Con motivo de la situación de excepcionalidad jurídica que se vive en Cataluña, se ha celebrado este fin de semana en Barcelona el Primer Congreso en defensa del Estado de derecho. El evento reunió a magistrados, profesores de derecho penal o internacional, periodistas, miembros de entidades de derechos humanos y abogados. Uno de los objetivos del encuentro fue reivindicar el Estado de derecho como artefacto de denuncia y resistencia frente a la vulneración sistemática de las reglas democráticas que se ha producido en los últimos años en España. Es tanta la excepcionalidad jurídica que vivimos que, más que exigir una comprensión “alternativa” o “contrahegemónica” del derecho, la profundización democrática o los derechos sociales, lo que se reclamaba es simplemente que los poderes públicos sean coherentes con ellos mismos. Que no vulneren las reglas mínimas de las que se han dotado al aprobar constituciones y ratificar tratados internacionales.

En efecto, las actuaciones emprendidas contra el soberanismo catalán u otras formas de disidencia por parte del Gobierno del PP, con el apoyo de Cs y PSOE, y de las altas instancias judiciales ha planteado una crisis institucional que ha hecho tambalear los fundamentos del Estado de derecho. En ese contexto, el derecho y su interpretación se ha convertido en un campo de batalla crucial a la hora de establecer el margen de actuación de unos y otros. El mayor o menor grado de legitimidad de sus actos depende en buena medida de la aceptación y reconocimiento de sus razones jurídicas. Al mismo tiempo, la dimisión del debate político por parte del PP, PSOE y Ciudadanos y el refugio constante en un poder judicial controlado “desde arriba” respaldan la centralidad del derecho en el debate social.

En esa disputa, la ventaja de partida de quien ejerce el poder no es tan abrumadora como en tiempos pasados. La legalidad de nuestra época no es como la franquista. Es exigente y conlleva límites y controles de todo tipo. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y declaraciones de derechos impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo pasado. Un legado civilizatorio que puede convertirse en papel mojado si la ciudadanía no se lo reapropia para denunciar sus incumplimientos sistemáticos por parte del poder. A pesar de su aparente ineficacia, estos textos permiten considerar las situaciones de injusticia no como algo natural, sino como auténticas violaciones jurídicas.

En tiempo de involución democrática como la actual, por ello, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual para el poder. De hecho, sirve para mostrar su tendencia creciente a desligarse de ataduras garantistas y situarse en la ilegalidad. En realidad, invocar el estado constitucional en la actualidad implica defender la supremacía de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía, la separación de los tres poderes – cada uno con sus contrapesos -, el papel central de la sociedad civil, la proporcionalidad y el constante control o supervisión de las acciones del Estado. Esta visión de las cosas corresponde con una tradición jurídica alemana del estado de derecho (rechtsstaat), posterior a la Segunda Guerra Mundial, totalmente antitética a la noción de dictadura de la ley en que hoy la derecha jurídica española quiere caricaturizarlo. En el fondo la idea es muy sencilla: un Estado de derecho significa imponer límites “desde abajo” y desde fuera al poder del Estado. La ley no puede ser, en una concepción exigente del principio democrático, un mecanismo de cobertura de los abusos del poder, sino su freno o antídoto primordial.

Visto desde esta perspectiva, resulta más capital que nunca el papel de los juristas garantistas para mostrar el derecho no sólo como la expresión del poder sino también y, sobre todo, como herramienta para deslegitimar sus actuaciones más arbitrarias. Esta tarea tiene al menos dos funciones específicas. Por un lado, dar respuesta al inaceptable recorte de derechos políticos y la criminalización de toda disidencia al poder constituido. Por otro, mostrar que la protesta y la desobediencia, lejos de ser actos censurables, son instrumentos legítimos e incluso necesarias para forzar al poder para que cumpla su propia legalidad. Buen ejemplo de la resistencia jurídica ante la ofensiva contra el independentismo son las querellas interpuestas contra la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1 de octubre por parte de entidades de derechos humanos y varios ayuntamientos, como el de Barcelona o Girona.

En verdad, ese tipo de disputas por el sentido del derecho se libran principalmente en el Estado español. Y aquí el papel de las entidades de derechos humanos y de los juristas será relevante. Una iniciativa incesante fue la creación de la plataforma “No Callarem” (No Callaremos) que ha organizado recientemente, junto al consistorio barcelonés, la reciente “Semana de la Libertad de Expresión” en la antigua cárcel Modelo. Lo que durante casi un siglo fue un centro de privación de libertad, se convirtió en el epicentro de todo tipo de actividades políticas y culturales de denuncia de la deriva represiva. La plataforma denunciaba desde la censura en exposiciones, pasando por el secuestro del libro Fariña, la reciente condena a la revista Mongolia a pagar 40.000 euros por un chiste hasta las recientes condenas a raperos como Valtònyc o la de Pablo Hasél.

El desenlace de muchas de estas disputas, en realidad, se van a decidir en Europa. Como explicó en el encuentro el abogado Gonzalo Boyé, el mayor descrédito jurídico a la ofensiva judicial contra el independentismo proviene precisamente de los “litigios estratégicos” en los tribunales europeos. La primera señal de alarma vino con la retirada de la orden de extradición del Supremo contra los miembros del gobierno de la Generalitat exiliados en Bélgica ante su segura desestimación. A continuación, el segundo envite se produjo con las medidas de libertad acordadas por la justicia europea. Un contraste clamoroso con la dureza de las prisiones provisionales acordadas en España. Luego, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó, a petición de Jordi Sánchez, al Estado español a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que pueda ejercer sus derechos políticos”. Un mensaje que incluía medidas cautelares, un mecanismo previsto por la ONU para evitar “daños irreparables” a las personas que denuncian abusos de sus derechos ante la institución. Y, por último, el varapalo final llegó de la justicia alemana. El tribunal de Schlewsig-Holstein descartaba la existencia de la violencia y el delito de rebelión en los hechos investigados, en contra del criterio del Gobierno y del juez Llarena.

