El debate principal ha girado alrededor de cómo beneficia la medida a los líderes independentistas. No obstante, el foco también se ha desplazado hacia la regulación de los desórdenes públicos. En esa materia, las preguntas son obligadas: ¿Afecta al derecho de protesta? ¿Estamos ante un avance o un retroceso? ¿Se ha ido todo lo lejos que se podía? ¿El debate esta cerrado?

Empecemos por el inicio. La reforma mejora, sin duda, la actual redacción de los delitos de desórdenes públicos. En primer lugar, se pone fin a una autentica espada de Damocles sobre el derecho de manifestación como la sedición que llevó a la cárcel a los lideres independentistas. Tras la sentencia del procés, un grupo de sindicalistas o activistas de la PAH podrían ser los siguientes en acabar en la cárcel. No es para menos. En la actualidad, la sedición permite perseguir a quién desobedece de forma masiva actos de autoridad o leyes, aunque no haya violencia o intimidación, con penas máximas de hasta 15 años de prisión. Ahora, en cambio, solo se persiguen los desórdenes multitudinarios cuando haya violencia o intimidación y la pena máxima es de 5 años.

En segundo lugar, la reforma dibuja un nuevo panorama. Como reconoce Amnistía Internacional, hay más aspectos positivos que negativos. La sedición no es lo único que desaparece. Desaparecen los desórdenes individuales, que era una vía de entrada a numerosos abusos. También desaparecen la mayoría de los agravantes introducidos por el PP para elevar el listón punitivo. Por ejemplo, ir encapuchado, portar un instrumento peligroso, exhibir un arma de fuego simulada, o el que prevé hasta 6 años de prisión cuando “el autor se prevaleciera de su condición de autoridad”. Que los disturbios se produzcan durante una manifestación deja también de ser un agravante. Se deroga igualmente la incitación pública con mensajes que llevó a Tamara Carrasco al banquillo. Por otro lado, se rebaja el rigor punitivo. Por ejemplo, cuando hay “actos de pillaje”. Con esos cambios, el Código Penal se homologa al del resto de países de nuestro entorno.

No obstante, no hay que engañar a nadie. Nos hemos quedado a mitad del camino. La reforma es fruto de un acuerdo y una correlación de fuerzas. El Código Penal sigue plagado de delitos envejecidos que no respetan suficientemente el principio de legalidad, proporcionalidad e intervención mínima. En la concepción del orden público sigue presente el fantasma del PP. Buena muestra de ello es la pervivencia del delito de las ocupaciones temporales concebido por Rajoy para aplacar las acciones de protesta de la PAH contra los bancos. En este supuesto, este viernes se llegó a un acuerdo con el PSOE para mejorar la redacción actual con la intención de evitar su uso para perseguir la protesta pacífica. Por otro lado, siguen existiendo deficiencias, penas elevadas o demasiados conceptos ambiguos. Una de las objeciones de organizaciones como Amnistía Internacional es que los actos de violencia o intimidación de los desórdenes sólo deberían castigarse cuándo sean especialmente graves. No es suficiente con que se altere la paz pública. Debe garantizarse mejor una interpretación más restrictiva. Este nudo debería deshacerse en la actual fase de discusión de enmiendas parciales.

Sea como sea, estas cuestiones no son menores. En un Estado que se concibe a sí mismo como de derecho, el uso institucional de la fuerza se presenta como la última opción una vez agotadas las vías de solución pacífica de los conflictos. Su apelación no puede ser una excusa para desnaturalizar el ejercicio de derechos fundamentales. Esa es la base del orden público democrático.

Uno de los compromisos del Gobierno de coalición, precisamente, era acabar con el legado del PP sobre recortes del derecho de protesta. Con el gobierno de Rajoy, se aprobó el Código Penal de Gallardón o la Ley Mordaza del ministro de las cloacas, Fernández Díaz para aplacar la contestación social tras la crisis del 2008. El PP pretendía emular a uno de sus fundadores franquistas, Fraga Iribarne, cuando anunció que la calle era suya: inocular el miedo en la ciudadanía y quitarle libertades para que aceptará con impotencia los recortes. Incluso el comisario de DDHH del Consejo de Europa llegó ha declarar que en España tras esas reformas existía un problema con la libertad de expresión.

Es verdad que vivimos tiempos de crisis y eso ha alterado las prioridades pero ahora hay que volver a situar en el centro la libertad amenazada por las reformas del PP o por delitos obsoletos como la sedición.

Se han hecho pasos importantes. Primero, la derogación del delito para perseguir a los huelguistas. Luego, la presentación de la ley para blindar el derecho a la libertad de expresión con la intención de que nunca más un rapero vaya a la cárcel. Ahora, la eliminación de la sedición y buena parte de la reforma del Código Penal de Gallardón sobre los desordenes públicos. El siguiente avance debe ser terminar la demolición de la ley mordaza tras meses de negociación en fase de enmiendas. Queda un año de mandato. La agenda de regeneración democrática no se puede parar. Hasta el momento se ha demostrado que otra salida social a la crisis era posible. Ahora toca demostrar que otra salida democrática también lo es. Lo que está en juego no es solo el derecho a la protesta. Es la propia democracia.

Ninguno de estos anuncios se ha producido de manera aislada o caprichosa. Todos se inscriben en el clima creciente de protestas contra los recortes de derechos sociales básicos realizados con la excusa de la reducción del déficit y de la deuda pública. Estos recortes suponen graves incumplimientos de la legalidad constitucional e internacional vigente, y han tenido un impacto notable en la calidad de vida de amplios sectores de la población, comenzando por los jóvenes.

