tardaría 43 años en hacer efectivas las promesas realizadas con la foto de Aylan de telón de fondo. Es más,  donde antes había llamadas a la “solidaridad”, ahora hay declaraciones con tintes abiertamente xenófobos. “No vengáis a Europa. No creéis a los traficantes. Ningún país europeo será un país de tránsito” son las palabras del propio Donald Tusk apenas seis meses después. Eso sucede mientras los partidos de extrema derecha ganan posiciones e incluso acceden al poder. Sus buenos resultados en los últimos comicios europeos, de hecho, no tienen precedente. La cuestión no se acaba aquí. Con el pacto migratorio firmado con Turquía, la Unión Europa sella definitivamente sus puertas a los refugiados sirios que huyen de los bombardeos y las ciudades en ruinas. En su afán por blindarse, Europa abdica del deber humanitario de asilo exigido por el derecho internacional. De quienes se encuentran bloqueados en Grecia a la espera de su deportación. O de aquellos que todavía no han podido cruzar al interior de la UE. Esa pasividad, ese abandono de sus obligaciones frente a la emergencia humanitaria es una grave ofensa. No solo de los  Derechos Humanos, también del imperativo moral surgido tras la muerte de Aylan. En ese contexto, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Las ciudades y los municipios son el dispositivo clave que asume el reto de acoger a los refugiados, pero en el Reino de España no participan en las políticas de asilo ni reciben financiación para hacerlo. A pesar de esto, ciudades como Barcelona han demostrado que con firmeza y voluntad política se puede plantar cara. En los últimos meses, hemos puesto en marcha un ambicioso Plan integral. Con él se garantiza una atención digna a los cientos de solicitantes de asilo llegados a la ciudad pero que quedan fuera de los parámetros del Plan Estatal. Lo cierto, sin embargo, es que el drama humanitario es de tal magnitud que eso no es ni será suficiente. Resulta imprescindible volver a rearmarse. Hay que poner el foco en la responsabilidad de gobiernos como el español. Exigir que cumplan con la legalidad internacional. Para hacerlo, será necesario convertir las cámaras legislativas en auténticos campos de batalla. Las Ciudades Refugio, las entidades de derechos humanos y la ciudadanía en general tenemos una gran responsabilidad. No podemos permitir que el Welcome Refugees se convierta en un lema para limpiar consciencias. Debemos tejer una red ciudadana desde la calle hasta las Ciudades Refugio que movilice y, si hace falta, no dude en ejercer acciones de desobediencia civil. En realidad, el imperativo categórico que nos llega de Aylan está plenamente vigente. Su recuerdo nos señala con el dedo. A nosotros, sin duda. También, pero, a las decenas de personas que como él perdieron su vida intentando cruzar una frontera. Sus gritos ahogados nos recuerdan que, como señalaba Chesterton, el mundo no es más que “los restos de un naufragio”. ]]> http://www.nohihadret.cat/2016/09/el-dedo-acusador-de-aylan/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2016/03/el-odio-en-tiempos-de-crisis/ http://www.nohihadret.cat/2016/03/el-odio-en-tiempos-de-crisis/#comments Tue, 22 Mar 2016 12:10:34 +0000 user http://www.nohihadret.cat/?p=605 En Sudáfrica, hoy hace 56 años la policía abría fuego contra una concentración anti-apartheid. Causó 69 muertos, 400 heridos y más de 1.000 detenidos. En recuerdo de la “matanza de Sharpeville”, la Asamblea General de la ONU proclamó esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. A pesar de ese tipo de gestos, o quizás por ello, no pocos europeos se sienten inmunes al contagio de prejuicios y discriminaciones. La percepción de que esa lacra pertenece al pasado, o a otros continentes, está fuertemente arraigada en la conciencia de ciertos sectores sociales. Los hechos, no obstante, parecen refutarlo.

En realidad, el imperativo categórico que nos llega de la “matanza de Sharpeville” cobra hoy en día plena actualidad. Tras cumplirse setenta años desde la liberación del fascismo, el viejo fantasma de la intolerancia cabalga de nuevo por el continente europeo. Se inflama con mensajes patrióticos que priman a nacionales frente a extranjeros. Se aprovecha del miedo para apuntalar el férreo bloqueo a quienes huyen con la esperanza de una vida mejor. Con todo tipo de dispositivos. De decenas de centros de internamientos por toda Europa; de campos inhóspitos de refugiados hacinados; radares, sensores, muros y alambradas; gases lacrimógenos en la frontera; uso de narcóticos y camisas de fuerza en las repatriaciones; vigilancia constante en los metros y aeropuertos; detenciones indiscriminadas y recortes de derechos. Y más de 3.000 personas muertas durante la travesía marítima a Grecia e Italia en la peor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.

