En realitat, el debat sobre la legitimitat d’aquesta pràctica no es pot fer en abstracte. Argentina i Espanya no són el mateix. La política hipotecària i d’habitatge espanyola no ha produït un “genocidi”. Però sí una vulneració generalitzada de drets. Aquesta situació ha perjudicat a milers de famílies, molts d’elles amb infants. I sovint s’ha traduït en situacions vexatòries que han conduit al suïcidi. Fins i tot l’ONU i el Tribunal de Luxemburg han assenyalat la il·legalitat d’aquests fets. La seva denuncia s’ha produït davant la inacció del govern, del parlament i del propi Tribunal constitucional. Els diputats i senadors, inclosos els de el PP, no són aliens a aquesta situació. Són els qui estableixen les regles del joc que la fan possible. Tanmateix, amb prou feines responen per aquestes violacions a títol individual. Emparats en la disciplina de partit, viuen en un confortable anonimat decisori. La immensa majoria de la població no coneix els seus noms ni com voten. Les protestes ciutadanes no els afecten en termes personals. A diferència del que ocorre en altres països, els seus mandats ni tan sols poden ser revocats per la ciutadania. Aquesta manca de controls socials obliga als càrrecs electes a suportar un escrutini crític més sever que la resta de les persones. Fins i tot fora del parlament. Això no vol dir que el “escrache” no estigui subjecte a límits. La violència física, la intimidació greu i l’insult personal són formes de protesta que no compten amb cobertura legal. Però ni els poders públics poden invocar coacció i violència cada vegada que els hi incomodi, ni tota protesta il·legal mereix el mateix retret penal.

L’ONU i el Tribunal europeu de drets humans ho han dit repetidament. La llibertat d’expressió i de manifestació no es limita a protegir la crítica educada o la que no molesta. Tutela sobretot la protesta que pot “ofendre, resultar ingrata o pertorbar”. Enviar correus electrònics a un diputat, esbroncar-ho, tocar el timbre de la seva casa per lliurar-li una carta o cridar-li consignes feridores, però amb finalitats polítiques, pot causar molèsties. Però forma part de les càrregues que ha d’acceptar en un règim que es pretengui democràtic. Sobretot quan els qui protesten són col·lectius que manquen de força per contrarestar el constant assetjament institucional exercit per altres actors privats com a bancs i grans promotors.

Per suposat, aquest tipus de protesta no pot desconèixer l’existència de drets aliens. Però fins i tot si ho fa, això no autoritza a descarregar sobre ella qualsevol sanció penal. Menys encara a identificar-la amb actes de terrorisme. Insultar a un diputat pot ser una falta, però no un delicte. Llançar pintura o trencar un cristall quan es té un deute que asfixia, poden ser delictes, però delictes lleus o amb atenuants. El “escrache”, com tota crítica, pot generar excessos. Però hi ha un perill major: acceptar la seva demonització preventiva o la seva criminalització indiscriminada. L’Estat i els particulars no estan en la mateixa posició. Malgrat el seu drama, els afectats per l’estafa hipotecària han exhibit una paciència i una contenció notables. Si quan aixequen la veu per exigir compromisos concrets son acusats de nazis i de practicar kale borroka, fins i tot els votants del Partit Popular haurien de preocupar-se.

Font: http://www.ara.cat/premium/opinio/dret-lescrache-critics_0_893910652.html

Los ‘escraches’ de la PAH como legítimo ejercicio de la libertad de crítica

Se ha dicho mucho en la última semana acerca de la legitimidad del ‘escrache’. Pero a menudo se ha tratado de un juicio abstracto, que prescinde tanto de las razones de la PAH como del contexto concreto que lo origina. Como es sabido, esta modalidad de protesta nació en Argentina con un doble objetivo. Por un lado, dar respuesta a la falta de actuación estatal en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. Por otro, hacer visibles en el espacio público a quienes, beneficiándose de dicha impunidad, pretendían pasar inadvertidos. Si se compara la situación argentina con la española, se detectan diferencias evidentes. Parece excesivo, por ejemplo, comparar las desapariciones y asesinatos masivos provocados por la dictadura argentina con el “genocidio financiero” simbólicamente denunciado por la PAH. Del mismo modo, puede resultar desmedido equiparar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con los miembros de un gobierno o de un grupo parlamentario que se niega a aprobar una iniciativa legislativa popular.

