“Hasta donde permita la ley y un poco más”. El conseller del Interior del gobierno de CiU, Felip Puig, lo defendía sin rodeos en 2011. También el ministro Fernández Díaz. La frase es una buena síntesis de una determinada concepción de los derechos humanos. Y de un periodo de recortes en el que se tomaron numerosas medidas de dudosa legalidad. Las recientes órdenes judiciales de búsqueda y detención vinculadas a la web de delación ciudadana son el último ejemplo. Cuatro años después, sus efectos aún perduran a pesar de su posterior retirada o la sustitución del conseller. No se puede descartar que permitan llevar a la cárcel a unos jóvenes por su hipotética participación en la huelga general de 2012. Los hechos han sido denunciados en una campaña de apoyo a las redes tras la etiqueta #DonemLaCara. Y en la que se exige el cierre de los casos penales derivados de la polémica web promovida por Puig.

Recordemos el contexto de todo. El advenimiento de la crisis financiera vino acompañado de una política de restricción de derechos sociales impulsada por el Gobierno del PP, y también por el de CiU en Catalunya. Y con ello, su creciente reclamo por vías no institucionales. Con la irrupción del 15-M, la PAH, las mareas o las huelgas generales comenzó un ciclo de protesta inédito. Cuando crece la resistencia ciudadana contra privatizaciones y recortes, se acelera también su criminalización. Fernández Díaz y el conseller Puig reaccionaron, de hecho, con una batería de iniciativas para elevar el listón represivo como nunca. Entre ellas, se incluía la exigencia de mayor contundencia policial y judicial, la restricción del derecho de reunión, la prohibición de ocultar el rostro en manifestaciones, la designación de un fiscal especializado en desórdenes públicos, la creación de más unidades antidisturbios, cámaras de videovigilancia en los espacios públicos o la monitorización de las redes sociales. Estas medidas debían ir acompañadas de importantes cambios legislativos. Se reformó, así, el Código Penal y la ley de seguridad ciudadana conocida como ley “mordaza” o “anti-15-M”.

Bajo esta óptica, no resultaba extraña la persecución contra todo tipo de activistas.”Se pueden esconder en una cueva, en una alcantarilla o en una asamblea, pero los encontraremos” decía otro alto cargo policial en 2012. Es con este cometido que se diseñó la web de delación. Se solicitaba “colaboración ciudadana” para identificar 68 de ellos con sus respectivas fotografías. La iniciativa indignó a numerosos juristas y defensores de los derechos humanos. Entidades como Jueces para la Democracia, la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados o el Colegio de Periodistas pidieron su retirada. El defensor del pueblo, Rafael Ribó, y la Agencia Catalana de Protección de Datos también encendieron las alarmas. Incluso la Fiscalía de Menores criticó la medida. En la web aparecían sin ningún control judicial personas que no habían sido imputadas.

Las entidades consideraban que la difusión de su imagen estigmatizaba y podía afectar a su derecho al honor, la intimidad o presunción de inocencia. Y más en el caso de menores, en los que la ley lo prohíbe expresamente. Todo ello forzó al departamento de Interior a anular “temporalmente” la web un mes después de su estreno. Sin embargo, los votos de CiU, PP y C ‘s avalaron su recuperación unos años después. Lo hicieron por la puerta trasera y en el transcurso de una comisión parlamentaria de 2013. El legado antigarantista del consejero Puig, así pues, aún sigue vivo. Cuatro años después, hay que volver a denunciar las listas negras. Hay que volver a dar la cara por los derechos humanos. Y contra la criminalización de la protesta.

La històrica sentència resol la consulta d’un jutge que volia saber si la normativa que permetia casos com el de Mohamed Aziz, a qui CatalunyaCaixa va expulsar de casa seva i li exigia el pagament de tot el deute més interessos de demora del 18%, era contrària a la legislació europea. Luxemburg estableix que sí. Fins ara els jutges espanyols no podien paralitzar un desnonament que tenia origen en un contracte abusiu. Aquesta era, sens dubte, una de les principals anomalies d’un procés d’execució sense parangó a Europa. El retard d’un mes en el pagament de la quota podia portar ràpidament a l’hipotecat al carrer. I això, amb independència de la il·legalitat del contracte signat, com en el cas de Mohamed. Era un altre jutge el que havia de decidir sobre això. I quan ho feia, normalment ja era tarda. L’afectat podia reclamar una indemnització però no se li retornava l’habitatge. Per al Tribunal, els magistrats no poden estar tan emmanillats. Han de poder adoptar mesures cautelars com la paralització del desallotjament “per garantir la plena eficàcia de la seva decisió final”.

Sens dubte, la sentència tindrà repercussions en tots els jutjats que tramiten execucions hipotecàries. A partir d’ara els togats podran examinar les condicions en què es van pactar aquestes hipoteques per determinar si s’afecten els drets del consumidor. Haurà de comprovar-se, per exemple, “si el professional, tractant de manera lleial i equitativa amb el consumidor, podia estimar raonablement que aquest acceptaria la clàusula en qüestió en el marc d’una negociació individual”.

El model ara examinat pel Tribunal ja suscitava el rebuig de la majoria de la ciutadania. Bona prova d’això és la creixent pressió social que ha aconseguit aturar més de 500 desnonaments a tota Espanya. I que ha aconseguit que s’admetés a tràmit la ILP promoguda per la PAH i recolzada per gairebé un milió i mitg de signatures. De fet, el 94% dels ciutadans considera, segons un recent sondeig, que haurien de suspendre’s els desnonaments per raons econòmiques.