En tiempos de crisis, crece la xenofobia. Lo dice la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia en sus informes, cuando denuncia discriminaciones masivas contra la población extranjera. Un ejemplo de ello son los ataques contra los autobuses y centros de acogida de refugiados. Las urnas también muestran esa tendencia. Los buenos resultados de la extrema derecha en los últimos comicios europeos no tienen precedente.

Los vientos más fríos vienen del este. En Polonia, por ejemplo, el partido Ley y Justicia llega al poder con un discurso de nacionalismo, catolicismo y xenofobia. En Hungría pasa algo similar. El primer ministro aspira a recuperar la pena de muerte y salvar las “raíces cristianas de Europa”, en un clima de hostilidad contra gitanos, musulmanes y judíos. La viralidad de esa pócima indigesta se expande también por las venas de la Europa Central. El Frente Nacional francés, el Amanecer Dorado griego o el FPÖ austríaco ganan terreno en países con larga trayectoria democrática. En Holanda, sin ir más lejos, la ultraderecha trepa en todas las encuestas con propuestas como la prohibición del Corán. En Francia, la papeleta de Le Pen se convierte en la más votada en los comicios regionales. En Dinamarca, se aprueba por amplia mayoría una ley para “desvalijar” a los refugiados. Y en Alemania, el auge de la extrema derecha en las elecciones regionales plantea dudas sobre la continuidad de su política de acogida.

Los partidos del odio envenenan el debate público y arrastran a los partidos tradicionales a posiciones cada vez más cercanas a las suyas. Unos y otros saben que colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, de la quiebra del Estado del Bienestar o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil. En primer término, para obtener votos en medio de una crisis económica que ha empobrecido a las clases medias europeas y ha dejado en la extrema pobreza a parte importante de la sociedad. En segundo lugar, para absolver a los verdaderos responsables de la crisis. En el fondo, tanto Bruselas como los propios gobiernos europeos parecen más dispuestos a utilizar a los migrantes como chivo expiatorio, como amenaza latente, que a impulsar una alternativa enfocada hacia la garantía de sus derechos.

Vista desde esa perspectiva, la entrada en vigor ayer del acuerdo con Turquía resulta de lo más banal. Una simple copia del alcanzado con Marruecos para la frontera sur. Con ello, la Unión Europa sella definitivamente sus puertas a los refugiados sirios que huyen de los bombardeos y las ciudades en ruinas. En su afán por blindarse, Bruselas abdica del deber humanitario de asistencia exigido por el derecho internacional. Esa pasividad, ese abandono de sus obligaciones frente a la emergencia humanitaria, se revela también como una muestra de fría insolidaridad, de desprecio ante el sufrimiento y la muerte.

Con ese pacto, Europa se arroja a los brazos de la xenofobia y repite su historia, inequívocamente en forma de tragedia. La pone a prueba en muchos sentidos. También en la dignidad moral de esa vieja dama que se muestra impotente ante la barbarie que ahora producen sus fronteras. En ese contexto, el imperativo ético y político de los tiempos por venir no puede ser otro que rescatar los ideales con los que fueron construidos sus cimientos. Los de una larga lucha contra el fascismo, el racismo y el odio. De los miles de refugiados republicanos que huyeron del franquismo. De los miles de europeos que salieron este sábado a la calle. Para pedir vías y estancias seguras para los refugiados. Para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos.

El intento fallido de atentado en un vuelo hacia Detroit ha reabierto el debate sobre los controles aeroportuarios y, al tiempo, sobre las medidas de prevención contra ataques terroristas. A juzgar por las reacciones suscitadas a uno y otro lado del Atlántico, los partidarios de endurecer la vigilancia con técnicas supuestamente más incisivas como los escáneres corporales han tomado una vez más la delantera. En sus declaraciones públicas no han dudado en exhumar el mantra cansino de la defensa de la seguridad. El gesto, sin embargo, tiene no poco de fraudulento: por su dudosa eficacia para prevenir atentados, por su elevado coste económico y por la inaceptable amenaza que supondría para libertades y derechos crecientemente cercados.