Dicho esto, las similitudes tampoco pueden minimizarse. A diferencia de Argentina, es verdad, el caso español no admite hablar de “genocidio”. Pero sí de una vulneración generalizada y persistente de derechos que no puede equipararse a un reclamo de privilegios o a un capricho aislado. En el origen del escrache convocado por la PAH hay una situación objetiva de violación de derechos fundamentales que no perjudica a un grupo restringido de personas, sino a miles de familias. Muchas de ellas han sido víctimas de prácticas que, según la ONU y el Tribunal de Luxemburgo, habrían hecho las delicias de Gobseck, aquel personaje de palidez lunar en el que Balzac inmortalizara a todos los usureros del mundo. Muchas de ellas, también, han perdido sus casas, han tenido que cargar con deudas inasumibles y se han visto expuestas, junto a sus hijos, a actuaciones vejatorias que incluyen el acoso y la amenaza de las entidades financieras y la violencia policial. En ocasiones, estas actuaciones han generado en las víctimas enfermedades graves o las han inducido al suicidio. Es cuando menos banal, pues, situar los escraches contra la estafa inmobiliaria al mismo nivel que otras como las protestas contra la prohibición de las corridas de toros o de las drogas. Unas y otras, en efecto, son legítimas. Pero solo en el primer caso se está ante una situación de ilegalidad estructural, de vulneración generalizada y persistente de derechos básicos.

El juicio sobre el escrache tampoco puede obviar la sostenida inacción y falta de respuesta por parte de los principales poderes del Estado. A diferencia de otros movimientos de desobediencia civil, la PAH ha agotado prácticamente todas las instancias institucionales en busca de una solución concreta al drama de las personas afectadas. Ha llevado sus demandas a defensorías del pueblo y tribunales ordinarios. Ha conseguido mociones favorables de decenas de ayuntamientos. Ha impulsado negociaciones con todas las entidades financieras. Sin embargo, una y otra vez se ha topado con la inacción o el bloqueo de los órganos con mayor capacidad para decidir: el gobierno, el parlamento y el propio Tribunal constitucional (cuya pobre actuación en la materia sería en parte corregida por el Tribunal de Luxemburgo). Cuando por fin la PAH se decidió a encabezar una iniciativa legislativa popular (ILP) contra los desalojos, en defensa de la dación en pago retroactiva y del alquiler social, los obstáculos no fueron menores. A pesar de ello, consiguió más de un millón y medio de firmas y forzó a un PP reticente a admitir a trámite su propuesta. Dicha admisión, con todo, no supuso una súbita conversión del gobierno. En todo momento, este mostró que no estaba dispuesto a torcer su política favorable a las entidades financieras (puesta de manifiesto, ya, con el impulso de un Código de Buena Conducta basado en la autorregulación de la banca o con la creación del llamado Banco Malo). Por el contrario, a poco de admitida a trámite la ILP, aceleró, con el apoyo de UPyD, una drástica reforma en materia de arrendamientos urbanos que condena a la indefensión y al desalojo a quienes (mal)viven del alquiler.

Es en este contexto, justamente,  en el que la PAH se planteó recurrir al ejemplo utilizado por los HIJOS argentinos para contrarrestar la impunidad de los crímenes de la dictadura. Para ello, propuso llevar adelante una campaña de señalamiento público de los diputados que desvirtuaran el contenido de su “propuesta de mínimos”. La idea era arriesgada, pero no carecía de lógica. Los diputados y senadores, incluidos los del PP, tienen buena cuota de responsabilidad en la falta de respuesta a una situación de vulneración estructural de derechos constatada por órganos locales y por distintas instancias internacionales. Después de todo, son los que han producido y los que mantienen las reglas que hacen posible dicha situación. Sin embargo, apenas responden por estas violaciones a título individual. Amparados en la disciplina de partido, viven en un confortable anonimato decisorio. La inmensa mayoría de la población no conoce sus nombres ni cómo votan. Las protestas ciudadanas no los afectan en términos personales. Y a diferencia de lo que ocurre en otros países, sus mandatos ni siquiera pueden ser revocados por la ciudadanía.