La sentència representa una severa garrotada per a les entitats financeres. Però també per a un Govern que no ha dubtat a posar-se al servei dels seus interessos. I fins i tot per al propi Tribunal Constitucional que va desestimar una queixa similar sense exhibir major sensibilitat pels drets en joc. Els afectats i plataformes ciutadanes com la PAH, en canvi, són els grans guanyadors. Porten anys denunciant la injustícia d’una normativa concebuda per protegir als bancs en perjudici dels ciutadans. Encara queda per guanyar, és veritat, la batalla decisiva de la dació en pagament i del lloguer social. Però el que es va aconseguir ahir a Luxemburg és una prova més que quan els ciutadans s’atreveixen, i les institucions no es pleguen simplement a l’interès del més fort, sí es pot.

Hace unos días, el Congreso, con los votos favorables del PP y UPD y las abstenciones de CiU y el PNV, dio un paso decisivo en la aprobación de una reforma que afectará de lleno a otras familias: las que (mal)viven en régimen de alquiler. La iniciativa persigue dos objetivos. El primero, reducir de cinco a tres años la duración de los contratos de arrendamiento y permitir que inquilinos y propietarios pacten «libremente» aumentos ilimitados de la renta. El segundo, convertir el impago de un solo mes de alquiler en causa de desalojo y crear un registro público de morosos para dar seguridad a los propietarios.

Los impulsores de la reforma sostienen que su objetivo es «dinamizar el mercado de la vivienda» y «evitar rigideces» (un lenguaje llamativamente similar al utilizado en las últimas contrarreformas laborales). Sin embargo, a falta de un parque público asequible y suficiente lo más probable es que únicamente sirva para agravar una situación de emergencia habitacional que la ONU ha denunciado hasta el cansancio. Y que ya se ha cobrado algunas vidas, como la de José Antonio Diéguez, el vecino que el miércoles de la semana pasada se arrojó por la ventana de un modesto piso de Bilbao cuando iba a ser desalojado.

Al precarizar aún más la posición de los arrendatarios, en efecto, la reforma desincentivará el cuidado de los pisos alquilados y acabará por criminalizar a las personas con necesidades más agudas. La idea es reforzar la percepción de que la morosidad en el pago del alquiler obedece a la mala fe y no a la falta de recursos. Pero los datos disponibles demuestran que, pese a la crisis, este tipo de morosidad continúa siendo minoritaria. Y que allí donde existe, se concentra más bien entre promotores inmobiliarios y entidades financieras que no pagan ni los gastos de comunidad. Para las familias, en cambio, pagar el alquiler y evitar la pérdida de su hogar es una necesidad de primer orden. Tanto, que puede justificar la desatención de otras como la alimentación, el vestido o la educación.

En realidad, si la reforma recibe el visto bueno del Senado el derecho a la vivienda sufrirá un nuevo golpe. De entrada, se fomentará un interesado enfrentamiento entre los inquilinos más vulnerables y muchos pequeños propietarios que también se han visto empobrecidos con la crisis. Mientras, las grandes inmobiliarias y las entidades financieras podrán seguir especulando con un parque de viviendas infrautilizado que bien contribuiría a aliviar el problema. El resultado será nefasto. A los desahucios por ejecuciones hipotecarias se sumarán los de miles de personas que, sobre todo en núcleos urbanos donde el alquiler es mayoritario, no llegan a fin de mes y corren el riesgo cierto de quedarse en la calle.

No hace falta ser un crítico radical para advertir el desatino de esta política. En países como Dinamarca, Francia, el Reino Unido u Holanda, las insuficiencias del mercado privado de alquiler son compensadas por la existencia de ayudas, por la prohibición de desahucios en casos extremos, por la penalización del abandono injustificado de viviendas y, sobre todo, por la presencia de un fuerte parque de alquiler social (entre el 20% y el 35%). Y allí donde el parque público carece de peso suficiente, como en Alemania (un 6%), al menos existen límites a los precios del alquiler privado.

Si de verdad pretende dinamizar y no degradar el mercado de alquiler, el Gobierno dispone de varias alternativas. La primera, impulsar un registro riguroso, no de morosos pobres sino de grandes propietarios de viviendas abandonadas o infrautilizadas. Otra, forzar el alquiler del más de un millón de pisos vacíos en manos de las entidades financieras, comenzando por las que han sido apuntaladas con recursos públicos. Este es el razonable camino que señalan la PAH y otras entidades sociales ¿Será capaz el Senado, ese aparente convidado de piedra, de hacer resonar las voces de la calle antes de que una nueva tragedia se consume?

Este bloqueo no es del todo nuevo. Hunde sus raíces en la transición y en el régimen constitucional que se generó luego. La lucha antifranquista, en efecto, forzó a la constitución de 1978 a comprometerse con un modelo de “democracia avanzada” que no se agotara en la convocatoria de elecciones cada cuatro años. Sin embargo, dicho compromiso no tardó en diluirse a favor de una democracia de representantes, controlada por unos pocos partidos y tutelada, precisamente, por ese bloque de poder financiero-inmobiliario-constructor que ha transitado sin mayores sobresaltos desde la dictadura hasta nuestros días. La desconfianza con la que se consagraron los instrumentos de participación ciudadana directa, como los referendos o la iniciativa legislativa popular, es un reflejo de este modelo de democracia de baja intensidad. Que no solo fue una imposición de los partidos más conservadores, sino que contó con el beneplácito de las izquierdas institucionales que esperaban beneficiarse de él.

