La història d’Antonio és la història de milers de dones i homes anònims d’aquest país. Dels qui van aixecar ciutats com Barcelona amb gran esforç i sacrifici. Molts d’ells venien d’Andalusia, d’Aragó, Extremadura o Galícia. Gent honrada del comú, del moviment obrer, que no surt en els llibres de la història oficial. Gent que ens han ensenyat el camí. Que ens recorda que els drets no es regalen, es conquereixen. Gent que són un exemple de coratge i dignitat. Que va arriscar la seva vida i la seva llibertat. Gent com el Manuel Fernández Márquez, assassinat també a la vaga de la tèrmica del Besós dos anys després. Gent com el Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo o Bienvenido Pereda. Tots ells sindicalistes assassinats també el 1976 en l’interior d’una església de Gazteiz-Victoria. La policia, llavors, la dirigia el franquista Fraga Iribarne. Sí, Fraga, el ministre de la “calle es mia” i fundador del partit que ha guanyat les darreres eleccions generals. La mateixa nit d’aquella massacre, Lluis Llach componia una de les seves cançons insígnies. L’èpica, Campanades a mort. Un crit de ràbia que impugnava la transició amb aires de simfonia religiosa. “Assassins!!! Assassins de raons!!!, assassins de vides!!! Que mai, que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies i que en la mort us persegueixin les nostres memòries”.
Ningú com Lluis Llach per expressar el dolor que sentim quan recordem avui a l’Antonio i altres sindicalistes assassinats. O quan recordem a Salvador Puig Antic, executat cruelment tres anys després, amb la seva cançó “I si canto trist”. Tots són crits d’indignació per trencar les cotilles de la impunitat. Ningú com els poetes per alçar paraules contra els qui organitzen la falsificació i el silenci històric. “Aquesta ciutat vol la pau, però no l’oblit” escrivia Màrius Torres. I el poeta argentí Juan Gelman, pare d’un desaparegut, recordava que les “comissions de l’oblit tenen recursos i coneixen el seu treball”. No ens emboliquem en estèrils disputes entre antifranquistes. El veritable enemic de Catalunya és l’oblit. I aquells que volen promoure la seva impunitat. Com antídot, cal organitzar la memòria. Fer-nos dignes del llegat que prové de l’Antonio. De la seva lluita. El llegat que prové de tots aquells assassinats per defensar les seves idees.

A Antonio Ruiz Villalba el va assassinar la policia franquista, és cert. Es l’actual règim sorgit de la transició, però, qui el manté aquest fet impune. Una línia de continuïtat que va d’un mesquí passat a un present encobridor. No podem quedar-nos de braços plegats.

No podem ser còmplices impassibles d’aquest estigma inesborrable de la història del nostre país. Cal denunciar-ho i combatre’l. Des de la institució, com ha fet el Parlament català amb una llei valenta per anul·lar els consells de guerra. Però també des del carrer. I davant dels tribunals, com hem fet des de l’Ajuntament de Barcelona. Mentre aquests crims no es reparin són crims actuals que ens interpel·len. No els podem ocultar en foscos magatzems. Cal explicar-los. Exposar-los als ulls de tothom. No és còmode tornar a veure símbols del franquisme al carrer. Encara que siguin decapitats, pel seu escarni i en una exposició temporal. Més incòmode és, no obstant això, viure en un Estat que tolera la impunitat d’aquell règim. Contra la rendició del temps, recordem que oblidar la seva impunitat –com deia Marcuse- és oblidar les forces que la van provocar sense derrotar aquelles mateixes forces.

La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

De aprobarse la reforma del gobierno, el número de infracciones administrativas se incrementará de forma notable: de las 39 previstas en la llamada Ley Corcuera a 55. El nuevo repertorio de conductas sancionables se ampliaría a escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados o durante la jornada de reflexión electoral (como las realizadas por el 15-M). Las sanciones también se incrementarían, pudiendo llegar a multas de hasta 30.001 euros. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar prioritario en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social. Las multas no solo engrosan las arcas de las Delegaciones de Gobierno. También obligan a activistas y militantes a desviar sus escasos recursos a tareas que no tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones. El objetivo no es reemplazar iniciativas más duras -como la reforma del Código Penal- por otras más blandas. De lo que se trata es de complementarlas. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces primaron la libertad de expresión y emitieron duros autos contra la actuación policial. Las sanciones administrativas permitirán sortear ese contratiempo. Alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Quien quiera recurrir deberá pagar no solo los gastos de abogados y procuradores sino también unas tasas de hasta 2.750 euros. Un  obstáculo, en la práctica, de difícil o imposible superación para la mayoría de los afectados.

El objetivo de la reforma parece claro. Reforzar la impunidad policial y complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último. Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.

Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes.

a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.

Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza. Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.

Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabrupto pour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.

b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial

Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25  de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja  de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.

La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla. 

c) Crear una mayoría silenciada (III): asfixiar económicamente a los que protestan.

A juzgar por los anuncios realizados por Fernández Díaz, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana será un complemento perfecto del resto de medidas represivas adoptadas en estos últimos años. De aprobarse, permitiría aumentar sensiblemente el número de infracciones administrativas previstas en la ley actual: de 39 a 55. El repertorio de conductas sancionables se ampliaría de manera notable: escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), quema de contenedores, protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones por estas conductas también se incrementarían, pudiendo llegar en algunos casos a multas de entre 30.001 y 600.000 euros.