Esta falta de responsabilidad individual, sumada a la existencia de una situación límite de vulneración de derechos, obliga a los cargos electos a soportar un escrutinio más severo que el resto de personas. Incluso fuera del parlamento. Muchas veces, este escrutinio incisivo, enérgico, es la única manera de sortear el bloqueo mediático y de informar y de hacer públicas actuaciones que de otro modo permanecerían ocultas o impunes.

Así concebido, no hay muchas dudas de que el escrache está amparado por la libertad de crítica, de reunión y de manifestación. Esto no quiere decir, naturalmente, que no esté sujeto a límites. La violencia física, la intimidación grave y el insulto personal, por ejemplo, son actuaciones que no cuentan con cobertura legal. Pero ni los poderes públicos pueden invocar coacción y violencia cada vez que se los incomode, ni toda protesta ilegal merece el mismo reproche. La ONU y el Tribunal europeo de derechos humanos han insistido en este punto repetidamente. La libertad de expresión y manifestación no se limita a proteger la crítica educada o la que no molesta. Tutela también, y sobre todo, la que puede “ofender, resultar ingrata o perturbar”. Enviar correos electrónicos a un diputado, tocar el timbre de su casa para dejarle una carta o gritarle consignas hirientes, pero no estrictamente personales, sino con finalidades políticas, puede causar molestias. Pero forma parte de las cargas que ha de aceptar en un régimen que se pretenda democrático. Sobre todo, como se apuntaba antes, cuando: a) existe una vulneración grave y sistemática de derechos; b) los poderes públicos no han hecho el máximo de esfuerzos para dar una respuesta adecuada; y c) quienes protestan son colectivos en situación de vulnerabilidad que carecen de fuerza para hacerse oír en el espacio público o que no pueden contrarrestar la capacidad de otros actores privados, como los bancos, para acosar efectivamente a las instituciones.

Que el escrache, así concebido, pueda estar justificado, no quiere decir que no tenga que respetar la existencia otros derechos (a la intimidad o a la integridad física y moral, por ejemplo). Pero incluso si no lo hace, eso no autoriza, jurídicamente, a descargar sobre él cualquier sanción penal. Y menos aún a identificarlo con actos de terrorismo. Hay actuaciones violentas y coercitivas que, con el Código Penal en la mano, pueden ser una falta, pero no un delito (como arrojar una tarta o un huevo). O que pueden ser delitos, pero delitos leves o con atenuantes derivados, precisamente, de la situación límite de las propias víctimas. El escrache, así, puede aparecer como una medida extrema. Pero en términos jurídicos es una variante de la libertad de crítica, esencial para remover la impunidad de hechos potencialmente delictivos –como las estafas hipotecarias– y para asegurar la existencia de una esfera pública e informada. Como ocurre con todo acto de protesta, puede invadir otros derechos. Pero esto no torna admisible ni su demonización preventiva ni su criminalización indiscriminada. Estas respuestas punitivas, en realidad, son más peligrosas que el propio escrache, ya que comportan un uso arbitrario, no de cualquier poder, sino del poder represivo del Estado.