El frente internacional, en efecto, ha provocado un boquete gigante a la línea de flotación de la causa penal seguida en el Supremo. Lo que en un lugar se percibe como hechos delictivos gravísimos contra el orden constitucional, con penas de hasta cuarenta años de cárcel, en el otro no pasan de ser simples hechos políticos sin relevancia penal.  Otra actuación judicial que sacó lo colores al Estado español fue el reciente tirón de orejas del Tribunal de Estrasburgo a raíz de las condenas a unos jóvenes por la quema de fotos del Rey. Otra vez sucedía que lo que para unos era un delito de odio para los otros era un simple acto político amparado por la libertad de expresión.

En el fondo, el riesgo de corrosión del estado de derecho que todas estas actuaciones muestran no es del todo nuevo en España. Forma parte de un populismo punitivo que se ha incrustado en todo el entramado estatal como una bomba de relojería. No obstante, lo cierto es que lo sucedido en los últimos dos años con la cruenta persecución al independentismo catalán ha agudizado hasta extremos inauditos una involución democrática que ahora afecta a otros ámbitos y colectivos. El desafío, por eso, exige más que nunca construir frentes anti-represivos amplios, transversales y plurales que le disputen al poder la legitimidad del discurso del derecho. Y que pongan en el centro de la política el papel de los derechos como límites a sus abusos. Hacerlo es una cuestión de simple supervivencia para frenar su deriva abiertamente despótica.

Querido Jordi (Cuixart):

El día en que jueces y fiscales te señalaron con el dedo tuerto, nos ardió impaciente la indignación. O la náusea de la injusticia. Desde que los altos tribunales se sientan a cenar en la mesa de los poderosos, son malos tiempos para la justicia. Como diría Rosa de Luxemburgo, la justicia es servil con los tiburones y cruel con las sardinas.

Hace poco se cumplieron cuatro meses desde que te despojaron de uno de los bienes más preciados (la libertad) y te vaciaron el alma de oxígeno. Han sido cuatro meses de suplicio, castigo y venganza. Cuatro meses de memoria de una sinrazón, lejos de tus afectos y tu tierra. Cuatro meses con sabor a lágrimas del opaco cemento de una cárcel impenetrable. Como si tuviéramos una astilla clavada, desde entonces, nos falta el aire.

Tu ausencia amarga, tu lejanía de muros, nos quema. Tener que escribirte duele. Pero, como cualquier carta a un preso, hacerlo es un mensaje de futuro. Una hoguera en medio de la noche helada. Se alimenta de soledades, de distancias, pero se construye con puentes de esperanzas.

Con esta carta quiero insuflarte ánimos. Recordarte lo que has sido y siegues siendo para todos los que te extrañamos. Con tu empeño insomne por abrir camino, fuiste (y sigues siendo) un referente de coraje y dignidad. Siendo como eres un militante pacifista dispuesto siempre a extender la mano al prójimo, incluso a quienes solo ofrecen autoritarismo y ruindad, duele que te asocien arbitrariamente con la violencia. Sacrificando tu tiempo libre y de forma desinteresada, te has dejado la piel en lograr una sociedad más libre. Sabías que el camino no era fácil. Los sueños colectivos nunca lo son. Requieren de gente movilizada, ilusionada y dispuesta a sacrificarse. Son procesos largos llenos de espinas. Y más en una democracia imperfecta como la nuestra. No por casualidad, a diferencia del resto de Europa, aquí el fascismo nunca fue derrotado y el poder se construyó sobre sus cimientos. Las togas de quienes ocupan la cúspide judicial no están, por esa razón, limpias. El polvo del franquismo las ensucia. Lo sabes tú bien. Y lo recordábamos hace poco en unas jornadas contra la impunidad franquista celebradas en la Modelo, donde sentimos tu ausencia muy presente.

Vivimos tiempos difíciles, donde la polarización se extiende como una mancha cancerígena. Ahora más que nunca, resulta imprescindible recoser complicidades entre unos y otros; poner en valor lo que nos une por encima de lo que nos separa. En esa tarea urgente, figuras como la tuya son un faro en la niebla. Frente a la actual deriva autoritaria, hay que rescatar el espíritu unitario de la Asamblea de Cataluña de los 70. O la filosofía que latía detrás del lema “un solo pueblo” – catalanes de linaje y nuevos catalanes- del viejo dirigente del PSUC, Josep Benet. Te lo había oído gritar a los cuatro vientos con voz solemne de los grandes momentos: ¡somos un país mestizo! Hay que ver el fenómeno migratorio, no a partir de su grado de integración, sino como una nueva realidad construyendo una patria común con identidades y orígenes múltiples. Gente nacida aquí y gente venida de Murcia en los años 30; de Andalucía, Extremadura o Galicia en los años 60. Gente que se encontró un entorno en condiciones muy duras, sin servicios ni transporte público. Y con un esfuerzo inmenso, anónimo y silencioso, levantó nuestras ciudades desde abajo. Muchos de ellos, vecinos del extrarradio gris, la “Internacional de los bloques” evocada por tu apreciado Pérez Andújar. Siempre te identificaste con esa gente humilde y sencilla que, como tu madre, emigraron persiguiendo un futuro mejor. Eras incapaz de pensarte separadamente de sus reivindicaciones o pulsaciones vitales. De quienes llegaron, pero también de quienes se quedaron en sus tierras. Apelabas a menudo a la fraternidad y al anhelo de emancipación de las clases populares del resto de territorios ibéricos. Algo se ha torcido o no se habrá hecho bien cuando no pocos de ellos, lejos de sentirse interpelados por personas como tú, se han sentido amenazados en su identidad. Y envolviéndose entre banderas, han entregado su voto a un nacionalismo de extrema derecha. Ya lo hablaremos cuando recuperéis la libertad, pero seguro que lo que ha pasado te duele ahora en el alma, tú que eres un internacionalista obstinado en trascender filiaciones y fronteras. También te dolía ver cómo otros nacionalistas utilizaban la unidad patriótica para diluir luchas sociales y ocultar sus miserias. O el discurso contra un “Madrid” al que injustamente reducían a una de las dos Españas, olvidando que también es la ciudad mestiza, del orgullo gay, del 15-M o del “no pasarán”.

