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El dedo acusador de Aylan

user — Fri, 02 Sep 2016 12:45:10 +0000

“La fotografía no puede cambiar la realidad pero sí puede mostrarla”. Esa es la famosa frase del fotoperiodista británico Fred Mc Cullin sobre el valor del arte de obtener imágenes. Con ellas podemos, en efecto, ver un mundo que a menudo deseamos ignorar. Lo cierto, no obstante, es que hay imágenes que no solo nos señalan la cruda realidad con impotencia. Como una piedra lanzada en un estanque, su efecto multiplicador en la retina de quien las mira puede cambiar las cosas. La niña Kim Phuc corriendo rociada de napalm, por ejemplo, alteró por completo la visión de los norteamericanos de la guerra de Vietnam. Una de las fotografías que, precisamente, más ha conmovido al mundo en los últimos tiempos ha sido la de Aylan. La de un niño de 3 años ahogado en la orilla de una playa. Con la conmemoración de un año de su publicación, justo hoy, resulta pertinente preguntarnos por la capacidad que tuvo por cambiar el mundo que lo ahogó. Lo primero que llama poderosamente la atención de esa imagen es su eficacia para golpear y agitar conciencias. En poco tiempo se convirtió, de hecho, en un icono o símbolo del éxodo sirio. Con anterioridad, el mismo mar que se tragó a Aylan había escupido miles de cadáveres de personas que huían del horror. Entre ellos, otros niños y niñas. La atrofia moral de nuestra sociedad, no obstante, parecía ignorarlos. Como si tras esa larga lista negra no hubiera rostros, nombres y vidas truncadas. ¿Por qué la fría e insensible sociedad europea reaccionó con escándalo, en cambio, con Aylan? Como supo ver Aristóteles en su Retórica, la compasión es un fenómeno de cercanía. Una media distancia entre lo demasiado próximo y lo demasiado lejano, donde desaparecen las diferencias de nuestra vista. La figura del pequeño se hizo emotiva, próxima, porque la tragedia que lo había matado estaba lejos pero su muerte efectiva acaeció en nuestras playas. Aylan, un niño de origen kurdo, de repente, podía ser “uno de los nuestros”. Estaba tendido en la arena, como dormido boca en tierra. Esa calma, su piel blanca, sus zapatos, el pantalón corto y la camiseta roja podrían ser los de cualquier niño europeo. Con ello, la fotografía estimulaba la capacidad de ponerse en su lugar. O más bien en el de sus familiares. “¡Podría ser mi hijo!” Las fotos, es obvio, dicen más de quien las mira que del fotografiado. En este caso, tiene más que ver con esa sociedad opulenta de lágrimas de cocodrilo a la otra que se ahoga en el mar que les separa.

Sea como sea, lo cierto es que en ese momento la imagen movió los cimientos de Europa. La sociedad, acomodada y aséptica, rompió su coraza de indiferencia y se vio implicada de pronto en el desastre humanitario más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Mensajes de solidaridad como el Welcome Refugees inundaron las redes y las calles de medio continente. Muchas ciudades redoblaron sus esfuerzos para abrir una ventana de esperanza y dignidad con la acogida de las personas refugiadas. Las reacciones de los responsables de las instituciones de la UE tampoco tardaron en llegar. El presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk, exigió esfuerzos para no convertir la “solidaridad en un eslogan vacío”. Con ello, en pocos días se multiplicaron por cuatro los refugiados que Europa estaba dispuesto a acoger. En el Reino de España, la propia portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aceptó “la cifra de la cuota sin reticencias”.

