Y sin embargo, todo ello ocurre en un momento en el que Europa se ha convertido en un terreno de batalla decisivo. Más, sin duda, que hace cinco años, cuando la expropiación política y económica de las poblaciones del continente -sobre todo del Sur y del Este-, no era tan drástica. Es en la UE, de hecho, donde se fraguan parte de los rescates a entidades financieras que hincharon las burbujas especulativas y que ahora se benefician impunemente de su estallido. Es en la UE donde los hombres de negro y el club de amigos de Goldman Sachs ultiman los planes de austeridad que condenan a millones a la precariedad y a la exclusión. Es en la UE donde los lobbies de las principales transnacionales presionan para limitar la libertad de expresión en la red y otros medios o para laminar los estándares laborales, sociales y ecológicos.

Combatir esta ofensiva desde la propia UE no es fácil. Antes de 1979, el Parlamento europeo estaba integrado por delegaciones de los parlamentos estatales. Esto permitía un vínculo algo más estrecho entre la política local y la comunitaria. Cuando se introdujeron las elecciones directas al Parlamento, los diputados de uno y otro ámbito dejaron de reunirse. El cambio dio pie a una paradoja. Había cuestiones que se discutían en Estrasburgo, pero cuando llegaba el momento de plantearlas en los parlamentos estatales, nadie sabía lo que su propio partido había propuesto.

Este alejamiento, sumado al creciente protagonismo de instituciones sin legitimidad democrática como la Comisión Europea, el Banco Central o el Tribunal de Luxemburgo, acabó por dinamitar el carisma del Parlamento. Daba igual que cada nuevo Tratado recordara la conquista de unas cuantas competencias. La percepción generalizada era que allí había poco que hacer. Esto se reflejó de manera nítida en la participación electoral. En 1979, fue de un 63%. Desde entonces, no ha dejado de caer. 61% en 1984; 58,5% en 1989; 56,8% en 1994; 49,8% en 1999; 45,5% en 2004; 43% en 2009.

Para algunas posiciones críticas, esta tendencia señalaría una línea de actuación: dejar languidecer el Parlamento y replegarse en el ámbito local. El europapanatismo profesado por las elites que se han rendido a la Troika y que en estos días desfilan en los salones de Davos hace comprensible esta reacción. Pero afirmarse sin más en ella puede resultar peligroso.

De entrada, ninguno de los partidos responsables de la actual deriva antidemocrática y autoritaria de la UE -incluidos el PP y el PSOE- dejarán de ir a Estrasburgo a cumplir su papel. La extrema derecha de Marine Le Pen o de Geert Wilders tampoco resignará este espacio. Aborrecerá en público la pérdida de “soberanía nacional” en beneficio de la “tecnocracia de Bruselas”. Pero hará todo lo posible por conseguir en el Parlamento un altavoz que le permita propagar sus causas: atacar a la “plutocracia” mientras pacta con banqueros y grandes empresas, convertir a la inmigración en chivo expiatorio de la crisis o azuzar el chovinismo y la islamofobia.

Los movimientos sociales y sindicales partidarios de una radicalización democrática y las fuerzas transformadoras de izquierdas y ecologistas no pueden dejar el campo libre a estas iniciativas. Ni aquí, ni en Grecia, ni en Portugal, ni en Alemania. Quizás el Parlamento europeo cuente poco y su presencia mediática sea escasa. Pero también puede ser una caja de resonancia y un espacio de contrapoder y resistencia. La experiencia de los últimos años lo atestigua: mientras más controladas estén las instituciones europeas por fuerzas tecnocráticas o reaccionarias, mayor será el sufrimiento y la impotencia de las poblaciones locales, comenzando por las más vulnerables.

Dar batalla en las instancias supraestatales no está reñido con la defensa de la organización desde abajo y de las iniciativas cooperativas en el territorio, en los lugares de trabajo, o en las pequeñas escalas en general. Por el contrario, el fortalecimiento de la democracia en estos ámbitos depende estrechamente de lo que se consiga en escalas más amplias. Para revertir el fraude y la regresividad fiscal, para poner fin a las deudas ilegítimas e impagables, para combatir la xenofobia y la homofobia o para contrarrestar, sencillamente, la oligarquización de la vida política y económica. Llevar la necesidad de una ruptura democrática más allá de las fronteras, denunciar los cantos de sirena del repliegue estatal y crear las condiciones para un proceso constituyente, también europeo, no es sencillo. Pero o se hace desde premisas solidarias, internacionalistas, o la serpiente incubará su huevo racista y anti-igualitario también en el corazón del continente.