Recuerdo cuando me defendiste ante los silbidos de un auditorio de exaltados al mencionar a ese otro Madrid popular y antifascista. Lloré de rabia ante tanto desprecio ignorante y tú querías hacer un comunicado de condena. Ambos creíamos que la idea de una España uniforme e irreformable era reaccionaria. Existe una España vieja, monárquica, caciquil, miedosa, de sacristía, que embiste al grito de “a por ellos” y aspira a helarnos otra vez el corazón. Ésta está ganando. Sin embargo, ha aflorado también otra España joven, indignada, republicana, interreligiosa y laica, plurinacional y reacia a ser una prisión de pueblos. Con esa otra nueva España compartimos horizontes, sueños y anhelos comunes. Hay quienes, a ambos lados, quieren romper esa corriente de simpatía entre unos y otros.

Con nostalgia, te recuerdo ahora en todos los momentos vividos. Te recuerdo en charlas con amigos como Quim Arrufat en un aula de estudiantes o Toni Comín y Eulàlia Reguant encima de un escenario de Nou Barris. Te recuerdo cuando nos despedíamos la noche antes de tu encarcelamiento. Sabías el peligro al que te dirigías y, a pesar de ello, conservabas el valor de animarme con la claridad silvestre de tus risas. Te recuerdo cuando tú y Jordi Bosch me persuadisteis para que me hiciese socio de Ómnium Cultural, una entidad con casi cien mil afiliados y sesenta años de historia. Si no fuera por ti, no lo habría hecho. Contigo superé prejuicios y recelos antiguos. Fue en el año 2016. Querías que  Ómnium fuera casa común del soberanismo republicano, donde convivieran federalistas, confederalistas o independentistas. Querías trazar complicidades con otras organizaciones estatales que defendían el derecho de decidir del pueblo catalán. Recuerdo tu insistencia en que te presentara a Pablo Iglesias. Me gustaba tu visión inclusiva del catalanismo y la cultura. Me hablabas con entusiasmo de celebrar la Noche de Santa Llúcia en el Hospitalet de Llobregat. Por primera vez, después de 65 años, el principal acontecimiento literario se desplazaba a una ciudad metropolitana, obrera y cuna de tantas personas de origen inmigrante. Poco antes, habíamos participado juntos en un acto de vuestra campaña Lluites compartides. Allí defendimos la interrelación entre las luchas de los últimos 50 años de mucha de esa gente venida de otros lugares con las luchas colectivas del presente. Defendimos a la clase trabajadora, valiente, que nos recordaba que los derechos nunca se regalan. A la lucha feminista de una ciudad con nombre de mujer. A los que salían cada 11-S para exigir urnas y democracia. A los jubilados infatigables defendiendo lo ganado para sus nietos. A la gente de la PAH y el 15-M poniendo el cuerpo para recuperar lo que es de todos. A los viejos antifranquistas peleando por la memoria democrática. A quienes alzaban la voz contra el sufrimiento provocado por CIEs y fronteras; o exigiendo más refugiados en la manifestación más grande de Europa.

Tú que has luchado tanto por la libertad ajena, has acabado perdiendo la tuya. Como Forn, Sánchez y Junqueras, te has convertido en preso político del siglo XXI. Lo explicaba hace poco en un artículo que te mando junto a esta carta. Son muchos quienes te precedieron en esa ingrata condición. “Hem vist tancats a la presó homes plens de raó…no, diguem no” cantaba Raimon ya en los recitales de los 60. Antes de ti, estuvieron “hombres llenos de razón” como Wilde, Gramsci, Luxemburg, Roque Dalton, Sands, Mandela, Miguel Hernández.  Lo recordaba recientemente un amigo común, el periodista David Fernández.

El corazón se me encoje cuando te pienso ahora detrás de unos barrotes infames que ennegrecen los horizontes, en una celda diminuta y mal iluminada de Soto del Real. O cuando hablo con tus seres queridos o con el resto de perseguidos políticos. Todos ellos forzados a recorrer centenares kilómetros. Es terrible que no puedas levantar el teléfono y escuchar al otro lado la voz afectuosa de Txell; que solo puedas verla brevemente una vez a la semana tras un grueso cristal; o que solo puedas abrazar a tu hijo de diez meses una vez cada tres meses. Ante el vacío institucional provocado por la vil aplicación del artículo 155, debes saber que como ayuntamiento no nos quedamos de brazos cruzados. Hace poco, por ejemplo, llevamos ante la justicia la vulneración de derechos humanos del 1-O y denunciamos lo sucedido ante el Congreso de los Diputados o el Parlamento europeo. Esta semana hemos vuelto a reclamar vuestra libertad o, como mínimo, el fin del doble castigo del alejamiento. No olvidamos que la prisión es un espacio de aislamiento, hostil y deshumanizado. Allí el tiempo se congela y se hace perpetuo. Se pierde la intimidad, la luz solar, las cosas básicas de la vida: el contacto, las miradas y la ternura de quien se ama. Como decía Albert Camus, “la prisión es un suplicio cotidiano que nadie tiene derecho a infligir a un ser vivo en nombre tan solo de una opinión o de una concepción del mundo”. Cada día lo recordamos con un lazo amarillo colgado en la fachada consistorial señalando vuestra ausencia.