Las medidas anunciadas reflejan, además de una deriva autoritaria, un acto de impotencia política que pretende ocultar las cesiones a los poderes económicos y financieros con la exacerbación de instrumentos penales que generen una impresión de firmeza. Esta actitud no es nueva. Forma parte, en rigor, de un populismo punitivo que ha acompañado el desmantelamiento del llamado Estado de bienestar y que se ha intensificado con el estallido de la crisis financiera actual. Como distintas organizaciones judiciales han señalado, si en verdad el Gobierno quisiera atajar fenómenos como el vandalismo gratuito, ya cuenta con instrumentos suficientes para hacerlos. El propósito de fondo, no obstante, parece otro: reinstalar, como ha declarado el Conseller Puig, “el miedo al sistema” a través de medios punitivos que permitan hacer frente a las nuevas formas de protesta aparecidas en el último año. No es otro el sentido que cabe atribuir a la pretensión de incluir la resistencia pacífica y pasiva –característica del 15-M- en el delito de atentado contra la autoridad con elevadas penas de prisión.

Es especialmente grave que para impulsar estas medidas se haya tomado como excusa una jornada de huelga general caracterizada por su masividad y su carácter pacífico. Esta realidad ha sido ignorada por el gobierno, que ha puesto todo su empeño en distorsionar y exagerar algunos actos aislados de violencia para crear una situación de alarma social que justifique la intensificación de la represión. Esta visión de las cosas es interesada y parcial. Buena parte de la violencia producida el 29-M tuvo que ver con actuaciones contra los trabajadores y las personas que se manifestaban. Solo en Barcelona se recabaron decenas de denuncias por coacciones empresariales, que bien podrían ser constitutivas de los delitos contra la libertad sindical contemplados en el artículo 315 del Código Penal. La brutalidad policial, por su parte, dejó un saldo de dos personas operadas de urgencia del bazo y otras dos con impactos de balas de goma en un ojo y altas probabilidades de pérdida de visión. En total, el servicio de emergencias médicas atendió a unas 80 personas, de las cuales 23 fueron derivadas a diversos hospitales. Nada de ello ha recibido reproche institucional alguno. En cambio, se han utilizado de manera abusiva tipos penales como los desórdenes públicos o los atentados a la autoridad para inculpar o encarcelar arbitrariamente a personas que participaron en las protestas.

Muchas de estas detenciones preventivas dictadas con ánimo ejemplificador evocan prácticas normales hace 40 años, en pleno régimen franquista, pero deberían estar desterradas de cualquier régimen que se pretenda mínimamente democrático. Es más, en un contexto de exclusión y precarización social crecientes, los poderes públicos deberían ser especialmente respetuosos con el derecho de crítica y de manifestación de la ciudadanía. Esta obligación debería ser especialmente intensa respecto de aquellos grupos que menos voz tienen en el espacio público. Y debería ser especialmente intensa, también, respecto de derechos específicos como el de huelga, que no en vano goza de mayor protección constitucional que la libertad de empresa y que, en ciertas circunstancias, prevalece sobre otros como la libertad de circulación. Nada de esto supone otorgar carta blanca a la violencia indiscriminada. Sin embargo, las conductas antijurídicas deben sancionarse por lo que son, y no por su vínculo imaginario con el “terrorismo”, la “guerrilla urbana” u otros fenómenos que nada tienen que ver con la actual protesta social.

Las propuestas de los gobiernos del PP y de CiU expresan un intento torpe de criminalizar el malestar generado por la gestión de la crisis y se enmarcan en una lógica de excepción, propia del Derecho Penal del enemigo. De llevarse adelante, sólo deslegitimaran más sus políticas, amenazaran la cohesión social y aumentarán la sensación de bloqueo de las vías institucionales de crítica. Frente al uso demagógico del discurso securitario solo hay una respuesta: ganar la calle y exigir la seguridad en el respeto a los derechos civiles, políticos y sociales de toda la población. Este será el sentido del acto ciudadano contra el miedo y por la libertad convocado en Barcelona mañana 14 de abril, fiesta republicana.

Conscientes de que las últimas movilizaciones reflejan un malestar social que irá en ascenso, el gobierno y sus aliados han desplegado una doble actitud frente a la jornada. Para no alterar a los mercados y a las instituciones europeas, han intentando minimizarla, resaltando la “normalidad” de la jornada y la escasa efectividad de la huelga en los ámbitos más precarizados de la economía. Al mismo tiempo, han exagerado y distorsionado los disturbios producidos, proyectando una imagen de caos y violencia que autorice una mayor dureza punitiva de cara al futuro. En una complicidad que evoca momentos turbios de la historia, el ministro del interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, y su homólogo en Catalunya, Felip Puig, denunciaron de consuno que el 29-M se había producido un “salto cualitativo”. Dicho salto no radicaba, obviamente, en las masivas y pacíficas manifestaciones de la tarde, sino en el “vandalismo callejero” a cargo de unos grupos “antisistema” integrados cada vez más por “extranjeros” y mirados con “simpatía” y “connivencia” por muchos intelectuales y políticos.

