Con motivo de la situación de excepcionalidad jurídica que se vive en Cataluña, se ha celebrado este fin de semana en Barcelona el Primer Congreso en defensa del Estado de derecho. El evento reunió a magistrados, profesores de derecho penal o internacional, periodistas, miembros de entidades de derechos humanos y abogados. Uno de los objetivos del encuentro fue reivindicar el Estado de derecho como artefacto de denuncia y resistencia frente a la vulneración sistemática de las reglas democráticas que se ha producido en los últimos años en España. Es tanta la excepcionalidad jurídica que vivimos que, más que exigir una comprensión “alternativa” o “contrahegemónica” del derecho, la profundización democrática o los derechos sociales, lo que se reclamaba es simplemente que los poderes públicos sean coherentes con ellos mismos. Que no vulneren las reglas mínimas de las que se han dotado al aprobar constituciones y ratificar tratados internacionales.

En efecto, las actuaciones emprendidas contra el soberanismo catalán u otras formas de disidencia por parte del Gobierno del PP, con el apoyo de Cs y PSOE, y de las altas instancias judiciales ha planteado una crisis institucional que ha hecho tambalear los fundamentos del Estado de derecho. En ese contexto, el derecho y su interpretación se ha convertido en un campo de batalla crucial a la hora de establecer el margen de actuación de unos y otros. El mayor o menor grado de legitimidad de sus actos depende en buena medida de la aceptación y reconocimiento de sus razones jurídicas. Al mismo tiempo, la dimisión del debate político por parte del PP, PSOE y Ciudadanos y el refugio constante en un poder judicial controlado “desde arriba” respaldan la centralidad del derecho en el debate social.

En esa disputa, la ventaja de partida de quien ejerce el poder no es tan abrumadora como en tiempos pasados. La legalidad de nuestra época no es como la franquista. Es exigente y conlleva límites y controles de todo tipo. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y declaraciones de derechos impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo pasado. Un legado civilizatorio que puede convertirse en papel mojado si la ciudadanía no se lo reapropia para denunciar sus incumplimientos sistemáticos por parte del poder. A pesar de su aparente ineficacia, estos textos permiten considerar las situaciones de injusticia no como algo natural, sino como auténticas violaciones jurídicas.

En tiempo de involución democrática como la actual, por ello, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual para el poder. De hecho, sirve para mostrar su tendencia creciente a desligarse de ataduras garantistas y situarse en la ilegalidad. En realidad, invocar el estado constitucional en la actualidad implica defender la supremacía de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía, la separación de los tres poderes – cada uno con sus contrapesos -, el papel central de la sociedad civil, la proporcionalidad y el constante control o supervisión de las acciones del Estado. Esta visión de las cosas corresponde con una tradición jurídica alemana del estado de derecho (rechtsstaat), posterior a la Segunda Guerra Mundial, totalmente antitética a la noción de dictadura de la ley en que hoy la derecha jurídica española quiere caricaturizarlo. En el fondo la idea es muy sencilla: un Estado de derecho significa imponer límites “desde abajo” y desde fuera al poder del Estado. La ley no puede ser, en una concepción exigente del principio democrático, un mecanismo de cobertura de los abusos del poder, sino su freno o antídoto primordial.

Visto desde esta perspectiva, resulta más capital que nunca el papel de los juristas garantistas para mostrar el derecho no sólo como la expresión del poder sino también y, sobre todo, como herramienta para deslegitimar sus actuaciones más arbitrarias. Esta tarea tiene al menos dos funciones específicas. Por un lado, dar respuesta al inaceptable recorte de derechos políticos y la criminalización de toda disidencia al poder constituido. Por otro, mostrar que la protesta y la desobediencia, lejos de ser actos censurables, son instrumentos legítimos e incluso necesarias para forzar al poder para que cumpla su propia legalidad. Buen ejemplo de la resistencia jurídica ante la ofensiva contra el independentismo son las querellas interpuestas contra la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1 de octubre por parte de entidades de derechos humanos y varios ayuntamientos, como el de Barcelona o Girona.

En verdad, ese tipo de disputas por el sentido del derecho se libran principalmente en el Estado español. Y aquí el papel de las entidades de derechos humanos y de los juristas será relevante. Una iniciativa incesante fue la creación de la plataforma “No Callarem” (No Callaremos) que ha organizado recientemente, junto al consistorio barcelonés, la reciente “Semana de la Libertad de Expresión” en la antigua cárcel Modelo. Lo que durante casi un siglo fue un centro de privación de libertad, se convirtió en el epicentro de todo tipo de actividades políticas y culturales de denuncia de la deriva represiva. La plataforma denunciaba desde la censura en exposiciones, pasando por el secuestro del libro Fariña, la reciente condena a la revista Mongolia a pagar 40.000 euros por un chiste hasta las recientes condenas a raperos como Valtònyc o la de Pablo Hasél.