Como salta a la vista, ninguna de las infracciones contempladas obedece a la imaginación del Ministerio del Interior. Todas están vinculadas a acciones de protesta que se han producido recientemente. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de las multas y de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar central en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social [2]. Tras la aparición del 15-M, de hecho, se hizo frecuente que las autoridades echaran mano de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 para multar a quienes protestaban contra las políticas gubernamentales. Este régimen sancionatorio ya resultaba cuestionable en el momento de su aprobación. Pero ha devenido aún más arbitrario en los últimos años. Infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos, han acarreado multas de hasta 300 euros. En cambio, infracciones consideradas graves como celebrar reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones que no se hayan comunicado a la autoridad gubernativa, han supuesto multas de entre 300 y 30.000 euros. Y si se trata, por fin, de infracciones muy graves, en las que se ha alterado el funcionamiento de servicios públicos o los transportes, pueden llegar a 600.000 euros.

Manifestantes aislados o activistas pertenecientes a movimientos como el 15-M, el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la PAH han sido sancionados con multas cuantiosas que pueden tener un efecto desmovilizador mayor incluso que las simples detenciones. Además de engrosar las arcas de las Delegaciones de Gobierno, estas multas han obligado a los movimientos a desviar sus escasos recursos a tareas que no siempre tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones.

La propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana viene así a complementar la estrategia represiva diseñada con la reforma del Código Penal. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces que entendieron en estas causas emitieron duros autos duros autos contra la actuación policial y primaron la libertad de expresión de los ciudadanos. Las sanciones administrativas, en cambio, alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Para obtener una revisión en sede jurisdiccional, de hecho, habrá que recurrir a la vía contencioso-administrativa y pagar unas tasas judiciales que, tras la reforma Gallardón, se han tornado especialmente abusivas.

d) El silencio del miedo y sus límites

Como bien han sostenido los abogados del Colectivo de Juristas andaluz 17 de marzo, la  propuesta de reforma de Fernández Díaz es una suerte de reedición de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada durante el franquismo. Además de reforzar la impunidad policial, su objetivo es claro: complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último.

Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría silenciada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con sanciones económicas elevadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

Notas [1] La idea de que la resistencia pacífica y pasiva fuera considerada un delito también había sido defendida en otros ámbitos. Un comisario antidisturbios de la policía catalana, de hecho, llegó a declarar sin disimulo en un programa de Salvados, en la cadena Sexta, que “la resistencia pacífica es violencia” y que si “Ghandi hubiera estado en [la ocupación] de plaza Catalunya” durante el años 2011 debería haber sido detenido [2] Sobre esta noción, vid. Pedro Oliver Olmo (coord.) Burorrepresión. Sanción administrativa y control social, Bomarzo, Albacete, 2013.

La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

De aprobarse la reforma del gobierno, el número de infracciones administrativas se incrementará de forma notable: de las 39 previstas en la llamada Ley Corcuera a 55. El nuevo repertorio de conductas sancionables se ampliaría a escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados o durante la jornada de reflexión electoral (como las realizadas por el 15-M). Las sanciones también se incrementarían, pudiendo llegar a multas de hasta 30.001 euros. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar prioritario en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social. Las multas no solo engrosan las arcas de las Delegaciones de Gobierno. También obligan a activistas y militantes a desviar sus escasos recursos a tareas que no tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones. El objetivo no es reemplazar iniciativas más duras -como la reforma del Código Penal- por otras más blandas. De lo que se trata es de complementarlas. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces primaron la libertad de expresión y emitieron duros autos contra la actuación policial. Las sanciones administrativas permitirán sortear ese contratiempo. Alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Quien quiera recurrir deberá pagar no solo los gastos de abogados y procuradores sino también unas tasas de hasta 2.750 euros. Un  obstáculo, en la práctica, de difícil o imposible superación para la mayoría de los afectados.

El objetivo de la reforma parece claro. Reforzar la impunidad policial y complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último. Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

En el ámbito municipal, la primera muestra de concesiones a una línea dura de ley y orden fue la aprobación en 2005, con los votos favorables del Partit Socialista de Catalunya (PSC) y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de la llamada ordenanza del civismo. Esta normativa, emulada luego por decenas de ayuntamientos, refleja un nuevo paradigma securitario sin parangón en todo el Estado. Con el pretexto de discursos bienpensantes sobre el civismo, pretende “limpiar” las calles de la población considerada desviada o indeseable. Así, el mismo poder local que se avino a firmar compromisos como la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, apuesta por una política urbana basada en el recurso predominante a medios represivos, la prohibición de actividades hasta ahora toleradas como el trabajo sexual o la mendicidad, la criminalización de los excluidos y la restricción de las libertades ciudadanas. Tras este paradigma late, en el fondo, una apuesta por el castigo “ejemplar” como medio para resolver los problemas sociales. Lo más grave es que esta hipertrofia punitiva pretende ser un paliativo a la atrofia social en la intervención pública, señaladamente en el ámbito de la vivienda, la educación o la atención sanitaria.