Casi treinta y cinco años más tarde, los afectados por la estafa hipotecaria han sido víctimas calificadas de aquel “consenso” original. Para hacer oír su voz en las instituciones, han tenido que atravesar una feroz carrera de obstáculos. La propia admisión a trámite de la ILP, previa a la recogida de firmas, fue bloqueada por todas las vías posibles. Una de las más groseras fue la súbita aparición de un extravagante partido “verde ecopacifista” que intentó neutralizar la iniciativa presentando su propia propuesta y que al final resultó ser una tapadera vinculada a promotores inmobiliarios. Superada la admisión a trámite, la PAH y el resto de entidades promotoras de la iniciativa tuvieron que asumir unos gastos que, si acaso, solo se compensarán al final del proceso y de manera muy defectuosa, algo que perjudica claramente a las iniciativas de colectivos con pocos recursos. Igualmente complicado era superar la exigencia de las 500.000 firmas, un número muy superior al que se requiere en países como Austria, Italia o Suiza. Solo la dimensión de la tragedia y la admirable entrega de activistas y afectados explican que el número final de firmas conseguidas haya bordeado el millón y medio. Una cifra que triplica la cantidad exigida por la ley y que no incluye las simbólicamente recogidas a miles de familias migrantes (que fueron consideradas “sujeto de crédito” cuando convenía a los bancos pero a las que ahora se niega el derecho de iniciativa por no ser “ciudadanos”).

A pesar de los ingentes esfuerzos realizados, la ILP se topará hoy martes con un escollo ulterior: la toma en consideración por parte del Congreso, esto es, una votación global en la que se decidirá si la iniciativa continúa su tramitación o no. Ni la PAH, ni ninguno de los promotores de la medida tendrán derecho a explicarla y defenderla ante la Cámara (algo que la reforma de la ley de iniciativas realizada por el gobierno de Rodríguez Zapatero podría haber previsto de manera clara, pero no lo hizo). Esto permitirá al Partido Popular ejercer su anunciado derecho de veto y arrojar a la basura el esfuerzo de todos estos meses sin tener que dar mayores explicaciones. En realidad no haría falta. Cuando una iniciativa legislativa popular se tramita como proposición de ley, los partidos pueden modificar e incluso a distorsionar a placer la propuesta originaria, sin que los promotores tengan el derecho a retirarla (solo la legislación aragonesa sobre iniciativas populares legitima específicamente a la comisión promotora para solicitar la retirada).

En defensa de su posición, el gobierno ha sostenido que una minoría social no puede pretender imponer su punto de vista a mayorías parlamentarias apoyadas por millones de personas. Este argumento, empero, presenta varios problemas. De entrada, la PAH ha reclutado más adhesiones que muchos partidos con representación parlamentaria. Y todo ello sin recurrir a las turbias fuentes de financiación a las que recurren los más poderosos de entre ellos. Según las encuestas, la adhesión a la causa de los desahuciados alcanza al 90 por ciento de la población, incluidos muchos expertos y jueces. Para conocer el alcance real de este porcentaje, la PAH podría convertir su propuesta en una iniciativa de consulta al conjunto de la ciudadanía. En países tan disímiles como Suiza o Ecuador esto sería perfectamente viable. Pero no en España, donde la democracia de baja intensidad pergeñada tras la transición otorga al gobierno la llave exclusiva de la convocatoria de referendos consultivos.

Si rechaza la toma en consideración de la ILP, el gobierno podrá anotarse una victoria. Pero será una victoria pírrica. Desde la guerra de Irak, de la que pronto se cumplirá un nuevo aniversario, nunca la distancia entre mayoría legislativa y mayoría social había parecido tan grande. También entonces, el gobierno del Partido Popular se enrocó en su posición, alegando que los votos obtenidos le autorizaban a seguir adelante. Tiempo después, ya no estaba en el gobierno. Sea cual sea el resultado de lo que ocurra este martes, habrá que tener presente aquel episodio. Porque lo que la PAH ha puesto en la calle no es solo la injusticia de una nueva guerra emprendida contra los desahuciados. Es la injusticia y la violencia de una guerra emprendida contra la mayoría de la ciudadanía, que no cesará hasta que el régimen político y económico heredado de la transición no sea democratizado de la cabeza a los pies. La manifestación del próximo sábado 16 debería servir para avanzar en esa dirección.

Font: http://www.publico.es/450547/que-hay-detras-de-la-ilp-contra-los-desahucios

Lejos de ser un fenómeno natural o un simple trámite jurídico, los desahucios por razones económicas entrañan una innegable dosis de violencia. Quienes los padecen, no sólo ven afectado su derecho a la vivienda. Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo para sí y los suyos, quedan expuestos a vulneraciones severas de sus derechos a la integridad física y psíquica, a conservar o a buscar un empleo, a asegurar la educación de sus hijos. En casos como el español, esta situación es especialmente trágica, ya que el desahucio no comporta casi nunca el realojamiento digno exigido por Naciones Unidas.

