En realidad, el gobierno Sarkozy emplaza a Europa ante su espejo y no miente cuando sostiene que su política, lejos de ser excepcional, se asienta en prácticas y normas similares a otras ya existentes. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, de hecho, lleva años denunciando en sus informes discriminaciones masivas contra personas de etnia gitana no sólo en Francia, sino también en otros países como Reino Unido o Alemania. Y lo mismo ocurre con el Comité de derechos sociales del Consejo de Europa o con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya jurisprudencia sobre vulneración de derechos habitacionales a la población romaní no ha hecho sino crecer en las últimas décadas.

Aunque estas amonestaciones y sentencias han sido de gran importancia para mostrar no sólo la injusticia, sino la ilegalidad de estos fenómenos, pocas veces han llevado a los gobiernos a modificar sus políticas. De hecho, todo hace pensar que si las expulsiones francesas no hubieran recaído sobre gitanos de origen búlgaro o rumano, sino sobre gitanos o inmigrantes extra-comunitarios, el escándalo hubiera sido mucho menor.

Buena prueba de ello es que el gobierno de Silvio Berlusconi -uno de los principales valedores de Sarkozy en estos días- lleva tiempo ordenando allanamientos masivos contra campamentos de gitanos migrantes. Cuando lo hizo por primera vez, en 2008, en ciudades como Roma, Milán o Nápoles, estos allanamientos acabaron con la expulsión de centenares de romaníes albaneses y balcánicos. Sin embargo, no merecieron reproches formales por parte de las instituciones comunitarias. Esta  permisividad animó a Berlusconi  a ir incluso más allá. Tipificó la inmigración irregular como delito y anunció la toma de huellas dactilares a los gitanos para tenerlos identificados. Sólo la protesta de algunas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los sin papeles forzó al Parlamento europeo a exhortar sin demasiado éxito al gobierno italiano para que cesara el acoso a la población romaní.

En rigor, cuando se analiza la política reciente de la UE y de sus estados miembros en materia migratoria o de combate del racismo, es difícil reunir elementos para el optimismo. Si las instituciones comunitarias, en efecto, suelen exhibir cierta sensibilidad simbólica frente a actos de racismo extremos y mediáticos, no se alteran de igual modo si estos discurren de manera silenciosa y cotidiana. Varios parlamentarios socialistas que en su momento censuraron a Berlusconi y que ahora critican a Sarkozy votaron, por ejemplo, la ominosa Directiva de Retorno que permite extender hasta 6 (y a veces a 12) meses el período de retención de inmigrantes en Centros de Internamiento por el sólo hecho de encontrarse en situación de irregularidad administrativa.

Incluso en el caso español, muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo por las medidas de Sarkozy, aplaudieron como un signo de “realismo” el recorte de derechos que la última reforma de la legislación de extranjería impuso a miles de inmigrantes cuya situación social no difiere en sustancia de la de los gitanos expulsados de Francia. Y son los mismos, en el fondo, que apenas se inmutan cuando las expulsiones tienen lugar lejos del ojo de las cámaras. Sólo en la última semana, 47 bengalíes que llevaban cinco años viviendo en Melilla fueron trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros en Barcelona. A pesar del tiempo que llevaban en la península y de las numerosas muestras de arraigo que habían dado, corren el riesgo de ser expulsados, colectivamente, como en Francia. Su historia, sin embargo, permanecería invisibilizada de no ser  por los colectivos de solidaridad que, en estos días, han llamado la atención al respecto.

En realidad, la invisibilización y estigmatización de la población económica y étnicamente más vulnerable son dos caras de un mismo fenómeno. De un fenómeno que, además, se agrava en épocas de crisis, donde los más débiles entre los débiles pasan a ser presentados, bien como población sobrante, bien como sujetos “peligrosos” que amenazan los derechos del resto de la población. Que el gobierno de Sarkozy impulse la prohibición del burka y coloque a los gitanos en el punto de mira, al tiempo que acomete, sin debate alguno, el recorte de las pensiones, no debería tomarse como una simple coincidencia. Que el Partido Popular haya intentado imitarlo, buscando gitanos o migrantes “conflictivos” bajo las piedras de cara a elecciones próximas, tampoco.

La reconvención de una comisaria social-cristiana, de centro derecha, a la obscena política del gobierno francés, podría haber supuesto una cierta inflexión en la política europea sobre la materia. Tras la fulminante descalificación y llamada al orden en la que han coincidido desde Durão Barroso a Berlusconi o al propio Zapatero, es probable que todo se diluya en agua de borrajas. Y es que cuando el ministro francés Enric Besson afirma que la principal diferencia entre los gitanos de ayer y de hoy, entre los viejos y nuevos inmigrantes, reside en que ahora se los expulsa con un billete de avión y 300 euros en los bolsillos, no pretende pronunciar boutade alguna. Sabe que ese es el precio para que una política como la de Sarkozy, con pequeños retoques, pueda resultar aceptable a ojos de unas clases dirigentes europeas que, al cabo, carecen de una política alternativa. He ahí la tragedia.

Las declaraciones de Sarkozy y Berlusconi, en efecto, están lejos de ser un simple sarpullido en un continente inmunizado contra este tipo de desafueros. Ya en el Tratado de Roma de 1957, la libertad de circulación y residencia aparecía como un derecho mutilado, como un privilegio reservado a los ciudadanos de los países miembros. Esta configuración excluyente fue determinante para el crecimiento de los “grandes de Europa”, comenzando por la propia Alemania. Es más, el mito del “milagro económico” hubiera sido difícilmente sostenible sin la decisiva aportación de miles de trabajadores españoles, turcos o portugueses que, en su condición de “extranjeros”, se vieron obligados a vivir de manera clandestina y a soportar controles o humillaciones de diverso tipo.

