La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

De aprobarse la reforma del gobierno, el número de infracciones administrativas se incrementará de forma notable: de las 39 previstas en la llamada Ley Corcuera a 55. El nuevo repertorio de conductas sancionables se ampliaría a escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados o durante la jornada de reflexión electoral (como las realizadas por el 15-M). Las sanciones también se incrementarían, pudiendo llegar a multas de hasta 30.001 euros. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar prioritario en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social. Las multas no solo engrosan las arcas de las Delegaciones de Gobierno. También obligan a activistas y militantes a desviar sus escasos recursos a tareas que no tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones. El objetivo no es reemplazar iniciativas más duras -como la reforma del Código Penal- por otras más blandas. De lo que se trata es de complementarlas. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces primaron la libertad de expresión y emitieron duros autos contra la actuación policial. Las sanciones administrativas permitirán sortear ese contratiempo. Alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Quien quiera recurrir deberá pagar no solo los gastos de abogados y procuradores sino también unas tasas de hasta 2.750 euros. Un  obstáculo, en la práctica, de difícil o imposible superación para la mayoría de los afectados.

El objetivo de la reforma parece claro. Reforzar la impunidad policial y complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último. Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.

Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes.

a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.

Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza. Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.

Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabrupto pour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.

b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial

Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25  de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja  de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.

La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla. 

c) Crear una mayoría silenciada (III): asfixiar económicamente a los que protestan.

A juzgar por los anuncios realizados por Fernández Díaz, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana será un complemento perfecto del resto de medidas represivas adoptadas en estos últimos años. De aprobarse, permitiría aumentar sensiblemente el número de infracciones administrativas previstas en la ley actual: de 39 a 55. El repertorio de conductas sancionables se ampliaría de manera notable: escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), quema de contenedores, protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones por estas conductas también se incrementarían, pudiendo llegar en algunos casos a multas de entre 30.001 y 600.000 euros.

Como salta a la vista, ninguna de las infracciones contempladas obedece a la imaginación del Ministerio del Interior. Todas están vinculadas a acciones de protesta que se han producido recientemente. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de las multas y de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar central en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social [2]. Tras la aparición del 15-M, de hecho, se hizo frecuente que las autoridades echaran mano de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 para multar a quienes protestaban contra las políticas gubernamentales. Este régimen sancionatorio ya resultaba cuestionable en el momento de su aprobación. Pero ha devenido aún más arbitrario en los últimos años. Infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos, han acarreado multas de hasta 300 euros. En cambio, infracciones consideradas graves como celebrar reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones que no se hayan comunicado a la autoridad gubernativa, han supuesto multas de entre 300 y 30.000 euros. Y si se trata, por fin, de infracciones muy graves, en las que se ha alterado el funcionamiento de servicios públicos o los transportes, pueden llegar a 600.000 euros.

Manifestantes aislados o activistas pertenecientes a movimientos como el 15-M, el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la PAH han sido sancionados con multas cuantiosas que pueden tener un efecto desmovilizador mayor incluso que las simples detenciones. Además de engrosar las arcas de las Delegaciones de Gobierno, estas multas han obligado a los movimientos a desviar sus escasos recursos a tareas que no siempre tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones.

La propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana viene así a complementar la estrategia represiva diseñada con la reforma del Código Penal. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces que entendieron en estas causas emitieron duros autos duros autos contra la actuación policial y primaron la libertad de expresión de los ciudadanos. Las sanciones administrativas, en cambio, alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Para obtener una revisión en sede jurisdiccional, de hecho, habrá que recurrir a la vía contencioso-administrativa y pagar unas tasas judiciales que, tras la reforma Gallardón, se han tornado especialmente abusivas.

d) El silencio del miedo y sus límites

Como bien han sostenido los abogados del Colectivo de Juristas andaluz 17 de marzo, la  propuesta de reforma de Fernández Díaz es una suerte de reedición de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada durante el franquismo. Además de reforzar la impunidad policial, su objetivo es claro: complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último.

Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría silenciada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con sanciones económicas elevadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

Notas [1] La idea de que la resistencia pacífica y pasiva fuera considerada un delito también había sido defendida en otros ámbitos. Un comisario antidisturbios de la policía catalana, de hecho, llegó a declarar sin disimulo en un programa de Salvados, en la cadena Sexta, que “la resistencia pacífica es violencia” y que si “Ghandi hubiera estado en [la ocupación] de plaza Catalunya” durante el años 2011 debería haber sido detenido [2] Sobre esta noción, vid. Pedro Oliver Olmo (coord.) Burorrepresión. Sanción administrativa y control social, Bomarzo, Albacete, 2013.

La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

De aprobarse la reforma del gobierno, el número de infracciones administrativas se incrementará de forma notable: de las 39 previstas en la llamada Ley Corcuera a 55. El nuevo repertorio de conductas sancionables se ampliaría a escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados o durante la jornada de reflexión electoral (como las realizadas por el 15-M). Las sanciones también se incrementarían, pudiendo llegar a multas de hasta 30.001 euros. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar prioritario en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social. Las multas no solo engrosan las arcas de las Delegaciones de Gobierno. También obligan a activistas y militantes a desviar sus escasos recursos a tareas que no tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones. El objetivo no es reemplazar iniciativas más duras -como la reforma del Código Penal- por otras más blandas. De lo que se trata es de complementarlas. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces primaron la libertad de expresión y emitieron duros autos contra la actuación policial. Las sanciones administrativas permitirán sortear ese contratiempo. Alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Quien quiera recurrir deberá pagar no solo los gastos de abogados y procuradores sino también unas tasas de hasta 2.750 euros. Un  obstáculo, en la práctica, de difícil o imposible superación para la mayoría de los afectados.

