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acostumbrarse a la barbarie

nohihadret — Wed, 16 Apr 2008 23:41:58 +0000

En el marco de los juicios contra los acusados por el 11-S en Guantánamo, la CIA ha admitido la utilización de prácticas como el denominado waterboarding. Se trata de una técnica, ya utilizada en la Edad Media, en la que los detenidos son inmovilizados y se les arroja agua en la cara y en las vías respiratorias. Lo que se produce es una situación de asfixia forzada, en la que el interrogado experimenta una sensación de ahogamiento cercana a la muerte. Algunos medios han aprovechado la revelación para instalar un viejo interrogante: ¿no es lícito, acaso, torturar a un detenido para obtener información que puede salvar vidas?
Hace tiempo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido dar una respuesta afirmativa a este dilema. La aprobación en 2001 de la llamada Patriot Act otorgó al poder ejecutivo un considerable margen de actuación en la lucha antiterrorista. Esta normativa vino acompañada por un protocolo que flexibilizaba el alcance de la tortura. Entre otras cosas, se llegó a decir que ésta podía ser “equivalente en intensidad al dolor que acompaña las lesiones físicas graves, como desfallecimiento orgánico, deterioro de las funciones corporales o, incluso, la muerte”. Algunos, como el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no buscaron rodeos para justificar esta práctica: “De lo que se trata –declaró– es de salvar vidas norteamericanas y no los derechos humanos de los terroristas”. El presidente George Bush puso su grano de arena y vetó un proyecto de ley que pretendía poner coto a las torturas acuáticas. Se podría pensar que a este lado del Atlántico la respuesta a una situación de este tipo sería la opuesta. Después de todo, a Europa le gusta presentarse ante el mundo como la cuna de Beccaria y Voltaire, como el continente de la paz, del diálogo y de las grandes Declaraciones de Derechos Humanos. Sin embargo, mientras las élites europeas se prodigan en proclamas a favor de las libertades civiles y políticas, la tortura no ha dejado de hacerse un hueco en las prácticas institucionales.
Primero, se supo de la existencia en los países del Este de una red de prisiones clandestinas donde se recluía y se torturaba con absoluta impunidad a personas que el Gobierno de los Estados Unidos consideraba terroristas. Luego, se constató la existencia de ciudadanos europeos desaparecidos en extrañas circunstancias, que habían sido secuestrados por la CIA. La inocencia acabó de perderse cuando se conoció la participación europea en el transporte y detención ilegal de presos que luego eran torturados en Guantánamo o en otros países del mundo.
El recurso a la tortura, sin embargo, no sólo se explica por la subordinación de la Unión Europea a las obsesiones militaristas del Gobierno de los Estados Unidos. En países como el Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, se han aprobado normas y se han consentido prácticas que muestran que no se está ante un fenómeno accidental. Y lo mismo ocurre en el caso español, donde un reciente informe de Amnistía Internacional opina –al igual que la Relatoría Especial de la ONU hace unos años– que la tortura es una práctica más que esporádica en las comisarías. Dar una explicación acabada a este fenómeno de regresión jurídica y moral no es fácil. Sin embargo, parece inevitable vincularlo a una situación de fragmentación social que permite construir un otro deshumanizado y sin ningún tipo de derechos: el terrorista, el que amenaza la seguridad, la no-persona. Sólo esa construcción mental permite a algunos aceptar la tortura como un acto de defensa justificado, aunque sólo sea en situaciones excepcionales”. Como un acto, en suma, en el que no se participa directamente, pero que se está dispuesto a tolerar entre el telediario y la próxima publicidad comercial.
Para referirse a esta situación que inhibe la capacidad de reacción moral de la gente frente a prácticas de objetiva barbarie, algunos autores han hablado de “fascismo societario”. La expresión puede discutirse. Pero permite poner de relieve que se trata de una práctica promovida desde arriba, pero también, en buena parte, consentida desde abajo. Cuando Hitler llegó al poder, se dio cuenta, tras sondear a las principales cancillerías europeas, que nadie movería un dedo por el genocidio de los judíos. También Bush, después del 11-S, tuvo la seguridad que algo similar ocurriría respecto de las torturas de los presos en Guantánamo.
Cuando el consejero autonómico o el ex ministro de turno aseguran que en la lucha antiterrorista es preferible “pecar por exceso que por defecto” o que “no hay que producir bajas; pero, si son inevitables, que no sean nuestras”, las alarmas deberían dispararse. Para recordarnos que la tortura no sólo la perpetra el torturador, sino también la sociedad que la tolera. Y que ese acostumbramiento a la barbarie degrada a quien la sufre, pero también a quien la acepta, aunque sea de manera excepcional.

la “lógica de guerra” y el macroproceso 18/98

nohihadret — Sat, 05 Jan 2008 23:45:19 +0000

Las reacciones mayoritarias ante la sentencia de la Audiencia Nacional en el Sumario 18/98 son una prueba del impacto que la fiebre antiterrorista puede generar en el sentido crítico de una sociedad. Ni en los momentos de máxima violencia de ETA, en los años setenta y ochenta, se había consentido de manera tan laxa la restricción de libertades políticas y civiles en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. Ahora, en cambio, una mayoría de la ciudadanía, e incluso de los intelectuales progresistas, ha asumido con indiferencia, cuando no con entusiasmo, los estropicios legislativos, judiciales o policiales perpetrados contra la izquierda abertzale y, de modo más general, contra todo lo que pueda oler a independentismo o nacionalismo periférico. ¿A qué atribuir este desplazamiento en el sentido común dominante?