Esta construcción xenófoba de un enemigo ajeno al país, apoyado por críticos frívolos carentes de todo realismo, tiene desde luego su sentido. De entrada, sirve para desviar la atención sobre los nuevos recortes de derechos exigidos por el Directorio europeo y que tanto por el gobierno español como por el catalán están dispuestos a aplicar con obediencia, resignando blandamente toda flama patriótica. Pero sobre todo, contribuye a crear un clima de alarma social favorable al anuncio o la adopción de medidas de “mano dura” contra quienes se resistan a plegarse al curso de las cosas: desde la limitación de los piquetes informativos y del derecho de manifestación, hasta la exigencia de una mayor contundencia policial y judicial contra violentos reales o imaginarios, pasando por la asimilación de las protestas a conductas terroristas o proto-terroristas.

Como es usual, tanto el diagnóstico de los hechos como la terapia exigida parten de una descripción deliberadamente distorsionada del fenómeno de la violencia. Ante todo, porque pretende que la precarización, los desalojos, los recortes sanitarios, educativos y salariales, el aumento en los precios del transporte público, la asunción pública de la deuda privada de grandes empresas y entidades financieras, o los privilegios otorgados a los evasores fiscales, no sean vistos como un obsceno ejercicio de violencia pública y privada sobre gran parte de la población, sino como medidas técnicas, como la única alternativa para obtener financiamiento externo y evitar el rescate. Lo cierto, sin embargo, es que hasta los propios miembros del gobierno comienzan a reconocer que dichas medidas no han beneficiado a la mayoría de la población o a la recuperación económica ni lo harán en el futuro inmediato. Por el contrario, han ahondado el clima recesivo, han colocado a los más jóvenes en una situación inédita de vulnerabilidad (el desempleo juvenil superó en febrero el 50%) y han condenado a miles de personas a la exclusión, la depresión y a enfermedades físicas y mentales de diferente tipo. No es extraño, de hecho, que estas políticas se hayan impulsado de manera furtiva, bordeando el delito y en contra, a menudo, de la legalidad internacional y europea en materia de derechos humanos, así como de la propia Constitución española, modificada sin sonrojo para garantizar la “prioridad absoluta” del pago de deuda a los acreedores. En realidad, la reciente reforma laboral podía verse como el último capítulo, acaso uno de los más flagrantes, de una larga serie de ilegalidades denunciadas por la sociedad civil y constatadas, cada vez más, por diferentes órganos institucionales [1].

A pesar de la evidencia, el establishment mediático no ha tenido el menor empacho en presentar la huelga como humus propicio para la proliferación de burócratas y vándalos. Es verdad que los secretarios generales de CCOO y UGT pudieron explicar sus razones en diferentes platós de televisión. Sin embargo, sus puntos de vista recibieron una cobertura marginal en relación con la que recibieron los partidarios de la reforma, y no hay por qué suponer que reflejaran los puntos de vista de todas las personas trabajadoras o de los cinco millones que ni siquiera tienen un empleo. Esta asimetría informativa y la diferente capacidad de expresión de unos y otros explican, en todo caso, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se permitiera deslizar, sin contención alguna, que las huelgas constitucionalmente amparadas eran actos ilegales, o que el periodista Federico Jiménez Losantos pidiera directamente que la policía arrollara a los piquetes [2].

De la misma manera, el contexto de precariedad creado permitió a muchos empresarios exigir a sus trabajadores que declararan días antes, ante sus jefes y compañeros, si pretendían acogerse o no al derecho a la huelga. En un ordenamiento jurídico medianamente razonable, estos auténticos piquetes coactivos deberían haber sido objeto de las sanciones que el art. 315.1 del Código penal prevé para quienes “mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”. Lo que ocurrió, no obstante, fue lo contrario. El apartado 3 de dicho artículo, un precepto heredado de la legislación franquista y mantenido por el llamado Código de la democracia de 1995, se invocó contra los trabajadores y manifestantes, y sirvió, al igual que los delitos de desórdenes públicos y atentados contra la autoridad, para detenerlos y encarcelarlos de forma arbitraria [3].

Durante las primeras horas de huelga, un empresario hotelero de Torrelavega atacó con un puñal a una trabajadora de CC.OO que formaba parte de un piquete informativo. La agresión le produjo un golpe en la frente y dos cortes, uno en la mano derecha y otro en la nariz, por los que recibió trece puntos de sutura. El empresario, vitoreado en más de un medio de comunicación, fue detenido y liberado poco después, sin que la Fiscalía solicitara ninguna medida más. Muy diferente fue la suerte de tres jóvenes manifestantes detenidos y encarcelados esa misma mañana, acusados de cruzar contenedores en la calle, quemarlos y cortar el tráfico, delitos por los que ni siquiera hubieran tenido que entrar en prisión. Dos de ellos eran estudiantes y no tenían antecedentes penales. El tercero había participado en las protestas ante el Parlamento catalán del 15 de junio pero no había sido juzgado aún. Ninguno pudo participar en los incidentes más graves que se vivieron por la tarde en la ciudad y que acabaron con 80 heridos. A pesar de ello, la magistrada que instruía el caso decidió, a instancias del fiscal, dictarles prisión preventiva. Para justificar su decisión alegó que podían reincidir en otras citas de riesgo, como el día del Trabajador, la reunión del Banco Central Europeo prevista el 3 de mayo o el partido de fútbol entre el FC Barcelona y el R.D. Espanyol.