El objetivo de la reforma parece claro. Reforzar la impunidad policial y complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último. Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

Desde el estallido de la crisis, han aumentado las protestas, y con ellas, el número de víctimas de la violencia policial en este tipo de manifestaciones. Ahí está el caso de Ester Quintana, la joven que perdió un ojo como consecuencia del impacto de una pelota de goma disparada por los Mossos d’Esquadra durante una huelga general en Barcelona. Este caso, en el que hay dos policías imputados, le costó el cargo a un Comisario, Sergi Pla. Y supuso la caída de un Consejero, Felip Puig, finalmente apartado de sus funciones tras las últimas elecciones.  En poco tiempo, en verdad, se han multiplicado los actos de solidaridad con las víctimas de este tipo de violencia. En Cataluña, se han generado campañas como la de “Municipios libres de balas de goma”. Asimismo, gracias a la presión de partidos, sindicatos, la defensoría del pueblo y asociaciones como Stop Balas de Goma, se decidió crear una comisión parlamentaria para revisar el material que usan los antidisturbios y el modelo de orden público. En su primera comparecencia, el nuevo consejero Ramon Espadaler, lamentó lo ocurrido con Esther Quintana. Pero ni asumió la  responsabilidad  del cuerpo en el asunto ni quiso reconocer que no era la única víctima de estos proyectiles.

Durante los últimos años, siempre que se ha utilizado esta munición en actos públicos ha habido heridos de gravedad. Hematomas cerébrales, perforaciones pulmonares, lesiones a las extremidades son solo algunos de los daños que pueden causar en quienes reciben su impacto. Renombradas revistas médicas como The Lancet, informes de la Sociedad Española  de Oftalmología  o el balance de personas que han perdido un ojo son, al respecto, elocuentes: más de 20 en todo el Estado desde 1990, según el matutino El Periódico. En Barcelona, sin ir más lejos, una de las supuestas víctimas fue, en el 2009, el propio jefe de la policía local, Xavier Vilaró. Tras la actuación policial como consecuencia de los disturbios por la victoria de la selección española en la Eurocopa, a Vilaró le tuvieron que extirpar el bazo. En enero de ese año, asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por un “mal funcionamiento de la administración pública” a indemnizar con 170.000 euros a un joven herido por otro impacto por un bote de humo disparado a bocajarro por la policía nacional.

Más preocupante todavía resulta que tales armas puedan ser letales, tal como expone el reciente Informe presentado por Stop Balas de Goma con múltiples casos documentados. El más reciente es el de Íñigo Cabacas, un joven bilbaíno que en los incidentes que se dieron tras un partido del Athletic de Bilbao murió por el impacto de una bala de goma en la cabeza. El suceso llevo a Rodolfo Ares, consejero del interior del País Vasco en ese momento, a prohibir esta clase de munición a la Ertzaintza. No fueron las únicas autoridades en tomar cartas sobre el asunto. La mayoría de los países europeos, ya con anterioridad, había vetado su uso ante casos parecidos. Así, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Holanda o Gran Bretaña sustituyeron las balas de goma por medios a priori menos contundentes e indiscriminados.  De hecho, desde hace años organismos e instituciones internacionales como el Parlamento europeo, Naciones Unidas o el Consejo de Europa vienen insistiendo en que debe de optarse por medios menos lesivos.

En un Estado que, al menos formalmente, asegura regirse por el principio del uso limitado y excepcional de su aparato represivo no resultan admisibles unos proyectiles de 90 gramos de peso que pueden superar los 720 km/s, amenazando seriamente la integridad física y la vida de las personas. La validez de un medio debe medirse por su racionalidad práctica. Es decir, por los efectos que es capaz de producir y por su congruencia con los fines proclamados. Y  las graves consecuencias producidas por su uso con toda seguridad no son queridas pero tampoco imprevisibles. Y más cuando parece innegable que son ya frecuentes los casos en que se producen disparos discrecionales, a menos de la distancia reglamentaria y en lugares donde los incidentes habían finalizado o ni siquiera empezado, como en el caso del caporal herido en plaza Cataluña.

En realidad, el uso de armas con un potencial lesivo tan grande no debería estar al alcance de un Estado de derecho para reprimir a los ciudadanos. Es una violencia desproporcionada e incontrolada reñida con el derecho que, a su vez, constituye su negación. Y ello, precisamente, por la preminencia que tiene el valor de la integridad física y la vida en un ordenamiento que se pretende democrático. Es ésa la explicación de que su uso sea más propio de los ejércitos en  conflictos bélicos que de los policías en desordenes urbanos. De hecho, en EEUU se ha utilizado en contextos de guerra en sus misiones internacionales, como en Afganistán.  Y en Israel, su uso por parte del ejército ha causado ya 16 muertos palestinos. La guerra es por naturaleza un uso de la fuerza desmesurado e incontrolado, dirigido al aniquilamiento del adversario. Una operación de policía, por el contrario, debería limitarse al uso de la fuerza estrictamente necesario, no ya para “vencer”, sino únicamente para remover una alteración grave del orden público. El uso de la fuerza policial debe quedar supeditado, con la búsqueda de esa finalidad, a la observancia de estrictos criterios de congruencia, oportunidad o proporcionalidad.  La lógica sobre la que se fundan estos principios es simple: la policía sólo puede disponer de medios peligrosos si es absolutamente imprescindible, si su uso es controlable y si con ello no se provoca un mal mayor que el que se pretende evitar.