Las élites políticas y financieras que gobiernan Europa han decidido que no tolerarán ninguna consulta o elección que pueda escapar a su control. Lo han dejado claro en Grecia al forzar la dimisión de Papandreu; en Italia, imponiendo al Gobierno tecnócrata de Monti; e incluso en España, rindiendo de antemano al nuevo Gobierno a los designios de la prima de riesgo. Este veto oligárquico tiene otras expresiones. Hay una muy notoria: la demonización del referéndum, una de las pocas vías institucionales a través de la cual la ciudadanía podría llegar a imponer una respuesta distinta a la que las élites están dispuestas a aceptar.
En el discurso dominante, el referéndum aparece como la quintaesencia de la manipulación y de la democracia plebiscitaria. Esta caracterización rotunda no es del todo arbitraria. Es innegable que el referéndum encierra peligros plebiscitarios. También que corre el riesgo de convertirse en un simple mecanismo de ratificación de decisiones previamente adoptadas desde arriba sin debate alguno. Una pregunta que sólo admite un sí o un no por respuesta puede ser un instrumento de manipulación en manos del poder de turno. Quien pregunta decide el contenido de la consulta y prefigura, en parte, la respuesta. Ahí están, para constatarlo, los plebiscitos de Mussolini o de Franco, en los que el líder obtiene el asentamiento de las masas en la plaza, sin posibilidad de confrontación plural e informada de ideas. Pero también consultas como la de la OTAN, que el PSOE instrumentalizó de forma burda para justificar su cambio de posición en la materia.
Cuestión diferente es que estos usos espurios basten para negar al referéndum toda su potencialidad como vía de participación ciudadana. En muchos de ellos, en rigor, la pregunta diseñada desde el poder acaba por escapar a su control, como en el aprendiz de brujo. La sola exigencia de un tiempo para el debate permite la irrupción de voces marginadas o infrarrepresentadas que acaban incidiendo en la decisión final. A pesar de sus pretensiones plebiscitarias, el referéndum de la OTAN no pudo impedir la movilización de posiciones pacifistas y antimilitaristas que calaron hondo en la opinión pública. Y lo mismo en el caso de Europa. Muchas consultas organizadas por las élites para legitimar decisiones económicas o políticas controvertidas terminaron por estrellarse contra opiniones públicas informadas que se tomaron en serio las preguntas realizadas. En Suecia y Dinamarca, la ciudadanía rechazó el euro en varias ocasiones. Y en Francia, Holanda o Irlanda, el férreo consenso mediático, partidista y empresarial no bastó para neutralizar los argumentos de las ilustradas campañas contra el Tratado constitucional o el Tratado de Lisboa.
Es verdad que cuando una pregunta no es clara o unívoca la respuesta puede prestarse a interpretaciones arbitrarias. Las élites financieras y políticas europeas, por ejemplo, se complacen en leer cualquier crítica al euro o a las grandes líneas económicas del proceso de integración como un reflejo principalmente nacionalista, xenófobo o populista. Esta interpretación sesgada les ahorra afrontar una realidad más amarga: el creciente rechazo que las recetas neoliberales de ajuste generan entre la población europea, comenzando por los jóvenes y las clases populares. Pero les permite, una y otra vez, deslegitimar al referéndum como herramienta democrática o forzar su repetición en caso de que sea inevitable convocarlo y los resultados no se ajusten a sus intereses.
A veces, esta manipulación ha sido conjurada gracias a la obstinación popular. En Islandia, la ciudadanía ratificó su decisión de no pagar la deuda ilegítima de la banca, a pesar de la enorme presión externa. En Eslovenia, se negó a aceptar el aumento de la edad de jubilación como pieza del programa de ajuste impuesto por la UE. Y en Italia, cerró el paso a la privatización del agua, al regreso de la energía nuclear o a la inmunidad de Berlusconi. En este último caso, esto fue posible precisamente gracias a la configuración jurídica del referéndum, que permite que sea una fracción de la ciudadanía quien pueda impulsar la pregunta que luego ha de someterse a consulta.
Las razones del referéndum de Papandreu no eran claras. Seguramente pensaba que podía ganar la consulta sobre el plan de rescate y aplacar, de esa manera, la asfixiante presión de la calle. Pero Alemania, Francia y los grandes inversores decidieron no asumir riesgos. En pocas horas, forzaron su dimisión y lo convirtieron en un monigote “populista” incapaz de entender que hay cuestiones “técnicas” sobre las que el común de los mortales no debería ser consultado. El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, aportó la cuota ibérica al coro de censores. Justificó el golpe con la improvisada tesis de que los referendos sólo podían convocarse si entrañaban reformas constitucionales. Todo ello a pocas semanas de que su partido y el PP pactaran una modificación inconsulta del texto de 1978 para saciar la voracidad de los acreedores.
Detrás del argumento de Merkozy y la troika no hay sutilezas. Es esto o la furia de los prestamistas. El asalto de los tecnócratas y la rendición del principio democrático o el ascenso febril de la prima de riesgo. Hasta ahora, el chantaje ha funcionado con cierta eficacia. Pero a medida que la precarización y la recesión avanzan, pierde fuerza. Los indignados europeos lo han entendido. Por eso, a los intentos de demonizar el referéndum o de instrumentalizarlo
desde arriba, han comenzado a oponer la necesidad de consultas basadas en una lógica distinta: participativa y deliberativa, no plebiscitaria. Estas consultas permitirían discutir sobre lo que hoy no se discute. Como el sentido de seguir pagando deudas ilegítimas, no contraídas por la mayoría, que están conduciendo a su ruina. O de un corsé monetarista que sólo exige ajustes e impide la construcción de una Europa solidaria. Plantear estas cuestiones es esencial para rescatar a la democracia de una oligarquía ciega y sin límites. Y si no lo hacen las instituciones, es lógico que tarde o temprano acabe haciéndolo la calle.