Los que te queremos nos vamos a acostar noche tras noche con ganas de abrazarte. Cerramos, luego, los ojos con la mala conciencia de disfrutar de una comodidad a la que a ti te han privado. Y sentimos que entre tú y la mayoría del pueblo catalán nos une un hilo rojo indestructible. Seguro que hay momentos difíciles en los que te sentirás solo en un pozo sin salida. Acorralado. Triste. Abatido. Y no verás el futuro con esperanza. Entonces, acuérdate de que somos miles los que estamos allí fuera. Acuérdate de nosotros sufriendo contigo. En el fondo, el castigo es colectivo. Tu cautiverio es nuestro cautiverio. Como en el 1-O, es una herida abierta que escuece pero nos hace más fuertes y lúcidos. Hemos vivido juntos tantos momentos duros que somos más pueblo ahora que nunca. Por querer votar, nos pegaron, insultaron y humillaron. Nos quisieron imponer censuras vergonzantes y el silencio por la fuerza del miedo. Nos trataron de delincuentes. Y, finalmente, nos han quitado la libertad. Lo que nunca podrán arrebatarnos es la dignidad de volvernos a levantar para decir que somos quienes somos y exigir respeto por nuestros derechos. Con persistencia pero con la mano extendida, sin rencor ni rabia, porque no queremos convertirnos en aquello contra lo que luchamos. Como las compañeras nos han enseñado, la política sin amor no es política. Tampoco lo es, pero, sin memoria y anhelos de justicia. No lo dudes: seguiremos soñando una democracia donde refugiarnos; para que la razón venza al miedo, a la ignorancia y al odio. No descansaremos hasta que tú y el resto volváis. No seremos libres hasta que vosotros lo seáis.

Con todo, el caso de Joan Coma tiene ciertas peculiaridades. Es, para empezar, el primer cargo electo desde que comenzó la llamada transición investigado por un delito de sedición. El proceso que ha llevado a su detención tiene mucho que ver con la actuación del denunciante, el fiscal y el juez que lleva el asunto. El ultraderechista Josep Anglada es quien, en efecto, pone en marcha la maquinaria judicial. El Fiscal, no obstante, es quien le da carta de validez. Los argumentos de la imputación son sorprendentes. La sedición -según él- se habría cometido cuando aquel afirmó en un pleno que “para hacer la tortilla será necesario romper los huevos”. O cuando conminó a los asistentes a tomarse “muy en serio la declaración de soberanía del Parlamento”. La propia rueda de prensa de Coma denunciando los hechos, desde su perspectiva, se convierte en una nueva prueba en contra él. Esta forma de interpretar las cosas es un auténtico disparate jurídico. No resulta extraño que el otro protagonista de esta cruzada sea el mismo magistrado que envió a prisión a dos titiriteros para una obra de teatro, Ismael Moreno. La asociación de Jueces por la Democracia, en un duro comunicado, ya recordó que “opinar nunca puede ser delito”. Y hasta tres magistrados diferentes de la propia Audiencia Nacional afirmaron que actos como el del concejal “son posicionamientos políticos en el marco de la libertad ideológica y de expresión de aspiraciones o anhelos políticos”. Con este argumento elemental, archivaron denuncias similares.

En el fondo, esta instrucción es una vergonzosa “causa general” contra el soberanismo municipalista. Y más cuando utiliza conceptos manchados de sangre y de funesto recuerdo para los luchadores antifranquistas. Su abogado y diputado de la CUP, Benet Salellas, lo recordaba en un mitin de apoyo al concejal. Los golpistas de 1936 fueron, precisamente, los que acusaron de sedición a los republicanos leales al estado de derecho. Lo preocupante de todo esto es que estos hechos no son aislados. Forman parte de una “cultura de la excepcionalidad” que se ha ido imponiendo de forma persistente a lo largo de la última década. En primer lugar, a través de una Fiscalía proclive a obedecer mansamente las órdenes del gobierno de turno. Buen ejemplo de ello fue la fulminante destitución del fiscal jefe de Cataluña, Rodríguez Sol, por afirmar que la reivindicación del referéndum catalán era una aspiración política no legalmente viable, pero legítima. Y en segundo lugar, por un altas instancias judiciales como la Audiencia Nacional, claramente conservadoras y vinculadas estrechamente al poder político.

En este contexto, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Este tipo de ataque forma parte de una ofensiva en toda regla contra los independentistas. También es una amenaza, pero, contra todos los que sin serlo creen firmemente con la libertad ideológica y de expresión. Un estado de derecho digno de ese nombre no puede permitirse perseguir a aquellos que, sin recurrir a la violencia, cuestionan aspectos centrales del poder constituido. Lo que está en juego, en efecto, no es sólo la libertad de un puñado de concejales. Es la democracia. Y la soberanía municipal. Con la intención de hacer “un llamamiento a los demócratas”, precisamente, se convocó hace poco una multitudinaria concentración ante las fuentes de Montjuic de Barcelona con el lema “Por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”.

Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, este tipo de persecuciones desatan los fantasmas evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde. Ojalá la advertencia llegue también a los que piensan que esto es sólo un problema de los independentistas. Y simplemente miran hacia otro lado. Lo preocupante, sin duda, no son las palabras de un concejal en un pleno. Lo preocupante es perseguir un acto democrático como si fueran de sedición. Eso sí es, en realidad, un conato de sedición contra la propia democracia.

El primer que crida l’atenció d’aquest assumpte és que tot comenci amb una denúncia de l’ultradretà Josep Anglada. I que aquesta sigui recolzada per la Fiscalia. O que no deixin declarar a Coma en els jutjats de la seva ciutat. Els arguments de la imputació també són sorprenents. La sedició, segons el Fiscal, s’hauria comés quan l’edil va afirmar en un ple que “per fer la truita caldrà trencar els ous”. O quan va comminar als assistents a prendre’s “molt de debò la declaració de sobirania del Parlament”.