Este doble rasero, claramente contrario a la presunción de inocencia y al propio ejercicio del derecho de huelga y de manifestación, refleja la escasa predisposición garantista de buena parte de los fiscales y jueces penales y su tendencia a tratar la violencia física sobre una huelguista o sobre un manifestante con mucho menos severidad que la ejercida sobre un contenedor o que un corte de calles. En todo caso, es evidente que este tipo de decisiones sería impensable sin el clima de alarma generado por unos medios que se centran sin pudor en los hechos violentos generados por los manifestantes, al tiempo que quitan toda responsabilidad a las brutales intervenciones policiales que los azuzan y que acaban afectando a quienes no intervienen en ellos. El 29-M, de hecho, la policía catalana recurrió a gases lacrimógenos, un arma que no se utilizaba hace 16 años. A resultas de la violencia policial, dos personas tuvieron que ser operadas de urgencia del bazo y otras dos recibieron impactos de balas de goma en un ojo, con altas probabilidades de pérdida de visión. En total, el servicio de emergencias médicas atendió a unas 80 personas, de las cuales 23 fueron derivadas a diversos hospitales [4].

Ninguno de estos hechos, sin embargo, impidió al ministro Fernández Díaz anunciar con afectado aire marcial que su prioridad era impulsar antes de junio una reforma del Código Penal que igualara las penas de la “kale borroka” con las de la “guerrilla urbana” aumentando de uno a dos los años de prisión. Esto permitiría a Fiscalía solicitar medidas de prisión provisional y a los jueces acordarlas. El consejero catalán Felip Puig, partidario de ir “más allá de la ley” si fuera necesario, no tardó en plegarse. Su instinto nacionalista le llevó a distanciarse de la equiparación del “vandalismo catalán” con el “terrorismo vasco”, pero no tuvo empacho en defender la aplicación de penas equivalentes. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Puig se envalentonó y propuso una andanada de medidas pensadas para afrontar la nueva hipótesis de conflicto: más unidades antidisturbios, cámaras de vídeovigililancia en los espacios públicos donde se convocan la mayoría de concentraciones, designación de un fiscal especializado en “guerrilla urbana”, apertura de un sitio web en el que los “ciudadanos” puedan delatar a los “antisistema”, reformas a la ley de enjuiciamiento criminal para que se puedan aplicar a los “radicales” órdenes de alejamiento y trabajos en beneficio de la comunidad, revisión de leyes como las de reunión y seguridad pública para tipificar la ocultación de la identidad o la posesión de elementos de riesgo cuando se participa en las protestas públicas.

Estos anuncios encierran una buena dosis de cinismo y populismo pour la galerie. Intensificar la vigilancia sobre manifestantes y exigirles ir a cara descubierta resulta una propuesta hipócrita en boca de un conseller que ha boicoteado de manera indisimulada los controles garantistas sobre las fuerzas de seguridad, desde la existencia de cámaras en las comisarías, hasta el deber de los antidisturbios ir debidamente identificados durante las manifestaciones. También queda por ver cómo piensa financiar estas políticas un gobierno que hace poco fue abucheado por los propios Mossos d’Esquadra, que llegaron a encerrarse en comisarías para protestar por sus recortes salariales. Lo cierto, en cualquier caso, es que las propuestas securitarias del PP y de CiU reflejan una deriva cada vez más autoritaria reñida con el ejercicio de libertades básicas y muy poco sensibles al malestar social que comienza a extenderse en la sociedad. Lo admita o no el gobierno, el 98,8 por ciento de las manifestaciones del 29-M transcurrieron de manera pacífica y exhibieron una paciencia social admirable si se consideran los datos objetivos de la situación económica. Es verdad que los actos de violencia, sobre todo en Barcelona, crecieron. Pero reducirlos a simple “vandalismo” es una perspectiva errónea, que explica muy poco lo sucedido. Como el propio gobierno ha reconocido, el grueso de estos actos consistió en pintadas contra las entidades financieras y en quemas de contenedores realizadas con el objeto de interrumpir el tráfico. No se trató, por tanto, de simple “gamberrismo” aislado e indiscriminado, sino de acciones limitadas que perseguían un objetivo claramente político: llamar la atención del resto de la población y lanzar un mensaje sobre los causantes reales de la vulneración masiva de derechos que se está produciendo.

Estas acciones pueden criticarse desde muchos puntos de vista. Pero es inadmisible hacerlo sin tener en cuenta algunos aspectos básicos. Ante todo, que la huelga es un derecho fundamental con un componente intrínsecamente conflictivo, que no por casualidad recibe en el sistema constitucional una protección prevalente a la de otros como la libertad de empresa o como el derecho a circular durante un lapso de tiempo razonable (ver, por ejemplo, la Sentencia 80/2005 del tribunal constitucional). Esto quiere decir que dentro del respeto al principio de intervención mínima y para evitar la punición de ilícitos de bagatela, solubles en el marco de la legislación laboral, ha de evitarse, ya en sede legislativa, la tentación de reprimir penalmente los supuestos de intimidación moral sobre quienes no quieren iniciar o continuar la huelga, como también advertía el tribunal constitucional en su sentencia 254/1988. Por otro lado, el juicio sobre el tipo de conflictividad y los desórdenes que la huelga o la protesta puedan generar no puede deslindarse de la violencia provocada por otros agentes con una mayor posición de fuerza, como los propios empresarios o como la policía, proclive a utilizar técnicas de infiltración que no pocas veces tienen por objeto azuzar a los propios manifestantes. Finalmente, es obvio que muchos de los disturbios producidos el 29-M están estrechamente vinculados a un escenario feroz de precarización y de recortes de derechos, en el que acceso a los medios masivos de comunicación de los grupos más perjudicados, como los jóvenes, es notablemente restringido. Una visión garantista de la libertad de expresión y de la doctrina del foro público, con un fuerte arraigo, por ejemplo, en la jurisprudencia norteamericana, obligaría a tener en cuenta estos elementos a la hora de abordar estos desórdenes, sobre todo en el ámbito penal [6].

