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Justicia sin fronteras

nohihadret — Fri, 30 Apr 2010 23:19:01 +0000

El pasado 14 de abril, un grupo de juristas y asociaciones de derechos humanos presentó en Argentina una querella para que sus tribunales reabran la investigación de los crímenes franquistas hoy bloqueada en España. Este inesperado efecto colateral del caso Garzón ha devuelto al centro de la escena un tema que tanto el PSOE como el PP llevan tiempo intentando quitarse de encima: el de la jurisdicción universal.
Fraguado tras la trágica experiencia del nazismo, el principio de jurisdicción universal supone la existencia de crímenes que, por su gravedad, resultan imprescriptibles y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo, con independencia de quiénes sean sus autores y dónde los hayan cometido. La pretensión política y jurídica de estipular un “nunca más” frente a este tipo de actos inspiró la adopción de acuerdos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos de derechos de 1966, el Convenio contra el Genocidio o el Convenio contra la Tortura.
Ciertamente, estas normas se han aplicado de manera desigual a los derrotados y a quienes, a pesar de sus fechorías, resultaron victoriosos. Tras el juicio al nazismo, abominables crímenes de guerra como los bombardeos de Hiroshima, Nagasaki o Dresde, o delitos terribles como las purgas estalinistas, fueron relegados a un ámbito de más o menos velada impunidad. Incluso los tribunales supraestatales creados más tarde para perseguir este tipo de
actos, como el Tribunal Penal Internacional, han permanecido lastrados por lo que Danilo Zolo ha llamado la “justicia de los vencedores”.
El origen de la jurisdicción universal, precisamente, está en la decisión de algunos tribunales estatales de sortear el doble rasero de esos foros internacionales y de tomarse en serio el derecho internacional vigente. Asumir la competencia para enjuiciar crímenes de lesa humanidad supone, de hecho, enviar al poder, sea de donde sea, una advertencia inequívoca: utilizar el propio aparato estatal para asesinar, torturar y luego asegurarse la propia impunidad, es una operación arriesgada. Siempre será posible que la jurisdicción universal se active y que los responsables, hasta entonces inmunes, se vean obligados a dar cuenta de sus acciones.
Al amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas, la Justicia española fue pionera en el impulso de este principio. Muchas de las causas abiertas –comenzando por la del dictador Pinochet– tuvieron una destacada incidencia internacional y contribuyeron a que otros países ajustaran cuentas con un pasado dictatorial que permanecía impune. En realidad, se aplicó sin controversia mientras no interfirió con el buen desarrollo de las relaciones diplomáticas y los negocios internacionales. Sin embargo, cuando se intentó colocar bajo la luz pública los vuelos de la CIA, las torturas en Guantánamo, la masacre de Gaza o los crímenes de China en el Tíbet, el Gobierno sintió comprometida la realpolitik. A resultas de ello, se mutiló su alcance mediante una reforma legislativa furtiva cuya primera víctima sería la activista Aminatou Haidar.
Ahora, las acusaciones de prevaricación dirigidas contra Garzón han generado lo inesperado: la senda abierta por la jurisdicción española está siendo retomada por otros tribunales para impulsar, precisamente, la investigación de hechos que los pactos de la Transición habían pretendido arrumbar.
El europarlamentario socialista Ramón Jáuregui, como otros miembros del Gobierno y la oposición, ha calificado la pretensión de inaceptable. Los españoles –ha argumentado– decidieron perdonar la represión franquista para construir una sociedad que se reconocía y toleraba, al margen del pasado de cada uno.
La querella presentada en Argentina pone en cuestión esta versión institucional del perdón. Y lo hace colocando en el centro del debate el punto de vista de las víctimas, su derecho a la verdad. Con la querella, avalada por juristas, abogados y activistas de distintos rincones del mundo, es la periferia quien, en nombre de la humanidad, recuerda ahora a la metrópolis que hay crímenes deleznables que no pueden enterrarse en las fosas del olvido.
La filosofía que inspira este tipo de actuaciones es similar a la que permitió a tribunales europeos ocuparse de las vejaciones cometidas por Videla, Pinochet y sus secuaces. Con arreglo a la misma, no hay ley de amnistía que haga decaer el deber de investigar delitos contrarios a un orden jurídico que se proyecta más allá del propio Estado. Este orden jurídico puede considerarse todo menos el producto de la “imaginación creativa” de un juez. Es, por el contrario, el resultado de una dilatada y ardua lucha colectiva, muchas veces anónima, que ha cobrado cuerpo en decenas de sentencias, declaraciones y tratados que los estados se han visto obligados a ratificar. Esta lucha, es verdad, se ha saldado a menudo con derrotas y con la crasa imposición de la impunidad de los vencedores. Una y otra vez, sin embargo, ha sido replanteada, como ahora, por caminos inesperados. Como irrenunciable ley de los vencidos, pero como exigencia, también, de un “nunca más” que se niega a reconocer fronteras.