Dotar a la policía de armas que pueden producir heridas graves o resultar letales para intervenir en manifestaciones públicas es incompatible con cualquier noción no hipócrita del Estado de derecho. Si los  propios funcionarios policiales pueden llegan a ser víctimas de una bala perdida, ¿qué pueden esperar quienes salen a la calle a manifestarse o a celebrar la victoria de su equipo? No es al buenismo a lo que se apela. Abolir las balas de goma es hoy una exigencia civilizatoria, como la abolición de la tortura o de la pena de muerte. El único homenaje creíble a unas víctimas que no volverán nunca a ser las de antes.

En el ámbito municipal, la primera muestra de concesiones a una línea dura de ley y orden fue la aprobación en 2005, con los votos favorables del Partit Socialista de Catalunya (PSC) y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de la llamada ordenanza del civismo. Esta normativa, emulada luego por decenas de ayuntamientos, refleja un nuevo paradigma securitario sin parangón en todo el Estado. Con el pretexto de discursos bienpensantes sobre el civismo, pretende “limpiar” las calles de la población considerada desviada o indeseable. Así, el mismo poder local que se avino a firmar compromisos como la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, apuesta por una política urbana basada en el recurso predominante a medios represivos, la prohibición de actividades hasta ahora toleradas como el trabajo sexual o la mendicidad, la criminalización de los excluidos y la restricción de las libertades ciudadanas. Tras este paradigma late, en el fondo, una apuesta por el castigo “ejemplar” como medio para resolver los problemas sociales. Lo más grave es que esta hipertrofia punitiva pretende ser un paliativo a la atrofia social en la intervención pública, señaladamente en el ámbito de la vivienda, la educación o la atención sanitaria.

En el plano autonómico, la asunción del discurso securitario ha tenido diferente impacto según se trata de las personas privadas de libertad o de la regulación del derecho a la protesta. La situación de los detenidos en las comisarías o de los internos en los centros penitenciarios resulta de especial vulnerabilidad debido a su dependencia y a su situación de sujeción respecto de los funcionarios. Los organismos internacionales de derechos humanos, de hecho, han mostrado su preocupación a la hora de analizar su protección efectiva frente a abusos y maltratos que, ciertamente, son muchas veces difíciles de controlar.

Desde un punto de vista normativo, uno de los acontecimientos importantes de este período ha sido la ratificación en 2006, por parte del gobierno español, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas. También el Parlamento catalán se ha comprometido, en este sentido, a crear mecanismos de prevención de la tortura y de cumplimiento del resto de recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura. Esta es una reclamación histórica de las asociaciones de derechos humanas cuya concreción práctica habrá que seguir de cerca.

En la realidad cotidiana, con todo, el panorama sigue siendo bastante descorazonador. El último informe del Síndic de Greuges^ Rafael Ribó, presentado ante el legislativo catalán, evidencia un aumento de las denuncias contra los Mossos d’Esquadra por maltratos a los detenidos, así como de situaciones recurrentes, no aisladas, de abusos en las prisiones. El propio presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, Mauro Palma, señaló en su última visita que había podido comprobar cómo, en las cárceles catalanas, “se utilizaban de forma excesiva los medios coercitivos”. Las objeciones de Amnistía Internacional y de otras asociaciones de derechos humanos han ido en igual dirección.

A pesar de las críticas, la Consejería de Justicia ha actuado con timidez, ignorando la existencia de los maltratos. Esta política de contemporización de los excesos ha ido destinada, sobre todo, a no incomodar a las organizaciones sindicales –algunas de claro talante autoritario- que son las que, en el fondo, gobiernan las prisiones catalanas. Una muestra de esta escasa reacción institucional ha sido el archivo de las denuncias procedentes de la prisión de Can Brians por parte de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, situación denunciada por el Síndic de Greuges como una decisión prematura y sin fundamentos. O las condecoraciones a funcionarios condenados por agresiones a internos. La reciente prohibición a que los organismos de derechos humanos puedan visitar las prisiones ha sido el corolario final: un mensaje que apuntala la sensación de impunidad y dificulta el control de la discrecionalidad en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios.

Todo esto se produce en un contexto en el que la población reclusa ha aumentado de manera alarmante hasta alcanzar uno de los índices de encarcelamiento más altos de Europa. Las necesidades disciplinarias siguen, así, predominando sobre las de tratamiento o rehabilitación social. Por otro lado, la población en régimen cerrado también se ha duplicado y todavía preexisten departamentos especiales que permiten el aislamiento de los internos 23 horas al día y sin límites temporales en prisiones como la Modelo, con cien años de funcionamiento y un lamentable estado de conservación.

En el ámbito de actuación de la Consejería del Interior, en cambio, se han producido algunos avances significativos en la protección de los colectivos susceptibles de ser víctimas de abusos policiales. En primer lugar, se ha impulsado un mayor diálogo con organizaciones de derechos humanos y se ha abierto una nueva etapa de reconocimiento institucional de su tarea cotidiana. En segundo término, se han adoptado medidas relevantes como la creación de un Comité de Ética de la Policía, la denuncia de dos casos de maltratos en la Comisaría de las Cortes frente a la fiscalía y, sobre todo, la instalación de cámaras de videovigilancia en las dependencias policiales, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ONU. Por último, se han puesto en marcha la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos, el protocolo contra las agresiones homófobas y un plan piloto en Girona –que debería extenderse a otras ciudades- con el propósito de conocer el porcentaje y el motivo de las actuaciones contra la población extranjera.