Nada de esto supone, obviamente, justificar lo injustificable u otorgar una carta blanca a cualquier acto violento. Por el contrario, son múltiples las razones que existen, en un contexto como el actual, para defender formas de protesta creativas y no violentas: desde su carácter más respetuoso con los derechos y puntos de vista de los demás, sean críticos o no, hasta su capacidad para generar masividad y atraer a grupos de edad variados y plurales, pasando por su mayor efectividad para dejar en evidencia la violencia arbitraria del poder. En todo caso, esta defensa de la no violencia no puede hacerse desde un limbo, desconociendo, como ya está ocurriendo en Grecia, la existencia de situaciones extremas que empujan a los más vulnerables a formas desesperadas de protesta y de expresión del malestar [6].

En un intento torpe de exhumar las conspirativas teorías del terrorismo y su entorno, el ministro Fernández Díaz y el conseller Felip Puig pretenden reducir el enorme drama social producido por las políticas en curso a un simple capricho de jovencitos “antisistema” que actúan con “impunidad” gracias a una “mal entendida cultura de la permisividad y la tolerancia” y a la “connivencia” de muchos “intelectuales y políticos”. Lo cierto, sin embargo, es que son los propios poderes públicos y los poderes privados a los que amparan los que, de manera impune, han decidido desconocer de manera abierta el sistema de derechos y garantías con los que en teoría se han comprometido y a los que no dudan en apelar para atribuirse legitimidad. Cuando esta auténtica actitud “antisistema” se convierte en regla, y cuando los propios responsables insisten en que no se moverán un ápice de su posición porque las políticas que aplican les vienen dadas de espacios que ni siquiera cuentan con legitimidad electoral, la protesta en la calle y en las plazas se convierte en la última trinchera de defensa de una legalidad garantista constantemente atacada [7]. Tras las elecciones en Andalucía y Asturias, y sobre todo después de la jornada del 29-M, esta línea defensiva, democrática, se ha ampliado y se ha vuelto más plural. Protegerla contra la fragmentación y la criminalización, y darle dimensión europea, sigue siendo una de las tareas vitales del momento.

NOTAS: [1] El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, por ejemplo, ha considerado inconstitucionales al menos dos artículos del decreto ley de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, vinculados con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y con el derecho a la negociación colectiva. En realidad, el Consell de Garanties, si bien de manera tímida, ya había apuntado en un dictamen anterior la posible inconstitucionalidad de algunos recortes sociales impulsados por el gobierno catalán. Para hacerlo, tuvo en cuenta el principio de no regresividad arbitraria en materia de derechos, un principio, en realidad, consagrado tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el propio Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas [2] Algunos de estos hechos fueron apuntados por Juan Carlos Monedero en una incisiva nota de reacción a la criminalización de los huelguistas aparecida en su blog www.comiendotierra.es [3] Como recuerdan Antonio Baylos y Juan Terradillos, el actual art. 315.3 CP proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introducido precisamente en medio de la transición política, a través de la reforma del Código Penal producida en julio de 1976. El objetivo declarado de la norma era el de “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”. Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la intimidación de las organizaciones sindicales –entonces todavía clandestinas, recuérdese que la Ley de Asociación Sindical es de abril de 1977 – y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga. Vid.http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/centros/celds/LEGISLACION%20Y%20JURISPRUDENCIA/NOTA%20SOBRE%20EL%20ART315.pdf [4] La arbitrariedad policial se prolongaría durante los días siguientes. En ocasión de una protesta convocada frente a la prisión para reclamar la libertad de algunos de los detenidos, José Miguel Esteban Lupiañez, un hombre con discapacidad física, fue detenido mientras circulaba en silla en ruedas. Un agente antidisturbios subió a la acera y luego de golpearlo lo cargó, sin silla, dentro de una furgoneta policial. El detenido fue trasladado a la comisaría de Les Corts, donde varias personas tuvieron que llevar la silla de ruedas. Pasadas las 11 de la noche, siete personas acudieron al juzgado de guardia de la Ciudad de Justicia para interponer denuncia contra la policía autonómica por los hechos presenciados. Una vez interpuesta la denuncia, el juez de guardia les comunicó que requeriría a los Mossos las llaves de la casa del detenido para que su compañera, que estaba sola en casa y padecía una grave enfermedad terminal, pudiera ser atendida por un enfermero. [5] Sobre esta jurisprudencia, y en general, sobre los diversos argumentos que abonan la consideración del derecho a la protesta como “el primer derecho”, vid. el excelente trabajo de Roberto Gargarella, El derecho a la protesta, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2005 [6] Cualquier reflexión sobre la violencia y la no-violencia está obligada a confrontarse, al menos, con el mensaje dejado por el jubilado griego de 77 años que se suicidó frente al Parlamento para no verse obligado a sobrevivir rebuscando en la basura: “El Gobierno de ocupación de Tsolakoglou [en analogía al gobierno colaboracionista nazi durante la segunda guerra mundial] ha reducido a la nada, literalmente, mi capacidad de supervivencia, que dependía de una respetable pensión que, durante más de 35 años, yo solo (sin contribución del estado) he pagado. Dado que tengo una edad en la que ya no tengo el poder de resistir activamente (aunque, por supuesto, no descarto que, si cualquier griego hubiese empuñado un kalashnikov, yo habría sido el segundo en hacerlo), no encuentro otra solución para un final digno antes de que me vea reducido a hurgar en la basura para alimentarme. Creo que los jóvenes sin futuro tomarán las armas algún día y colgarán a los traidores nacionales en la Plaza de la Constitución [Plaza Syntagma], igual que los italianos colgaron a Mussolini [en la Piazza Poreto de Milán]” [7] Esta idea de un derecho a la resistencia constitucional y garantista ha sido lúcidamente defendida por Ermanno Vitale en Defenderse del poder. Por una resistencia constitucional, Trotta, Madrid, 2012.