En realidad, estos desahucios han estado en el centro de la gestación y estallido de la crisis. Durante el boom inmobiliario, cientos de familias fueron expulsadas de sus viviendas a resultas de operaciones urbanísticas especulativas. Otras tantas fueron objeto de acoso inmobiliario: una forma no disimulada de coacción, e incluso de matonismo, dirigida contra arrendatarios con alquileres bajos, considerados una rémora para la obtención de rentas mayores. Tras el estallido de la crisis, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre las familias con hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. Entre 2007 y 2011, según el Consejo General del Poder Judicial, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000. Sólo en 2010 ya fueron 93.636. A este escenario deben sumarse, a medida que el paro se dispara, miles de desahucios por impago de alquileres con escasa o nula intervención de los servicios sociales.

La violencia que experimenta quien es desahuciado no cae del cielo. En la mayoría de los casos, es producida por entidades financieras, constructoras y grandes inmobiliarias para las que la vivienda no es un derecho, sino una simple mercancía de la que extraer la mayor renta posible. A menudo, esta violencia opera por vías abiertamente ilegales. Otras veces, cuenta con la cobertura de leyes y decisiones institucionales que la autorizan o que incluso la fomentan. Ni el sobreendeudamiento hipotecario, ni el llamado desalojo exprés, ni el apenas 2% de vivienda pública de alquiler, ni la fiebre especulativa que ha dejado tras de sí más de 3.500.000 inmuebles vacíos o infrautilizados, son el producto de espontáneas leyes de mercado. Reflejan intervenciones públicas explícitas, a menudo concertadas con agentes privados a los que deliberadamente se exime de toda responsabilidad social y jurídica.

Esta connivencia, en la que, con diferentes énfasis, coinciden los grandes partidos estatales y autonómicos, no se ha visto cuestionada por la agudización de la crisis. Propuestas razonables como la dación en pago o la movilización al alquiler social del parque habitacional en manos de la banca o de grandes propietarios, se han estrellado con la férrea oposición del PSOE, del PP y de las derechas autonómicas.  Incluso los cuestionamientos al procedimiento de ejecución hipotecaria por vulneración del debido proceso y del derecho a la vivienda han sido descartados por el Tribunal Constitucional sin consideración alguna sobre la actual situación de emergencia habitacional.

Este bloqueo institucional contrasta con la actitud de otros países. En Francia, por ejemplo, existe una moratoria de desahucios durante el periodo invernal y ayuntamientos como el de Bobigny disponen de ordenanzas antidesalojos para proteger a las familias más vulnerables. En un contexto así, no sorprende que diferentes movimientos sociales y vecinales hayan emprendido movilizaciones en todo el Estado para dar apoyo a las familias afectadas y frenar los más de 200 desalojos que se practican diariamente. En los últimos meses, ya se han parado más de 60 gracias a la campaña “STOP desahucios”. Estas  acciones de solidaridad constituyen una vía legítima de defensa, no de privilegios, sino de los derechos de todos, constantemente amenazados. Y suponen, además, la impugnación de normas y de decisiones judiciales e institucionales a menudo reñidas con la propia legalidad proclamada en constituciones y declaraciones de derechos humanos.

Esta desobediencia civil disruptiva pero no violenta, frente a la ilegalidad del poder que ha caracterizado la actuación del 15-M, es tal vez la última barrera garantista frente a un proceso acelerado de descomposición social. Pretender tratarla como una cuestión de orden público, practicando desahucios sin previo aviso, en horas inhábiles o con amplios
dispositivos policiales, es un gesto de impotencia que, lejos de eliminar el conflicto, ahondará el descrédito de las propias instituciones. Tener un techo digno y seguro es una necesidad básica para el desarrollo personal y para la vida en comunidad. Y el desahucio, la condena a la intemperie, una forma de violencia a la que, como muestran las acciones de protesta en curso, ninguna persona sensata y con fuerzas puede resignarse de brazos cruzados.

Font: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/217/stop-desahucios/

 El acoso inmobiliario aparecía ligado a dos factores estructurales: la insuficiente regulación del mercado privado de alquiler y la ausencia de un parque público de vivienda asequible. Piénsese en el caso de la educación o de la salud. Su satisfacción como derechos depende en buena medida de la existencia de equipamientos públicos y de un sector privado bajo control. En cambio, cuando se trata de ámbitos como el trabajo o la vivienda, es el sector privado, articulado en las relaciones empresario-trabajador o propietario-arrendador el que determina las políticas respectivas. Estas relaciones no son relaciones de igualdad. En ellas, por el contrario, una de las partes, los propietarios de las empresas o de los bienes inmobiliarios, tiene una clara situación de ventaja sobre la otra.

 En el ámbito laboral, al menos, esta desigualdad se ha visto parcialmente mitigada por la existencia de leyes y de organizaciones específicas de protección de los trabajadores. Los arrendatarios, en cambio, no han gozado de protección equivalente frente al uso especulativo de la vivienda por parte de los propietarios. En este contexto, no extraña que el acoso inmobiliario se haya convertido en una práctica extendida. Según el Consejero de Vivienda de la Generalitat, Francesc Baltasar, unas 10.000 familias catalanas lo padecen. Las víctimas más frecuentes suelen ser personas mayores y carentes de recursos. La gravedad del fenómeno es tal que en los últimos años han surgido diferentes asociaciones de apoyo a las víctimas, como el Taller contra la violencia inmobiliaria. La presión social también ha obligado a actuar a las institucionales. Se han creado oficinas municipales de atención a las víctimas, se han previsto sanciones administrativas para los acosadores e incluso se ha tipificado la práctica en el proyecto de Código Penal anunciado esta semana. Estas medidas, no obstante, son insuficientes para afrontar un fenómeno que tiene su origen en un modelo urbanístico y habitacional injusto e insostenible.