Un año después, ¿qué ha pasado con todo eso? El balance es decepcionante. Lo que parecía un cambio de paradigma no era más que un espejismo que iba a ocultar un cúmulo de compromisos incumplidos. Las cifras no engañan. Con el actual ritmo de reubicaciones se tardaría 43 años en hacer efectivas las promesas realizadas con la foto de Aylan de telón de fondo. Es más, donde antes había llamadas a la “solidaridad”, ahora hay declaraciones con tintes abiertamente xenófobos. “No vengáis a Europa. No creéis a los traficantes. Ningún país europeo será un país de tránsito” son las palabras del propio Donald Tusk apenas seis meses después. Eso sucede mientras los partidos de extrema derecha ganan posiciones e incluso acceden al poder. Sus buenos resultados en los últimos comicios europeos, de hecho, no tienen precedente. La cuestión no se acaba aquí. Con el pacto migratorio firmado con Turquía, la Unión Europa sella definitivamente sus puertas a los refugiados sirios que huyen de los bombardeos y las ciudades en ruinas. En su afán por blindarse, Europa abdica del deber humanitario de asilo exigido por el derecho internacional. De quienes se encuentran bloqueados en Grecia a la espera de su deportación. O de aquellos que todavía no han podido cruzar al interior de la UE. Esa pasividad, ese abandono de sus obligaciones frente a la emergencia humanitaria es una grave ofensa. No solo de los Derechos Humanos, también del imperativo moral surgido tras la muerte de Aylan. En ese contexto, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Las ciudades y los municipios son el dispositivo clave que asume el reto de acoger a los refugiados, pero en el Reino de España no participan en las políticas de asilo ni reciben financiación para hacerlo. A pesar de esto, ciudades como Barcelona han demostrado que con firmeza y voluntad política se puede plantar cara. En los últimos meses, hemos puesto en marcha un ambicioso Plan integral. Con él se garantiza una atención digna a los cientos de solicitantes de asilo llegados a la ciudad pero que quedan fuera de los parámetros del Plan Estatal. Lo cierto, sin embargo, es que el drama humanitario es de tal magnitud que eso no es ni será suficiente. Resulta imprescindible volver a rearmarse. Hay que poner el foco en la responsabilidad de gobiernos como el español. Exigir que cumplan con la legalidad internacional. Para hacerlo, será necesario convertir las cámaras legislativas en auténticos campos de batalla. Las Ciudades Refugio, las entidades de derechos humanos y la ciudadanía en general tenemos una gran responsabilidad. No podemos permitir que el Welcome Refugees se convierta en un lema para limpiar consciencias. Debemos tejer una red ciudadana desde la calle hasta las Ciudades Refugio que movilice y, si hace falta, no dude en ejercer acciones de desobediencia civil. En realidad, el imperativo categórico que nos llega de Aylan está plenamente vigente. Su recuerdo nos señala con el dedo. A nosotros, sin duda. También, pero, a las decenas de personas que como él perdieron su vida intentando cruzar una frontera. Sus gritos ahogados nos recuerdan que, como señalaba Chesterton, el mundo no es más que “los restos de un naufragio”.

