El intento de bloqueo del Parlament de Catalunya ha generado una fulminante condena por parte de la mayoría de la clase política y un cierto desconcierto entre muchos de los que simpatizaban con el movimiento del 15-M. El president Artur Mas no ha tardado en señalar que los indignados han atravesado una “línea roja” y que al coaccionar a diputados escogidos por millones de personas han dejado expedito el camino para el uso de la fuerza contra ellos. Esta lectura de los hechos, apuntalada por imágenes de desórdenes y del propio Mas llegando en helicóptero al Parlament, ha encontrado una acogida favorable en buena parte de la prensa. Sin embargo, encierra algunas falacias que el propio contexto político y económico obliga a cuestionar.

Lo primero que habría que recordar es que la sesión del miércoles del Parlament no era una sesión cualquiera. En ella se aprobaron los presupuestos socialmente más regresivos desde tiempos del franquismo. Esto comporta graves restricciones a derechos básicos de las personas como el derecho a la educación o a la salud. Y no se trata de una medida aislada. Antes de promover estos recortes, el gobierno de CiU anunció la supresión del impuesto de sucesiones y limitaciones drásticas en derechos especialmente sensibles para los más vulnerables, como el derecho a la vivienda o a la atención social. Todo ello a través de procedimientos expeditivos y de dudoso encaje jurídico como la ley ómnibus o como el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Financieras. La mayoría de estas propuestas fueron presentadas como hechos consumados, es decir, como medidas que se aprobarían sí o sí porque venían impuestas por los mercados.

No hace falta ser un exaltado para advertir que un Gobierno y un Parlamento que restringen de manera sistemática derechos constitucionales y estatutarios, que lo hacen valiéndose de normas que no garantizan una discusión amplia sobre su alcance, y que para hacerlo invocan el mandato de los mercados, expresan una concepción bastante pobre del principio democrático. Sólo si se considera que esta complicidad o rendición de los poderes públicos frente a un puñado de intereses privados es normal, puede la protesta de los indignados considerarse anormal o excesiva. De lo contrario, habrá que admitir que, más que impedir “el funcionamiento normal” de un parlamento, que es lo que prohíbe el artículo 494 del Código Penal, lo que estas movilizaciones pretenden es denunciar el intento de desvirtuar su función natural. O dicho de otra manera, de evitar que los parlamentos, cruzando “líneas rojas” inadmisibles, se conviertan en simple caja de resonancia de intereses minoritarios de mercado.

Esta lectura podría considerarse caprichosa si no fuera porque protestas como la del miércoles están creciendo en toda Europa y probablemente se multiplicarán, de no cambiar las cosas. En Atenas, en Lisboa y en otras ciudades, los acampados frente a las sedes políticas no son dos mil o tres mil. Son decenas de miles de personas a las que el voto cada cuatro años no les permite cuestionar decisiones que no han consentido y que afectan fuertemente sus vidas. Cuando se dice que no son representativos, se olvida que en las propias elecciones son legión los que votan en blanco o se abstienen. Y se olvida también que incluso los votos recibidos por los partidos que apoyan los ajustes pueden querer decir muchas cosas: rechazo de otros partidos, opción por el mal menor, etcétera. Nada, en realidad, autoriza a interpretarlos como un cheque en blanco para recortar derechos esenciales, reforzar privilegios privados e implementar políticas que a veces ni siquiera constaban en sus programas electorales.

En países como Islandia, Eslovenia o Italia, la ciudadanía ha podido al menos pronunciarse en referendos sobre muchos de estos asuntos. Y al hacerlo, ha mostrado que cuando se afectan derechos básicos, la coincidencia entre mayoría electoral y mayoría social no puede darse por descontada. En el caso español, los ajustes tienen lugar con un 20% de paro –más de un 40% juvenil– decenas de miles de familias desalojadas por impago de hipotecas y otras tantas expuestas a una sanidad y a una educación de calidad cada vez peor. Y sin embargo, se están produciendo a libro cerrado, prácticamente sin discusión, en el marco de una democracia incapaz de abrirse a la participación directa de la ciudadanía en la definición de las alternativas a la crisis.

Si se parte de aquí, lo que sorprende, más allá de los insultos y forcejeos aislados del miércoles, es la paciencia y la capacidad de auto contención de la población. El propio movimiento del 15-M ha dado muestras de una firme vocación pacífica al condenar rápidamente unos actos minoritarios, cuya violencia es a todas luces menor a la ejercida por la policía en plaza Catalunya o a la que suponen los despidos y desalojos masivos. En este contexto, presentar el intento de bloqueo simbólico del Parlament como un “caos” o un acto “totalitario” resulta un despropósito. Más bien, debería verse como un desesperado intento de desbloquear una democracia secuestrada por intereses para los que el debate y la participación popular cuentan muy poco.

El movimiento de los indignados ha puesto en evidencia las escasas credenciales

Las plazas de ciudades y pueblos españoles, durante las últimas semanas, habían recuperado una de las funciones originales de la plaza pública: espacio donde la población puede hablar, encontrarse y expresarse, generando nuevas formas de convivencia ciudadana.

Como diferentes sindicatos policiales y los mismos servicios municipales de limpieza habían reconocido, la actuación de los acampados en el mantenimiento del espacio público había sido ejemplar. Esto explica que la operación preventiva ordenada por el Gobierno catalán haya resultado, además de desproporcionada, ridícula, poniendo de relieve la extrema debilidad de algunos discursos de tolerancia ‘cero’ con todo lo que sea disidencia más allá de las instituciones. Y más tras constatar la capacidad de los acampados para evitar, con una cadena humana, la extensión de los incidentes futbolísticos a la plaza.