El balance, en cambio, resulta más negativo en el campo del mantenimiento del orden público y el derecho de manifestación. En este sentido, la Consejería del Interior ha sido rehén de una cierta obsesión por presentarse como el mayor garante de la paz social entendida como la ausencia de conflictos políticos no convencionales. En la práctica, esto ha comportado la asunción de una dureza policial que ha superado en ocasiones la de sus predecesores, generando múltiples críticas por parte de los movimientos sociales. Así, la deriva securitaria ha implicado, por ejemplo, la prohibición de actos y manifestaciones que, en ocasiones, han resultado en condenas de los tribunales a la actuación de la Consejería por vulneraciones a los derechos fundamentales de los manifestantes. También se ha autorizado el recurso a nuevas estrategias de control policial, como el “pastoreo” o el “encapsulamiento”, hasta ahora inéditas en Catalunya y de un carácter extremadamente preventivo. Estas técnicas han restringido de manera notable el derecho a la protesta y, en un contexto de reflujo de la movilización social, han constituido un elemento de crispación y confrontación constantes.

El tema de la represión policial se ha convertido, en suma, en un arma de doble fila para Interior cuando ha tenido que hacer frente, de un lado, a la presión de los activistas, y de otro, a duras campañas promovidas desde los medios y partidos de la derecha, centradas en torno a la ley y al orden. Así, si bien ha habido interlocución con los primeros, lo decisivo en la política de orden público ha sido el fuerte peso de las inercias y resistencias de la estructura policíaca que han imposibilitado un cambio real de paradigma. Los sindicatos policiales de los Mossos d’Esquadra han pasado a ser, en este contexto, un potente grupo de presión, extremadamente politizado. Esta capacidad de presión se pudo comprobar en 2007, cuando salieron a la calle a manifestarse con gritos y consignas del tipo: “Saura dimisión”, “Kubotán, kubotán”, o “Salta, salta, salta, okupa el que no salta”. Una imagen de descrédito del todo alejada de la apariencia de imparcialidad profesional exigida por la ley y que sería de esperar en un cuerpo nacido y formado tras la caída de una dictadura.

También en este campo, las asociaciones de derechos humanos han reclamado un debate amplio sobre el uso de ciertas armas policiales. Durante el 2007, algunas unidades de los Mossos adquirieron las temibles pistolas Taser que habían causado decenas de muertos en el continente norteamericano, como la de un hombre polaco en un aeropuerto canadiense. El mismo año entró en escena el famoso punzón denominado Kubotán y utilizado sin autorización por los antidisturbios catalanes en el cuerpo a cuerpo de una manifestación “pastoreada” en Barcelona.

Recientemente, el ‘caso Vilaró’ permitió evidenciar la peligrosidad de unos proyectiles que pueden superar los 250 kilómetros por hora y que llegaron a herir de gravedad al propio jefe policial. Desde esta perspectiva, las recientes instrucciones internas aprobadas –la 4/2008 y la 5/2008- constituyen, a pesar de ciertas deficiencias, un importante marco jurídico de referencia. Tras la polémica inicial, el Kubotán y la pistola eléctrica han sido finalmente prohibidos. En el caso de las escopetas antidisturbios y de las pelotas de goma, en cambio, no se ha progresado nada. Sus efectos, cabe recordar, han sido letales en algunas ocasiones y en la mayoría de países europeos ya han sido prohibidas y substituidas por métodos a priori menos contundentes. En Catalunya, por el contrario, continúan formando parte del equipo reglamentario de las unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

En este balance también deberían incluirse actitudes controvertidas como la gestión policial e informativa de la detención de la activista Núria Pórtulas por aplicación de la legislación anti-terrorista, o la presentación de un manual para prevenir la constitución de plataformas arraigadas en la denominada “cultura del no”. Y en el campo, por último, de la lucha contra el racismo o la xenofobia, es posible reseñar una escasa preocupación por modificar sustancialmente la formación de las policías en la no utilización de “criterios raciales”, especialmente en identificaciones preventivas.

Todo esto debería conducir, en un futuro, a que el gobierno adopte un compromiso más firme, público y visible con la protección y promoción de los derechos humanos. Para hacerlo, resulta imprescindible, desde la sana autocrítica, identificar y reconocer, en primer lugar, los puntos más débiles en la lucha contra la violencia institucional. Y elaborar, luego, técnicas más eficaces para asegurar una mayor efectividad de los derechos reconocidos en las declaraciones y tratados internacionales. En las áreas de seguridad y justicia, concretamente, de lo que se trataría es de implementar de una manera plena y eficaz las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Comité Europeo para la Prevención de las Torturas y de las Penas, Tratos Inhumanos o Degradantes. Así, en el ámbito de Interior, implicaría, por ejemplo, ampliar el uso de las cámaras a todas las zonas de custodia de los detenidos y aprobar medidas, como las del Gobierno vasco, para garantizar los derechos de las personas incomunicadas bajo la legislación anti-terrorista. En la cartera de Justicia, por otra parte, significaría crear los mecanismos de prevención de la tortura, de acuerdo con los compromisos adoptados, y sobre todo revisar de manera radical la actual política de arrogancia y menosprecio hacia las asociaciones de derechos humanos que trabajan en el ámbito de la prisión. Esto exige, naturalmente, redefinir esquemas mentales y prioridades: colocar el énfasis en la defensa de las víctimas de abusos sobre las “razones de Estado” o las supuestas lealtades al sistema.