Sarkosy, espejo de la UE

nohihadret — Tue, 12 Oct 2010 23:05:51 +0000

En medio de una fuerte contestación social a su política económica, Nicolas Sarkozy echó mano de la expulsión de miles de familias gitanas para mostrar una imagen de Gobierno duro y de orden. Desde algunos sectores se pensó que la reacción inicial de la comisaria europea Viviane Reding podía suponer una inflexión en la política de la Unión Europea en la materia. A medida que pasan los días, nada parece abonar semejante optimismo. En tiempos de crisis, tanto Bruselas como los propios gobiernos europeos parecen más dispuestos a tolerar la utilización de la población gitana o de los migrantes como chivos expiatorios que a impulsar una alternativa genuinamente garantista enfocada hacia los derechos de las personas más vulnerables.
En realidad, Sarkozy coloca a la Unión Europea ante el espejo y no miente cuando afirma que su política, lejos de ser excepcional, se inspira en prácticas y normas similares a otras ya existentes. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, de hecho, lleva años denunciando en sus informes discriminaciones masivas contra personas de etnia gitana no sólo en Francia, sino también en otros países de la región como Reino Unido o Alemania. Y lo mismo ocurre con el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa o con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya jurisprudencia sobre vulneración de derechos habitacionales a la población romaní no ha hecho sino crecer en las últimas décadas.
Aunque estas amonestaciones y sentencias han sido de gran importancia para mostrar no sólo la injusticia, sino la ilegalidad de estos fenómenos, pocas veces han llevado a los gobiernos involucrados a modificar sus políticas. De hecho, muchos dirigentes europeos han reconocido sin sonrojo que si las expulsiones francesas no hubieran recaído sobre gitanos de origen búlgaro o rumano, sino sobre gitanos o inmigrantes extra-comunitarios, el escándalo hubiera sido mucho menor.
Buena prueba de ello es que el Gobierno de Silvio Berlusconi –uno de los principales valedores de Sarkozy– lleva tiempo ordenando allanamientos masivos contra campamentos de gitanos migrantes. Cuando lo hizo por primera vez en 2008 en ciudades como Roma, Milán o Nápoles, estos allanamientos acabaron con la expulsión de centenares de romaníes albaneses y balcánicos. La permisividad comunitaria animó a Berlusconi a ir incluso más allá. Tipificó la inmigración irregular como un delito y anunció que tomaría huellas dactilares de los gitanos para tenerlos identificados. Sólo la protesta de algunas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los sin papeles forzó al Parlamento europeo a exhortarle sin demasiado éxito para que cesara su acoso a la población romaní.
En rigor, la impresión más generalizada es que las instituciones europeas pueden exhibir cierta sensibilidad simbólica frente a actos de xenofobia extremos y mediáticos. Pero no se alteran de igual modo si estos discurren de manera silenciosa y cotidiana. Varios parlamentarios socialistas que en su momento censuraron a Berlusconi y que ahora critican a Sarkozy votaron, por ejemplo, la ominosa Directiva de Retorno que permite extender hasta seis meses (y a veces a 12) el período de retención de inmigrantes en centros de internamiento por el solo hecho de encontrarse en situación de irregularidad administrativa. Incluso en el caso español, muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo por las medidas de Sarkozy, aplaudieron como un signo de “realismo” el recorte de derechos que la última reforma de la legislación de extranjería impuso a miles de inmigrantes cuya situación social no difiere en sustancia de la de los gitanos expulsados de Francia. Y son los mismos, en el fondo, que apenas se inmutan cuando las expulsiones tienen lugar lejos del ojo de las cámaras.
Naturalmente, colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, del colapso de los servicios sociales o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil para obtener votos o para absolver a los verdaderos responsables de la crisis. Que el Gobierno de Sarkozy, de hecho, impulse la prohibición del burka y coloque a los gitanos en el punto de mira, al tiempo que acomete, sin debate alguno, un recorte de las pensiones en Francia, no debería verse como una simple coincidencia. Que el Partido Popular intente imitarlo, buscando gitanos o migrantes conflictivos bajo las piedras de cara a las elecciones próximas, tampoco.
Tras el revuelo inicial, los ejecutivos europeos –incluido el de Rodríguez Zapatero– han conseguido que la Comisión esta semana decidiera no sancionar a Francia por discriminación. Simplemente le pide que explique cómo traspondrá en los próximos meses una Directiva sobre libre circulación de “ciudadanos comunitarios” aprobada en 2004. Esta salida blanda, que contrasta con la firmeza que las mismas instituciones exhiben cuando imponen programas de ajuste y lecciones de austeridad, ha sido presentada como un triunfo de la legalidad. Analizada con detenimiento, sin embargo, apenas traduce un uso estrecho y oportunista de la misma. Un uso, en todo caso, muy alejado de la mejor tradición garantista, que tuvo su cuna en Europa y que, en materias como la política migratoria y an-
tirracista, está siendo enterrada por una Unión Europea cada vez más alejada de ella

Un billete de avión y 300 euros

nohihadret — Sun, 26 Sep 2010 10:06:11 +0000

La expulsión de miles de personas gitanas del territorio francés ha agitado en plena crisis el panorama político europeo. Tras el duro cruce de críticas entre la comisaria Viviane Reding y el gobierno de Nicolás Sarkozy, los mandatarios de la UE, incluido José Luis Rodríguez Zapatero, han apretado a filas en torno al presidente galo. Muchos lo han hecho poniendo por delante la necesidad de salvaguardar el principio de no discriminación y la defensa de los derechos fundamentales. Por desgracia, no faltan razones para pensar que, encauzadas las posiciones más extremas, la política de estigmatización y represión de las poblaciones gitanas o de los migrantes en general seguirá campando por sus fueros.

En realidad, el gobierno Sarkozy emplaza a Europa ante su espejo y no miente cuando sostiene que su política, lejos de ser excepcional, se asienta en prácticas y normas similares a otras ya existentes. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, de hecho, lleva años denunciando en sus informes discriminaciones masivas contra personas de etnia gitana no sólo en Francia, sino también en otros países como Reino Unido o Alemania. Y lo mismo ocurre con el Comité de derechos sociales del Consejo de Europa o con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya jurisprudencia sobre vulneración de derechos habitacionales a la población romaní no ha hecho sino crecer en las últimas décadas.