El desenlace de muchas de estas disputas, en realidad, se van a decidir en Europa. Como explicó en el encuentro el abogado Gonzalo Boyé, el mayor descrédito jurídico a la ofensiva judicial contra el independentismo proviene precisamente de los “litigios estratégicos” en los tribunales europeos. La primera señal de alarma vino con la retirada de la orden de extradición del Supremo contra los miembros del gobierno de la Generalitat exiliados en Bélgica ante su segura desestimación. A continuación, el segundo envite se produjo con las medidas de libertad acordadas por la justicia europea. Un contraste clamoroso con la dureza de las prisiones provisionales acordadas en España. Luego, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó, a petición de Jordi Sánchez, al Estado español a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que pueda ejercer sus derechos políticos”. Un mensaje que incluía medidas cautelares, un mecanismo previsto por la ONU para evitar “daños irreparables” a las personas que denuncian abusos de sus derechos ante la institución. Y, por último, el varapalo final llegó de la justicia alemana. El tribunal de Schlewsig-Holstein descartaba la existencia de la violencia y el delito de rebelión en los hechos investigados, en contra del criterio del Gobierno y del juez Llarena.

El frente internacional, en efecto, ha provocado un boquete gigante a la línea de flotación de la causa penal seguida en el Supremo. Lo que en un lugar se percibe como hechos delictivos gravísimos contra el orden constitucional, con penas de hasta cuarenta años de cárcel, en el otro no pasan de ser simples hechos políticos sin relevancia penal.  Otra actuación judicial que sacó lo colores al Estado español fue el reciente tirón de orejas del Tribunal de Estrasburgo a raíz de las condenas a unos jóvenes por la quema de fotos del Rey. Otra vez sucedía que lo que para unos era un delito de odio para los otros era un simple acto político amparado por la libertad de expresión.

En el fondo, el riesgo de corrosión del estado de derecho que todas estas actuaciones muestran no es del todo nuevo en España. Forma parte de un populismo punitivo que se ha incrustado en todo el entramado estatal como una bomba de relojería. No obstante, lo cierto es que lo sucedido en los últimos dos años con la cruenta persecución al independentismo catalán ha agudizado hasta extremos inauditos una involución democrática que ahora afecta a otros ámbitos y colectivos. El desafío, por eso, exige más que nunca construir frentes anti-represivos amplios, transversales y plurales que le disputen al poder la legitimidad del discurso del derecho. Y que pongan en el centro de la política el papel de los derechos como límites a sus abusos. Hacerlo es una cuestión de simple supervivencia para frenar su deriva abiertamente despótica.

El agravamiento de la crisis en otros ámbitos, y la poca simpatía social suscitada por los controladores, ha contribuido a quitar hierro a una medida que ha pasado, poco a poco, a un segundo plano de la actualidad. Sin embargo, su normalización no es una cuestión menor, precisamente por lo que tiene de precedente en un contexto de crisis y recorte generalizado de derechos.

Para justificar la decisión, el Gobierno presentó la protesta como una medida irracional, como una huelga salvaje causante de una auténtica calamidad pública. Las imágenes de los aeropuertos llenos, abarrotados de familias que no podían volar, reforzaron esta idea. Vista con más frialdad, la realidad resulta más compleja. El abandono de funciones de los controladores puede cuestionarse desde muchos ángulos. Habituados a defender sus intereses de manera aislada, no tuvieron en cuenta los de otros trabajadores aeroportuarios ni los de los usuarios. Pero su decisión, por torpe que parezca, tampoco fue irracional. Desde comienzos del año, el Gobierno había aprobado diferentes medidas que empeoraban sus condiciones laborales y planteaban la privatización de AENA.

Ratificadas justo antes del puente, fueron todo menos una invitación al diálogo, y precipitaron las reacciones más extremas. Se ha dicho que el objetivo era liquidar una situación de privilegio. Sin embargo, hay castas con ingresos más altos que los de los controladores, contra las que no se actúa o a las que se favorece abiertamente.

Calamidad pública

Que la actuación de los controladores causó una perturbación considerable a quien volaba por entonces es algo innegable. Pero resulta discutible que la privación temporal del derecho a volar, en la mayoría de los casos por motivos turísticos, pueda asimilarse a una “calamidad pública”. Y menos justificar la intervención militar o la suspensión de otros derechos constitucionales. De esta forma, numerosas protestas sociales legítimas, sean vagas o no, podrían ser consideradas delitos de sedición o sustraídas a la jurisdicción civil.

Esta tentación de un uso expansivo, no claramente determinado, de las medidas de excepción, se advierte claramente en la prórroga del Estado ahora concluida. Ha sido una peligrosa operación retórica que ha convocado todos los fantasmas de la excepción normalizada y del ‘enemigo público’ contra el cual todo está permitido. De hecho, no es casual, en un contexto como el actual, que se haya dado pábulo a quien pretende una restricción más amplia del derecho de huelga en los servicios públicos.

Si la privación temporal del derecho a volar, mayoritariamente por razones turísticas, es considerada una afectación gravísima a un “servicio público esencial” ¿qué no se diría de una protesta que, en Francia o en Grecia, bloquee refinerías de gas o petróleo o interrumpa el tráfico terrestre o marítimo? Si en Francia, Sarkozy va a recurrir al Ejército para obligar a los huelguistas a retomar sus actividades, ¿qué no podría ocurrir en una España gobernada por el PP o el ‘ala dura’ del PSOE?