En el plano autonómico, la asunción del discurso securitario ha tenido diferente impacto según se trata de las personas privadas de libertad o de la regulación del derecho a la protesta. La situación de los detenidos en las comisarías o de los internos en los centros penitenciarios resulta de especial vulnerabilidad debido a su dependencia y a su situación de sujeción respecto de los funcionarios. Los organismos internacionales de derechos humanos, de hecho, han mostrado su preocupación a la hora de analizar su protección efectiva frente a abusos y maltratos que, ciertamente, son muchas veces difíciles de controlar.

Desde un punto de vista normativo, uno de los acontecimientos importantes de este período ha sido la ratificación en 2006, por parte del gobierno español, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas. También el Parlamento catalán se ha comprometido, en este sentido, a crear mecanismos de prevención de la tortura y de cumplimiento del resto de recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura. Esta es una reclamación histórica de las asociaciones de derechos humanas cuya concreción práctica habrá que seguir de cerca.

En la realidad cotidiana, con todo, el panorama sigue siendo bastante descorazonador. El último informe del Síndic de Greuges^ Rafael Ribó, presentado ante el legislativo catalán, evidencia un aumento de las denuncias contra los Mossos d’Esquadra por maltratos a los detenidos, así como de situaciones recurrentes, no aisladas, de abusos en las prisiones. El propio presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, Mauro Palma, señaló en su última visita que había podido comprobar cómo, en las cárceles catalanas, “se utilizaban de forma excesiva los medios coercitivos”. Las objeciones de Amnistía Internacional y de otras asociaciones de derechos humanos han ido en igual dirección.

A pesar de las críticas, la Consejería de Justicia ha actuado con timidez, ignorando la existencia de los maltratos. Esta política de contemporización de los excesos ha ido destinada, sobre todo, a no incomodar a las organizaciones sindicales –algunas de claro talante autoritario- que son las que, en el fondo, gobiernan las prisiones catalanas. Una muestra de esta escasa reacción institucional ha sido el archivo de las denuncias procedentes de la prisión de Can Brians por parte de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, situación denunciada por el Síndic de Greuges como una decisión prematura y sin fundamentos. O las condecoraciones a funcionarios condenados por agresiones a internos. La reciente prohibición a que los organismos de derechos humanos puedan visitar las prisiones ha sido el corolario final: un mensaje que apuntala la sensación de impunidad y dificulta el control de la discrecionalidad en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios.

Todo esto se produce en un contexto en el que la población reclusa ha aumentado de manera alarmante hasta alcanzar uno de los índices de encarcelamiento más altos de Europa. Las necesidades disciplinarias siguen, así, predominando sobre las de tratamiento o rehabilitación social. Por otro lado, la población en régimen cerrado también se ha duplicado y todavía preexisten departamentos especiales que permiten el aislamiento de los internos 23 horas al día y sin límites temporales en prisiones como la Modelo, con cien años de funcionamiento y un lamentable estado de conservación.

En el ámbito de actuación de la Consejería del Interior, en cambio, se han producido algunos avances significativos en la protección de los colectivos susceptibles de ser víctimas de abusos policiales. En primer lugar, se ha impulsado un mayor diálogo con organizaciones de derechos humanos y se ha abierto una nueva etapa de reconocimiento institucional de su tarea cotidiana. En segundo término, se han adoptado medidas relevantes como la creación de un Comité de Ética de la Policía, la denuncia de dos casos de maltratos en la Comisaría de las Cortes frente a la fiscalía y, sobre todo, la instalación de cámaras de videovigilancia en las dependencias policiales, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ONU. Por último, se han puesto en marcha la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos, el protocolo contra las agresiones homófobas y un plan piloto en Girona –que debería extenderse a otras ciudades- con el propósito de conocer el porcentaje y el motivo de las actuaciones contra la población extranjera.

El balance, en cambio, resulta más negativo en el campo del mantenimiento del orden público y el derecho de manifestación. En este sentido, la Consejería del Interior ha sido rehén de una cierta obsesión por presentarse como el mayor garante de la paz social entendida como la ausencia de conflictos políticos no convencionales. En la práctica, esto ha comportado la asunción de una dureza policial que ha superado en ocasiones la de sus predecesores, generando múltiples críticas por parte de los movimientos sociales. Así, la deriva securitaria ha implicado, por ejemplo, la prohibición de actos y manifestaciones que, en ocasiones, han resultado en condenas de los tribunales a la actuación de la Consejería por vulneraciones a los derechos fundamentales de los manifestantes. También se ha autorizado el recurso a nuevas estrategias de control policial, como el “pastoreo” o el “encapsulamiento”, hasta ahora inéditas en Catalunya y de un carácter extremadamente preventivo. Estas técnicas han restringido de manera notable el derecho a la protesta y, en un contexto de reflujo de la movilización social, han constituido un elemento de crispación y confrontación constantes.

