La històrica sentència resol la consulta d’un jutge que volia saber si la normativa que permetia casos com el de Mohamed Aziz, a qui CatalunyaCaixa va expulsar de casa seva i li exigia el pagament de tot el deute més interessos de demora del 18%, era contrària a la legislació europea. Luxemburg estableix que sí. Fins ara els jutges espanyols no podien paralitzar un desnonament que tenia origen en un contracte abusiu. Aquesta era, sens dubte, una de les principals anomalies d’un procés d’execució sense parangó a Europa. El retard d’un mes en el pagament de la quota podia portar ràpidament a l’hipotecat al carrer. I això, amb independència de la il·legalitat del contracte signat, com en el cas de Mohamed. Era un altre jutge el que havia de decidir sobre això. I quan ho feia, normalment ja era tarda. L’afectat podia reclamar una indemnització però no se li retornava l’habitatge. Per al Tribunal, els magistrats no poden estar tan emmanillats. Han de poder adoptar mesures cautelars com la paralització del desallotjament “per garantir la plena eficàcia de la seva decisió final”.

Sens dubte, la sentència tindrà repercussions en tots els jutjats que tramiten execucions hipotecàries. A partir d’ara els togats podran examinar les condicions en què es van pactar aquestes hipoteques per determinar si s’afecten els drets del consumidor. Haurà de comprovar-se, per exemple, “si el professional, tractant de manera lleial i equitativa amb el consumidor, podia estimar raonablement que aquest acceptaria la clàusula en qüestió en el marc d’una negociació individual”.

El model ara examinat pel Tribunal ja suscitava el rebuig de la majoria de la ciutadania. Bona prova d’això és la creixent pressió social que ha aconseguit aturar més de 500 desnonaments a tota Espanya. I que ha aconseguit que s’admetés a tràmit la ILP promoguda per la PAH i recolzada per gairebé un milió i mitg de signatures. De fet, el 94% dels ciutadans considera, segons un recent sondeig, que haurien de suspendre’s els desnonaments per raons econòmiques.

La sentència representa una severa garrotada per a les entitats financeres. Però també per a un Govern que no ha dubtat a posar-se al servei dels seus interessos. I fins i tot per al propi Tribunal Constitucional que va desestimar una queixa similar sense exhibir major sensibilitat pels drets en joc. Els afectats i plataformes ciutadanes com la PAH, en canvi, són els grans guanyadors. Porten anys denunciant la injustícia d’una normativa concebuda per protegir als bancs en perjudici dels ciutadans. Encara queda per guanyar, és veritat, la batalla decisiva de la dació en pagament i del lloguer social. Però el que es va aconseguir ahir a Luxemburg és una prova més que quan els ciutadans s’atreveixen, i les institucions no es pleguen simplement a l’interès del més fort, sí es pot.

Este bloqueo no es del todo nuevo. Hunde sus raíces en la transición y en el régimen constitucional que se generó luego. La lucha antifranquista, en efecto, forzó a la constitución de 1978 a comprometerse con un modelo de “democracia avanzada” que no se agotara en la convocatoria de elecciones cada cuatro años. Sin embargo, dicho compromiso no tardó en diluirse a favor de una democracia de representantes, controlada por unos pocos partidos y tutelada, precisamente, por ese bloque de poder financiero-inmobiliario-constructor que ha transitado sin mayores sobresaltos desde la dictadura hasta nuestros días. La desconfianza con la que se consagraron los instrumentos de participación ciudadana directa, como los referendos o la iniciativa legislativa popular, es un reflejo de este modelo de democracia de baja intensidad. Que no solo fue una imposición de los partidos más conservadores, sino que contó con el beneplácito de las izquierdas institucionales que esperaban beneficiarse de él.

Casi treinta y cinco años más tarde, los afectados por la estafa hipotecaria han sido víctimas calificadas de aquel “consenso” original. Para hacer oír su voz en las instituciones, han tenido que atravesar una feroz carrera de obstáculos. La propia admisión a trámite de la ILP, previa a la recogida de firmas, fue bloqueada por todas las vías posibles. Una de las más groseras fue la súbita aparición de un extravagante partido “verde ecopacifista” que intentó neutralizar la iniciativa presentando su propia propuesta y que al final resultó ser una tapadera vinculada a promotores inmobiliarios. Superada la admisión a trámite, la PAH y el resto de entidades promotoras de la iniciativa tuvieron que asumir unos gastos que, si acaso, solo se compensarán al final del proceso y de manera muy defectuosa, algo que perjudica claramente a las iniciativas de colectivos con pocos recursos. Igualmente complicado era superar la exigencia de las 500.000 firmas, un número muy superior al que se requiere en países como Austria, Italia o Suiza. Solo la dimensión de la tragedia y la admirable entrega de activistas y afectados explican que el número final de firmas conseguidas haya bordeado el millón y medio. Una cifra que triplica la cantidad exigida por la ley y que no incluye las simbólicamente recogidas a miles de familias migrantes (que fueron consideradas “sujeto de crédito” cuando convenía a los bancos pero a las que ahora se niega el derecho de iniciativa por no ser “ciudadanos”).