Cuando el tsunami financiero proveniente de Estados Unidos se desplazó a Grecia, algunas voces optimistas pensaron que la Europa social llamaría a la puerta. Que la retórica a favor de un “gobierno europeo” se traduciría en un esfuerzo coordinado por establecer un centro redistributivo de ámbito continental, por convertir al Banco Central Europeo, a la manera de la Reserva Federal,  en un emisor masivo de euro-deuda y por yugular, en fin, a unos capitales especulativos que amenazaban los fundamentos mismos de la integración. Sin embargo, los bancos golpearon primero y las instituciones europeas no tardaron en exigir medidas drásticas para reducir unos déficits públicos largamente disimulados o generados, como en el caso español, para licuar las deudas privadas de las entidades financieras.

El gobierno socialista de Papandreu decidió que la única manera de plegarse al mandato del directorio franco-alemán consistía en sacrificar salarios y pensiones y en aumentar los impuestos indirectos. Todo ello en un país que dedicaba un 3,6% de su PIB a gastos militares y cuya estructura fiscal era una de las más regresivas del continente. Con el aliento griego encima y la amenaza de unas agencias de calificación de deuda libres de todo escrutinio público, también el gobierno del PSOE optó por soltar el lastre de la retórica social utilizada durante los años de euforia inmobiliaria. El paquete de ajustes incluyó la puesta en marcha de ingentes ayudas a la banca, el estímulo a las fusiones y a la privatización de las cajas de ahorro y el inmediato sacrificio de derechos sociales y laborales de por sí débiles en comparación con los vigentes en la antigua UE de los quince. Ni una medida dirigida a limpiar y democratizar el sistema de crédito, poniéndolo al servicio de emprendimientos social y ambientalmente sostenibles. Ni una a dar respuesta al drama de las más de 350.000 familias afectadas por el fraude inmobiliario y las ejecuciones hipotecarias. Ni una a revertir la regresividad del sistema fiscal y atenuar, así, las desigualdades y la exclusión que están alimentando el crecimiento de la xenofobia y la extrema derecha. Nada que pudiera enviar una señal equívoca a unos mercados financieros bien dispuestos, en cambio, a especular sin rubor contra sus benefactores. Poco a poco, la debilidad y de la falta de coraje político de los gobiernos de la periferia europea se hizo evidente. Y los mercados no tardaron en cebarse con Irlanda y Portugal. Allí, la crisis también pasó la factura de haberse calzado demasiado pronto el corsé que supusieron la entrada en el euro y la asunción de los criterios de convergencia pergeñados en Maastricht.

Lejos de quedarse en la periferia europea, la fiebre del ajuste se extendió también al norte. Si en el sur los ejecutores han sido unas socialdemocracias desnortadas, que al desmovilizar a sus bases cavaron su propia tumba ante los especuladores, en el norte el protagonismo ha correspondido sobre todo a los gobiernos conservadores. Cuando estalló la crisis, algunos, como el de Nicolás Sarkozy, fueron los primeros en apostar tácticamente por “refundar el capitalismo”. Pero aquella consigna se reveló pronto como una mera cortina de humo, como una manera de ganar tiempo en un país que, ya desde las huelgas de 1995 contra los planes neoliberales de Juppé, cuenta con una sólida tradición de luchas en defensa de lo público. Consciente, sin embargo, de que la economía francesa no es la alemana, Sarkozy no tardó en aprovechar la coyuntura para cargar contra el sistema público de pensiones, imponiendo prácticamente sin debate parlamentario, la ampliación de la edad de jubilación. El recién estrenado gobierno de David Cameron no le ha ido a la zaga. A poco de asumir, entregó a los especuladores un 40% del gasto social, intentando hacer pasar como medida de racionalización administrativa lo que en el fondo constituye una nueva carga de profundidad contra dos de los pilares históricos del Welfare británico: la sanidad y la educación públicas.

Que estas políticas comportan un auténtico estado de emergencia económico, impuesto al margen o al filo de la legalidad vigente queda probado, en buena medida, por la manera furtiva en que los países fuertes de la UE han decidido reflejarlo en el Tratado de Lisboa. Lejos queda el tiempo en que, tras el rechazo francés y holandés al tratado constitucional, las clases dirigentes europeas planteaban la necesidad de un Plan B que acercara la UE a la ciudadanía y que perfeccionara los mecanismos de participación democrática. La idea, ahora, es precisamente la opuesta: evitar, a cualquier precio, referendos que puedan llevar el debate sobre el proceso de la integración a la opinión pública y acarrear resultados no queridos. Desde esta perspectiva, incluso la reforma del Tratado de Lisboa se presenta como un trámite engorroso. Engorroso pero inevitable, si se tiene en cuenta que son varias ya las demandas de constitucionalidad planteadas ante el Tribunal constitucional alemán contra el Fondo de Ayuda Financiera de 750 mil millones de euros aprobados el pasado mes de mayo sin discusión parlamentaria alguna.