El tema de la represión policial se ha convertido, en suma, en un arma de doble fila para Interior cuando ha tenido que hacer frente, de un lado, a la presión de los activistas, y de otro, a duras campañas promovidas desde los medios y partidos de la derecha, centradas en torno a la ley y al orden. Así, si bien ha habido interlocución con los primeros, lo decisivo en la política de orden público ha sido el fuerte peso de las inercias y resistencias de la estructura policíaca que han imposibilitado un cambio real de paradigma. Los sindicatos policiales de los Mossos d’Esquadra han pasado a ser, en este contexto, un potente grupo de presión, extremadamente politizado. Esta capacidad de presión se pudo comprobar en 2007, cuando salieron a la calle a manifestarse con gritos y consignas del tipo: “Saura dimisión”, “Kubotán, kubotán”, o “Salta, salta, salta, okupa el que no salta”. Una imagen de descrédito del todo alejada de la apariencia de imparcialidad profesional exigida por la ley y que sería de esperar en un cuerpo nacido y formado tras la caída de una dictadura.

También en este campo, las asociaciones de derechos humanos han reclamado un debate amplio sobre el uso de ciertas armas policiales. Durante el 2007, algunas unidades de los Mossos adquirieron las temibles pistolas Taser que habían causado decenas de muertos en el continente norteamericano, como la de un hombre polaco en un aeropuerto canadiense. El mismo año entró en escena el famoso punzón denominado Kubotán y utilizado sin autorización por los antidisturbios catalanes en el cuerpo a cuerpo de una manifestación “pastoreada” en Barcelona.

Recientemente, el ‘caso Vilaró’ permitió evidenciar la peligrosidad de unos proyectiles que pueden superar los 250 kilómetros por hora y que llegaron a herir de gravedad al propio jefe policial. Desde esta perspectiva, las recientes instrucciones internas aprobadas –la 4/2008 y la 5/2008- constituyen, a pesar de ciertas deficiencias, un importante marco jurídico de referencia. Tras la polémica inicial, el Kubotán y la pistola eléctrica han sido finalmente prohibidos. En el caso de las escopetas antidisturbios y de las pelotas de goma, en cambio, no se ha progresado nada. Sus efectos, cabe recordar, han sido letales en algunas ocasiones y en la mayoría de países europeos ya han sido prohibidas y substituidas por métodos a priori menos contundentes. En Catalunya, por el contrario, continúan formando parte del equipo reglamentario de las unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

En este balance también deberían incluirse actitudes controvertidas como la gestión policial e informativa de la detención de la activista Núria Pórtulas por aplicación de la legislación anti-terrorista, o la presentación de un manual para prevenir la constitución de plataformas arraigadas en la denominada “cultura del no”. Y en el campo, por último, de la lucha contra el racismo o la xenofobia, es posible reseñar una escasa preocupación por modificar sustancialmente la formación de las policías en la no utilización de “criterios raciales”, especialmente en identificaciones preventivas.

Todo esto debería conducir, en un futuro, a que el gobierno adopte un compromiso más firme, público y visible con la protección y promoción de los derechos humanos. Para hacerlo, resulta imprescindible, desde la sana autocrítica, identificar y reconocer, en primer lugar, los puntos más débiles en la lucha contra la violencia institucional. Y elaborar, luego, técnicas más eficaces para asegurar una mayor efectividad de los derechos reconocidos en las declaraciones y tratados internacionales. En las áreas de seguridad y justicia, concretamente, de lo que se trataría es de implementar de una manera plena y eficaz las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Comité Europeo para la Prevención de las Torturas y de las Penas, Tratos Inhumanos o Degradantes. Así, en el ámbito de Interior, implicaría, por ejemplo, ampliar el uso de las cámaras a todas las zonas de custodia de los detenidos y aprobar medidas, como las del Gobierno vasco, para garantizar los derechos de las personas incomunicadas bajo la legislación anti-terrorista. En la cartera de Justicia, por otra parte, significaría crear los mecanismos de prevención de la tortura, de acuerdo con los compromisos adoptados, y sobre todo revisar de manera radical la actual política de arrogancia y menosprecio hacia las asociaciones de derechos humanos que trabajan en el ámbito de la prisión. Esto exige, naturalmente, redefinir esquemas mentales y prioridades: colocar el énfasis en la defensa de las víctimas de abusos sobre las “razones de Estado” o las supuestas lealtades al sistema.

Una izquierda consecuente, o simplemente comprometida con el Estado de derecho y con la defensa de los derechos humanos, no debería acomplejarse frente a los reclamos de mano dura de la derecha o frente a las reacciones corporativas de los sindicatos policiales o de prisiones. Es más, debería señalar de manera inequívoca la incongruencia que comporta denunciar la vulneración de derechos en los diferentes Guantánamos del mundo mientras se pretenden ocultar los propios trapos sucios. En estricta lógica democrática, los poderes públicos deberían entender el control y la vigilancia de las asociaciones de derechos humanos, no como un agravio personal, sino como uno de los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que ellos mismos han contraído en el plano constitucional e internacional. Deberían, en suma, respetar su crítica, sin situarse a la defensiva, y admitir que esta puede contribuir a detectar insuficiencias y a señalar nuevos caminos en la lucha contra la impunidad.