Una izquierda consecuente, o simplemente comprometida con el Estado de derecho y con la defensa de los derechos humanos, no debería acomplejarse frente a los reclamos de mano dura de la derecha o frente a las reacciones corporativas de los sindicatos policiales o de prisiones. Es más, debería señalar de manera inequívoca la incongruencia que comporta denunciar la vulneración de derechos en los diferentes Guantánamos del mundo mientras se pretenden ocultar los propios trapos sucios. En estricta lógica democrática, los poderes públicos deberían entender el control y la vigilancia de las asociaciones de derechos humanos, no como un agravio personal, sino como uno de los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que ellos mismos han contraído en el plano constitucional e internacional. Deberían, en suma, respetar su crítica, sin situarse a la defensiva, y admitir que esta puede contribuir a detectar insuficiencias y a señalar nuevos caminos en la lucha contra la impunidad.

Revista DESC, 2009

]]> http://www.nohihadret.cat/2009/09/470/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2008/10/%c2%bfde-que-seguridad-hablan/ http://www.nohihadret.cat/2008/10/%c2%bfde-que-seguridad-hablan/#comments Thu, 30 Oct 2008 09:16:00 +0000 nohihadret http://www.nohihadret.cat/?p=194 La demanda de seguridad ciudadana suele ser una de las consignas preferidas del populismo punitivo. En su nombre, se exigen medidas como el endurecimiento de penas o la mayor contundencia policial frente a las protestas sociales. Sin embargo, hay sucesos que permiten cuestionar este planteamiento.

Uno de los más impactantes fue seguramente el que tuvo lugar durante los disturbios posteriores a la victoria de la selección española en la Eurocopa. Entonces, un “objeto volador” impactó en el abdomen del jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Xavier Vilaró. A consecuencia de ello, el mando policial fue ingresado en la UCI y sometido a una complicada operación en la que le extirparon el bazo. Durante cinco días, el Ayuntamiento ocultó el incidente y dio pie a todo tipo de conjeturas. Al final se supo que el misterioso “objeto volador” había sido un proyectil de goma disparado por la propia Policía catalana. O sea, una bala perdida entre fuego amigo.

Llaman mucho la atención las razones aducidas por las instituciones responsables para explicar el ocultamiento de los hechos. El mando policial, sin subterfugios, justificó su actitud como un acto de “lealtad al sistema”. La portavoz municipal, en cambio, aludió al respeto a la “intimidad” del afectado.

Este tipo de argumentos son recurrentes y obedecen a una vieja tentación predemocrática que pretende excluir las actuaciones policiales de la crítica y el debate político. El derecho a la información y a la verdad demasiado a menudo se sacrifica a un discutible sentido de la “razón de Estado”. En el caso Vilaró esa ocultación resulta aún más grave cuando la propia identidad de la víctima –el mando que codirigía el dispositivo policial– despeja cualquier duda sobre la arbitrariedad y el descontrol que rigieron la actuación. ¿No debería el debate centrarse en la legalidad del uso de unos proyectiles que pueden superar los 250 kilómetros y que amenazan seriamente la integridad física, no ya del jefe de policía, sino de cualquier persona? Debate sobre las armas Las asociaciones de derechos humanos llevan tiempo reclamando un debate sobre el uso de ésta y otras armas policiales. En 2005, el uso no autorizado de porras extensibles por la Guardia Civil causó la muerte de un agricultor almeriense en el cuartel de Roquetas de Mar.

Dos años más tarde, algunas unidades policiales adquirieron unas temibles pistolas Taser que han causado víctimas mortales en los EE UU. El mismo año, entró en escena el celebre punzón llamado kubotán, utilizado sin autorización por antidisturbios catalanes en una manifestación en Barcelona. En el caso de las escopetas antidisturbios y las balas de goma, el balance del último año en el Estado es preocupante: 60 personas hospitalizadas y cuatro que han perdido un ojo. En otras ocasiones sus efectos incluso han sido letales. En la mayoría de países europeos, muchos de estos instrumentos de represión están prohibidos y han dado paso a métodos a priori menos contundentes.

En el Estado español, en cambio, todavía hoy forman parte del equipo reglamentario de las unidades antidisturbios de las policías estatales y autonómicas. Nada de esto tiene que ver con el ideal normativo de un Estado de derecho en el que la gestión del orden público exige un uso puntillosamente regulado y controlado de la fuerza. Además del despliegue de medios o técnicas disuasorios lo menos lesivos posible. La “lealtad al sistema”, o a los principios que las fuerzas de seguridad aseguran defender, exigen no cerrar en falso sucesos como el de Vilaró. Si un jefe de la Policía puede ser víctima de la arbitrariedad policial, ¿qué puede esperar cualquier persona que pretenda ejercer en las calles sus legítimos derechos de manifestación y de protesta? ¿De qué seguridad hablan quienes dicen velar por la seguridad ciudadana?