A estas alturas, no es ningún secreto que el marco económico impuesto por la UE, sobre todo en la zona euro, está abiertamente reñido con la mejor tradición del constitucionalismo social y democrático de la que muchos estados miembros pretenden extraer su legitimidad. La crisis, en efecto, ha demostrado la extrema debilidad, cuando no la futilidad de protocolos, cláusulas sociales y cartas europeas supuestamente encargados de frenar la erosión de derechos arduamente conquistados. Pero no sólo eso: también ha forzado reformas regresivas y mutaciones en las constituciones formalmente vigente en los estados, sobre todo en aquellas más exigentes desde el punto de vista de su contenido social. Este es el caso, por ejemplo, de Portugal. Allí, el avanzado texto de 1976, aprobado tras la revolución de los claveles, tuvo que ser reformado en siete ocasiones, entre otras razones, para acomodarse a la horma monetarista y neoliberal de la constitución económica europea. Y ahora, no por casualidad, ha sido objeto de un nuevo embate a manos de la derecha conservadora, que ha impulsado una octava modificación con el propósito de devaluar el alcance normativo de derechos sociales básicos como los derechos a la educación y a la sanidad, públicos y gratuitos. Este fenómeno, en cualquier caso, también ha impactado en estados con constituciones sociales relativamente más débiles. Así lo demuestra la experiencia española, donde el propio tribunal constitucional tuvo que recurrir a una dudosa operación semántica para compatibilizar la “supremacía” del texto de 1978 con la “primacía” del derecho de la UE, y donde el Partido Popular no ha dudado en proponer la constitucionalización de la ausencia de déficit como una forma, precisamente, de europeizar el derecho interno.

Más allá de la cuestión de la legalidad, estas políticas estás revelándose, además, como un despropósito desde el punto de vista de su efectividad. No servirán para conseguir algunos de los fines que aseguran perseguir, como aplacar a las oligarquías financieras. Por el contrario, lo más probable es que desaten un espiral de recortes que ahondará el actual marco recesivo, empujará a algunos países directamente a la depresión y aumentará todavía más la exclusión social. Es más, si la desintegración y el dumping social no han ido ya más lejos, es, nuevamente, gracias a las protestas que, de manera embrionaria pero persistente, se han propuesto plantar cara a estas políticas y despojarlas de su aura de inevitabilidad. A diferencia de lo que podía ocurrir a inicios del siglo pasado, estas resistencias se producen tras décadas de políticas neoliberales, en un contexto de fuerte fragmentación social y sindical y con la extrema derecha al acecho. Lo cierto, empero, es que sin las huelgas generales griegas, francesas y portuguesas, sin la movilización, contra el miedo y el chantaje, de millones de trabajadoras y trabajadores, de parados, precarios, estudiantes y pensionistas de todo el continente, las perspectivas serían sin duda peores.

Los grandes grupos económicos y mediáticos y sus aliados políticos son plenamente conscientes de ello. Por eso, a pesar de la relativa debilidad de la respuesta social producida hasta ahora, han combinado el desdén por la misma con su criminalización preventiva. En Grecia, el gobierno no tardó en sacar a relucir el espantajo del manifestante terrorista y la represión pronto sumó en su haber varios muertos y centenares de heridos y detenidos. En Francia, Sarkozy lanzó los gendarmes a las calles para obligar a los manifestantes a volver a sus trabajos, y aunque algunos tribunales consideraron que la medida constituía una restricción ilegítima al derecho de huelga, la cifra de arrestados pronto superó los dos mil. Incluso en el caso español, donde el paro juvenil es ya del 40%  y donde la protesta no fue ni la mitad de intensa que en Grecia o Francia, bastó que la huelga del 29-S tuviera más éxito del esperado para que la patronal, la derecha política y ciertos medios de comunicación la rebajaran a un ejercicio de vandalismo protagonizado por sindicalistas y anti-sistemas que pretendían acabar con el Estado de derecho.

En realidad, quienes buscan reducir la protesta social a actos aislados de salvajismo o de delincuencia no sólo tratan de despojarla de legitimidad. También intentan minimizar u ocultar la enorme violencia pública y privada que hay detrás de las políticas impuestas para afrontar la crisis. Y es que en el fondo, en el conflictivo escenario que se extiende por Europa en estos tiempos, dos proyectos se baten a duelo. Uno, el del ajuste y el despotismo financiero, lleva en su seno la semilla de un futuro lúgubre, capaz de convocar los peores fantasmas del populismo represivo, la xenofobia y el nacionalismo excluyente. El otro, el de la Europa movilizada en defensa de los derechos sociales y los bienes públicos, comunes, contiene en cambio la promesa de una alternativa igualitaria y democrática al desorden actual, dentro pero también más allá de las fronteras estatales. En ese contexto, el imperativo ético y político de los tiempos por venir no puede ser otro que preservar esta Europa indómita de la fragmentación, el enfrentamiento cainita y la criminalización. Y hacerle espacio. Y conseguir que dure.

En realidad, el gobierno Sarkozy emplaza a Europa ante su espejo y no miente cuando sostiene que su política, lejos de ser excepcional, se asienta en prácticas y normas similares a otras ya existentes. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, de hecho, lleva años denunciando en sus informes discriminaciones masivas contra personas de etnia gitana no sólo en Francia, sino también en otros países como Reino Unido o Alemania. Y lo mismo ocurre con el Comité de derechos sociales del Consejo de Europa o con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya jurisprudencia sobre vulneración de derechos habitacionales a la población romaní no ha hecho sino crecer en las últimas décadas.