Revista DESC, 2009

]]> http://www.nohihadret.cat/2009/09/470/feed/ 0 http://www.nohihadret.cat/2009/06/la-violencia-policial-y-sus-complices/ http://www.nohihadret.cat/2009/06/la-violencia-policial-y-sus-complices/#comments Sun, 28 Jun 2009 22:27:25 +0000 nohihadret http://www.nohihadret.cat/?p=308 La multa de 600 euros impuesta por la Audiencia de Barcelona a tres mossos d’esquadra que propinaron a un detenido una golpiza filmada por una cámara oculta obliga a discutir, una vez más, el alcance de la violencia policial, así como de las complicidades que le permiten prosperar.

Quizás no sea ocioso comenzar recordando que en una sociedad que persiga objetivos como la minimización de la violencia o la preservación de la libertad de sus miembros, una institución como la policial no puede considerarse “natural”. Exige, por el contrario, una justificación. Una de ellas sería que puede ser un instrumento útil para prevenir la violencia privada y proteger a aquellos que se encuentren en una situación de más vulnerabilidad –sobre todo física– frente a otros. Sin embargo, para que este propósito resulte creíble, su intervención debe aparecer como una alternativa excepcional. Como el último recurso, una vez agotadas todas las vías de disuasión y siempre sometida a celosos controles públicos que eviten la generación de males mayores.

Buena parte de los ordenamientos actuales, en realidad, aseguran inspirarse en principios de este tipo. Por eso, porque lo que está en juego no es la simple violencia de un particular sino la que proviene de los propios aparatos institucionales, se establecen derechos específicos para las personas detenidas. Y por eso, también, los diferentes mecanismos de control de los abusos policiales tienen como finalidad no sólo el castigo sino, sobre todo, su prevención.
Leída a la luz de estos principios, la sentencia de la Audiencia sienta un precedente inquietante. En ella se admite, en efecto, que, a partir de las imágenes del vídeo, “cualquier hombre medio” consideraría que se está ante una “brutal paliza policial”. Y se reconoce, también, que esta impresión vendría reforzada por los 14 días que el detenido tardó en curarse de las lesiones causadas por patadas y otros golpes. Para el tribunal, sin embargo, todo ello no serían más que meras apariencias y engaños que han podido confundir a ese ciudadano medio, distrayéndole de la violencia sin duda relevante: la de la víctima, presentada como propiciadora de la situación. Se insiste, así, en que el detenido era una persona “excitada y agresiva”, que había bebido e insultado a los agentes. Poco importa que no hubiera peligro de fuga alguno. O que la golpiza se desencadenara por el simple hecho de que gesticulara demasiado o hubiera “tocado”, incluso, a uno de los agentes. Tratándose de una persona a priori “agresiva”, lo que a simple vista se presenta como una actuación vejatoria no sería, en definitiva, más que una moderada “extralimitación”. Si, con las imágenes a la vista, estas son las conclusiones a las que llega el tribunal, causa zozobra pensar qué hubiera ocurrido sin ellas. Con toda probabilidad, la denuncia estaría archivada y la víctima condenada por un atentado a la autoridad penado con hasta 4 años de prisión.

Igualmente preocupante es que el propio tribunal deseche la acusación de falsedad documental y admita sin más que “muchas veces los atestados policiales exageran o sobrevaloran” la violencia que atribuyen a los detenidos para justificar o encubrir la propia. Sobre todo cuando Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos llevan años insistiendo en que dar más crédito a los agentes que a las víctimas u otros testigos es uno de los motivos principales de impunidad de la violencia institucional. Es este tipo de ligereza judicial frente a la tergiversación policial de hechos y atestados la que suele convertir las denuncias por malos tratos o torturas en una auténtica odisea. No sorprende, de hecho, que apenas un 1% lleguen a juicio y que, cuando llegan, se resuelvan casi siempre en una absolución o, como ha ocurrido ahora, en la imposición de sanciones muy leves.

Rotativos conservadores, como La Vanguardia, así como los propios sindicatos policiales, han aplaudido la decisión y la han presentado, a pesar de ser una condena, como una muestra del fracaso de la política del Consejero de Interior, Joan Saura. Esta reacción es particularmente grave si se piensa que, en el caso español, estas actuaciones no son algo aislado ni privativo de un cuerpo policial específico. Como ha señalado el Relator de Naciones Unidas en la materia, tales maltratos son más frecuentes de lo que se podría suponer en un Estado que se precia de ser democrático y de derecho. Si estos han disminuido en Cataluña es porque, allí, se han puesto en marcha mecanismos de supervisión más incisivos –como, por ejemplo, las cámaras–, que sólo en parte han sido incorporados en el resto del Estado.

No es quitando las cámaras de las comisarías o minimizando los abusos que estas registran como se preservará o mejorará el crédito social de los cuerpos de policía. Sólo la transparencia, en realidad, y la existencia de controles públicos estrictos, pueden hacer asumible la paradoja de que un cuerpo estatal dotado de medios violentos pueda servir para prevenir la violencia y garantizar la libertad. Lo otro: la justificación de la propia prepotencia, la descalificación por sistema de las víctimas y el corporativismo cerril son un camino, acaso irreversible, hacia la deslegitimación y la pérdida de autoridad. De la policía, pero también de las instituciones, los medios, y de todos aquellos que, tal vez porque sienten que nunca llegarán a ser víctimas de este tipo de violencia, se atreven a azuzarla de manera irresponsable.