 Este modelo no es el producto inexplicable de ninguna “mano invisible”. Obedece a medidas deliberadas, como el reciente anteproyecto de ley estatal que pretende favorecer el acceso al alquiler… facilitando el desahucio de los arrendatarios más vulnerables! El argumento es similar al que pretende asegurar mayor empleo desregulando las relaciones laborales y facilitando el despido. Y las consecuencias son conocidas. En realidad, mientras no se eviten los precios abusivos del alquiler privado y no exista un parque público de vivienda asequible, el acoso inmobiliario continuará siendo una “vergüenza” incrustada en el corazón del proclamado pero poco realizado Estado social de derecho.

El acoso inmobiliario aparecía ligado a dos factores estructurales: la insuficiente regulación del mercado privado de alquiler y la ausencia de un parque público de vivienda asequible. Piénsese en el caso de la educación o de la salud. Su satisfacción como derechos depende en buena medida de la existencia de equipamientos públicos y de un sector privado bajo control. En cambio, cuando se trata de ámbitos como el trabajo o la vivienda, es el sector privado, articulado en las relaciones empresario-trabajador o propietario-inquilino el que determina las políticas respectivas. Estas relaciones no son relaciones de igualdad. En ellas, por el contrario, una de las partes, los propietarios de las empresas o de los bienes inmobiliarios, tiene una clara situación de ventaja sobre la otra.

En el ámbito laboral, al menos, esta desigualdad se ha visto parcialmente mitigada por la existencia de leyes y de organizaciones específicas de protección de los trabajadores. Los inquilinos, en cambio, no han gozado de protección equivalente frente al uso especulativo de la vivienda por parte de los propietarios, sobre todo cuando éstos tienen una posición dominante en el mercado. En este contexto, no extraña que el acoso inmobiliario se haya convertido en una práctica extendida. Según el Consejero de Vivienda de la Generalitat, Francesc Baltasar, unas 10.000 familias catalanas lo padecen. Las víctimas más frecuentes suelen ser personas mayores y sin recursos y tiende a reproducirse en barrios con fuerte presión inmobiliaria como los que son objeto de transformación urbanística o las viviendas de renta antigua. La gravedad del fenómeno es tal que en los últimos años han surgido diferentes colectivos de apoyo a las víctimas, como el “Taller contra la violencia inmobiliaria” o la asociación “Afectados por el Mobbing Inmobiliario”. La presión social también ha obligado a actuar a las instituciones. Se han creado, así, mecanismos como una fiscalía especializada, coordinada con las entidades locales, y teléfonos u oficinas municipales de atención a las víctimas que denota una mayor sensibilidad frente al fenómeno.

A nivel informativo, también se han dado algunos pasos importantes. La última reforma del Código Penal aprobada por el Consejo de Ministros prevé un nuevo apartado en el título referido a delitos contra la integridad moral que tipifica el acoso inmobiliario, junto al laboral, y contempla penas de prisión de hasta 2 años (artículo 173.1). Se trata de una regulación específica que, seguramente, permitirá superar las dificultades que los tribunales encuentran a la hora de dar respuesta al fenómeno a partir de los tipos penales de coacciones y del delito contra la integridad moral.

En Catalunya, la nueva Ley 18/2007 del derecho a la vivienda se hace eco de otras normas vigentes en países del entorno. Es el caso de los Estados Unidos, que desde 1968 contaba con una ley, la Fair Housing Act, que define, prohíbe y castiga el acoso. Y también de la Unión Europea, que ha aprobado diversas directivas comunitarias que permiten luchar contra la discriminación. Como desarrollo de estas directivas, la ley establece diversas medidas de prevención y sanción del acoso, que por primera vez se define como una conducta que se produce “por actuación u omisión con abuso de derecho [y] tiene por objetivo perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda, creando un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, en el personal o en el social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no querida sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda” (artículo 45.2). Estos comportamientos se califican como infracciones muy graves (artículo 123.2.a) y se castigan con multas que pueden llegar a los 900.000 euros (art. 118.1), cuantía elevada que se explica por las plusvalías especulativas que el acosador puede llegar a obtener.

La ley, al considerar la conducta como discriminatoria, facilita la sanción con una cierta flexibilización probatoria, ventaja evidente respecto de la jurisdicción penal. Se invierte, así, la carga de la prueba (artículo 47) y, por tanto, deberá ser el arrendador quien aporte justificación suficiente de la conducta si pretende evitar las sanciones. También se obre la legitimación a personas jurídicas defensoras de intereses colectivos (artículo 48). La competencia para la tramitación y la imposición de sanciones, por otro lado, corresponderá al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat, pero también la podrán ejercer los entes locales (artículo 130), a menos que el importe exceda los 500.000 euros (artículo 131.1).