Aunque estas amonestaciones y sentencias han sido de gran importancia para mostrar no sólo la injusticia, sino la ilegalidad de estos fenómenos, pocas veces han llevado a los gobiernos a modificar sus políticas. De hecho, todo hace pensar que si las expulsiones francesas no hubieran recaído sobre gitanos de origen búlgaro o rumano, sino sobre gitanos o inmigrantes extra-comunitarios, el escándalo hubiera sido mucho menor.

Buena prueba de ello es que el gobierno de Silvio Berlusconi -uno de los principales valedores de Sarkozy en estos días- lleva tiempo ordenando allanamientos masivos contra campamentos de gitanos migrantes. Cuando lo hizo por primera vez, en 2008, en ciudades como Roma, Milán o Nápoles, estos allanamientos acabaron con la expulsión de centenares de romaníes albaneses y balcánicos. Sin embargo, no merecieron reproches formales por parte de las instituciones comunitarias. Esta  permisividad animó a Berlusconi  a ir incluso más allá. Tipificó la inmigración irregular como delito y anunció la toma de huellas dactilares a los gitanos para tenerlos identificados. Sólo la protesta de algunas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los sin papeles forzó al Parlamento europeo a exhortar sin demasiado éxito al gobierno italiano para que cesara el acoso a la población romaní.

En rigor, cuando se analiza la política reciente de la UE y de sus estados miembros en materia migratoria o de combate del racismo, es difícil reunir elementos para el optimismo. Si las instituciones comunitarias, en efecto, suelen exhibir cierta sensibilidad simbólica frente a actos de racismo extremos y mediáticos, no se alteran de igual modo si estos discurren de manera silenciosa y cotidiana. Varios parlamentarios socialistas que en su momento censuraron a Berlusconi y que ahora critican a Sarkozy votaron, por ejemplo, la ominosa Directiva de Retorno que permite extender hasta 6 (y a veces a 12) meses el período de retención de inmigrantes en Centros de Internamiento por el sólo hecho de encontrarse en situación de irregularidad administrativa.

Incluso en el caso español, muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo por las medidas de Sarkozy, aplaudieron como un signo de “realismo” el recorte de derechos que la última reforma de la legislación de extranjería impuso a miles de inmigrantes cuya situación social no difiere en sustancia de la de los gitanos expulsados de Francia. Y son los mismos, en el fondo, que apenas se inmutan cuando las expulsiones tienen lugar lejos del ojo de las cámaras. Sólo en la última semana, 47 bengalíes que llevaban cinco años viviendo en Melilla fueron trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros en Barcelona. A pesar del tiempo que llevaban en la península y de las numerosas muestras de arraigo que habían dado, corren el riesgo de ser expulsados, colectivamente, como en Francia. Su historia, sin embargo, permanecería invisibilizada de no ser  por los colectivos de solidaridad que, en estos días, han llamado la atención al respecto.

En realidad, la invisibilización y estigmatización de la población económica y étnicamente más vulnerable son dos caras de un mismo fenómeno. De un fenómeno que, además, se agrava en épocas de crisis, donde los más débiles entre los débiles pasan a ser presentados, bien como población sobrante, bien como sujetos “peligrosos” que amenazan los derechos del resto de la población. Que el gobierno de Sarkozy impulse la prohibición del burka y coloque a los gitanos en el punto de mira, al tiempo que acomete, sin debate alguno, el recorte de las pensiones, no debería tomarse como una simple coincidencia. Que el Partido Popular haya intentado imitarlo, buscando gitanos o migrantes “conflictivos” bajo las piedras de cara a elecciones próximas, tampoco.

La reconvención de una comisaria social-cristiana, de centro derecha, a la obscena política del gobierno francés, podría haber supuesto una cierta inflexión en la política europea sobre la materia. Tras la fulminante descalificación y llamada al orden en la que han coincidido desde Durão Barroso a Berlusconi o al propio Zapatero, es probable que todo se diluya en agua de borrajas. Y es que cuando el ministro francés Enric Besson afirma que la principal diferencia entre los gitanos de ayer y de hoy, entre los viejos y nuevos inmigrantes, reside en que ahora se los expulsa con un billete de avión y 300 euros en los bolsillos, no pretende pronunciar boutade alguna. Sabe que ese es el precio para que una política como la de Sarkozy, con pequeños retoques, pueda resultar aceptable a ojos de unas clases dirigentes europeas que, al cabo, carecen de una política alternativa. He ahí la tragedia.