Los disturbios tras la celebración del título europeo del Barcelona, hace una semana, dejaron un balance de 134 detenidos y más de 200 heridos. Como consecuencia de las pelotas de goma lanzadas por los cuerpos de seguridad autonómica, los Mossos d’Esquadra, tres jóvenes perdieron un ojo. Los disparos, al parecer, alcanzaron incluso a un alto mando de la policía municipal, que además era jefe de prensa. Tras la desafortunada intervención policial en la represión de los estudiantes universitarios que protestaban contra el “Plan Bolonia”, vuelve a suscitarse un interrogante elemental: ¿qué tipo de situaciones justifica la utilización de armas como las escopetas antidisturbios? En un Estado que, al menos formalmente, asegura regirse por el principio del uso limitado y excepcional de su aparato represivo ¿resultan admisibles unos proyectiles de 90 gramos de peso que pueden superar los 250 kilómetros y amenazar seriamente la integridad física de las personas?

En realidad, el uso de escopetas antidisturbios contra los ciudadanos es una de la medidas más extremas que un Estado de Derecho puede adoptar. Ello explica que, desde el punto de vista jurídico,  aparezca como la última opción a la que cabe recurrir, una vez agotadas el resto de vías de solución de conflictos. Por razones similares, su utilización queda supeditada a la observancia de estrictos criterios de congruencia, oportunidad o proporcionalidad, y con la única finalidad de remover una alteración grave del orden público.

En el caso de la policía catalana, ya existe, de hecho, un protocolo policial que exige una utilización gradual de los medios. En virtud del mismo, se prevé, en primer lugar, el recurso a métodos disuasorios, como los avisos de advertencia por megafonía o altavoces. Si estas vías no funcionaran, es posible recurrir a las salvas –disparos sin propulsión- y sólo si éstas fracasan, a las pelotas de goma. En este caso, el protocolo estipula que los disparos se hagan siempre con rebote al suelo –no hacia las personas- y a una distancia mínima de 50 metros. La lógica sobre la que se fundan estos principios es simple: la policía sólo puede disponer de un medio tan invasivo si es absolutamente imprescindible y siempre que con ello no se provoque un mal mayor que el que se pretende evitar.

Contemplados los hechos desde esta perspectiva, parece innegable que la persuasión o la mediación difícilmente hubieran permitido, por sí solas, contener los disturbios callejeros de la semana pasada o reconducir la situación. Lo que no está tan claro, en ésta como en otras ocasiones, es que el uso de escopetas fuera estrictamente necesario. Numerosos testigos y víctimas hablan de disparos discrecionales, a menos de la distancia reglamentaria y en lugares donde los incidentes habían finalizado o ni siquiera empezado, como en el caso del caporal herido en plaza Cataluña. A pesar de estos testimonios, que suponen un claro incumplimiento de los protocolos, el consejero de Interior, Joan Saura, se apresuró a rechazar la necesidad de cualquier investigación, calificando la actuación de “absolutamente correcta”.

Más allá, en todo caso, de las diferentes opiniones sobre lo sucedido, lo cierto es que tales armas entrañan un severo riesgo para la integridad física e incluso la vida. Renombradas revistas médicas como The Lancet, informes de la Sociedad Española  de Oftalmología  o el balance del último año en el Estado son, al respecto, elocuentes: 60 hospitalizados y 4 lesiones oculares graves –22 desde 1990, según el matutino El Periódico-. En Barcelona, sin ir más lejos, una de las supuestas víctimas fue, el año pasado, el propio jefe de la policía local, Xavier Vilaró. Tras la actuación policial como consecuencia de los disturbios por la victoria de la selección española en la Eurocopa, a Vilaró le tuvieron que extirpar el bazo. En enero de este año, asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por un “mal funcionamiento de la administración pública” a indemnizar con 170.000 euros a un joven herido por otro impacto por un bote de humo disparado a bocajarro por la policía nacional.

Las asociaciones de derechos humanos llevan tiempo reclamando un debate sobre el manejo de ésta y otras armas policiales. En 2005, la utilización no autorizada de porras extensibles por la Guardia Civil causó la muerte de un agricultor almeriense en el cuartel de Roquetas de Mar. Dos años más tarde, algunas unidades de la policía autonómica adquirieron una variante de las temibles pistolas Taser que tantas víctimas mortales han causado en los Estados Unidos y Canadá. El mismo año, entró en escena el célebre punzón llamado kubotán, esgrimido sin autorización por los antidisturbios durante una manifestación en Barcelona. El peligro de estos artilugios es tan evidente que la Generalitat de Cataluña impulsó dos instrucciones, la  4/2008 y 5/2008, en las que se prohibía el kubotán y la pistola eléctrica. A pesar de sus insuficiencias, estas medidas son un paso adelante. De hecho, en su reciente informe “Voltios sin control”, Amnistía Internacional las ha reclamado para el resto del Estado.