Estas medidas, en todo caso, quedarían en papel mojado si no se articulan protocolos y mecanismos de investigación adecuados en los que se involucren las administraciones locales, el colegio de administradores de fincas, las asociaciones de consumidores y los diferentes cuerpos de policía, así como las empresas de suministro de servicios como agua y luz. También es menester identificar qué situaciones pueden dar lugar a la apertura de un expediente de sanción administrativa, ya que la ley tan sólo establece una: la negativa injustificada de los propietarios de vivienda a cobrar la renta arrendaticia, que será considerada un indicio de acoso inmobiliario. Y, en todo caso, estas medidas resultaran insuficientes para afrontar el fenómeno si no se tiene presente que éste tiene su origen en un modelo urbanístico y habitacional injusto e insostenible. Este modelo no es el producto inexplicable de ninguna “mano invisible”. Responde a medidas deliberadas, como el reciente anteproyecto de ley estatal que pretenden favorecer el acceso al alquiler facilitando, de manera paradójica, el desahucio de los arrendatarios más vulnerables. El argumento es similar al que pretende asegurar una mayor ocupación desregulando las relaciones laborales y facilitando el despido. Las consecuencias son conocidas. En realidad, mientras no se eviten los precios abusivos del alquiler privado y no exista un parque público de vivienda asequible, el acoso inmobiliario continuará siendo una “vergüenza” incrustada en el corazón del proclamado pero poco realizado Estado social de derecho.

Font: Revista Jurídica Advocats de Barcelona

]]> http://www.nohihadret.cat/2009/09/el-acoso-inmobiliario-una-verguenza-social/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2009/05/hipotecas-fraudulentas-2/ http://www.nohihadret.cat/2009/05/hipotecas-fraudulentas-2/#comments Tue, 05 May 2009 23:32:45 +0000 nohihadret http://www.nohihadret.cat/?p=357 Un banquero –dejó escrito Mark Twain– es alguien que te presta un paraguas cuando hay un sol radiante y te lo exige de vuelta apenas comienza a llover”. Para miles de familias, la frase describe una realidad dramática pero inapelable. Hace años, optaron por la compra como vía de acceso a una vivienda segura y se endeudaron comprometiendo una parte sustancial de sus ingresos. Una mañana se despertaron con un aumento intempestivo de los intereses hipotecarios y una pérdida de valoración de sus pisos. Hoy, por mucho que el Euríbor baje, son cada vez más los que, además de perder su empleo, corren el riesgo de quedarse sin vivienda, manteniendo, para colmo, su deuda con bancos y cajas. ¿A quién debería responsabilizarse por esta kafkiana situación?
Para cierto sentido común, la decisión de hipotecarse era una decisión libre que obliga a quien la adoptó a asumir todas las consecuencias. Sin embargo, este razonamiento subestima el peso que en esta decisión tuvo la deliberada apuesta institucional por la compra y la práctica inexistencia de otras vías razonables de acceso al derecho a una vivienda que no fueran en régimen de propiedad. A pesar, en efecto, de haber construido mucho más que la mayoría de estados europeos, el español es uno de los que menos ha dedicado a incentivar formas de tenencia alternativas a la propiedad privada, como el alquiler o la cesión de uso. Estimuladas por desgravaciones fiscales y ventajas de todo tipo, muchas personas pensaron, no sin razones, que la compra era la única opción de acceso a una vivienda segura. Inmobiliarias, bancos y cajas, simplemente, se aprovecharon de esta política para la que alquilar era una forma de “tirar el dinero” y dedicaron todo su aparato de propaganda a impulsar el sobreendeudamiento destinado a la compra.

Quienes contrajeron los créditos –es verdad– no eran totalmente ajenos a los riesgos que estos entrañaban. Pero no es menos cierto que los contratos celebrados con las entidades financieras tenían con frecuencia la fisonomía clásica de los contratos por adhesión, caracterizados por una fuerte asimetría en la información disponible por las partes y por la inclusión de cláusulas notoriamente abusivas. La lista de irregularidades es amplia: sobrevaloración de los pisos con el objeto de inflar el precio y aumentar la deuda; contratación obligada de seguros caros e inútiles; utilización de avales cruzados entre los mismos deudores; cobro de intereses variables referenciados al Euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada sobre los posibles aumentos en la hipoteca. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo a los que todo sistema crediticio razonable debería someterse.

A pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas, lo llamativo es que el índice de morosidad de las familias ha permanecido, al menos hasta ahora, increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de la crisis han apelado sin remilgos al socorro público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Y, cuando han dejado de hacerlo, la respuesta de las entidades crediticias ha sido fulminante: o el pago, o el desahucio; o la bolsa, o la vida. Según el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo de 2009 unas 84.214 unidades familiares pueden perder sus viviendas en procesos de ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la desvalorización sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda quede debiendo dinero a la entidad que astutamente lo endeudó. Comparada con su activo compromiso con las entidades financieras, la respuesta oficial frente a la crítica situación de los afectados ha sido ofensiva. La moratoria ofrecida por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no cuestiona el aumento abusivo de intereses y ni siquiera es obligatoria para los bancos. Que hasta el momento sólo se hayan acogido a ella unos pocos centenares de personas es una prueba clara de sus límites.
Con este panorama, no es de extrañar que los propios perjudicados hayan decidido, poco a poco, pasar a la ofensiva.