Para un cierto europeísmo autocomplaciente, las críticas de fondo al proceso de integración siempre pueden explicarse apelando al trasnochado provincialismo o a la falta de información de quien la profiere. Si se objeta el carácter furtivo y tecnócrata de las decisiones adoptadas por las instituciones comunitarias y los Estados miembros, sólo puede hacerse de la mano de Le Pen o de algún excéntrico tory británico. Si se cuestiona el sesgo antisocial de las políticas fraguadas en Bruselas con el visto bueno del representante estatal de turno, ello obedece a un miedo atávico a la globalización y a las oportunidades que ofrecen la competencia económica y el libre mercado. Si se considera, en fin, que una manera de expresar el desacuerdo con el proyecto europeo oficial es no votar o rechazar los tratados que con nocturnidad y alevosía pretenden consolidarlo, sólo cabe atribuirlo al chovinismo o a la inmadurez de los votantes.
En la cabeza del euroentusiasta, conservador o pretendidamente de izquierdas, no cabe otra oposición a la Unión Europea realmente existente que la atribuible a algún tribalismo irredento o a un pobre sentido de complejidad de las cosas. De ahí su mot d’ordre tras el rechazo francés y holandés al Tratado constitucional y tras el reciente no irlandés a su versión casi siamesa, el Tratado de Lisboa: evitar, a cualquier precio, las consultas a una ciudadanía que, a fin de cuentas, no está a la altura de la empresa que generosa-
mente se le ofrece.
Lo que revela este argumento es que todo lo que no sea cuadrarse ante los dictámenes de la clase política y económica que dirige el actual consenso europeo queda equiparado a un irracional espasmo localista que se empeña en no dar a la Unión Europea “una voz única en el mundo”. Poco importa si esa voz se expresa en un murmullo imperceptible a la hora de denunciar los vuelos de la CIA, la histeria liberticida de ciertas políticas antiterroristas o la impune proliferación de paraísos fiscales. O si se muestra bronca y expeditiva cuando de lo que se trata es de recortar derechos laborales arduamente conquistados, de consagrar un modelo productivista e insostenible que ha arruinado a los pequeños agricultores, de ajustar los controles sobre los trabajadores migrantes o de reformar los tipos de interés a medida de la gran banca y en perjuicio de los bolsillos más modestos. Lo importante –se afirma con descaro– es que sea una voz “única”. Que desafine o aturda es algo que el tiempo –¿cuándo? ¿cómo? ¿a cuento de qué?– se encargará de enmendar.
Esta manera de plantear las cosas insulta aún más la inteligencia cuando los acuerdos alcanzados en el entramado institucional estatal-comunitario pretenden hacerse pasar por la voluntad de los “pueblos europeos”. Así, si el parlamento de un Estado ratifica un tratado, el resultado se endosa de manera inmediata y sin fisuras a todos y cada uno de los habitantes de dicho país. Da igual que el apoyo parlamentario se haya producido por escaso margen; que la mayoría de ciudadanos e incluso de diputados no tenga conocimiento del texto en cuestión –como ocurrió en Hungría a propósito del Tratado de Lisboa–; o que el aparente consenso partidista resulte controvertido en las urnas, como pasó en el caso francés. En cambio, cuando millones de ciudadanos no votan o deciden votar contra un tratado europeo, la lectura dominante es que unos pocos miles de personas no pueden frustrar la voluntad de 500 millones que, aun no habiendo sido consultados, ya han pasado, por arte de birlibirloque, a engrosar la lista del europeísmo incondicional.
Es difícil saber qué tendría que ocurrir para que las clases dirigentes europeas admitieran la profunda desafección que el proceso de integración está generando como producto de su persistente deriva antidemocrática y antisocial. Por lo pronto, su primera reacción ante el resultado irlandés no ha sido proponer el retiro de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, un mayor control de los paraísos fiscales, el impulso de una armonización al alza de los estándares normativos sociales y ambientales o la apertura de un auténtico proceso de democratización que supusiera, como mínimo, la elección de una asamblea constituyente con capacidad para discutir en serio las políticas hoy en curso. Por el contrario, lo que se ha producido es la escenificación, sin rubores, del mismo sonsonete machacón de siempre: hay que olvidarse de las urnas y seguir con las ratificaciones como si nada. No hay Plan B concebible, es esto o el estancamiento, somos nosotros o el caos.
¿Hasta cuándo podrá este imperturbable desprecio por las señales de la calle invocar el nombre de Europa? ¿Por cuánto tiempo podrá alguien con genuinos impulsos solidarios e internacionalistas identificarse con el europeísmo romo que practican los ejecutivos estatales y la burocracia comunitaria? ¿No sería más genuino un europeísmo que, siguiendo la mejor tradición ilustrada, se atreviera a criticar sin complejos un proyecto empeñado en avanzar a través de sus peores vicios?

Després d’ un llarg periple d’ entrebancs i incertituds, els líders europeus han enllestit un nou text que reemplaça al no nat Tractat constitucional per regir els destins de la UE a partir del gener del 2009. Com fa tres anys, les lloances i gestos solemnes d’enhorabona han tornat a poblar les fotos oficials. Com fa tres anys, bona part dels comentaristes ha realçat el pas “endavant” que el nou Tractat comporta. Com fa tres anys, no obstant això, despunten alguns interrogants ineludibles.

El primer: aquest Tractat atansa la UE als ciutadans? La resposta és desafortunadament negativa. El secular secretisme intergovernamental ha tornat a traspuntar afermat. La discussió pública del nou projecte ha estat pràcticament nul·la. Ja no es parla de Constitució ni de Convenció per a Europa. Ja no es desenllustren els grans emblemes: bandera, himne, Ministre de relacions exteriors, lleis europees. En conseqüència, les elits comunitàries perden en legitimitat simbòlica. Però es desempalleguen, com bé ha entès el president francès Nicolás Sarkozy, d’un llast feixuc: la necessitat de consultar al poder ‘constituent’, a les imprevisibles poblacions europees.