La tosca respuesta criminalizadora del gobierno  

La perspectiva de que la criminalización abusiva es un peligro mayor que el propio escrache, ha presidido buena parte de las reacciones de la última semana. Esta reacción es inseparable del tosco intento de vincular a la PAH con actuaciones “nazis” o “filo-etarras” realizado por algunos medios conservadores y por dirigentes del PP como Esteban Fernández Pons o Cristina Cifuentes. Con todo, no solo la derecha clásica se ha adentrado en esta vía. La diputada de UPyD, Rosa Díez, también se sumó al símil nazi y anunció que ni cedería al “chantaje” ni aceptaría “que la ‘democracia asamblearia’ sustituya al voto emitido por los ciudadanos en las urnas”. Estas declaraciones revelan una memoria muy frágil. Por un lado, porque la propia Rosa Díez participó en el pasado en ‘escraches’ contra miembros del gobierno vasco. Por otro, porque al fin y al cabo la ILP de la PAH consiguió muchos más avales –casi 300.000– que los votos obtenidos por su formación en las últimas elecciones. Intelectuales afines a este espacio político, como Fernando Savater, tampoco tardaron en sugerir que la PAH se estaba pareciendo demasiado a “los borrokas”, una apreciación presente,  con matices, incluso entre dirigentes del propio PSOE.

Si el intento de vincular a ETA a toda protesta social embarazosa suele ser un recurso burdo en la mayoría de contextos, en este caso generó especial rechazo. La actuación del gobierno fue rápidamente condenada por un comunicado firmado por el Observatorio DESC, la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados, la organización cristiana Justicia y Paz, el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos del resto del Estado. También la asociación Jueces para la Democracia (JpD) manifestó que resultaba “tremendamente censurable que se utilicen hechos tan dolorosos como los vinculados al fenómeno terrorista como fórmula para difamar gratuitamente a quienes expresan su disconformidad con la alarmante situación de los desalojos hipotecarios en nuestro país”. En su comunicado, JpD sostiene que “la situación de crispación en este ámbito resulta comprensible antes la existencia de datos objetivos como suicidios, multitud de dramas familiares e innumerables personas que han quedado en situación de marginación o exclusión social”. Como consecuencia de ello, emplaza al Gobierno a que aporte “soluciones a estos problemas, en lugar de dedicarse a descalificar a quienes los sufren y a quienes defienden sus derechos fundamentales”.

Lo llamativo del caso es que esta reacción crítica no se circunscribiría a sectores progresistas o activistas en defensa de derechos humanos. Como ya había ocurrido antes, cuando cerrajeros, policías y jueces se negaron a ejecutar desalojos, la PAH reclutó apoyos entre sectores inesperados. Las primeras en criticar las declaraciones de Cifuentes, de hecho, fueron las asociaciones de víctimas de ETA. La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), por ejemplo, exigió la dimisión de Cifuentes al entender que sus declaraciones estaban “fuera de lugar” y que suponían una “falta de respeto” a las víctimas de la violencia de la organización terrorista. También el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) se permitió discrepar con la zafia respuesta criminalizadora del gobierno. El disparador fue la instrucción que la Secretaría de Estado de Seguridad hizo llegar a las comisarías, por medio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, ordenándoles identificar a quienes participaran en actos de hostigamiento a políticos. El portavoz del SUP, José María Benito, calificó de “barbaridad” la decisión gubernamental. En su opinión, la instrucción de Interior suponía “retorcer” la Ley de Seguridad Ciudadana. “Si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa –declaró Benito– identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera”. Una lectura, según Benito, que podría conducir a identificaciones masivas “sin cobertura legal alguna”, colocando a los propios policías “a los pies del caballo”.

La inteligente autocontención de la PAH y la violencia del poder

Por ahora, este tipo de reticencias ha supuesto un freno al afán punitivo del gobierno. Pero nada indica que este vaya a abandonar su estrategia represiva. Hace poco, de hecho, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha impulsado una reforma del Código penal que facilita aún más la criminalización de la protesta. Junto a la inconstitucional cadena perpetua revisable, el gobierno se propone castigar la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público (como los que se envían por Twitter o cualquier red social). Asimismo, abre la vía a que formas de resistencia pasiva como la realizada por diferentes colectivos (como los Yayoflautas o Rodea el Congreso) puedan ser criminalizadas. Igualmente, se plantea suprimir las faltas y mantenerlas, en su caso, como delitos leves que generan antecedentes penales. Por si esto fuera poco, hace unos días la prensa ha filtrado el borrador de un anteproyecto de ley que prevé la pérdida de nacionalidad de las personas extranjeras por “razones imperativas de orden público o de seguridad o interés nacional”. Este tipo de anuncios apunta de manera especial a la PAH, ya que las familias de origen extranjero tienen en ella un papel importante.