La obsesión securitaria en los aeropuertos es de larga data. Pero llegó al paroxismo con los atentados del 11-S, que mostraron que un avión podía ser no sólo un instrumento de chantaje en caso de secuestros, sino un arma de destrucción. Como respuesta, justamente, George W. Bush creó la poderosa Administración de Seguridad del Transporte (TAS), con el propósito de detectar y prevenir posibles actos terroristas. Con un presupuesto que en el año 2008 ascendía a los 4.700 millones de euros, la TAS asumió el encargo de coordinar controles y detectar “perfiles de riesgo” a lo largo del país, incluidos los aeropuertos. Para ello, autorizó el acceso a bases de datos y sistemas de reservas de las compañías aéreas, multiplicó los controles previos al embarque, muchos de ellos carentes de toda publicidad e, incluso, creó una lista de personas a las que había que vigilar (watch list) o, directamente, prohibir volar (no fly list).

No pasó mucho tiempo para que el poder que estas medidas concedían a policías y vigilantes privados se revelara como fuente de innumerables abusos. Confiscaciones arbitrarias de pertenencias personales, registros ilícitos de teléfonos móviles y ordenadores, cacheos humillantes a migrantes o a estadounidenses de origen árabe, pero también a personas mayores y niños. La prensa y algunas organizaciones, como la conocida Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, denunciaron que en las listas de sospechosos de terrorismo figuraban monjas, periodistas, ex agentes de seguridad y hasta el premio Nobel de la Paz Nelson Mandela.

A pesar de las escasas salvaguardas garantistas de estas políticas, la Unión Europea acabó por plegarse a ellas. En 2006, la Comisión Europea aprobó un vergonzoso reglamento por el que se establecían normas secretas para garantizar la seguridad aérea. También aquí se consintieron, sin escrutinio público alguno, controles arbitrarios y sin cobertura legal, como la obligación de pasar descalzos y sin cinturón por el detector de metales. La presión de algunos europarlamentarios y de asociaciones de defensa de derechos humanos llevó a la Comisión a enmendar parcialmente su política. Un nuevo reglamento de 2008 hizo públicas muchas de las prohibiciones vigentes. Pero no frenó los abusos y trajo consigo nuevas vulneraciones al derecho a la intimidad y a la libre circulación de las personas.

En realidad, el reciente intento de atentado navideño era una buena oportunidad para revisar una política que, en palabras de la propia secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Janet Napolitano, “ha fallado miserablemente”. Pero a lo que hemos asistido, en cambio, es a una huida en falso que viene a reforzar la idea de que cualquier objeto (un zapato, un frasco, un pliegue en la ropa) y cualquier persona (la que tiene ciertos rasgos étnicos, pero también la que se pone nerviosa o protesta) pueden ser sospechosos de terrorismo.

Los expertos coinciden en que, más allá de su carácter intrusivo para la intimidad de las personas, los escáneres de cuerpo desnudo –cuyo coste gira en torno a los 112.000 euros– serían incapaces de detectar sustancias escondidas en las cavidades corporales. Y que incluso si se incorporara tecnología que lo permitiera, esta implicaría serios riesgos para la salud de los eventuales pasajeros. Lo cierto es que tales artilugios alimentan la ilusión orwelliana de poder neutralizar tecnológicamente a un enemigo por definición difuso y cambiante. Por eso, no han tardado en añadirse a la vasta panoplia de dispositivos supuestamente diseñados para combatirlo controles del iris, retratos en tres dimensiones, cribado de huellas dactilares, análisis de gestos o cabinas de ondas milimétricas.

En realidad, los registros y vejaciones que hoy se perpetran en los aeropuertos no pueden verse como un hecho aislado. Son el reflejo de prácticas cada vez más extendidas en otros ámbitos de la sociedad que han colocado a buena parte de la población bajo sospecha, consintiendo su fichaje, localización y rastreo permanentes. En ese contexto, blandir el argumento de la seguridad para justificar un nuevo ajuste en el torniquete del control no deja de parecer un fraude. Por la creciente inseguridad que estas políticas generan (sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población) y por su frecuente ineficacia para conseguir los objetivos que dicen perseguir (el supuesto terrorista de Detroit, no hay que olvidarlo, figuraba en las famosas listas norteamericanas de sospechosos). Tal vez sea hora, más bien, de comenzar a exigir que los propios vigilantes sean vigilados y que los controles sean tan sólo los estrictamente necesarios. Y de recordar, para ello, la preclara advertencia lanzada hace ya tiempo por Thomas Jefferson: “Quien esté dispuesto a sacrificar un poco de libertad para sentirse seguro, no merece ni lo uno ni lo otro”.