La versió disponible del Tractat de Reforma consta de 255 pàgines. A més de 12 Protocols i 53 Declaracions, s’ enclouen en elles els preceptes que modifiquen els ja extensos Tractats vigents. El resultat, més que un “mini-tractat”, és “un maxi-tratat” inassequible fins i tot per als experts. Un garbuix ostentós de normes que se sotmetrà a votació parlamentària sense que a penes resti temps per al seu escrutini públic.

Segon interrogant: implica aquest nou Tractat un instrument de democratització de la UE? La resposta també és decebedora. A mig segle del Tractat de Roma de 1957, els òrgans que disposen de més poder en la UE segueixen sent els menys representatius i els que menys controls democràtics tenen: el Consell, la Comissió, el Tribunal de Justícia o el totpoderós Banc Central Europeu. L’únic òrgan representatiu –el Parlament– reté una certa capacitat de veto. Però continua sense ser un autèntic legislador i ocupant un paper subaltern en el conjunt de l’aparell institucional. El llegat de reformes institucionals que el Tractat de Lisboa deixa darrera seu és un rèdit bastant desencisador. Un president del Consell amb un mandat més llarg, major pes per als parlaments nacionals en el control de projectes europeus, un cap de diplomàcia de baix perfil i nous mecanismes de votació per a gestionar una Unió amb 27 membres. Molt poc respecte les expectatives “constituents” destrabades fa tres anys.

Tercer interrogant: es dóna el salt a l’Europa social exigida per la majoria de votants francesos i holandesos que van dir un “no” sorollós al Tractat Constitucional? Més aviat el contrari. S’insisteix a lliurar l’ànima del procés d’integració a la “competència lliure i no falsejada” i a la circulació gairebé il·limitada de capitals i serveis. Darrere d’aquest malendreç hi batega una assumpció sense complexos de les privatitzacions, de la precarissació del mercat laboral –ara sota els designis de la flexi-seguretat– i del constrenyiment de la despesa social.

Igual que en la Euroconstitució, el nou Tractat estipula que els Estats haurien de “millorar progressivament les seves capacitats militars”. Però aquesta verbositat audaç desapareix en matèria social o ambiental. S’institucionalitza, així, una doble rasadora que la UE arrossega fa temps. Quan es tracta d’avençar en polítiques privatizadores i militaristes, el llenguatge dels Tractats és loquaç i les normes diàfanes. Quan es tracta, en canvi, d’impulsar l’harmonització a l’alça de les polítiques socials i ambientals, es recorre a proclames més o menys vaporoses i a al·locucions a la “coordinació” desproveïdes de tot previsió pressupostari.

No cal cridar a engany. Poc fa el nou Tractat fa per a desvallestar el crònic dèficit social, ambiental i democràtic que afligeix a la UE. L’assumpció del caràcter vinculant de la Carta de Drets Fonamentals o la inserció d’una o altre competència per al Parlament són episodis aïllats que no trastornen la fermesa del rumb adoptat. S’esvairà, per un temps, l’apel·lació formal a la paraula Constitució. Però la Constitució material de la UE, les relacions de poder travades subreptíciament entre les elits comunitàries i estatals, i entre aquestes i els incontrolats poders privats que concorren al seu redós, romandran impertorbables.

En casos com l’espanyol, l’arenga contumaç al europeisme com superació del passat i promesa de benestar ha fortificat una acceptació acrítica del procés d’integració. Però el mite ha començat a perdre manxa. La colossal abstenció –un 56%– en el referèndum sobre el Tractat constitucional, sumada als vots negatius i nuls, és un signe simptomàtic que no ha de ser menysvalorat.

Després de l’acord de Lisboa, el president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, es va apressar a anunciar que més que davant un simple Tractat, estàvem davant un “projecte fundador (…) per a una nova Europa”. Però després d’ aquest engrescament pompós pour la galerie traspua un panorama molt menys lluminós. Què ocorrerà, en efecte, quan comencin a desengreixar-se les ajudes regionals, quan la convergència europea desemboqui en més privatitzacions, major precarissació laboral i menys despesa social? Bastarà amb invocar, entre panegírics i fotos autocomplaents, nous Tractats o Constitucions que introdueixin “petits passos endavant”? O haurà arribat, per fi, el moment de cavil·lar la refundació democràtica d’un projecte que ha deixat de ser per a molts sinònim d’ il·lustració i d’ alternativa civilitzadora? Aquests són només tres interrogants, però molts més altres queden oberts.

]]> http://www.nohihadret.cat/2007/12/europa-i-el-tractat-de-lisboa-nova-passa-avant/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2007/11/tratado-de-lisboa-un-cierre-en-falso/ http://www.nohihadret.cat/2007/11/tratado-de-lisboa-un-cierre-en-falso/#comments Mon, 19 Nov 2007 23:48:19 +0000 nohihadret http://www.nohihadret.cat/?p=177 Tras un largo período de incertidumbre, los líderes europeos han alcanzado un acuerdo que sustituirá al fallido Tratado constitucional. Como hace tres años, los brindis y los gestos solemnes de congratulación han vuelto a poblar las fotos oficiales. Como hace tres años, buena parte de los comentaristas ha destacado el “paso adelante” que el nuevo Tratado comporta. Como hace tres años, sin embargo, se plantean algunos interrogantes ineludibles.