acostumbrarse a la barbarie

nohihadret — Wed, 16 Apr 2008 23:41:58 +0000

En el marco de los juicios contra los acusados por el 11-S en Guantánamo, la CIA ha admitido la utilización de prácticas como el denominado waterboarding. Se trata de una técnica, ya utilizada en la Edad Media, en la que los detenidos son inmovilizados y se les arroja agua en la cara y en las vías respiratorias. Lo que se produce es una situación de asfixia forzada, en la que el interrogado experimenta una sensación de ahogamiento cercana a la muerte. Algunos medios han aprovechado la revelación para instalar un viejo interrogante: ¿no es lícito, acaso, torturar a un detenido para obtener información que puede salvar vidas?
Hace tiempo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido dar una respuesta afirmativa a este dilema. La aprobación en 2001 de la llamada Patriot Act otorgó al poder ejecutivo un considerable margen de actuación en la lucha antiterrorista. Esta normativa vino acompañada por un protocolo que flexibilizaba el alcance de la tortura. Entre otras cosas, se llegó a decir que ésta podía ser “equivalente en intensidad al dolor que acompaña las lesiones físicas graves, como desfallecimiento orgánico, deterioro de las funciones corporales o, incluso, la muerte”. Algunos, como el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no buscaron rodeos para justificar esta práctica: “De lo que se trata –declaró– es de salvar vidas norteamericanas y no los derechos humanos de los terroristas”. El presidente George Bush puso su grano de arena y vetó un proyecto de ley que pretendía poner coto a las torturas acuáticas. Se podría pensar que a este lado del Atlántico la respuesta a una situación de este tipo sería la opuesta. Después de todo, a Europa le gusta presentarse ante el mundo como la cuna de Beccaria y Voltaire, como el continente de la paz, del diálogo y de las grandes Declaraciones de Derechos Humanos. Sin embargo, mientras las élites europeas se prodigan en proclamas a favor de las libertades civiles y políticas, la tortura no ha dejado de hacerse un hueco en las prácticas institucionales.
Primero, se supo de la existencia en los países del Este de una red de prisiones clandestinas donde se recluía y se torturaba con absoluta impunidad a personas que el Gobierno de los Estados Unidos consideraba terroristas. Luego, se constató la existencia de ciudadanos europeos desaparecidos en extrañas circunstancias, que habían sido secuestrados por la CIA. La inocencia acabó de perderse cuando se conoció la participación europea en el transporte y detención ilegal de presos que luego eran torturados en Guantánamo o en otros países del mundo.
El recurso a la tortura, sin embargo, no sólo se explica por la subordinación de la Unión Europea a las obsesiones militaristas del Gobierno de los Estados Unidos. En países como el Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, se han aprobado normas y se han consentido prácticas que muestran que no se está ante un fenómeno accidental. Y lo mismo ocurre en el caso español, donde un reciente informe de Amnistía Internacional opina –al igual que la Relatoría Especial de la ONU hace unos años– que la tortura es una práctica más que esporádica en las comisarías. Dar una explicación acabada a este fenómeno de regresión jurídica y moral no es fácil. Sin embargo, parece inevitable vincularlo a una situación de fragmentación social que permite construir un otro deshumanizado y sin ningún tipo de derechos: el terrorista, el que amenaza la seguridad, la no-persona. Sólo esa construcción mental permite a algunos aceptar la tortura como un acto de defensa justificado, aunque sólo sea en situaciones excepcionales”. Como un acto, en suma, en el que no se participa directamente, pero que se está dispuesto a tolerar entre el telediario y la próxima publicidad comercial.
Para referirse a esta situación que inhibe la capacidad de reacción moral de la gente frente a prácticas de objetiva barbarie, algunos autores han hablado de “fascismo societario”. La expresión puede discutirse. Pero permite poner de relieve que se trata de una práctica promovida desde arriba, pero también, en buena parte, consentida desde abajo. Cuando Hitler llegó al poder, se dio cuenta, tras sondear a las principales cancillerías europeas, que nadie movería un dedo por el genocidio de los judíos. También Bush, después del 11-S, tuvo la seguridad que algo similar ocurriría respecto de las torturas de los presos en Guantánamo.
Cuando el consejero autonómico o el ex ministro de turno aseguran que en la lucha antiterrorista es preferible “pecar por exceso que por defecto” o que “no hay que producir bajas; pero, si son inevitables, que no sean nuestras”, las alarmas deberían dispararse. Para recordarnos que la tortura no sólo la perpetra el torturador, sino también la sociedad que la tolera. Y que ese acostumbramiento a la barbarie degrada a quien la sufre, pero también a quien la acepta, aunque sea de manera excepcional.