En l’àmbit municipal, la primera mostra de les concessions a una línea dura de llei i ordre va ser l’aprovació en el 2005 de l’ordenança del civisme, per part del consistori barceloní, imitada després per desenes d’altres ajuntaments. Aquesta norma representa un nou paradigma seguritari sense parangó en tot l’ Estat que, amb el pretext de discursos benpensants com el del civisme, pretén “netejar” els carrers de la població considerada desviada o indesitjable. Així, mentre el poder local firma compromisos com la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, s’aposta a la vegada per una política urbana basada en el predomini dels mitjans repressius, la prohibició d’ activitats fins ara tolerades com el treball sexual i la mendicitat, la criminalització dels exclosos i la restricció de les llibertats ciutadanes. Darrera d’aquests paradigma hi batega, en el fons, una confiança excessiva en l’eficàcia de la contundència del càstig per resoldre els problemes socials. La creixent hipertrofia punitiva s’aplica com a pal·liatiu davant l’atrofia social en la intervenció pública en matèries com el dret a un habitatge adequat, a un treball digne o a una educació de qualitat

En el nivell autonòmic, l’apropament al discurs seguritari ha tingut diferent impacte segons es tracti del tractament de les persones privades de llibertat o de la regulació del dret a la protesta. La situació dels detinguts a les comissaries o dels interns en els centres penitenciaris resulta d’especial vulnerabilitat degut a llur dependència i subjecció dels funcionaris. Els organismes internacionals de drets humans, per això, es preocupen principalment per analitzar el seu grau de protecció efectiva davant possibles abusos i maltractaments, molts cops difícilment controlables.

A nivell normatiu, en aquest sentit, una de les fites importants d’aquest període ha estat la ratificació en el 2006, per part del Govern espanyol, del protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i altres tractaments o penes cruels, inhumanes o degradants de Nacions Unides. I el consegüent compromís, per part del Parlament català, de creació de mecanismes de prevenció de la tortura i de compliment de la resta de recomanacions del relator especial de l’ ONU sobre la tortura. Una reclamació històrica de les associacions de drets humans que encara s’ha de veure com es concreta a la pràctica. En la realitat quotidiana, no obstant, el panorama segueix sent força descoratjador. El darrer informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentat davant el legislatiu català, evidencia l’augment de denúncies contra els Mossos d’ Esquadra per maltractaments a detinguts, i també la situació no aïllada, sinó recurrent, d’abusos a les presons. El propi president del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’ Europa, Mauro Palma, va assenyalar com en la seva darrera visita havia pogut comprovar com “s’utilitzaven de forma excessiva els mitjans coercitius en les presons catalanes”. Les objeccions d’ Amnistia Internacional i altres associacions de drets humans han anat en igual direcció.

Tanmateix, malgrat les crítiques, el Departament de Justícia ha actuat amb timidesa i ignorant l’ existència dels maltractaments. Aquesta política de contemporització dels excessos ha anat destinada sobretot a no incomodar a les organitzacions sindicals –algunes de tarannà autoritari- que són les que governen, en el fons, les presons catalanes. Una mostra clara d’aquesta escassa reacció institucional ha estat l’arxiu de les denúncies procedents de Can Brians per part de la Secretària d’ Institucions Penitenciaries, situació denunciada pel Síndic de Greuges com una decisió prematura i sense fonament. O les condecoracions a funcionaris condemnats per agressions a interns. La recent prohibició a que els organismes de drets humans puguin visitar les presons ha estat el corol·lari final: un missatge que reforça la sensació d’impunitat i dificulta el control de la discrecionalitat en l’ús de la força per part dels funcionaris.

Tot això es produeix en un context on la població reclosa ha augmentat de forma alarmant fins a un dels índexs d’empresonament per habitant més alts d’ Europa. Les necessitats disciplinaries segueixen, així, predominant per sobre les de tractament o rehabilitació social. Per altra banda, la població en règim tancat també s’ha doblat i encara persisteixen els departaments especials que permeten l’aïllament dels interns 23 hores al dia i sense límits temporals en presons com la Model, amb 100 anys de funcionament i un estat lamentable de conservació.

En l’àmbit d’actuació del Departament d’ Interior, en canvi, s’han produït, en termes generals, avanços significatius en la protecció dels col·lectius susceptibles de ser víctimes d’abusos policíacs. En primer lloc perquè s’ha impulsat un major diàleg amb organitzacions de drets humans i s’ha obert una nova etapa de reconeixement institucional a la seva tasca quotidiana. I en segon lloc, perquè s’han adoptat mesures rellevants com la creació del Comitè d’ètica de la policia, la denúncia de dos casos de maltractaments a la Comissària de les Corts davant la fiscalia i, sobretot, la instal·lació de càmeres de videovigilància a les dependències policials, seguint els compromisos adoptats amb l’ ONU. Per últim, s’ha posat en marxa l’ Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, el protocol contra les agressions homòfones i el pla pilot a Girona–que s’hauria d’estendre a la resta de ciutats- per tal de saber el percentatge i motiu d’actuacions contra la població estrangera.

El balanç, en canvi, resulta més negatiu en el camp del manteniment de l’ordre públic i el dret de manifestació. El Departament d’ Interior, en aquest sentit, ha estat víctima massa sovint d’ un certa obsessió per reafirmar la seva capacitat per garantir, com el que més, la pau social. A la pràctica això ha comportat l’assumpció d’una duresa policíaca que ha superat en ocasions a la dels seus predecessors, generant múltiples crítiques per part dels moviments socials. Així, la deriva seguritaria ha implicat, per exemple, prohibicions d’ actes i manifestacions que, en ocasions, han estat respostes pels Tribunals de Justícia amb condemnes contra el Departament per vulneració del drets fonamentals dels manifestants. També s’han manejat noves estratègies policíaques, com ara el “pastoreig” o l’ “encapsulament”, inèdites fins ara a Catalunya i de caràcter extremadament preventiu. Aquestes tècniques han restringit de forma notable el dret de protesta i, en un context de reflux de la mobilització social, han constituït un element de crispació i confrontació constant.