Como diferentes sindicatos policiales y los mismos servicios municipales de limpieza habían reconocido, la actuación de los acampados en el mantenimiento del espacio público había sido ejemplar

El 1 de mayo, en un momento en que los bancos multiplicaban sus beneficios y el paro juvenil sobrepasaba el 40%, el consejero de Interior Puig prometió que “tensaría la ley hasta allá donde está permitido y algo más” para desarrollar su tarea. La irresponsabilidad y la carencia de realismo de esta filosofía no tardaron en manifestarse. Una cuestión de simple “limpieza del espacio público”, que se podría haber resuelto con diálogo y mediación, se convirtió en un problema de orden público. La Policía “del país”, rechazada por manifestantes pacíficos, se vio expuesta a una fuerte deslegitimación. Y el Gobierno acabó proyectando una concepción del Estado de derecho más propia del mamporrero caricaturizado en el programa de humor Polonia, que de un consejero obligado a respetar la legalidad vigente.

Unas instituciones más inteligentes habrían entendido hace tiempo que detrás de esta interpelación late algo más que una simple protesta juvenil

Lejos de lograr sus objetivos, la actuación policial desató y extendió la indignación por todas partes: cortes en la entrada de la ciudad, atronadoras caceroladas por todos los barrios o muestras de solidaridad del resto del Estado. En definitiva, un nuevo acicate para un movimiento que ha vuelto a reconquistar, con más fuerza que nunca, la plaza. Y que ha dejado una retahíla de peticiones de dimisión o quejas ciudadanas de entidades como Jueces para la Democracia, la Federación de Vecinos de Barcelona o el Síndic de Greuges. Pero también del resto de partidos políticos e incluso de sindicatos policiales, como el SME-CC OO de los Mossos y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.

Unas instituciones más inteligentes habrían entendido hace tiempo que detrás de esta interpelación late algo más que una simple protesta juvenil a la que se pueda barrer a golpe de porras. Con su arrogancia, por el contrario, han mostrado su incapacidad de entender que una democracia genuina no se puede reducir a una cita electoral que deja fuera muchas reivindicaciones y puntos de vista. Educarlas en estos valores será, quizás, una de las principales tareas de salubridad “y de higiene pública” que los movimientos ciudadanos y populares tendrán por delante en estos turbulentos tiempos.

El moviment dels indignats ha posat en evidència les escasses credencials democràtiques de moltes institucions estatals i autonòmiques. La Junta Electoral Central va ser incapaç de distingir les activitats de proselitisme partidista d’un legítim i innovador exercici del dret a la manifestació i a la llibertat d’expressió. Per la seva banda, el conseller d’Interior, Felip Puig, sembla haver confós el suport electoral rebut pel seu partit amb una carta blanca per netejar tot reclam ciutadà que no es pugui reconduir als mecanismes electorals posats en marxa cada quatre anys.

Durant les últimes setmanes, la plaça de Catalunya havia recuperat una de les funcions originals de la plaça pública: ser un espai on la població pot parlar, trobar-se i expressar-se, tot generant noves formes de convivència ciutadana. Tal com diferents sindicats policials i els mateixos serveis municipals de neteja havien reconegut, l’actuació dels acampats en el manteniment de l’espai públic havia estat exemplar. Això explica que l’operació preventiva ordenada pel conseller Puig hagi resultat, a més de desproporcionada, ridícula, i hagi posat en relleu l’extrema feblesa d’alguns discursos de tolerància zero amb tot el que sigui dissidència més enllà de les institucions. I més després de constatar la capacitat dels acampats per evitar, amb un mur humà, l’extensió dels incidents futbolístics a la plaça.

Entre els nombrosos efectes personals confiscats als acampats n’hi havia alguns de tan perillosos com ara tendes de campanya, ordinadors, cartells, entrepans i firmes. L’actuació, feta amb el suposat objectiu de garantir la seguretat, es va saldar amb 121 ferits, sis de gravetat. I si el desenllaç final no va ser pitjor, va ser gràcies a la resistència pacífica d’una gent que, tot i exercir drets constitucionals i estatutaris fonamentals, va tenir la valentia de respondre amb clavells a les càrregues policials.

L’ 1 de Maig, en un moment en què els bancs multiplicaven els seus beneficis i l’atur juvenil sobrepassava el 40%, Puig va prometre que “tensaria la llei fins allà on està permès i una mica més” per desenvolupar la seva tasca. La irresponsabilitat i la manca de realisme d’aquesta filosofia no van trigar a manifestar-se. Una qüestió de simple neteja de l’espai públic, que es podria haver resolt amb diàleg i mediació, va esdevenir un problema d’ordre públic. La “policia del país”, rebutjada per manifestants pacífics, es va veure exposada a una forta deslegitimació. I el Govern va acabar projectant una concepció de l’Estat de dret més pròpia de l’home de la porra caricaturitzat al Polònia que d’un conseller obligat a respectar la legalitat vigent.

Unes institucions més intel·ligents haurien entès fa temps que darrere d’aquesta interpel·lació batega alguna cosa més que una simple protesta juvenil a la qual es pugui escombrar a cops de porra. Amb la seva arrogància, per contra, han mostrat la seva incapacitat d’entendre que una democràcia genuïna no es pot reduir a una cita electoral que deixa fora moltes reivindicacions i punts de vista. Educar-les en aquests valors serà, potser, una de les principals tasques de “salubritat i d’higiene pública” que els moviments ciutadans i populars tindran per davant en aquests turbulents temps de crisi.