Las balas de goma, en cambio, siguen siendo legales, a pesar de que su potencial lesivo es enorme y de que se trata de proyectiles que no dejan marcas de identificación, con la consiguiente dificultad para investigar su uso y determinar qué agente ha apretado el gatillo y en qué circunstancias. Desde la Consejería de Interior dirigida por  Saura, sin embargo, no se plantea ningún cambio. Es más, se ha defendido su empleo argumentando que también “se utilizan en el resto del Estado”. Lo que esta afirmación no dice es que en la mayoría de países europeos –con la excepción de algunos como Grecia o Italia- las balas de goma han sido prohibidas. Así, por ejemplo, en Francia, Alemania, Bélgica, Holanda o Gran Bretaña han substituidas por medios a priori menos contundentes e indiscriminados.

No parece cierto, en definitiva, que no existan otras opciones que, sin perder eficacia, sean menos riesgosas y permitan un uso más proporcional o controlado de la fuerza. El ideal normativo del Estado de derecho exige no cerrar en falso sucesos tan dramáticos como los citados. Las armas de fuego son instrumentos de difícil control, las trayectorias no son siempre previsibles y, por ello, cualquiera puede ser víctima de una bala perdida. Si incluso los propios funcionarios policiales llegan a serlo, ¿qué puede esperar cualquier ciudadano que pretenda salir a la calle para manifestarse o a celebrar la victoria de su equipo? No sería aconsejable, en contra de la opinión del consejero Saura,  investigar su uso? ¿Qué concepción del orden público puede justificar el recurso a un medio tan lesivo?

Viernes, 5 de junio del 2009

Los disturbios tras la celebración del título europeo del FC Barcelona, la madrugada del jueves de la semana pasada, dejaron un balance de 134 detenidos y más de 200 heridos. Las pelotas de goma lanzadas por los Mossos al parecer lesionaron, entre otros, a un cabo de la Guardia Urbana de Barcelona, además jefe de prensa, y a tres jóvenes que perdieron un ojo. Los hechos han generado honda preocupación y plantean ciertos interrogantes: ¿en qué situaciones pueden utilizarse las escopetas antidisturbios? ¿Resultan admisibles unos proyectiles que pueden superar los 250 kilómetros por hora y amenazar seriamente la integridad física de las personas?

El uso de escopetas antidisturbios contra los ciudadanos es una de la medidas más extremas que se pueden adoptar. Ello explica que jurídicamente aparezca como la última opción, una vez agotadas las otras vías de solución de conflictos, y que quede supeditada a la observancia de estrictos criterios de congruencia, oportunidad o proporcionalidad, con la única finalidad de remover una alteración grave del orden público. El protocolo policial, además, exige una utilización gradual de los medios. En primer lugar, se recurrirá a métodos disuasorios, como los avisos de advertencia; luego, a las salvas –disparos sin propulsión–, y solo si estas vías fracasan, a las pelotas de goma. En este caso, los disparos se harán siempre con rebote al suelo –no hacia las personas– y a una distancia mínima de 50 metros. La lógica sobre la que se fundamentan estos principios es simple: la policía solo puede disponer de un medio tan invasivo si es absolutamente imprescindible y debe asegurarse, en todo caso, de que no provoque un mal mayor del que se pretende evitar.

Vistos desde esta perspectiva, los disturbios del 28 de mayo seguramente justificaban que la fuerza pública interviniera. La persuasión o la mediación difícilmente hubieran permitido, por sí solas, reconducir la situación. Lo que no está tan claro es que el uso de escopetas fuera necesario ni que los protocolos fueran siempre respetados. El conseller de Interior, Joan Saura, rechazó cualquier investigación y calificó la actuación de «absolutamente correcta». Víctimas y testigos, en cambio, hablan de disparos discrecionales, a menos de la distancia reglamentaria y en lugares donde los incidentes habían finalizado o ni siquiera empezado, como en el caso del cabo herido en la plaza de Catalunya.

Más allá, en todo caso, de las diferentes opiniones sobre lo sucedido, lo cierto es que tales armas entrañan un severo riesgo para la integridad física e incluso la vida. Renombradas revistas médicas como The Lancet y el balance del último año en el Estado son, al respecto, elocuentes: 60 hospitalizados y 4 lesiones oculares graves –22 desde 1990, según EL PERIÓDICO de ayer–. En Barcelona, sin ir más lejos, una de las supuestas víctimas fue el propio jefe de la Guardia Urbana, Xavier Vilaró, durante la actuación policial tras los disturbios por la victoria de la selección española en la Eurocopa del verano pasado. A Vilaró le tuvieron que extirpar el bazo. En enero de este año, asimismo, el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por un «mal funcionamiento de la Administración» a indemnizar con 170.000 euros a un joven herido por otro impacto.

SFlbLas asociaciones de derechos humanos llevan tiempo reclamando un debate sobre el manejo de esta y otras armas policiales. En el 2005, la utilización no autorizada de porras extensibles por la Guardia Civil causó la muerte de un agricultor almeriense en el cuartel de Roquetas de Mar. Dos años más tarde, algunas unidades de los Mossos adquirieron las temibles pistolas Taser, que tantas víctimas mortales han causado en EEUU y Canadá. El mismo año entró en escena el célebre punzón llamado kubotán, esgrimido sin autorización por los antidisturbios durante una manifestación en Barcelona. El peligro de estos artilugios es evidente. Por ello, las recientes instrucciones 4/2008 y 5/2008 aprobadas por la Generalitat van, a pesar de algunas deficiencias, en el buen camino. Se prohibieron el kubotán y la pistola eléctrica, medida que Amnistía Internacional, en su reciente informe, Voltios sin control, reclama para el resto del Estado.