A pesar de los ingentes esfuerzos realizados, la ILP se topará hoy martes con un escollo ulterior: la toma en consideración por parte del Congreso, esto es, una votación global en la que se decidirá si la iniciativa continúa su tramitación o no. Ni la PAH, ni ninguno de los promotores de la medida tendrán derecho a explicarla y defenderla ante la Cámara (algo que la reforma de la ley de iniciativas realizada por el gobierno de Rodríguez Zapatero podría haber previsto de manera clara, pero no lo hizo). Esto permitirá al Partido Popular ejercer su anunciado derecho de veto y arrojar a la basura el esfuerzo de todos estos meses sin tener que dar mayores explicaciones. En realidad no haría falta. Cuando una iniciativa legislativa popular se tramita como proposición de ley, los partidos pueden modificar e incluso a distorsionar a placer la propuesta originaria, sin que los promotores tengan el derecho a retirarla (solo la legislación aragonesa sobre iniciativas populares legitima específicamente a la comisión promotora para solicitar la retirada).

En defensa de su posición, el gobierno ha sostenido que una minoría social no puede pretender imponer su punto de vista a mayorías parlamentarias apoyadas por millones de personas. Este argumento, empero, presenta varios problemas. De entrada, la PAH ha reclutado más adhesiones que muchos partidos con representación parlamentaria. Y todo ello sin recurrir a las turbias fuentes de financiación a las que recurren los más poderosos de entre ellos. Según las encuestas, la adhesión a la causa de los desahuciados alcanza al 90 por ciento de la población, incluidos muchos expertos y jueces. Para conocer el alcance real de este porcentaje, la PAH podría convertir su propuesta en una iniciativa de consulta al conjunto de la ciudadanía. En países tan disímiles como Suiza o Ecuador esto sería perfectamente viable. Pero no en España, donde la democracia de baja intensidad pergeñada tras la transición otorga al gobierno la llave exclusiva de la convocatoria de referendos consultivos.

Si rechaza la toma en consideración de la ILP, el gobierno podrá anotarse una victoria. Pero será una victoria pírrica. Desde la guerra de Irak, de la que pronto se cumplirá un nuevo aniversario, nunca la distancia entre mayoría legislativa y mayoría social había parecido tan grande. También entonces, el gobierno del Partido Popular se enrocó en su posición, alegando que los votos obtenidos le autorizaban a seguir adelante. Tiempo después, ya no estaba en el gobierno. Sea cual sea el resultado de lo que ocurra este martes, habrá que tener presente aquel episodio. Porque lo que la PAH ha puesto en la calle no es solo la injusticia de una nueva guerra emprendida contra los desahuciados. Es la injusticia y la violencia de una guerra emprendida contra la mayoría de la ciudadanía, que no cesará hasta que el régimen político y económico heredado de la transición no sea democratizado de la cabeza a los pies. La manifestación del próximo sábado 16 debería servir para avanzar en esa dirección.

Font: http://www.publico.es/450547/que-hay-detras-de-la-ilp-contra-los-desahucios

Para entender el papel de Moody’s, Standard & Poors y Ficht a lo largo de la crisis habría que distinguir dos momentos. El primero tiene lugar aproximadamente a partir de 2001, con la expansión del boom inmobiliario. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos. Las agencias, en connivencia con la banca, les otorgaron la máxima calificación. Gracias a estas operaciones, los ejecutivos de las agencias multiplicaron sus ingresos. Al mismo tiempo, generaron una burbuja cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo.

En Estados Unidos, estas actuaciones han sido enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión Estatal de Bolsa y Valores. En Ohio, Connecticut y California se ha acusado a las agencias de haber actuado sin rigor ni transparencia, de haber emitido información fraudulenta y de haber favorecido a clientes a los que previamente asesoraban, en un claro conflicto de intereses. Se han dictado algunas sentencias en su contra y se han impuesto nuevas regulaciones. Con todo, las agencias han conseguido desplegar su enorme poder económico, político y mediático para neutralizar los controles más incisivos.

En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca por su responsabilidad no han llegado siquiera a eso. Es más, en casos como el español, las entidades financieras han recibido ingentes cantidades de ayuda que les han permitido convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obliguen, por ejemplo, a aliviar el grave problema habitacional que han contribuido a crear.

Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar al sector privado y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública y a solicitar los servicios de las agencias. Y es aquí, precisamente, donde estas entran en escena por segunda vez. No ya para calificar al alza activos tóxicos, sino para desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase.

El paso del optimismo fraudulento de ayer al desmedido pesimismo de hoy tiene connotaciones más ideológicas que técnicas. Las agencias no califican del mismo modo a los gobiernos conservadores que a aquellos más reticentes a la hora de aplicar los ajustes. Asimismo, la dureza exhibida con deudas como la griega, la portuguesa o la española contrasta con la laxitud con que se juzgan otras igual o más riesgosas, como la abultada deuda pública estadounidense. Los dictámenes de las agencias carecen, en realidad, de la más mínima rigurosidad argumental. El criterio técnico para medir la solvencia de un país consiste, de manera casi exclusiva, en las ventajas que pueda ofrecer a los especuladores o en su predisposición a restringir los derechos sociales. Nada más. Mientras más favorable se muestre un Gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable se presenta a ojos de los grandes evaluadores.