A pesar de esta ofensiva, sin embargo, no parece que el gobierno tenga sencillo imponer su agenda punitiva. Por una parte, porque sus políticas de recortes están afectando a algunos autores clave en su ejecución, comenzando por los jueces y la propia policía. Por otro, porque la cuestión hipotecaria no es una conspiración subversiva de izquierdistas. Es un problema objetivo, anclado en la esencia misma de la deudocracia. De hecho, afecta a gente que votó al propio Partido Popular y que incluso puede militar en sus filas. El 90% de apoyo ciudadano con el que, según una reciente encuesta de Metroscopia, cuenta la PAH, no podría explicarse de otro modo.

Sumado a esto, hay que tener en cuenta que de todos los movimientos sociales nacidos en los últimos años, la PAH es posiblemente uno de los mejor articulados y más creativos. Su discurso en el plano jurídico, político y económico, o al menos el de algunos de sus portavoces, como Ada Colau, es sólido y altamente eficaz. Además, como bien apunta Guillermo Zapata, del colectivo Madrilonia, las campañas de la PAH han permitido a las familias afectadas salir de la desesperación, sentirse arropadas, adquirir visibilidad y convertir su rabia en organización. Y esto vale también para los escraches. De ahí que, contra lo que sostienen las voces más alarmistas, la mayoría de estas acciones suela exhibir un alto grado de articulación y de autocontención. Si se analizan, de hecho, los propios protocolos de la PAH en casos de escrache, lo primero que salta a la vista es la exquisita conciencia de los límite de la propia actuación y de los derechos de terceros en juego.

De entrada, se recuerda que los escraches son una acción informativa, que se ha de hacer “de manera totalmente pacífica” y sin “importunar a los vecinos”. También se estipula que deben realizarse en días laborables y en horario escolar, de modo que los niños nunca sean interpelados. Los casos personales se intentarán explicar sin insultos ni amenazas. Se evitarán ruidos o molestias innecesarios y se procurará ser amables con quienes trabajan en comercios y con los transeúntes. Naturalmente, estas reglas pueden romperse. Pero cualquiera que haya asistido a las últimas acciones de la PAH puede dar cuenta del notable esfuerzo que sus miembros realizan para respetarlas y proteger a su colectivo. Lo cierto, en todo caso, es que este esfuerzo de autocontención contrasta abiertamente con falta de escrúpulos y con la violencia deliberada exhibida por las entidades financieras y por sus aliados institucionales. Por eso la consigna de que habría que “escrachar a los escrachadores”, en boca de tantos tertulianos, resulta tan miserable. Porque pretende equiparar a las víctimas con los victimarios. A quienes no tienen más armas que su dignidad con quienes, cegados por i subiti guadagni, por los rápidos beneficios en moneda, tendrían un lugar seguro en el infierno del Dante.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/existe-derecho-al-escrache.html

Cuando la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, llamó cínico y criminal al secretario general de la Asociación Española de la Banca, alguien escribió en twitter: “a ver cuánto tardan en batasunizarla”. La incógnita no tardó en despejarse. Bastó con que la PAH anunciara una campaña de señalamiento, no violento pero incisivo, de los diputados que rebajaran los contenidos de su iniciativa legislativa. De inmediato, el runrún criminalizador se activó. Y los ladrones, acorralados, se atrevieron a mezclarse entre la multitud y a gritar, señalando a la PAH: “¡al ladrón, al ladrón!”.

Después de que un grupo de afectados cometiera el crimen intolerable de tocar el timbre de su casa para dejarle una carta con sus reclamos, el diputado del Partido Popular, Esteban González Pons, declaró que se trataba de una práctica delictiva, mafiosa, similar a la que utilizaban “los nazis con los judíos”. A los pocos días, la delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, reelaboró la invectiva en clave nacional. Acusó a Colau y a la PAH de haber manifestado su apoyo o afinidad a “grupos proetarras”.

