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Los “errores” de Benedicto XVI

nohihadret — Sun, 14 Nov 2010 23:11:03 +0000

En ocasión de su reciente viaje a Edimburgo Benedicto XVI cargó contra el “extremismo ateo” y lo responsabilizó del advenimiento de tiranías que, como el nazismo, pretendían “erradicar a Dios de la sociedad”. Ahora, en Barcelona, ha denunciado la irrupción de un anticlericalismo “fuerte y agresivo, como se vio en los años treinta”, y ha instado a “reevangelizar España”. Algunos comentaristas han querido minimizar estas declaraciones, atribuyéndolas a un simple error o a un malentendido, pero una sociedad laica y pluralista
no debería tomárselas a la ligera.

De entrada, la invocación de Hitler para descalificar a quienes no comparten sus creencias se parece mucho a la operación de quien considera que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero es poco consistente. El propio Hitler era católico de bautismo y nunca dio señales de ateísmo. En varias ocasiones declaró que su fe cristiana era un antídoto contra “el veneno judío”, y que su objetivo era erradicar el movimiento ateo. La reductio ad Hitlerum también pasa por alto otras cuestiones que conviene no olvidar. Ante todo, la complicidad de la propia Iglesia con dictaduras como la de Mussolini, quien le cedió tres kilómetros cuadrados del centro de Roma a cambio de su apoyo al régimen. Pero también el hecho, excusable pero no inexistente, del paso fugaz de Ratzinger por las juventudes hitlerianas.

Este sesgo también está presente en el intento del Papa de utilizar las luchas anticlericales de los años treinta como arma arrojadiza contra las posturas laicistas de hoy. Aquellas luchas comportaron a menudo actos enconados contra la Iglesia. Pero no fueron gratuitos o simplemente irracionales. Ya en 1870, los obispos denunciaron las uniones civiles como “la legalización del concubinato universal”. Cuando la I República intentó plantear la separación entre Estado e Iglesia, esta se convirtió en un freno a la democratización social y cultural y en aliada clave del corrupto y autoritario régimen monárquico posterior. El pecado imperdonable de la II República fue cuestionar esa historia. La Constitución de 1931 prohibió el mantenimiento económico de las iglesias, decretó la disolución de algunas órdenes religiosas –como los jesuitas– y prohibió al resto adquirir bienes y ejercer la enseñanza. Las propiedades del clero pasaron a ser objeto de fiscalización estatal y, excepto autorización gubernativa, se abolió el culto público.

Es obvio que poco y nada en la política actual evoca semejante programa laicista. Es más, cuando Ratzinger embiste contra el anticlericalismo de los años treinta, no sólo silencia el estrecho vínculo entre Iglesia y poder que explica su surgimiento. También calla la furibunda reacción eclesiástica frente al mismo y su abierta complicidad con los casi 40 años de dictadura nacionalcatólica que vinieron luego. El franquismo, en efecto, reparó ampliamente a la Iglesia por las agresiones sufridas. El Concordato de 1953, apenas alterado tras la Transición, le garantizó exenciones fiscales, subvenciones de toda clase y una incidencia desmesurada en la educación o el ejército. Su poder se hizo sentir también durante la elaboración de la Constitución de 1978, cuando los sectores católicos presionaron con denuedo para que la financiación de la educación religiosa se blindara como derecho fundamental. Esa presión explica que el artículo 16 renunciara a la consagración de un Estado laico, reconociendo la aconfesionalidad pero previendo, al mismo tiempo, el establecimiento de relaciones especiales de cooperación con la Iglesia católica.

A la luz de este relato, no extraña que la Iglesia siga siendo una de las pocas instituciones que, en pleno siglo XXI, milita activamente por mantener viva la memoria de los vencedores de la Guerra Civil, humillando así a las miles de familias de creyentes y no creyentes asesinados por la dictadura. Que Ratzinger exhume el espantajo del secularismo, ocultando la genealogía del extremismo nacionalcatólico, justifica las simpatías que la Iglesia oficial cosecha entre la derecha política o entre la familia real. Pero no así la condescendencia que algunos partidos de izquierda exhiben hacia ella, pensando que aplacarán su afán de interferencia pública.

Durante su visita, Ratzinger no pronunció mea culpa alguno por el apoyo de la jerarquía eclesiástica a dictaduras de diverso tipo, por la persecución de cristianos solidarios con la suerte de las clases populares –como los vinculados a la teología de la liberación– o por la hipócrita y dañina conducta sexual de muchos de sus pastores. Todo lo contrario: el apoyo desmedido de las instituciones le ha servido de plataforma para lanzar una enésima soflama contra los derechos reproductivos de las mujeres, las uniones “antinaturales” entre personas del mismo sexo o la racionalidad científica.

Quien hace estas declaraciones no es un artista o un intelectual provocador. Es el máximo representante de una institución que, pese a haber perdido muchos feligreses, goza de privilegios que sublevarían los ánimos tratándose de otras confesiones. El laicismo blando del Gobierno del PSOE se ha mostrado compatible con un trato de favor que –por convicción o por simple cálculo electoral– ha crecido en los últimos años. Quienes profesan otras creencias religiosas, y llegan incluso a ser estigmatizados por ello, tienen derecho a sentirse discriminados. Quienes no profesan ninguna, y ven cómo los recursos públicos se utilizan para impedir la imparcialidad estatal en la materia, también. No cabe engañarse: al decir lo que dice, Benedicto XVI no comete error alguno. El error es que las instituciones públicas contribuyan a otorgar a su visita y a sus declaraciones un aura de asunto de Estado y de respetabilidad que no merecen.