En los últimos meses, un fantasma recorre Europa: la protesta social contra las políticas de austeridad y de recortes de derechos sociales. Miles de personas se han echado a la calle exigen que la crisis la paguen los responsables y no las víctimas. Y aunque el apoyo a las manifestaciones ha sido irregular, la indignación social no ha dejado de extenderse por todo el continente. No han faltado, no obstante, las voces que, desde diferentes espacios políticos, económicos y mediáticos, han pretendido decretar la inutilidad de la resistencia y exigir un ejemplar golpe de autoridad.

Primero fue Grecia. El Gobierno no ha dado el brazo a torcer y ha intensificado la represión, que cuenta en su haber con tres muertos y centenares de heridos y detenidos. Hace poco llegó el turno de Francia]. Sarkozy ha anunciado un severo plan de austeridad franco-alemán y ha lanzado a los gendarmes a las calles. En un abrir y cerrar de ojos, la cifra de arrestados se ha disparado hasta alcanzar casi las 2.000 personas. En un país cuyo régimen de detención en las comisarías ha sido recientemente condenado (STEDH, 14/10/2010) por el Tribunal de Estrasburgo y se encuentra bajo el escrutinio del propio Tribunal de Casación francés.

En el caso español, las protestas no fueron ni la mitad de intensas que en Grecia o Francia. Pero ha bastado que una huelga general –la del 29-S– tenga más éxito del esperado,, para que la patronal, la derecha política y ciertos grupos mediáticos hayan pretendido reducirla a un simple ejercicio de vandalismo protagonizado por sindicalistas y antisistemas que amenazan gravemente el Estado de derecho.

Equiparar violencias
El despropósito de esta operación parece fuera de duda. Como derechos de conflicto, la huelga, la manifestación o la protesta en general bien puedan afectar a derechos de terceros e incluso derivar en ejercicios innecesarios de violencia. Pero ello no autoriza a colocar un contenedor quemado, o el cristal roto de una tienda, en el centro del debate público, como si la violencia aislada sobre las cosas pudiera equipararse con la enorme violencia rutinaria que las políticas de despidos, de desalojos y de rescate incondicionado de bancos y entidades financieras suponen para la mayoría de la población. Por gratuita, en efecto, que pueda parecer, la violencia de los más vulnerables en defensa de derechos generalizables no puede colocarse a la altura de la que los más fuertes ejercen para apuntalar privilegios excluyentes.

Reducir la protesta social a salvajismo, cuando no a un acto de peligrosa delincuencia, no sólo es una maniobra eficaz para despojarla de legitimidad. Al mismo tiempo permite ocultar la violencia pública y privada que hay detrás de las políticas en curso. Y allanar el camino para una reacción punitiva que exija la contundencia policial, el eventual endurecimiento de códigos penales ya suficientemente rigurosos e incluso, como se ha visto estos días en Barcelona, el cierre de medios de comunicación acusados de antisistema. Lo cierto, sin embargo, es que cuando los mercados se encuentran sobrerrepresentados en el ámbito institucional, cuando las medidas antisociales se aprueban por vías jurídicas de excepción, sin prácticamente debate alguno, o cuando los medios para expresar las disidencias son escasos, la protesta, incluso la ejercida con ruido, debería verse como uno de los pocos instrumentos capaces de dar a los más vulnerables una voz audible en el espacio público.

Proyectos antagónicos
En el conflictivo escenario que como un reguero se expande en estos días, dos proyectos de Europa están en liza. Uno, el del despotismo financiero y el ajuste neoliberal, lleva la semilla de un futuro lúgubre y represivo, acaso antieuropeo. El otro, el de la Europa movilizada en defensa de los derechos sociales y los bienes públicos, contiene en cambio la promesa de una alternativa igualitaria y democrática al desorden actual, dentro y más allá de las fronteras estatales. El imperativo ético político de los tiempos por venir no puede ser otro que preservar esta Europa indómita de la fragmentación social y la criminalización. Y hacerle espacio. Y conseguir que dure.

Uno de los más impactantes fue seguramente el que tuvo lugar durante los disturbios posteriores a la victoria de la selección española en la Eurocopa. Entonces, un “objeto volador” impactó en el abdomen del jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Xavier Vilaró. A consecuencia de ello, el mando policial fue ingresado en la UCI y sometido a una complicada operación en la que le extirparon el bazo. Durante cinco días, el Ayuntamiento ocultó el incidente y dio pie a todo tipo de conjeturas. Al final se supo que el misterioso “objeto volador” había sido un proyectil de goma disparado por la propia Policía catalana. O sea, una bala perdida entre fuego amigo.

Llaman mucho la atención las razones aducidas por las instituciones responsables para explicar el ocultamiento de los hechos. El mando policial, sin subterfugios, justificó su actitud como un acto de “lealtad al sistema”. La portavoz municipal, en cambio, aludió al respeto a la “intimidad” del afectado.