Esta agenda europea ha incidido de manera clara en las líneas de actuación de los estados miembros, con el evidente riesgo de su utilización abusiva contra la disidencia política. En el caso español, por ejemplo, la Ley de Partidos de 2002 se presentó como una norma general y abstracta. Muy pronto, no obstante, se reveló como un recurso dirigido a silenciar, según las conveniencias del momento, cualquier opción electoral vinculada a los sectores de la izquierda abertzale no dispuestos a distanciarse de la estrategia de ETA en los términos predispuestos por los partidos mayoritarios. A resultas de ello, se emprendieron diferentes procesos de ilegalización, todos basados en la aportación de pruebas poco fundadas y con garantías procesales restringidas. Y aunque existía una asentada jurisprudencia según la cual en un sistema democrático “todas las ideas tienen perfecto acomodo”, el núcleo de argumentos favorables a la ilegalización giró en torno a una cuestión de opinión o de omisión de juicio: la ausencia de condena de los atentados de ETA.
Con los atentados del 11-M, las actuaciones de “excepción” y los ataques a la presunción de inocencia se multiplicaron. Basta pensar en el macro-proceso 18/98, celebrado en la Audiencia Nacional, en el que se pretendió presentar la defensa de la “desobediencia civil” como un acto de coincidencia objetiva con el terrorismo. O en los procesos que condujeron al banquillo a personas tan ajenas a él como el expresidente de la Cámara vasca o los lehendakaris Juan José Ibarretxe y Patxi López.

En los últimos meses, es verdad, se han producido hechos que comportan un freno en esta pendiente antigarantista. La sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la ilegalización de Iniciativa Internacionalista, por ejemplo, ha dejado claro que cualquier cosa no es terrorismo, que la abstención de condena, por reprochable que pueda parecer, no basta para ilegalizar un partido, y que las pruebas cuentan, sobre todo cuando están en juego la libertad ideológica y el pluralismo político. También el Tribunal Supremo ha revisado la para algunos inobjetable sentencia del proceso 18/98, con consecuencias de peso: se han producido rebajas de condenas, se ha anulado la ilegalización de Egin y otras empresas e incluso se ha absuelto a personas que, pese a una conocida trayectoria pacifista, habían sido condenadas por “colaboración” con el terrorismo.

El peligro, ahora, es que estas actuaciones pretendan convertirse en nuevo “sentido común” y que las tesis de la “contaminación” terrorista y del “entramado” de ETA, debidamente matizadas, aparezcan como un horizonte incuestionable e irrebasable. Tesis como estas, amparadas por informes policiales de dudosa solvencia técnica, propugnan una visión tan expansiva del terrorismo que han merecido la reciente reprobación del Relator de Naciones Unidas sobre la materia, Martin Scheinin.

Nada sugiere, sin embargo, que la filosofía de fondo de la actual política antiterrorista vaya a revisarse, ni en el ámbito interno ni en la propia UE. Así, no han faltado voces que atribuyen la decisión del Constitucional al temor de una reconvención por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ni la jurisprudencia de Estrasburgo es inequívoca, ni se trata de un órgano que forme parte de la UE. Por eso la ley de partidos, a pesar del rígido corsé que impone al principio democratico, seguirá vigente, sin que los órganos institucionales se inquieten demasiado por ello. No en vano, la sentencia del Supremo sobre el proceso 18/98, pese a corregir a la Audiencia Nacional, ha mantenido como parámetro interpretativo la poco garantista Decisión europea de 2002.
Así, aunque la política antiterrorista no ha estado en el centro de la reciente campaña, su impacto en el ejercicio de libertades básicas seguirá siendo decisivo. Lo preocupante es que, mientras Washington parece dispuesto a pasar página a la era Bush, la vieja Europa y sus gobiernos continúan inmersos en la misma obsesion securitaria. Ocurre, así, lo que en muchos otros ámbitos: Europa, que podría ser la solución, resulta hoy por hoy parte del problema.