Este modus operandi, ejercido por un puñado de entidades con una posición dominante en el mercado, entraña una conducta delictiva. Sus dictámenes, escasamente transparentes y rigurosos, permiten manipulaciones arbitrarias en el precio de las cosas (art. 284 del Código Penal). Y la información que generan es susceptible de ser utilizada en beneficio económico propio (art. 285). El Gobierno español paga entre 365.000 y 530.000 euros anuales a las tres principales agencias por sus servicios, que luego pueden acabar beneficiando a otros clientes. Los principales tenedores de deuda pública española, por ejemplo, son bancos alemanes, franceses, británicos y holandeses. La mayoría son clientes de las agencias. ¿Cómo no ver el conflicto de intereses? ¿Cómo excluir que estas entidades puedan beneficiarse de manera ilegítima de informes que a menudo se emiten minutos antes del cierre de las bolsas?

Muchas de estas operaciones deberían haber sido objeto de control por parte del Banco de España o de la Comisión Nacional de Valores. Pero ello no ha ocurrido. Por el contrario, si los gobiernos víctimas de la especulación carecen de autoridad para cuestionarla es precisamente porque su connivencia con ella ha sido todo menos excepcional. Es en ese contexto donde la acusación popular ante los tribunales cobra más sentido. Como herramienta jurídica, ciudadana, contra la impunidad de una coalición oligopólica dispuesta a sacrificar al altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales de poblaciones enteras. El multimillonario Warren Buffet, uno de los propietarios de la agencia Moody’s, ha podido decirlo sin ambages: “Esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Seguramente tiene razón. De lo que se trata, sin embargo, es de ponérselo difícil, obligándoles a rendir cuentas, al menos esta vez, por sus crímenes económicos.

Quienes contrajeron los créditos –es verdad– no eran totalmente ajenos a los riesgos que estos entrañaban. Pero no es menos cierto que los contratos celebrados con las entidades financieras tenían con frecuencia la fisonomía clásica de los contratos por adhesión, caracterizados por una fuerte asimetría en la información disponible por las partes y por la inclusión de cláusulas notoriamente abusivas. La lista de irregularidades es amplia: sobrevaloración de los pisos con el objeto de inflar el precio y aumentar la deuda; contratación obligada de seguros caros e inútiles; utilización de avales cruzados entre los mismos deudores; cobro de intereses variables referenciados al Euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada sobre los posibles aumentos en la hipoteca. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo a los que todo sistema crediticio razonable debería someterse.

A pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas, lo llamativo es que el índice de morosidad de las familias ha permanecido, al menos hasta ahora, increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de la crisis han apelado sin remilgos al socorro público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Y, cuando han dejado de hacerlo, la respuesta de las entidades crediticias ha sido fulminante: o el pago, o el desahucio; o la bolsa, o la vida. Según el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo de 2009 unas 84.214 unidades familiares pueden perder sus viviendas en procesos de ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la desvalorización sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda quede debiendo dinero a la entidad que astutamente lo endeudó. Comparada con su activo compromiso con las entidades financieras, la respuesta oficial frente a la crítica situación de los afectados ha sido ofensiva. La moratoria ofrecida por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no cuestiona el aumento abusivo de intereses y ni siquiera es obligatoria para los bancos. Que hasta el momento sólo se hayan acogido a ella unos pocos centenares de personas es una prueba clara de sus límites.
Con este panorama, no es de extrañar que los propios perjudicados hayan decidido, poco a poco, pasar a la ofensiva.

Algunas plataformas, como Ahorcados por la hipoteca (www.anticrisis.es), en Madrid, y Afectados por la hipoteca (www.afectadosporlahipoteca.blogspot.com), en Barcelona, han puesto sobre la mesa algunas exigencias elementales: paralización de los desahucios –tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas– hasta que se haya encontrado una solución a su situación; garantía a los afectados del acceso a la justicia gratuita para defenderse de los procesos de ejecución; regulación de la dación en pago, de manera que si el banco se queda la vivienda, la deuda quede saldada, como de hecho ocurre en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos; expropiación o compra a un precio justo del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia con el objeto de destinarlas a un parque público de viviendas de alquiler; y realización de una auditoría pública sobre el funcionamiento real del mercado hipotecario.
Los contratos, reza el adagio clásico, se celebran para cumplirse. Sin embargo, si las cláusulas pactadas resultan fraudulentas o esconden un uso abusivo de la información disponible, no es de recibo exigir el cumplimiento de las condiciones originarias. Mucho menos cuando dichas irregularidades han sido alentadas, por acción y omisión, por las propias políticas públicas. Defender a quienes tienen hipotecas impagables, al igual que a quienes disponen de un alquiler precario o carecen de techo, no es una apelación a la caridad. Es una cuestión de justicia, basada en la necesidad de remover la especulación pública y privada de nuestras sociedades y de actualizar el derecho de todos a una existencia digna.