Claro que este intento de “batasunización” de la PAH no se producía en el vacío. Poco antes de las declaraciones de Cifuentes, el columnista de La Razón, Alfonso Merlos, había acusado a la “señorita Colau” de haber pasado a “capitanear una campaña sucia de amenazas, amedrentamiento y acoso puro y duro”, digna “de regímenes autoritarios o totalitarios, de sus esbirros, de quienes como hacían y hacen los batasunos de turno, se dedican al señalamiento de algunos de nuestros dirigentes”. Apelando entonces a un aparato estatal que sabe cercano, Merlos no dudaba en advertir a la portavoz de la PAH de que “como siga ese camino […] la policía le va a recoger los bártulos a usted y a sus lacayos”.

No conviene, pese a todo, escandalizarse por el lenguaje que el grupo Planeta utiliza en estas ocasiones. Las hemerotecas están repletas de artículos en los que el periódico conservador arroja su descalificación favorita a la cabeza de otros adversarios: “La batasunización de Artur Mas”, “La batasunización del PSOE”, etc. Con todo, hay que decir que en la campaña de criminalización preventiva de la PAH no solo han comparecido los miembros de la derecha tradicional. La diputada de UPyD, Rosa Díez, se ha sumado con el pecho henchido al símil nazi. Con evocaciones a Albert Camus y a Primo Levi, ha anunciado que no cederá “ante el chantaje” y que no aceptará “que la ‘democracia asamblearia’ sustituya al voto emitido por los ciudadanos en las urnas”. Y todo ello a pesar de que la PAH consiguió muchos más avales –casi 300.000– que los votos obtenidos por su formación durante las últimas elecciones. Otro afín al supuesto partido regeneracionista español, Fernando Savater, también se ha prestado a utilizar su tribuna mediática para señalar a la PAH. Como tributo a su juventud libertaria, Savater al menos reconoce que los representantes electos “dan a menudo la impresión de formar una casta cerrada sobre sí misma, impermeable a las demandas populares”. Pero eso no le ha parecido suficiente para cargar contra la intolerable impunidad que hasta la ONU y el Tribunal de Luxemburgo han condenado. O contra las amenazas de muerte recibidas por Ada Colau en estos días. Para el filósofo, la prioridad del momento es otra: amonestar, marcar de cerca a quienes, a pesar de su autocontención, se están pareciendo demasiado a “los borrokas”.

Si intentar vincular toda protesta social embarazosa a ETA es un recurso burdo en la mayoría de contextos, en este caso subleva de manera singular. De entrada, porque se utiliza contra una organización que desde un comienzo ha hecho pública su apuesta por la no violencia. En segundo lugar, porque con ello se banaliza la dramática situación de miles de familias desahuciadas que, a pesar de la paciencia exhibida, no han encontrado ninguna respuesta concreta a su situación. Cuando las asociaciones de HIJOS en Argentina decidieron escrachar a los responsables de los crímenes de la dictadura, estos últimos habían sido derrotados. A pesar de las resistencias, existía un entorno institucional y social que, en términos generales, facilitaba la comprensión del mensaje de las víctimas. La diferencia con el caso español es evidente. Aunque el régimen que ha perpetrado la gran estafa de las últimas décadas está cada vez más deslegitimado, conserva espacios decisivos de poder: político, económico, policial y mediático. Y lo utilizará sin miramientos para distorsionar y criminalizar cualquier reclamo que lo incomode demasiado o que amenace sus privilegios. El gran éxito de la PAH ha sido convertir la violencia ejercida contra miles de familias en una impugnación eficaz, socialmente compartida, de la espuria alianza entre política y dinero que la ha hecho posible. Esta acusación, dirigida contra el núcleo del capitalismo financiero-inmobiliario hispano, no podía quedar sin respuesta. De lo que se trata ahora es de convertir esta tosca ofensiva criminalizadora del gobierno en un acicate más para la movilización contra los recortes. Y de mostrar que, aunque no quieran, finalmente se podrá.

Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/653/la-pah-tambien-es-eta/