Aunque estas amonestaciones y sentencias han sido de gran importancia para mostrar no sólo la injusticia, sino la ilegalidad de estos fenómenos, pocas veces han llevado a los gobiernos a modificar sus políticas. De hecho, todo hace pensar que si las expulsiones francesas no hubieran recaído sobre gitanos de origen búlgaro o rumano, sino sobre gitanos o inmigrantes extra-comunitarios, el escándalo hubiera sido mucho menor.

Buena prueba de ello es que el gobierno de Silvio Berlusconi -uno de los principales valedores de Sarkozy en estos días- lleva tiempo ordenando allanamientos masivos contra campamentos de gitanos migrantes. Cuando lo hizo por primera vez, en 2008, en ciudades como Roma, Milán o Nápoles, estos allanamientos acabaron con la expulsión de centenares de romaníes albaneses y balcánicos. Sin embargo, no merecieron reproches formales por parte de las instituciones comunitarias. Esta permisividad animó a Berlusconi a ir incluso más allá. Tipificó la inmigración irregular como delito y anunció la toma de huellas dactilares a los gitanos para tenerlos identificados. Sólo la protesta de algunas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los sin papeles forzó al Parlamento europeo a exhortar sin demasiado éxito al gobierno italiano para que cesara el acoso a la población romaní.

En rigor, cuando se analiza la política reciente de la UE y de sus estados miembros en materia migratoria o de combate del racismo, es difícil reunir elementos para el optimismo. Si las instituciones comunitarias, en efecto, suelen exhibir cierta sensibilidad simbólica frente a actos de racismo extremos y mediáticos, no se alteran de igual modo si estos discurren de manera silenciosa y cotidiana. Varios parlamentarios socialistas que en su momento censuraron a Berlusconi y que ahora critican a Sarkozy votaron, por ejemplo, la ominosa Directiva de Retorno que permite extender hasta 6 (y a veces a 12) meses el período de retención de inmigrantes en Centros de Internamiento por el sólo hecho de encontrarse en situación de irregularidad administrativa.

Incluso en el caso español, muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo por las medidas de Sarkozy, aplaudieron como un signo de “realismo” el recorte de derechos que la última reforma de la legislación de extranjería impuso a miles de inmigrantes cuya situación social no difiere en sustancia de la de los gitanos expulsados de Francia. Y son los mismos, en el fondo, que apenas se inmutan cuando las expulsiones tienen lugar lejos del ojo de las cámaras. Sólo en la última semana, 47 bengalíes que llevaban cinco años viviendo en Melilla fueron trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros en Barcelona. A pesar del tiempo que llevaban en la península y de las numerosas muestras de arraigo que habían dado, corren el riesgo de ser expulsados, colectivamente, como en Francia. Su historia, sin embargo, permanecería invisibilizada de no ser por los colectivos de solidaridad que, en estos días, han llamado la atención al respecto.

En realidad, la invisibilización y estigmatización de la población económica y étnicamente más vulnerable son dos caras de un mismo fenómeno. De un fenómeno que, además, se agrava en épocas de crisis, donde los más débiles entre los débiles pasan a ser presentados, bien como población sobrante, bien como sujetos “peligrosos” que amenazan los derechos del resto de la población. Que el gobierno de Sarkozy impulse la prohibición del burka y coloque a los gitanos en el punto de mira, al tiempo que acomete, sin debate alguno, el recorte de las pensiones, no debería tomarse como una simple coincidencia. Que el Partido Popular haya intentado imitarlo, buscando gitanos o migrantes “conflictivos” bajo las piedras de cara a elecciones próximas, tampoco.

La reconvención de una comisaria social-cristiana, de centro derecha, a la obscena política del gobierno francés, podría haber supuesto una cierta inflexión en la política europea sobre la materia. Tras la fulminante descalificación y llamada al orden en la que han coincidido desde Durão Barroso a Berlusconi o al propio Zapatero, es probable que todo se diluya en agua de borrajas. Y es que cuando el ministro francés Enric Besson afirma que la principal diferencia entre los gitanos de ayer y de hoy, entre los viejos y nuevos inmigrantes, reside en que ahora se los expulsa con un billete de avión y 300 euros en los bolsillos, no pretende pronunciar boutade alguna. Sabe que ese es el precio para que una política como la de Sarkozy, con pequeños retoques, pueda resultar aceptable a ojos de unas clases dirigentes europeas que, al cabo, carecen de una política alternativa. He ahí la tragedia.