Aquesta forma d’interpretar les coses és un autèntic disbarat jurídic. No resulta estrany que l’altre protagonista d’aquesta creuada sigui el mateix magistrat, Ismael Moreno, que va enviar a presó a dos titellaires per una obra de teatre. Opinar no pot ser mai delicte. Els actes que es volen investigar són posicionaments polítics en el marc de la llibertat ideològica i d’expressió d’aspiracions o anhels polítics. Amb aquest argument elemental els altres magistrats de la pròpia Audiència Nacional van arxivar denuncies similars.

En el fons, aquesta instrucció és una vergonyosa “causa general” contra el sobiranisme municipalista. I més quan utilitza conceptes tacats de sang i de funest record pels lluitadors antifranquistes. El seu advocat i diputat de la CUP, Benet Salellas, ho recordava recentment en un míting. Els colpistes del 1936 van ser, precisament, els qui van acusar de sedició als republicans lleials a l’estat de dret. El preocupant de tot plegat, no obstant, és que aquests fets no són aïllats. Formen part d’una “cultura de l’excepcionalitat” que s’ha anat imposant de forma persistent al llarg de la darrera dècada. En primer lloc, a través d’una Fiscalia procliu a obeir mansament les ordres del govern de torn. Bon exemple d’això va ser la fulminant destitució del fiscal en cap de Catalunya, Rodríguez Sol, per afirmar que la reivindicació del referèndum català era una aspiració política no legalment viable però legitima. I en segon lloc, per un altes instàncies judicials com l’Audiència Nacional, clarament conservadores i vinculades estretament al poder polític.

En aquest context, quedar-se de braços creuats no és cap opció. L’ofensiva va dirigida, evidentment, contra l’independentisme ideològic. Es també, però, una amenaça contra la resta de municipis que pretenen defensar l’autonomia municipal. I contra tots aquells que creuen fermament en la llibertat d’expressió i ideològica. Un estat de dret digne d’aquest nom no pot permetre’s perdre aquesta batalla. La persecució de qui, sense recórrer a la violència, qüestiona aspectes centrals de l’ordre establert, constitueix una derrota del principi democràtic. El que està en joc, en efecte, no és la independència. És la democràcia.

Contemplada amb la gravetat que els fets es mereixen, aquest tipus de persecucions desfermen els fantasmes evocats per la vella advertència de Niemöller. Primer els va tocar a uns, després als altres, i més endavant a mi, però ja era tard. Tant de bo l’advertència arribi també als qui pensen que això és només un problema dels independentistes. I simplement miren cap a una altra banda.

La història d’Antonio és la història de milers de dones i homes anònims d’aquest país. Dels qui van aixecar ciutats com Barcelona amb gran esforç i sacrifici. Molts d’ells venien d’Andalusia, d’Aragó, Extremadura o Galícia. Gent honrada del comú, del moviment obrer, que no surt en els llibres de la història oficial. Gent que ens han ensenyat el camí. Que ens recorda que els drets no es regalen, es conquereixen. Gent que són un exemple de coratge i dignitat. Que va arriscar la seva vida i la seva llibertat. Gent com el Manuel Fernández Márquez, assassinat també a la vaga de la tèrmica del Besós dos anys després. Gent com el Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo o Bienvenido Pereda. Tots ells sindicalistes assassinats també el 1976 en l’interior d’una església de Gazteiz-Victoria. La policia, llavors, la dirigia el franquista Fraga Iribarne. Sí, Fraga, el ministre de la “calle es mia” i fundador del partit que ha guanyat les darreres eleccions generals. La mateixa nit d’aquella massacre, Lluis Llach componia una de les seves cançons insígnies. L’èpica, Campanades a mort. Un crit de ràbia que impugnava la transició amb aires de simfonia religiosa. “Assassins!!! Assassins de raons!!!, assassins de vides!!! Que mai, que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies i que en la mort us persegueixin les nostres memòries”.
Ningú com Lluis Llach per expressar el dolor que sentim quan recordem avui a l’Antonio i altres sindicalistes assassinats. O quan recordem a Salvador Puig Antic, executat cruelment tres anys després, amb la seva cançó “I si canto trist”. Tots són crits d’indignació per trencar les cotilles de la impunitat. Ningú com els poetes per alçar paraules contra els qui organitzen la falsificació i el silenci històric. “Aquesta ciutat vol la pau, però no l’oblit” escrivia Màrius Torres. I el poeta argentí Juan Gelman, pare d’un desaparegut, recordava que les “comissions de l’oblit tenen recursos i coneixen el seu treball”. No ens emboliquem en estèrils disputes entre antifranquistes. El veritable enemic de Catalunya és l’oblit. I aquells que volen promoure la seva impunitat. Com antídot, cal organitzar la memòria. Fer-nos dignes del llegat que prové de l’Antonio. De la seva lluita. El llegat que prové de tots aquells assassinats per defensar les seves idees.

A Antonio Ruiz Villalba el va assassinar la policia franquista, és cert. Es l’actual règim sorgit de la transició, però, qui el manté aquest fet impune. Una línia de continuïtat que va d’un mesquí passat a un present encobridor. No podem quedar-nos de braços plegats.