El tema de la repressió policial, d’aquesta forma, s’ha convertit en una arma de doble fil per Interior quan ha tingut que fer front, per una banda, a la pressió dels activistes i, per l’altra, a dures campanyes, promogudes des dels mitjans i partits de la dreta, i centrades en torn a la llei i ordre. Així, i malgrat els intents de interlocució amb els primers, allò decisiu en la seva política d’ordre públic ha estat el fort pes de les inèrcies i resistències de l’estructura policíaca que han impossibilitat un canvi real de paradigma. Els sindicats policials dels Mossos d’ Esquadra, certament, han esdevingut un potent grup de pressió extremadament polititzat. En el 2007 es va poder comprovar quan van sortir al carrer a manifestar-se amb crits i consignes del tipus“Saura dimissió” “kubotan, kubotan” o “boti, boti, okupa qui no boti”: una imatge de descrèdit del tot allunyada de l’aparença d’imparcialitat professional exigida per la llei i que és d’esperar d’un cos nascut i format en una democràcia.

Per altra banda, en aquest camp, les associacions de drets humans han reclamat un debat sobre l’ús de certes armes policíaques. Durant el 2007 algunes unitats dels Mossos van adquirir les temibles pistoles Taser que havien causat desenes de morts en el continent nord-americà, com la d’un polonès en un aeroport canadenc. El mateix any va entrar en escena el famós punxó anomenat Kubotan, utilitzat sense autorització pels antidisturbis catalans en el cos a cos d’ una manifestació “pastorejada” a Barcelona. I recentment el “cas Vilaró” ha permès evidenciar la perillositat d’uns projectils que poden superar els 250 quilòmetres per hora i que van ferir de gravetat el propi comandament policíac. En aquest sentit, les recents instruccions internes aprovades –la 4/2008 i la 5/2008– han constituït, malgrat certes deficiències, un important marc legal de referència. S’ han prohibit el Kubotan i la pistola elèctrica. En el cas de les escopetes anti-avalots i les pilotes de goma, no obstant, no s’ha progressat gens. Els seus efectes, cal recordar, han estat letals en algunes ocasions i en la majoria dels països europeus ja estan prohibides i substituïdes per mètodes a priori menys contundents. A Catalunya, en canvi, encara avui formen part de l’equip reglamentari de les unitats anti-avalots dels Mossos d’ Esquadra.

En aquest balanç final també s’hi han d’incloure actuacions controvertides com les de la gestió policíaca i informativa de l’activista Núria Portules, detinguda per part dels Mossos sota la legislació antiterrorista, o la presentació d’ un manual per prevenir la constitució de plataformes arrelades en la denominada “cultura del no”. I en el camp de la lluita contra el racisme o la xenofòbia, per últim, l’ escassa preocupació per variar substancialment la formació dels policies en la no utilització de “criteris racials” especialment en identificacions preventives.

En el futur, per tot això, el Govern hauria d’adoptar un compromís més ferm, públic i visible en la protecció i promoció dels drets humans. Per fer-ho, resulta imprescindible, des de la sana autocràcia, identificar i reconèixer, en primer lloc, els punts més febles en la lluita contra la violència institucional. I elaborar, després, tècniques més eficaces per assegurar un major grau d’efectivitat dels drets reconeguts en les declaracions i pactes internacionals. En les àrees de seguretat i justícia, en concret, es tracta d’implementar d’una forma plena i eficaç les recomanacions d’ organismes internacionals com el Comitè de Drets Humans de la ONU o el Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura i de les Penes, Tractes Inhumans o Degradants. Així, en l’àmbit d’ Interior, implicaria, per exemple, ampliar l’ús de les càmeres a totes les zones de custodia dels detinguts i aprovar mesures, com les del Govern basc, per garantir els drets de les persones incomunicades sota la legislació antiterrorista. En la cartera de Justícia, per altra banda, significaria crear els mecanismes del protocol contra la tortura, d’acord amb els compromisos adoptats, i sobretot variar de forma substancial l’ actual política d’arrogància i menyspreu en vers les associacions de drets humans que treballen en l’àmbit de la presó. Això vol dir redefinir esquemes mentals i prioritats: posar l’èmfasi en la defensa de les víctimes d’abusos per sobre de les “raons d’ Estat” o suposades fidelitats al sistema.

Una esquerra conseqüent, o simplement compromesa amb l’ Estat de dret i amb la defensa dels drets humans, no s’hauria d’acomplexar davant les demandes de mà dura de la dreta o les reaccions corporatives dels sindicats policíacs o de presons. Més encara, hauria d’assenyalar de manera inequívoca la incongruència que comporta denunciar la vulneració de drets als diferents Guantanamos del món mentre es pretenen amagar els propis draps bruts. En lògica democràtica, els poders públics, per altra banda, han d’entendre el control i la vigilància de les associacions de drets humans no com un greuge personal, sinó com un dels mecanismes per a fer efectiu l’acompliment de les obligacions que ells mateixos han contret per mitjà de la Constitució i dels tractats internacionals. Haurien de respectar la seva crítica, sense situar-se a la defensiva, i a admetre que aquesta pot contribuir a detectar insuficiències i a assenyalar nous camins en la lluita contra la seva impunitat.