El primero: ¿este Tratado acerca la UE a los ciudadanos? ¿La hace más transparente o menos opaca? La respuesta es desafortunadamente negativa. El viejo secretismo intergubernamental ha vuelto a campar a sus anchas. La discusión pública del nuevo proyecto ha sido prácticamente nula. Ya no se habla de Constitución ni de Convención para Europa. Ya no se apela a las grandes palabras: bandera, himno, ministro de relaciones exteriores, leyes europeas. Con ello, las élites comunitarias pierden en legitimidad simbólica. Pero se deshacen, como bien ha entendido el presidente francés, Nicolás Sarkozy, de un lastre incómodo: la necesidad de consultar al poder constituyente, a las imprevisibles poblaciones europeas.

La versión disponible del Tratado de Reforma consta de 255 páginas. Además de 12 Protocolos y 53 Declaraciones, se incluyen en ellas los preceptos que modifican los ya extensos Tratados vigentes. El resultado, más que un mini-tratado o un tratado simplificado, es un maxi-engorro inaccesible incluso para los expertos. Una maraña de normas que se someterá a votación parlamentaria sin que haya tiempo apenas para su escrutinio público.

Segundo interrogante: ¿supone este nuevo Tratado un instrumento de democratización de la UE? La respuesta también es decepcionante en este punto. A medio siglo del Tratado de Roma de 1957, los órganos que disponen de más poder en la UE siguen siendo los menos representativos y los que menos controles democráticos tienen: el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia o el todopoderoso Banco Central Europeo. El único órgano representativo –el Parlamento– conserva una cierta capacidad de veto. Pero continúa sin ser un auténtico legislador y ocupando un papel subalterno en el conjunto del aparato institucional. El legado de reformas institucionales que el Tratado de Lisboa deja tras de sí es en realidad bastante pobre. Un presidente del Consejo con un mandato más largo, mayor peso para los parlamentos nacionales en el control de proyectos europeos, un jefe de diplomacia de bajo perfil y nuevos mecanismos de votación para gestionar una Unión con 27 miembros. Muy poco para las expectativas constituyentes abiertas hace tres años.

Tercer interrogante: ¿se da el salto a la Europa social exigida por la mayoría de votantes franceses y holandeses que dijeron “no” al Tratado Constitucional? Más bien lo contrario. Se insiste en entregar el alma del proceso de integración a la “competencia libre y no falseada” y a la circulación casi ilimitada de capitales y servicios. Detrás de ello late una asunción sin complejos de las privatizaciones, de la precarización del mercado laboral –ahora bajo los designios de la flexi-seguridad– y de la reducción del gasto social.

Al igual que en la Euroconstitución, el nuevo Tratado estipula que los Estados deberán “mejorar progresivamente sus capacidades militares”. Pero este lenguaje audaz desaparece en materia social o ambiental. Se institucionaliza, así, un doble rasero que la UE arrastra hace tiempo. Cuando se trata de avanzar en políticas privatizadoras y militaristas, el lenguaje de los Tratados es firme y las normas, claras. Cuando se trata, en cambio, de impulsar la armonización al alza las políticas sociales y ambientales, se recurre a principios más o menos vaporosos y a exhortaciones a la “coordinación” desprovistas de todo respaldo presupuestario.

No cabe llamar a engaño. Poco y nada es lo que el nuevo Tratado hace para sanar el crónico déficit social, ambiental y democrático que aqueja a la UE. La asunción del carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales o la introducción de tal o cual competencia para el Parlamento son episodios aislados que no alterarán la sustancia del rumbo adoptado. Desaparecerá, por un tiempo, la apelación formal a la palabra Constitución. Pero la Constitución material de la UE, las relaciones de poder trabadas entre las élites comunitarias y estatales, y entre éstas y los incontrolados poderes privados que giran a su alrededor, permanecerán inalteradas.

En casos como el español, la apelación al europeísmo como superación del pasado y como promesa de bienestar ha conducido a una aceptación acrítica del proceso de integración. Pero el mito ha comenzado a perder fuelle. La elevadísima abstención –un 56%– en el referéndum sobre el Tratado constitucional, sumada a los votos negativos y nulos, es una señal que no debe minusvalorarse.

Tras el acuerdo de Lisboa, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se apresuró en anunciar que más que ante un simple Tratado, se estaba ante un “proyecto fundador (…) para una nueva Europa”. Pero tras este entusiasmo verbal pour la galerie se adivina un panorama mucho menos luminoso. ¿Qué ocurrirá, en efecto, cuando comiencen a disminuir las ayudas regionales, cuando la convergencia europea comporte más privatizaciones, mayor precarización laboral y menos gasto social? ¿Bastará con invocar, entre brindis y fotos autocomplacientes, nuevos Tratados o Constituciones que introduzcan “pequeños pasos adelante”? ¿O habrá llegado, por fin, el momento de plantearse la refundación democrática de un proyecto que ha dejado de ser para muchos sinónimo de ilustración y de alternativa civilizatoria? Estos son sólo tres interrogantes, pero muchos más quedan abiertos.