No podem ser còmplices impassibles d’aquest estigma inesborrable de la història del nostre país. Cal denunciar-ho i combatre’l. Des de la institució, com ha fet el Parlament català amb una llei valenta per anul·lar els consells de guerra. Però també des del carrer. I davant dels tribunals, com hem fet des de l’Ajuntament de Barcelona. Mentre aquests crims no es reparin són crims actuals que ens interpel·len. No els podem ocultar en foscos magatzems. Cal explicar-los. Exposar-los als ulls de tothom. No és còmode tornar a veure símbols del franquisme al carrer. Encara que siguin decapitats, pel seu escarni i en una exposició temporal. Més incòmode és, no obstant això, viure en un Estat que tolera la impunitat d’aquell règim. Contra la rendició del temps, recordem que oblidar la seva impunitat –com deia Marcuse- és oblidar les forces que la van provocar sense derrotar aquelles mateixes forces.

A lo largo de la historia, en efecto, esa “razón de Estado” se ha invocado en numeras ocasiones y en no pocos países. Ya sea desde una comisaría, un cuartel o un despacho ministerial. Mientras la luz y el taquígrafo son el ADN de la democracia, la opacidad de las trastiendas lo es de los regímenes totalitarios. En la mayoría de los que se reclaman democráticos, no obstante, se sigue recurriendo a la política de cloacas. El periodista David Fernández contaba en un libro publicado en el 2006 como en la era de los 90’ entre sus víctimas recurrentes se encontraban todo tipo de activistas. La conveniencia de recurrir a medios ilegítimos para salvaguardar el bien común todavía hoy es objeto de defensa de algunos dirigentes.  Sin ir más lejos,  el propio expresidente del Gobierno del PSOE, Felipe González, señaló hace poco sin pudor que “el Estado de derecho se defiende también en las alcantarillas” en referencia a la guerra sucia de los GAL.

Con la celebración de la consulta del 9N, los métodos poco ortodoxos se pusieron otra vez de moda. Ya cuando ocupó su cargo, el ministro dejó las cosas claras. El “problema catalán” era –según él- un cuestión más de orden criminal que político. Se creó – según informó la prensa – una unidad destinada a rastrear información para desgastar el proceso soberanista. La lista de damnificados, desde entonces, es larga. Incluso, los jueces pro-consulta salieron salpicados. La policía elaboró un informe –publicado en La Razón– donde se recogía la afiliación política y las actividades de su vida privada. En esa cruzada, la Fiscalía bajo las órdenes del Gobierno ha jugado a menudo un papel crucial. Buen ejemplo de ello es la reciente acusación contra los  concejales que expresaron su apoyo a la resolución independentista aprobada en el Parlament.

Visto desde esta perspectiva, las sospechas van en una doble dirección. Hacia el ministro, sin duda. Pero también recaen sobre De Alfonso. Lejos de ejercer una función de contrapoder, parece hacer un rol de mera comparsa en un abuso de poder. El Parlament ya ha iniciado, por eso, su proceso de destitución a petición de los grupos parlamentarios. El propósito de ese intercambio de información reservada tampoco ofrece muchas dudas. Se pretende buscar pruebas que permitan sostener imputaciones ad hominem contra dirigentes destacados del independentismo.

Es fácil advertir en todo ello un cambio de estrategia. Quienes eran aliados políticos, tras el giro independentista, se vuelven adversarios.  Y  se rompen los acuerdos tácitos de impunidad y protección mutua. Acuerdos que habían funcionado sin sobresaltos entre las élites políticas catalanas y españolas. No hay que olvidar, por ejemplo, que Pujol era una figura intocable – el “español del año” para el ABC- hasta ese momento. El hecho de que su partido se sumara al proceso soberanista es el desencadenante del fin de esa omertá.

Naturalmente, ese cambio de alianzas tiene que ver con el progresivo derrumbe de un sistema político nacido tras la Transición. No resulta causal que, precisamente, sus valedores resulten ahora los principales afectados. El partido de Pujol arrastra tras de sí un sinfín de casos de corrupción. Con las sedes embargadas, sus  tesoreros imputados y el juicio del 3% pendiente de su celebración, es un blanco fácil. Nada que ver con otros partidos del arco soberanista catalán como ERC, CUP o En Comú Podem. Con esos mimbres, resulta poco creíble su vieja estrategia de victimización, de señalar al otro, para ocultar las propias vergüenzas. Y más cuando De Alfonso fue designado en su cargo a propuesta de Mas tras un pacto con el PP.

Las exigencias de regeneración democrática de un sistema lastrado por una corrupción que afecta a CDC y a los dos grandes partidos del Régimen, PP y PSOE, son ineludibles. Debemos evitar que en el futuro se reproduzcan los pactos del pasado y den lugar a nuevas formas de impunidad. Y reforzar los mecanismos de control. En verdad, cuando el vigilante se pliega a los intereses del gobernante de turno deberían saltar las alarmas. Para advertirnos de la necesidad de que los ciudadanos no bajen la guardia. La mayor fortaleza de la corrupción es su inacción. Su presión, movilización, sigue siendo el mejor antídoto para acabar con la podredumbre política.  Se pudo comprobar ya en la noche del 12 marzo de 2004. Un anónimo tecleó en su teléfono móvil un mensaje que corrió como la pólvora. Terminaba con la palabra Pásalo y decía: “¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!” Es la hora de que la gente vuelva a organizarse para defender la democracia de quien la debilita desde el poder. Este domingo, tenemos otra oportunidad de echarlos de una vez por todas.

Els barcelonins mai hem estat mers espectadors. Quan feia falta, sempre hem estat disposats a movilitzar-nos. I el Govern de la capital ha d’esforçar-se en estar a la seva alçada. Hem començat a moure fitxa. I encara n’ha de moure moltes més. No hem vingut per figurar a les fotos. Ni a que la maquinària institucional ens faci un rentat de memòria i se’ns oblidi d’on venim. Hem vingut a transformar la societat. Ahir, per exemple, vam presentar dos mocions en el ple de l’Ajuntament. Una per acabar amb la derogació de la Llei Mordassa. L’altra destinada a frenar l’ingrés a presó dels vuit condemnats del 15-M per la seva presència a la concentració d’ Aturem el Parlament del 2011. I avui, tornarem a estar en l’enèsima gran mobilització ciutadana pel tancament definitiu del CIE de la Zona Franca. El 24 de maig de l’any passat vam dir que portaríem els anhels del carrer a les institucions. Aquest és el nostre compromís.