Font: Revista 60 Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans

]]> http://www.nohihadret.cat/2008/03/els-drets-humans-a-catalunya-balanc-del-tripartit-en-materia-de-seguretat-i-justicia/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2007/06/sobre-la-rebelion-de-los-mossos/ http://www.nohihadret.cat/2007/06/sobre-la-rebelion-de-los-mossos/#comments Mon, 18 Jun 2007 23:04:17 +0000 nohihadret http://www.nohihadret.cat/?p=344 El vínculo entre la seguridad y la actuación policial se ha convertido, en las últimas semanas, en uno de los ejes centrales de la agenda política catalana. El primer desencadenante fueron las imágenes difundidas urbi et orbi, a través de la televisión o internet, de agresiones de mossos a detenidos en la comisaría de Les Corts. Poco más tarde, y en pleno período electoral, entró en escena el famoso punzón llamado kubotán, que acabó de agitar las aguas ya removidas por la denuncia de otras irregularidades policiales.

A no pocos les incomodó que se abriera un debate sobre el trato a los detenidos en las comisarías catalanas y sobre el modus operandi de un cuerpo al que se suponía liberado de ciertas prácticas del pasado. Buena parte de la discusión inicial se planteó en torno a si los incidentes denunciados debían haberse ocultado o no. La reacción de los partidos de derechas fue más allá y se oyeron diferentes voces pidiendo la dimisión del conseller de Interior, Joan Saura, por estar “más preocupado por los delincuentes que por la policía”.

EN UN REFLEJO instintivo de trillado corporativismo, algunos sindicatos policiales también cerraron filas y justificaron las actuaciones cuestionadas. Como respuesta a las críticas recibidas desde diferentes entidades de derechos humanos, convocaron una inusual manifestación en la que se oyeron gritos y consignas como “Saura dimisión” “kubotán, kubotán” o “bote, bote, okupa el que no bote”.

Si la ley 10/1994 establece un auténtico código de conducta o de buenas prácticas para los mossos, esa manifestación representó un claro ejemplo de su mala aplicación. En lugar de inspirar empatía social o fortaleza democrática, los mossos dieron una imagen de descrédito y politización, alejada de la apariencia de imparcialidad profesional que exige la ley y que es de esperar de un cuerpo nacido y formado en democracia.

Una izquierda consecuente, o simplemente comprometida con el Estado de derecho y con la defensa de los derechos humanos, no debería acomplejarse ante este tipo de reacciones. Es más, debería señalar de manera inequívoca la incongruencia que comporta denunciar la vulneración de derechos en los Guantánamo del mundo mientras se pretenden ocultar los trapos sucios de una policía autóctona.

Toda política de seguridad puede tener dos direcciones opuestas: orientarse hacia el modelo del “derecho a la seguridad” o hacia el modelo de la “seguridad en los derechos”. El primero pretende reducir la eficacia policial al despliegue de medidas ejemplarizantes bien sobre los sectores económica y socialmente más vulnerables, bien sobre la disidencia política y cultural. El segundo, en cambio, parte de que el único orden democrático por el que vale la pena luchar es aquel preocupado por reducir al mínimo las intervenciones represivas y por remover, en cambio, el desorden causado por las grandes desigualdades económicas y sociales.

No se trata, como querrían los sectores más conservadores, de políticas realistas contra políticas irrealistas. El supuesto realismo de quienes identifican la eficacia policial con la falta de controles democráticos es un realismo estrecho de miras y de muy corto plazo. Por el contrario, el único modelo sostenible de seguridad es un modelo fundado no en la demagogia del populismo punitivo, sino en el escrupuloso respeto de los derechos sociales, políticos y civiles de todos. Eso incluye también los derechos de los detenidos en dependencias policiales, que, más allá de toda otra consideración, son, en ese momento, parte débil frente a la posible arbitrariedad de los cuerpos de seguridad.

LA DECISIÓN de crear un comité de ética de la policía y, sobre todo, el anuncio por parte del Departament d’Interior de instalar cámaras de vídeovigilancia en las dependencias policiales son medidas seguramente insuficientes, pero van en la buena dirección. Poco importa que la Constitución garantice a los detenidos derechos si después se conceden a la policía amplios poderes discrecionales. En cualquier comisaría, la relación del detenido con el agente se consuma en secreto y es de tal dependencia o sujeción que puede dar pie a abusos o maltratos difícilmente controlables. Esto, aquí y en cualquier lugar. Por este motivo, el Estado español aprobó y recientemente ratificó el protocolo facultativo para la prevención de la tortura y otros tratamientos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También por eso, el Parlamento catalán se comprometió a “implementar las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura”, entre las cuales se incluía la instalación de cámaras en los calabozos de las comisarías.

EL CONTROL democrático de los cuerpos de seguridad no puede banalizarse como una expresión de ingenuidad o hippismo político. Desde luego no lo es para las víctimas reales, y por desgracia demasiado frecuentes, de actuaciones arbitrarias. Tampoco para las víctimas potenciales, que seríamos todos los ciudadanos, de imponerse las supuestas tesis realistas. La lucha contra la impunidad policial supone una victoria de la lógica del Estado de derecho frente a la lógica de la razón de Estado. Después de todo, en un sistema que se pretenda democrático siempre será preferible tener una policía bajo sospecha que una policía descontrolada.