Un factor no menor es sin duda el nuevo escenario abierto tras los atentados del 11-S en Estados Unidos. Desde entonces, la “lucha contra el terrorismo” se ha convertido, a un lado y otro del Atlántico, en una consigna global bajo cuyos auspicios se han acometido operaciones de otro modo difícilmente justificables: desde la movilización patriótica y la neutralización de la disidencia política hasta la restricción de derechos y los ataques militares.

Esta lógica de guerra, que convierte al terrorista, y eventualmente al adversario político, en enemigo del orden y la seguridad públicos es la que ha presidido, en Estados Unidos, la aprobación de normas como la Patriot Act o la normalización progresiva de la barbarie que comporta Guantánamo. Y es la que ha llevado, también en Europa, a la proliferación contumaz de nuevos instrumentos de lucha conjunta contra un fenómeno terrorista cuyos contornos a veces resultan excesivamente vagos.

No es extraño, en ese sentido, que el giro adoptado por la política anti-terrorista en el ámbito español haya obtenido un beneplácito, interno y exterior, impensable hace una década. Entonces, los intentos gubernamentales para disolver HB generaron un amplio rechazo tanto en Europa como dentro del Estado y no encontraron eco alguno en los tribunales de justicia. En una sentencia de 1995, el Tribunal Constitucional dejó sentado que “la manifestación pública, en términos de elogio o exaltación, de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas acciones delictivas no puede ser confundida con tales actividades” (STC 42/95). Y hasta Pedro J. Ramírez, como se recordaba en las páginas de Público (02/12/07), firmó en 1998 un editorial en el que, a propósito del cierre de Egin, señalaba con tono solemne que sólo “delinquen las personas, no las rotativas”.

Después del 11-S, sin embargo, el mundo dejó de ser el mismo. Para los sectores más reaccionarios el maleable concepto de terrorismo se convirtió en fuente de legitimación de sus embates contra la disidencia política y social. Lo peor es que buena parte de la izquierda a menudo fue a remolque de esta estrategia. Sólo así puede explicarse, en el caso español, la clamorosa complacencia del PSOE frente a la Ley de Partidos y a otras iniciativas anti-terroristas exigidas por la derecha como acto de “lealtad a España”.

A partir de entonces, la pendiente resbaladiza del recorte de libertades civiles y políticas quedó expedita. Se cerraron periódicos, se prohibieron agrupaciones electorales, manifestaciones o reuniones, se introdujeron nuevos delitos de opinión en el Código Penal y hasta se amenazó con encarcelar al lehendakari por convocar una consulta sobre el propio autogobierno.

En un contexto así, el kafkiano laberinto del que forma parte el macroproceso 18/98 no puede considerarse un episodio aislado. Pensar que resulta suficiente que una acción política o social se considere “ayuda” a los “fines” de ETA para que pueda tratarse como un delito de terrorismo es adentrarse en un peligroso camino en el que se difuminan las fronteras entre el disidente y el enemigo de la patria, el inocente y el culpable. Es más, si todo lo que suene a independentismo, a nacionalismo periférico o, simplemente, no comulgue con los lugares comunes del nacionalismo español está destinado a ser “entorno de ETA”, o peor, parte de sus “entrañas”, la lógica de guerra está servida. Lo que se impulsará, inevitablemente, será un Derecho Penal de autor inspirado en una antigua y nunca apagada tentación totalitaria: la idea de que debe castigarse no por lo que se ha hecho sino por lo que se es o, incluso, por lo que se supone que se es. El enjuiciamiento de algunos miembros de la Fundación Zumalabe, con una reconocida trayectoria contraria a ETA y a favor de la no violencia, da cuerpo precisamente a esta última posibilidad: se puede ser terrorista sin saberlo o colaborador de ETA sin siquiera ser abertzale.

Un Estado de derecho digno de ese nombre no puede permitirse esta renuncia. La persecución de personas u organizaciones que, sin recurrir a la violencia, cuestionan aspectos esenciales del orden constitucional no constituyen simples daños colaterales de la lucha antiterrorista sino más bien una seria derrota del Estado de derecho y una victoria del terrorismo. Contemplada como una pieza más del escenario antigarantista instalado tras el 11-S, la sentencia del macrosumario 18/98 viene a despertar los fantasmas evocados por el viejo poema de Niemöler: primero les tocó a unos, luego a los otros, y después a mí, pero ya era tarde. Ojalá que la advertencia alcance también a quienes hoy aplauden o simplemente miran hacia otro lado.