Barcelona no és una ciutat submisa. Es la ciutat heretada, exigent i desafiant. La que no abaixa el cap i diu “no” a la guerra. La que exigeix “papers per tothom” i clama indignada en les places. La que té un govern que vol instaurar un “mai més” per evitar espais de barbàrie a la ciutat. El Govern de l’Estat ha d’escoltar, i respectar, aquest clam que ve de les institucions. De l’ajuntament i del Parlament. Que ve dels veïns i veïnes, d’experts i associacions de drets humans. De tots aquells que surten al carrer, any darrera any, a expressar la vergonya de conviure amb uns murs indignes d’exclusió social i construïts contra la voluntat dels ciutadans.

En realitat, aquesta apel·lació no és una crida a la bona voluntat a l’Executiu espanyol. Es una exigència de respecte. De respecte als drets humans. Però també de respecte a la nostra pròpia sobirania. Ho diem amb humilitat, però també amb la rotunditat que ens dóna governar la capital del país. No podem tolerar -després de 10 anys de casos d’extrema gravetat- la persistent vulneració de drets fonamentals. No ens podem quedar de braços creuats, impacientes. Per això hem mogut fitxa. A arrel de la pressió ciutadana, organitzada al voltant de la plataforma Tancarem el CIE, hem fet passos decisius per garantir que cap persona sigui identificada i detinguda per qüestions racials. O privada de llibertat pel sol fet de trobar-se en situació administrativa irregular. Per aquest motiu, hem donat indicacions a la Guàrdia Urbana i a tots els cossos policials que actuen a Barcelona per evitar qualsevol identificació basada en el perfil racial. Ni els prejudicis ni els estigmes ens ajuden a construir una ciutat igualitària, diversa i mestissa com és Barcelona.

Cal recordar, per últim, que Barcelona tampoc és una ciutat desmemoriada. A la llum d’aquest relat té més sentit que mai mantenir els ulls oberts i viva la memòria de totes les víctimes de la barbàrie. Les víctimes del present. Com les que perden la vida a les costes del Mediterrani. O com les privades de llibertat en condicions indignes per una simple falta administrativa i deportades després a 30 graus sota zero. Però també, les víctimes del passat. Com les que descansen en les fosses de la repressió franquista. O les que van esdevenir cendra fa més de 70 anys en els crematoris de la banalitat. Com deia aquest dijous l’alcaldessa Ada Colau en el Dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust, el seu record és el millor antídot contra el ressorgiment dels vells fantasmes del passat. Han de ser un senyal d’alarma que ens adverteixen del risc de naufragi del millor legat europeu de justícia i fraternitat.

Precisament, un 30 de gener de fa 78 anys vam viure un dels episodis més negres de la nostra història. En un dels seus racons més íntims de Barcelona, a la plaça de Sant Felip Neri, l’aviació de Mussolini va bombardejar sense escrúpols una guarderia infantil. També l’eco d’aquells infants assassinats pel feixisme ressona avui pels carrers de la nostra ciutat. Ens exigeixen dignitat, veritat i memòria. Que arribem fins al final en la investigació criminal en la que l’Ajuntament s’ha personat com a part perjudicada. I ens recorden, com deia Marcuse, que “ oblidar el sofriment del passat és oblidar les forces que el van provocar sense derrotar aquestes mateixes forces”. Contra la rendició del temps, aixi, exigim la restauració d’un imperatiu ètic que prové de tots aquests llocs de memòria ferida. Mai més Auschwitz. Mai més morrions ni bocs expiatoris. Mai més bombes. Mai més CIEs.

La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

De aprobarse la reforma del gobierno, el número de infracciones administrativas se incrementará de forma notable: de las 39 previstas en la llamada Ley Corcuera a 55. El nuevo repertorio de conductas sancionables se ampliaría a escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados o durante la jornada de reflexión electoral (como las realizadas por el 15-M). Las sanciones también se incrementarían, pudiendo llegar a multas de hasta 30.001 euros. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar prioritario en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social. Las multas no solo engrosan las arcas de las Delegaciones de Gobierno. También obligan a activistas y militantes a desviar sus escasos recursos a tareas que no tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones. El objetivo no es reemplazar iniciativas más duras -como la reforma del Código Penal- por otras más blandas. De lo que se trata es de complementarlas. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces primaron la libertad de expresión y emitieron duros autos contra la actuación policial. Las sanciones administrativas permitirán sortear ese contratiempo. Alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Quien quiera recurrir deberá pagar no solo los gastos de abogados y procuradores sino también unas tasas de hasta 2.750 euros. Un  obstáculo, en la práctica, de difícil o imposible superación para la mayoría de los afectados.

El objetivo de la reforma parece claro. Reforzar la impunidad policial y complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último. Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

Que el recorte de derechos sociales suele acarrear un aumento de la protesta es algo sabido, sobre todo cuando viene acompañado del crecimiento impune de los privilegios de unos pocos. Que los gobiernos tienden a responder a dicha protesta de manera represiva, tampoco es nuevo. La cuestión es cómo lo hacen, cómo intentan perfeccionar el socavamiento lento pero persistente de las libertades civiles y políticas, y con ello, de la democracia.