Si se mira a través de la lente de la crisis, la demonización del controlador- privilegiado se parece demasiado a la del funcionario-privilegiado y, en general, a la de otros supuestos receptores de prebendas públicas, como los parados o los pensionistas. Esta estrategia discursiva, utilizada para justificar recortes sociales en los ámbitos más dispares, no es ingenua. Permite avivar el enfrentamiento entre categorías de trabajadores y de colectivos vulnerables, desviando la atención sobre los auténticos focos de privilegio de nuestras sociedades. Y es que, bien vista, esta alarma no suena solamente por los controladores.

Suena, parafraseando a John Donne, por todos los que, de profundizarse este camino, podrían verse convertidos en nuevos ‘privilegiados’ a los que sólo quepa aplicar la temible lógica de la excepcionalidad y la represión.

L’abandó de funcions dels contro- ladors pot qüestionar-se des de molts angles. Habituats a defensar els seus interessos de manera aïllada, no van tenir en compte els d’altres treballa- dors aeroportuaris ni els dels usuaris que volaven aquells dies. Però la se- va decisió, per maldestra que sembli, tampoc va ser irracional. Des de co- mençaments d’any, el govern havia aprovat diferents mesures que n’em- pitjoraven les condicions laborals i plantejaven la privatització d’Aena. Ratificades just abans del pont, van ser tot menys una invitació al diàleg, i van precipitar les reaccions més extremes.

S’ha dit que l’objectiu era liquidar una situació de privilegi. No obstant això, hi ha castes amb ingressos més alts que els dels controladors, contra les quals no s’actua o que s’afavoreix obertament. Basta pensar en els co- mitès d’administració de certes em- preses i entitats financeres. Els seus escandalosos ingressos s’han mantin- gut o han crescut sense rubor malgrat la responsabilitat que tenen en la crisi actual. En realitat, tot indica que la fi perseguida era bastant menys noble: dur l’ajust també a l’àmbit del trànsit aeri, privatitzant-ne part de la gestió i obtenint, a cop de disciplina castren- se si feia falta, una plantilla de treba- lladors més dòcils.
Que l’actuació dels controladors va causar una pertorbació considerable a qui volava aquells dies és quelcom innegable. Però resulta discuti- ble que la privació temporal del dret a volar, en la majoria dels casos per motius turístics, pugui assimilar-se a una “calamitat pública”. I menys jus- tificar la intervenció militar o la sus- pensió d’altres drets constitucionals. D’aquesta forma, nombroses protes- tes socials legítimes, siguin vagues o no, podrien ser considerades delic- tes de sedició o sostretes a la jurisdic- ció civil. Aquesta temptació d’un ús expansiu, no clarament determinat, de les mesures d’excepció, s’adver- teix clarament en la pròrroga de l’es- tat d’alarma. Allí, el govern apel·la al xxxx

Hi ha castes amb ingressos més alts contra les quals no s’actua o que s’afavoreix obertament. És discutible que la privació temporal de volar pugui assimilar-se a una «calamitat pública» “temor” de la “societat [...] que fets similars puguin reproduir-se imme- diatament”. Es tracta d’una perillo- sa operació retòrica que convoca tots els fantasmes de l’excepció normalit- zada i de l’“enemic públic” contra el qual tot està permès. De fet, no és ca- sual, en un context com l’actual, que s’hagi donat pàbul a qui pretén una restricció més àmplia del dret de va- ga en els serveis públics. Si la privació temporal del dret a volar, majoritàri- ament per raons turístiques, és con- siderada una afectació gravíssima a “un servei públic essencial”, ¿què no es diria d’una protesta que, com a França o a Grècia, bloquegi refineries de gas o petroli, talli carreteres o interrompi el trànsit terrestre o marí- tim? Si Nicolas Sarkozy va recórrer a l’exèrcit per obligar els vaguistes a reprendre l’activitat, ¿què no po- dria ocórrer en una Espanya gover- nada pel PP o l’ala dura del PSOE?

Si es mira a través de la lent de la crisi, la demonització del controlador privilegiat s’assembla massa a la del funcionari privilegiat i, en ge- neral, a la d’altres suposats recep- tors de prebendes públiques, com ara els des ocupats o els pensionis- tes. Aquesta estratègia discursiva, utilitzada per justificar retallades socials en els àmbits més dispars, no és ingènua. Permet atiar l’en- frontament entre diferents catego- ries de treballadors i de col·lectius vulnerables, desviant l’atenció so- bre els autèntics focus de privile- gi de les nostres societats. I és que, ben vista, aquesta alarma no sona solament pels controladors. Sona, parafrasejant John Donne, per tots els que, si se seguís aquest camí, po- drien veure’s convertits en nous pri- vilegiats als quals només es pugui aplicar la temible lògica de l’excep- cionalitat i la repressió.

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