velos invisibles

nohihadret — Tue, 24 Aug 2010 23:12:47 +0000

Pocas cruzadas han conseguido abrirse paso con tanta fuerza y en tan poco tiempo como las dirigidas contra el burka o el niqab, dos prendas que ocultan de manera completa o parcial el rostro de algunas mujeres musulmanas. En una de sus últimas apariciones preveraniegas, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció la restricción del uso del atuendo para el otoño, cuando se discuta en el Congreso la reforma de la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia. Lo que en otro contexto podría haber supuesto un paso adelante en la lucha por la emancipación de todas las mujeres, incluidas las no musulmanas, ha acabado por convertirse, sin embargo, en un empeño de dudosas credenciales ético-políticas. En un nuevo velo bajo el que se ocultan, con hipocresía, un sospechoso celo punitivo y los viejos y clásicos fantasmas de la islamofobia.
Llama la atención, de entrada, que las iniciativas a favor de la prohibición del burka o del niqab hayan surgido de una plataforma de extrema derecha en Catalunya, o que sus principales valedores en el ámbito autonómico y estatal hayan sido las fuerzas políticas conservadoras. Ninguna de estas se ha destacado por impugnar otros velos menos visibles y más interiorizados culturalmente, como los hábitos de las monjas de clausura o ciertas imposiciones de la moda que están detrás de buena parte de los fenómenos de anorexia y bulimia existentes en nuestras sociedades. Tampoco han sido las primeras a la hora de denunciar el carácter patriarcal que subyace a fenómenos como la penalización del aborto, las diferencias salariales entre hombres y mujeres o, en general, la llamada feminización de la pobreza. Tampoco han propuesto, como alternativa, dar voz y poder a las migrantes musulmanas propiciando, por ejemplo, su acceso al derecho de voto y a otros derechos sociales y políticos. Más bien, su celo feminista y laicista sólo parece activarse contra el fanatismo de algún clérigo islamista. En cambio, permanece ciego a otros abusos perpetrados por el Estado, el mercado u otras iglesias, como la católica, que por su propia posición institucional debería ser objeto de un escrutinio mayor.
Ciertamente, la hipocresía del mensajero no implica la falsedad del mensaje. El burka es una forma flagrante de humillación de la mujer, cuyas diferencias con otros velos parciales como el hiyab, la shayla o el chador son evidentes. Que se trate de un caso “extremo” explica, en parte, que la cruzada prohibicionista impulsada por los partidos conservadores haya sido secundada por fuerzas situadas a su izquierda, comenzando por algunos miembros del PSOE. Desde estos sectores, se ha recordado que el burka es una suerte de “prisión ambulante” que vulnera la dignidad de las mujeres. A ello se ha sumado también un argumento de orden público: al cubrir su rostro, impide que puedan ser identificadas a la hora de acceder a ciertos servicios sociales o instituciones públicas.
A pesar de su aparente razonabilidad, estos argumentos presentan varios problemas. Prohibir el burka por su carácter objetivamente discriminatorio puede entrar en conflicto con la libertad de las propias mujeres que, voluntariamente, decidan llevarlo. En estos casos, y aunque se funden en cánones patriarcales execrables, las manifestaciones públicas de opiniones o creencias religiosas se encuentran protegidas, entre otros, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así, mientras quitar los crucifijos en las aulas sería obligatorio para un Estado que se defina como laico, la prohibición generalizada del atuendo islámico está reñida con la dignidad de las personas que libremente decidan seguir su tradición, su cultura, sus valores o creencias. Esta es, de hecho, la opinión que en Francia ha emitido la más alta jurisdicción administrativa del país, el Consejo de Estado, frente al proyecto de ley de Nicolas Sarkozy.
Naturalmente, no es lo mismo que una mujer lleve el velo por voluntad propia que por sufrir coacción de la comunidad, el marido, el padre o el hermano. Pero tampoco aquí está claro que la prohibición sea la mejor alternativa. Cuando lo que coacciona es el entorno cultural, la emancipación no puede lograrse esgrimiendo una supuesta superioridad civilizatoria y lanzando a la Policía contra las víctimas, sino favoreciendo la discusión crítica, la persuasión y, sobre todo, otorgando poder político y social a las propias mujeres. Cuando lo que hay, en cambio, es un ejercicio de violencia directa sobre estas, lo lógico sería preocuparse en actuar penalmente contra quien la ejerce, pero no empeñarse en multarlas y obligarlas a cambiar de vestimenta.
Es verdad, por otra parte, que el velo integral puede estar reñido con la necesidad de identificarse en ciertos lugares. Pero esto pasa también con otras prendas y atuendos, como una máscara, una gorra o un pasamontañas. Para garantizar la seguridad, por tanto, no hace falta recurrir a una prohibición específica, con evidentes sesgos discriminatorios: bastaría con una prohibición genérica de ocultamiento de rostro, como ocurre, de hecho, con los protocolos de seguridad que obligan a cualquier persona, hombre o mujer, musulmana o no, a identificarse, por ejemplo, cuando acude a un hospital, a una comisaría o simplemente a recoger a sus hijos de la escuela.
En realidad, cuando se oye a los partidarios de la prohibición del burka o del niqab, es imposible ocultar la sensación de que se está ante una iniciativa electoralista, a la que poco y nada preocupa la emancipación de las mujeres. Hace ya algunos años, se dijo que la guerra de Afganistán liberaría a las mujeres del burka y de otros lazos opresivos. A la luz de los nefastos resultados de aquella empresa, sería de necios emular la operación en nuestros barrios y ciudades. En un contexto de creciente islamofobia, una decisión así sólo agregaría más violencia a la ya existente, al tiempo que consolidaría los dobles raseros y los velos invisibles que atraviesan nuestras sociedades. Como en tantos otros casos, las mujeres más vulnerables serían las más perjudicadas.