Algunas plataformas, como Ahorcados por la hipoteca (www.anticrisis.es), en Madrid, y Afectados por la hipoteca (www.afectadosporlahipoteca.blogspot.com), en Barcelona, han puesto sobre la mesa algunas exigencias elementales: paralización de los desahucios –tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas– hasta que se haya encontrado una solución a su situación; garantía a los afectados del acceso a la justicia gratuita para defenderse de los procesos de ejecución; regulación de la dación en pago, de manera que si el banco se queda la vivienda, la deuda quede saldada, como de hecho ocurre en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos; expropiación o compra a un precio justo del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia con el objeto de destinarlas a un parque público de viviendas de alquiler; y realización de una auditoría pública sobre el funcionamiento real del mercado hipotecario.
Los contratos, reza el adagio clásico, se celebran para cumplirse. Sin embargo, si las cláusulas pactadas resultan fraudulentas o esconden un uso abusivo de la información disponible, no es de recibo exigir el cumplimiento de las condiciones originarias. Mucho menos cuando dichas irregularidades han sido alentadas, por acción y omisión, por las propias políticas públicas. Defender a quienes tienen hipotecas impagables, al igual que a quienes disponen de un alquiler precario o carecen de techo, no es una apelación a la caridad. Es una cuestión de justicia, basada en la necesidad de remover la especulación pública y privada de nuestras sociedades y de actualizar el derecho de todos a una existencia digna.

Naturalmente, este panorama no podía atribuirse al azar o a alguna misteriosa conjura divina. Los enormes costes sociales y ambientales del modelo urbanístico e inmobiliario español, su nervio especulativo, estaban estrechamente imbricados en políticas públicas concretas diseñadas a lo largo de los años ochenta y noventa. Estas políticas habían girado en torno a obsesiones claramente identificables: la consideración de la propiedad privada como régimen principal de acceso a la tenencia de vivienda; la progresiva liberalización del suelo y la privatización, en general, del régimen urbanístico e inmobiliario.

Si las obsesiones de este antimodelo, comparadas con el panorama europeo, podían considerarse singularmente españolas, sus consecuencias también lo eran. Así quedaba descrito en el Informe del Relator de la ONU y así lo aceptaron, aunque con la boca pequeña, diferentes organismos públicos. De hecho, la constatación de la gravedad de la situación condujo a varias comunidades autónomas, y al Estado central más tarde, a aprobar una serie de medidas que pretendían inscribirse en un horizonte urbanístico diferente. Las leyes de suelo vascas, las leyes catalanas de barrios y del derecho a la vivienda, o la nueva ley estatal del suelo, reflejaban un propósito de enmienda y la asunción del estrepitoso fracaso de la gestión neoliberal de la vivienda y del territorio.

Pasados algunos años, sin embargo, las expectativas generadas, salvo honrosas excepciones, han quedado insatisfechas. El desarrollo de las previsiones normativas más garantistas ha sido insuficiente, cuando no de una exasperante lentitud. Las exiguas y muchas veces discrecionales ayudas en materia de vivienda distan mucho de lo que debería ser un servicio público orientado a garantizar un auténtico derecho, como la salud o la educación. Mientras, la consideración de la vivienda como un bien de inversión, como motor de la economía y alimento de las arcas públicas, ha continuado siendo el eje de la política estatal y de la mayoría de las comunidades autónomas.

La reciente crisis financiera e inmobiliaria ha hecho más evidente, si se quiere, la escasa incidencia de estas políticas públicas en la realidad cotidiana. A las miles de personas que no podían acceder a una vivienda digna en el mercado de alquiler se suman ahora las miles de familias –muchas de ellas inmigrantes– que han perdido su casa o que corren el riesgo de perderla a causa de hipotecas que se han tornado impagables.

En la línea de sus homólogos europeos, el gobierno español ha respondido a la nueva situación anteponiendo los intereses de los señores del mercado a los de los ciudadanos de a pie y los colectivos más vulnerables. Casi una tercera parte del presupuesto público se destinará a empresas e instituciones financieras que en muchos casos, además de enriquecerse, han tenido una responsabilidad inocultable en la actual crisis. Ni las condiciones de las ayudas ni las obligaciones asumidas por los destinatarios han quedado claras.

La voluntad política exhibida para socorrer a quienes han urdido esta trama especulativa ha sido mucho más decidida que la desplegada para rescatar a las familias que corren el riesgo de quedar sin techo o que siguen sin poder pagárselo en el mercado. Medidas como la moratoria en el pago de las hipotecas o en el uso de las cuentas de ahorro vivienda benefician más a los propios bancos que a los colectivos con recursos más modestos. El colmo de los despropósitos es el reciente anteproyecto de ley estatal que pretende favorecer el acceso al alquiler… ¡facilitando el desahucio de los arrendatarios más vulnerables!
Es precisamente en contextos críticos como el actual cuando los poderes públicos deberían demostrar su compromiso, no con los privilegios de unos pocos sino con los derechos de todos los habitantes, comenzando por el elemental derecho de todos a una vivienda adecuada y a una existencia digna. Nada de ello se conseguirá mediante “estímulos” a los grandes propietarios y constructores o insuflando aires a un sistema financiero que agoniza fruto de su propia desmesura. Por el contrario, hoy más que nunca, hace falta determinación para cambiar el rumbo de raíz: poniendo límites a los precios abusivos del mercado privado de alquiler, creando con lo ya construido un parque de vivienda pública asequible, suficiente y de calidad y sometiendo el sistema financiero a estrictos controles democráticos que permitan trascender, en definitiva, la gestión neoliberal y productivista del territorio. Esta determinación se podrá tener o no. Pero hay que saber que en ello se juega la credibilidad de las instituciones frente a una ciudadanía cuya paciencia no debería presumirse infinita.

La gravedad de la situación y la insuficiente respuesta de los poderes públicos han generado reacciones sociales diversas. La ocupación de inmuebles abandonados, tanto por razones de necesidad como reivindicativas, es una de ellas. No faltan quienes piensan que estas actuaciones deben tratarse como inaceptables vulneraciones de derechos ajenos a las que sólo cabe responder con el rigor del derecho penal. Sin embargo, una comprensión más exigente de los derechos fundamentales y del principio democrático obligaría a ver las cosas de otro modo.