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley mordaza”, es una pieza más de una serie de medidas represivas impulsadas por el Partido Popular con el objeto de neutralizar el derecho a la protesta. Algunas son conocidas, como el aumento consentido de la violencia policial en las manifestaciones o la reforma del Código Penal impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, no son las únicas. Hay otras más sutiles, no tan visibles, pero igual o más efectivas. Su propósito es recluir a la ciudadanía en su casa y convertirla en un espectador resignado de la expropiación política y económica a la que está siendo sometida. La imposición de multas a quienes protestan es quizás una de las más emblemáticas.

Desde el estallido de la crisis, infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad, provocar desórdenes públicos menores o convocar manifestaciones sin comunicarlas previamente han acarreado sanciones de hasta 300 euros. Según estimaciones de abogados de movimientos sociales, las multas impuestas solo entre 2011 y 2012 alcanzan varios centenares de miles de euros. Estas sanciones afectan a todo tipo de colectivos. Desde afectados por las preferentes, hasta sindicatos y asociaciones de vecinos. Muchas personas multadas por protestar, de hecho, son personas ya endeudadas por no poder pagar sus casas o su acceso a la educación son cargadas.

El efecto de las multas en la vida cotidiana de las personas y de las organizaciones sociales es durísimo. Por un lado, porque pueden resolverse en embargos y otras amenazas sobre el patrimonio de las personas afectadas. Por otro, porque desvía esfuerzos que podrían distraen de las reivindicaciones de fondo. Para contrarrestar el efecto de las multas, muchos colectivos se ven obligados a realizar conciertos, comidas populares y otros actos para recaudar fondos y apoyar a los activistas perjudicados. Recientemente, la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha reconocido que casi todo el dinero recaudado en estos 5 años de existencia deberá destinarse al pago de multas impuestas por organizar escraches y otras formas pacíficas de protesta.

Uno de los puntos más negros de la Ley mordaza impulsada por el PP es que convierte a la multa en un instrumento central, silencioso, de disuasión de la protesta. Muchos de los actos de protesta realizados en los últimos años son consagrados como faltas administrativas a las que se impone sanciones pecuniarias considerables. Perturbar la “seguridad ciudadana” en ocasión de reuniones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas puede acarrear multas de hasta 30.000 euros. Lo mismo que desobedecer o resistirse a la autoridad, o negarse a identificarse cuando esta lo requiera. Convocar reuniones o manifestaciones similares a las del 15-M, una vez acabada la campaña electoral, puede suponer desembolsos de hasta 600.000 euros.

Si las reformas pergeñadas por los ministros Ruiz Gallardón y Fernández Díaz se abren camino, impugnar estas sanciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa será más difícil y más costoso. Recurrir las multas por participar en un escrache podría costar hasta 2.750 euros, solo en concepto de tasas. Muchas de las sanciones previstas por la Ley Mordaza, en realidad, resultan más graves que las impuestas en el ámbito penal por los mismos hechos. Con el añadido de que no pueden modularse en función del patrimonio del sancionado ni se prevén otras sanciones alternativas. De hecho, las penas que contempla el Código Penal para las faltas denominadas “contra los intereses generales” o el “orden público” tienen un promedio de 30 días de multa que, a razón de una cuota general de 6 euros diarios, suponen 180 euros cada una. Esta afectación al principio de proporcionalidad es la que llevó al Comisario europeo de Derechos Humanos a pedir al Gobierno español que “dejara de culpar” a la población de los problemas sociales derivados de la crisis económica y le explicara cómo “una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización puede ser una sanción equilibrada”.

De salir adelante, la reforma no sólo permitirá al Gobierno engrosar sus arcas a expensas de los estratos populares. También ahogará, todavía más, a quienes ya están endeudados y pretenden cuestionar su situación de empobrecimiento creciente. La idea es clara: aprovechar el mecanismo silencioso, casi invisible de la multa, del endeudamiento infinito, para infundir miedo y convertir a quienes protestan en súbditos silenciados y obedientes.

Hace una semana, decenas de “mareas ciudadanas” salieron a las calles a desafiar esta estrategia punitiva. En la presentación de las Marchas por la Dignidad, la portavoz de la PAH, Ada Colau, también recordó la obligación moral de desobedecer juntos leyes injustas como ésta, ya que “lo más peligroso es quedarse en casa con los brazos cruzados”. Que los sancionados dejen de pagar, que lo hagan colectivamente, no es un escenario sencillo. Sin embargo, tampoco el Estado puede, sin riesgo de colapso, forzar su aparato administrativo y policial para hacer cumplir a todos los remisos. Desbaratar el mecanismo de la multa, de la deuda interminable, se ha convertido en un imperativo de dignidad y de resistencia. La de la gente, como dice Naomi Klein, que empuja las barreras que tratan de contenerla, abriendo ventanas, respirando hondo, probando libertad.

La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

De aprobarse la reforma del gobierno, el número de infracciones administrativas se incrementará de forma notable: de las 39 previstas en la llamada Ley Corcuera a 55. El nuevo repertorio de conductas sancionables se ampliaría a escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados o durante la jornada de reflexión electoral (como las realizadas por el 15-M). Las sanciones también se incrementarían, pudiendo llegar a multas de hasta 30.001 euros. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar prioritario en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social. Las multas no solo engrosan las arcas de las Delegaciones de Gobierno. También obligan a activistas y militantes a desviar sus escasos recursos a tareas que no tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones. El objetivo no es reemplazar iniciativas más duras -como la reforma del Código Penal- por otras más blandas. De lo que se trata es de complementarlas. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces primaron la libertad de expresión y emitieron duros autos contra la actuación policial. Las sanciones administrativas permitirán sortear ese contratiempo. Alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Quien quiera recurrir deberá pagar no solo los gastos de abogados y procuradores sino también unas tasas de hasta 2.750 euros. Un  obstáculo, en la práctica, de difícil o imposible superación para la mayoría de los afectados.

El objetivo de la reforma parece claro. Reforzar la impunidad policial y complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último. Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.