Este tipo de argumentos son recurrentes y obedecen a una vieja tentación predemocrática que pretende excluir las actuaciones policiales de la crítica y el debate político. El derecho a la información y a la verdad demasiado a menudo se sacrifica a un discutible sentido de la “razón de Estado”. En el caso Vilaró esa ocultación resulta aún más grave cuando la propia identidad de la víctima –el mando que codirigía el dispositivo policial– despeja cualquier duda sobre la arbitrariedad y el descontrol que rigieron la actuación. ¿No debería el debate centrarse en la legalidad del uso de unos proyectiles que pueden superar los 250 kilómetros y que amenazan seriamente la integridad física, no ya del jefe de policía, sino de cualquier persona? Debate sobre las armas Las asociaciones de derechos humanos llevan tiempo reclamando un debate sobre el uso de ésta y otras armas policiales. En 2005, el uso no autorizado de porras extensibles por la Guardia Civil causó la muerte de un agricultor almeriense en el cuartel de Roquetas de Mar.

Dos años más tarde, algunas unidades policiales adquirieron unas temibles pistolas Taser que han causado víctimas mortales en los EE UU. El mismo año, entró en escena el celebre punzón llamado kubotán, utilizado sin autorización por antidisturbios catalanes en una manifestación en Barcelona. En el caso de las escopetas antidisturbios y las balas de goma, el balance del último año en el Estado es preocupante: 60 personas hospitalizadas y cuatro que han perdido un ojo. En otras ocasiones sus efectos incluso han sido letales. En la mayoría de países europeos, muchos de estos instrumentos de represión están prohibidos y han dado paso a métodos a priori menos contundentes.

En el Estado español, en cambio, todavía hoy forman parte del equipo reglamentario de las unidades antidisturbios de las policías estatales y autonómicas. Nada de esto tiene que ver con el ideal normativo de un Estado de derecho en el que la gestión del orden público exige un uso puntillosamente regulado y controlado de la fuerza. Además del despliegue de medios o técnicas disuasorios lo menos lesivos posible. La “lealtad al sistema”, o a los principios que las fuerzas de seguridad aseguran defender, exigen no cerrar en falso sucesos como el de Vilaró. Si un jefe de la Policía puede ser víctima de la arbitrariedad policial, ¿qué puede esperar cualquier persona que pretenda ejercer en las calles sus legítimos derechos de manifestación y de protesta? ¿De qué seguridad hablan quienes dicen velar por la seguridad ciudadana?

Al menos desde la revuelta de Seattle, una parte no desdeñable de la confrontación entre autoridades económicas y políticas globales y movimientos alter-globalizadores ha transcurrido en el marco de las cumbres internacionales. Éstas se han convertido, de manera progresiva, en una suerte de plató político, sobre todo cuando las “contra-cumbres” y los enfrentamientos callejeros han adquirido mayores cuotas de visibilidad que las propias cumbres. Para cualquier régimen político, como recuerda la politóloga italiana Donatella Della Porta, el control de estas protestas no es una tarea sencilla. Lo que está en juego, después de todo, no son sólo los derechos políticos de los movimientos sociales sino también la propia credibilidad del sistema político.

En la literatura existente sobre las policías europeas se pueden apreciar dos tendencias distintas. Una coercitiva, propia de las policías en el continente europeo -particularmente de las mediterráneas-, donde predomina el uso de las armas y de la fuerza física. Y otra persuasiva, propia de los países nórdicos y del Reino Unido, a pesar de excepciones reseñables como las del periodo thatcherista contra los mineros o el caso de Irlanda del Norte. En este segundo modelo, predominan los contactos previos con los activistas, el recurso a tecnologías audiovisuales que permiten identificar sospechosos sin intervenir directamente o la utilización de servicios de información e infiltración policial. Estas dos tendencias o tradiciones son clave para entender los escenarios de confrontación entre la policía y los nuevos movimientos sociales.

En Europa, en los últimos 40 años, se puede apreciar una cierta prevalencia de este segundo modelo, con una creciente tolerancia hacia la protesta y una reducción del uso de la fuerza (las cifras sobre muertos en manifestaciones dan testimonio de ello). Esta evolución se inicia, no sin contradicciones, en los años 60′, se invierte en algunos momentos en los 70′ -especialmente en Italia y Alemania- y se afirma, finalmente y de modo selectivo, en los 80′. Durante esos años, se pone mayor énfasis en el diálogo y en la negociación con los actores considerados “legítimos”, se otorgan ciertas concesiones al derecho de manifestación y se buscan acuerdos con los organizadores de acciones formalmente ilegales, pero toleradas en la práctica.

Esta evolución se interrumpe abruptamente en los 90′. El nuevo ciclo de protesta abierto tras las movilizaciones de Seattle engendra a su vez un nuevo ciclo de represión policial que tiende a militarizar el orden público. Esta militarización tiene lugar tanto en términos organizativos -de armamento, adiestramiento y formación de los cuerpos especiales para la gestión de las situaciones de mayor peligro- como de control espacial, con el recurso a nuevas técnicas como la de los “muros”, “perímetros”, “fronteras cerradas” o “zonas rojas”, propias de tiempos de guerra.