Tomemos el caso de la reciente orden de desalojo contra la cincuentena de jóvenes que ocupaban la antigua fábrica de Can Ricart. Las crónicas periodísticas disponibles informan de que el juez de la causa fundó su decisión en dos argumentos centrales. Por un lado consideró que la ocupación no fue pacífica, sino “intimidatoria” y que constituyó, por tanto, una usurpación violenta de propiedad ajena. Por otra parte, sostuvo que las declaraciones reivindicativas por parte de los ocupantes y de asociaciones de vecinos habían generado “preocupación en la víctima” y gran “alarma social”.

Intimidación, reivindicación de los hechos y alarma social aparecen así como la cadena lógica que justifica el rigor penal y obliga a descartar otras vías más dialogadas, como la civil. Buena parte de la clase política ha respirado aliviada ante la decisión, como si se quitara de encima un problema que podría haberse resuelto antes y de manera más contundente. No obstante, la decisión del juez deja abiertos numerosos interrogantes.

Para comenzar, el propio juez reconoce -lo que no es poco- que la ocupación pacífica de un inmueble injustamente abandonado podría no merecer reproche penal alguno y que, por tanto, bien podría zanjarse por otras vías judiciales. El problema en Can Ricart sería que el predio no se encontraba abandonado puesto que estaba “vigilado durante las 24 horas”. La ocupación, por tanto, sólo habría podido prosperar de manera “violenta”. Para cualquiera que haya seguido la crónica de la manifestación que concluyó en la ocupación o que haya constatado con sus propios ojos el estado en que se encuentra el predio, estas razones son difícilmente aceptables.

Argumentar, en primer lugar, que basta con apostar un vigilante en un inmueble para desbaratar cualquier sospecha de abandono o de uso especulativo de una propiedad, resulta endeble. El propio proyecto de ley del derecho a la vivienda impulsado por el Gobierno tripartito, por ejemplo, reconoce que consentir el deterioro de las instalaciones y de servicios básicos de agua o luz constituye un indicio de peso del uso “anómalo” o “antisocial” de una propiedad.

La entrada de los músicos y artistas a las naves, por otra parte, se produjo a plena luz del día, diferentes cuerpos de seguridad acompañaban de cerca la manifestación y no hubo constancia de que se produjeran daños a persona alguna. Presentarla como un despliegue de “artimañas” e “intimidaciones violentas” parece desmesurado. Entonces, ¿qué elementos desencadenaron el desalojo penal? El magistrado parece sugerirlo de manera elíptica. En lugar, afirma, de actuar con “sigilo”, los ocupantes reivindicaron su actuación y exhibieron así un arraigado tic de los movimientos antisistema: “enfrentar de manera permanente a los poderes públicos”.

Este último razonamiento es preocupante, sobre todo por la idea de democracia que traduce. Desde un primer momento, quedó claro que los miembros de La Makabra no se limitaban a pedir un espacio “propio” para ensayar. Pretendían poner sobre la mesa una cuestión más grave, sobre la que la decisión judicial guarda un clamoroso silencio: la reconversión de barrios enteros, con fuerte identidad social y valor histórico, en espacios mercantilizados y excluyentes. Y todo ello a través de procedimientos no siempre transparentes que privilegian la participación de los grandes propietarios y promotores en detrimento de la de los vecinos afectados.

¿Qué hay de malo en hacer públicas esas razones? ¿Por qué sería preferible el “sigilo” a la reivindicación deliberada de derechos que, después de todo, no expresan simples caprichos privados, sino anhelos de una parte importante de la población? ¿No es acaso la disposición para enfrentar al poder, cualquiera sea su color político, la base de una ciudadanía alerta y vigilante? Si la protesta de los artistas de La Makabra consiguió granjearse el apoyo de asociaciones de vecinos e incluso del propio relator de Naciones Unidas fue precisamente por su capacidad para apelar a intereses públicos, en buena parte generalizables. ¿Qué es por tanto lo que de verdad produce “alarma social”: los colectivos que protestan o aquello que se denuncia?

Ciertamente, puede discreparse con la manera de llevar a cabo la reivindicación. Pero debe hacerse sin hipocresías. En las actuales democracias mediáticas, ¿cómo pueden hacerse sentir las voces más críticas? ¿Cómo ejercer de manera genuina la libertad ideológica y de expresión cuando los canales convencionales permanecen bloqueados o resultan manifiestamente insuficientes? ¿Cuáles son, en suma, las vías de participación que, más allá del voto y de los mecanismos simplemente programados “desde arriba”, está dispuesta a aceptar una democracia que la Constitución española define como “avanzada”?

La ocupación de los deteriorados predios del marqués de Santa Isabel por parte de un colectivo de artistas permitía, entre otras cosas, detenerse a reflexionar sobre el modelo de ciudad que se está impulsando y su impacto sobre los derechos de sus pobladores. Se podía estar de acuerdo o no con las reivindicaciones de fondo. Pero la utilización del derecho penal resulta un portazo torpe y desproporcionado a la posibilidad de ampliar la discusión pública en torno al gravísimo problema de la especulación urbanística y de la falta de vivienda asequible. Para ello habría que haber comenzado por asumir que, en una concepción exigente del principio democrático, el derecho a la protesta es el primero de los derechos.

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