A partir de entonces, cada fase de ampliación en el proceso de integración ha supuesto la creación jurídica de nuevos “europeos” a los que se concede un pasaporte, el disfrute más o menos estable de ciertos derechos y una trepidante incorporación al consumo de masas capitalista. Pero también ha comportado la producción de nuevos “extranjeros” condenados a la exclusión o a una inclusión subordinada al mercado laboral. Un trabajador extranjero siempre puede ser acusado de no “adaptarse” o “integrarse” a las condiciones  que le ofrecen en los países receptores, comenzando, claro está, por las económicas. Y quien no logra “adaptarse”, quien aspira a vivir sin permiso de otros, puede ser bruscamente devuelto al limbo de la ilegalidad y considerado un potencial delincuente.

En rigor, el vínculo entre inmigración ilegal y delincuencia se presenta como un elemento capital de la economía “altamente competitiva” que los Tratados europeos ensalzan sin tapujos. Cuando hay crecimiento, ese vínculo puede relajarse ligeramente. Entonces, tienen lugar las “regularizaciones extraordinarias” –presentadas siempre como la última de todas- y la esclusa de los llamados a apuntalar sectores de dudosa viabilidad como la construcción o la agricultura intensivas, puede abrirse con cierta flexibilidad. Pero cuando llega la recesión, quienes pagan vuelven a ser, no los grandes grupos económicos enriquecidos en la fase anterior, sino los trabajadores extranjeros, que ven cernirse sobre ellos una renovada panoplia de controles y medidas represivas.

Esta es la idea que subyacía a la creación del llamado grupo TREVI, con el que los países comunitarios se comprometían, ya en los años 70, a rastrear el ligamen entre “terrorismo, delincuencia e inmigración”. Y es la que inspira la propuesta de “Directiva de Retorno” que el Parlamento europeo discutirá a lo largo de este mes de junio.

Lejos, en efecto, de ser una rareza surgida de la nada, la propuesta de Directiva es el precipitado lógico de un proceso que necesita disponer de una mano de obra estigmatizada y disciplinada  al servicio de sus objetivos económicos. La posibilidad de privar de libertad a una persona durante 18 meses por una simple falta administrativa -carecer de papeles- y de impedirle entrar en territorio europeo durante 5 años, debería avergonzar a un continente que aspira a ser una alternativa civilizatoria para el conjunto del planeta. Lo cierto, sin embargo, es que los Centros de Internamiento –más de 175 en toda la Unión Europea e incluso fuera de ella– son sólo uno de los dispositivos surgidos para mantener a raya a los miles de mujeres y hombres que huyen de sus países con la esperanza de una vida mejor. Radares, sensores, muros, alambradas, buques y helicópteros, controles biométricos, vigilancia constante en metros, aeropuertos, estaciones de autobuses y escuelas, uso de narcóticos y camisas de fuerza en las repatriaciones, detenciones indiscriminadas, falta de asistencia jurídica efectiva. Y muertes. Este es el auténtico precio, moral y económico, que comporta la cotidiana utilización de las fronteras como instrumento para producir ilegalidad y vulnerabilidad económica.

Por eso, cuando el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba se felicita porque su gobierno sólo considera aumentar el período de retención en un Centro de Internamiento de 40 a 60 o 90 días, o porque, a diferencia de Italia o Francia, apuesta por una inmigración ordenada que humanice la represión y las expulsiones, la desazón es inevitable. Y es que pretender que con estas políticas se podrá contrarrestar la demagogia de la derecha, desactivar la violencia xenófoba o evitar las revueltas que acabarían generándose, constituye un claro ejercicio de miopía política, cuando no de velado cinismo.

En un contexto como el actual, por el contrario, la única alternativa realista a la degradación violenta de las condiciones de vida en los países emisores y receptores de migración sigue siendo el reconocimiento efectivo de la libertad de circulación y la implantación progresiva de una ciudadanía de residencia basada en el principio de que, en materia de derechos, los que habitan en un lugar, son de ese lugar.

Una consigna de este tipo no pretende apelar a la caridad o a la buena voluntad de los gobiernos europeos. Por el contrario, sería una manera de asumir la enorme deuda social y ecológica que Europa –sus empresas, su insostenible modelo de producción y consumo- ha contraído con los países empobrecidos del Sur y del Este. Naturalmente, esta toma de conciencia no tendrá lugar mientras los países privilegiados no sientan como propio el problema. Y esto, como lúcida y crudamente ha apuntado el jurista italiano Luigi Ferrajoli, sólo ocurrirá si los países ricos “se ven obligados, después de haber invadido el mundo con sus conquistas y promesas, a afrontar la invasión de las poblaciones hambrientas de todo el mundo que se agolpan en sus fronteras”. Y es que los derechos, como bien mantiene Ferrajoli, “sólo se extienden a los excluidos cuando la presión sobre los incluidos se vuelve irresistible. Y esta presión sólo puede reducirse si el mundo de los incluidos se ve constreñido a  eliminar las causas que han hecho de la ciudadanía un estatuto de privilegio, reconociendo a todos los mismos derechos, incluida la libertad de circulación y residencia”. Ni voluntarismo, en suma, ni utopismo: realismo.