Tras las movilizaciones de Praga, Niza o Davos, esta ola represiva encuentra una de sus expresiones más brutales en la actuación policial de Göteborg, en 2000, y Barcelona, en 2001, para alcanzar su cénit en la reunión del G-8 en Génova, en julio del mismo año. Allí, el gobierno de Silvio Berlusconi encaja la protesta social en el campo de las “amenazas a la democracia”. A resultas de ello, se produce una ruptura de la forma clásica de mantenimiento del orden público. Los activistas son tratados como enemigos y la seguridad exterior e interior se imbrican en un mismo ámbito de actuación.

Es en Génova, precisamente, donde por primera vez se aplica la doctrina “preventiva” alentada por los Estados Unidos tras los acontecimientos del 11-S. Ello supone la aparición de una suerte de frente bélico interno que no duda en desplegar dispositivos represivos cuasi militares y militares. Estos últimos incluyen la instalación de baterías antimisiles y carros blindados. Los primeros, el uso de gases lacrimógenos y urticantes prohibidos, la tortura en dependencias policiales e incluso la utilización de armas de fuego que acaban cobrándose la vida del joven activista Carlo Giuliani. Como ya había ocurrido un mes antes en Barcelona, la policía italiana utilizaría el pretexto del “violento” para extender una ofensiva en toda regla contra el grueso de los manifestantes. En ella no se cumplirían, tal como denunció Amnistía Internacional, ni uno solo de los protocolos de actuación policial que cabría esperar en un sistema democrático.

En paralelo a este fenómeno, sin embargo, también es posible observar el desarrollo de un incipiente repertorio policial menos coactivo que tiene sus expresiones más destacadas en ciertas reuniones de organizaciones internacionales realizadas en espacios rurales y apartados. Este es el caso de la cumbre del G-8 celebrada en Escocia, en 2005. Allí, los protocolos de intervención de la policía británica presentan ciertas novedades en relación con otras policías europeas, particularmente las mediterráneas. En Escocia, en efecto, la policía adoptaría técnicas de control del orden público a distancia (stand-off) para controlar los movimientos de entrada y salida de los activistas y evitar enfrentamientos. De hecho, se emularon las técnicas policiales del mundo del fútbol. Dentro y fuera del campo, los hinchas de uno y otro equipo son separados y mantenidos a distancia. La actuación policial, antes y después del partido, consiste en “envolver” o “encapsular” a las dos partes para evitar el contacto.

En Escocia, los agentes pondrían todo su empeño en evitar las cargas y el uso de material anti-disturbios “de larga distancia”. Avanzaban lentamente en grupos muy numerosos desde diferentes puntos y trataban de rodear, sin precipitarse, a los manifestantes. Para ello no dudaban en recurrir a unidades antidisturbios, de caballería e incluso a los perros. En la medida en que los manifestantes, al igual que la policía, permanecían en bloque, la situación derivaba en un lento juego en el que los manifestantes quedaban cercados por un número siempre superior de agentes. En estas circunstancias, las posibilidades de choque decrecían notablemente, facilitando la consecución de los objetivos policiales: cachear, identificar, controlar la protesta y evitar la mala prensa.

A diferencia de lo ocurrido en los países anglosajones, en los países mediterráneos el objetivo policial habitual ha seguido siendo la dispersión de los manifestantes. Para ello, se recurre a las pelotas de goma o a gases lacrimógenos acompañados de cargas en las que no es necesaria la participación de numerosos agentes. En el fondo, lo que diferencia la estrategia y las tácticas de la policía británica respecto de otras policías es su gestión del espacio. En su intento de reprimir antes que controlar, muchos cuerpos antidisturbios convierten el espacio en un escenario de conflicto abierto cuya expresión más llamativa, quizás, sea la guerrilla urbana. En cambio, las prácticas espaciales de la policía británica sacrifican a menudo las “necesidades punitivas” o la velocidad de actuación a cambio de un control casi asegurado del terreno y de la situación, lo que ha sido llamado técnica de incapacitación del conflicto.

Tanto en Génova como en Escocia se pusieron en marcha de medidas para limitar la libertad de movimiento de las personas en amplias zonas alrededor del lugar de reuniones del G-8-. En Génova, no se vaciló a la hora de recurrir a técnicas duras de choque y dispersión de los manifestantes. El objetivo era lograr un control cuasi militar y a cualquier precio del espacio público. En Escocia, en cambio, se manejaron técnicas lo más discretas posibles para reducir al máximo los espacios de confrontación. Por ello, algunas perturbaciones fueron aceptadas como un mal menor, limitándose las fuerzas de seguridad a alejarlas de los cascos urbanos y de la mirada pública.

El uso de la fuerza coercitiva contra la protesta social en Europa en los últimos años es de sobra conocido, entre otras cosas, por su contundente espectacularidad mediática. Génova es, sin duda, el ejemplo más acabado de ello. No obstante, la adaptación de estos repertorios a otros más persuasivos en el ámbito anglosajón ha demostrado gran efectividad a la hora de arrebatar a la protesta uno de sus bienes más preciados: la visibilidad mediática. El caso de Escocia es, también aquí, un buen ejemplo. Mientras en Génova las reuniones se produjeron en el centro histórico, la cumbre escocesa marcó una nueva tendencia: la apuesta por entornos aislados y menos expuestos, que entorpecieran los desplazamientos de los activistas y redujeran su visibilidad política. En un contexto en el que las propuestas globalizadoras no parecen sino haber comenzado y en el que la conflictividad social difícilmente disminuya, el “movimiento de movimientos” debería tomar nota de estos cambios, y actuar en consecuencia.

 Noviembre, 2005 EL VIEJO TOPO