Las balas de goma, en cambio, siguen siendo legales. La Conselleria d’Interior no se plantea ningún cambio y defiende su empleo arguyendo que también «se utilizan en el resto del Estado». Lo que no se dice es que, salvo en casos como los de Grecia e Italia, han sido retiradas en la mayoría de países europeos y sustituidas por medios a priori menos contundentes e indiscriminados. Un problema adicional de tales proyectiles es la ausencia de marcas de identificación, con la consiguiente dificultad para investigar su uso y determinar qué agente ha apretado el gatillo y en qué circunstancias.

SFlbNo parece cierto, por tanto, que no existan otras opciones que entrañen menos riesgos y permitan un uso más proporcional o controlado de la fuerza. El ideal normativo de un Estado de derecho exige no cerrar en falso sucesos tan dramáticos como los citados. Las armas las carga el diablo, las trayectorias no son siempre previsibles y, por ello, cualquiera puede ser víctima de una bala perdida. Si incluso los propios funcionarios policiales llegan a serlo, ¿qué puede esperar un ciudadano que salga a la calle para manifestarse o celebrar la victoria de su equipo? ¿No sería más aconsejable investigar su uso? ¿Qué concepción del orden público puede justificar el recurso a un medio tan lesivo?

Contemplados desde esta perspectiva, los hechos que se vivieron en las calles de Barcelona el pasado 18 de marzo son un claro ejemplo de la distancia que suele mediar entre el deber ser y el ser de la actuación policial. Casi doscientas personas resultaron heridas, entre ellos una treintena de periodistas, y una protesta social –el rechazo al llamado “Plan Bolonia”- que hasta entonces había transcurrido sin mayores incidentes, pasó a convertirse en una cuestión de “orden público”. La irrupción de la policía en el edificio histórico de la Universidad y el desprecio exhibido hacia estudiantes, peatones y reporteros gráficos visiblemente identificados, generó el abierto rechazo de amplios sectores de la sociedad.

En un gesto atípico en este tipo de situaciones, la cúpula de Interior reaccionó admitiendo errores y pidiendo disculpas a los afectados. La mayoría de la clase política, no obstante, cerró filas en defensa de la actuación policial y centró sus críticas en el consejero Joan Saura. Desde el Partido de los Socialistas de Catalunya hasta Convergencia i Unió, desde Esquerra Republicana hasta el Partido Popular, no faltaron voces que calificaron la intervención como “normal”, ya que entre los manifestantes había “elementos antisistema” que habían “provocado” los enfrentamientos. La ex consejera de Interior, Montserrat Tura, llegó a reclamar más mano dura, alegando que “un acto de protesta  que no cumple con todos los requisitos, no es una manifestación, sino un acto de desorden público”. Además de los evidentes intereses partidistas, en esas afirmaciones late una peligrosa concepción de la seguridad que parece convertir cualquier forma de protesta no convencional en una cuestión de orden público, antes que político. Desde esa óptica, los manifestantes a menudo pasan a ser considerados “violentos en potencia” y el camino a la militarización del espacio público queda expedito.

A pesar de su supuesto realismo, este sentido de la razón de Estado es, en rigor, bastante irrealista. Otorgar una especie de carta blanca a las fuerzas policiales, además de exponerlas a una constante deslegitimación, las convierte en fuente de nuevos y más graves enfrentamientos. Con frecuencia la saturación policial del espacio público, lejos de disuadir el conflicto, lo espolea. Para el día 26 de marzo, Interior exhortó a la ciudadanía a no acercarse al centro de la ciudad ni participar en una manifestación calificada de “alto riesgo”. Más inteligentes, los estudiantes cambiaron el recorrido, burlaron el férreo cerco policial y protagonizaron una marcha nutrida y totalmente pacífica.

Esta concepción del orden público, defendida por muchos de los que la combatían hace años, refleja a la postre una pobre concepción de la democracia. El conflicto, en efecto, es fundamental para su profundización, sobre todo cuando da voz a grupos injustamente marginados del espacio público. De lo que se trata es de evitar que se resuelva a través del recurso indiscriminado a la violencia. Y aquí los poderes públicos, que aspiran al monopolio de su uso legítimo, son los principales obligados. Por eso, medidas como las cámaras de vigilancia en las comisarías, las insignias de identificación de los agentes, la prohibición de armas no reglamentadas, la creación de unidades de mediación en conflictos o el establecimiento de estrictos protocolos de actuación de los antidisturbios, son fundamentales para construir un modelo de seguridad basado, precisamente, en la apertura de nuevos espacios de discusión democrática y en la minimización del uso arbitrario de la fuerza.

Otra cosa diferente es que estos objetivos puedan ser alcanzados desde una consejería dirigida por el máximo líder de un partido de izquierdas integrado como socio menor en un gobierno de coalición. A lo largo de estos años, y pese a las bravatas conservadoras, no han sido pocos los intentos de democratización de los cuerpos de seguridad. Lo cierto, sin embargo, es que por cada progreso registrado se han producido retrocesos que oscurecen el balance de conjunto. Más allá de sus declaraciones de intenciones, la consejería de Interior no ha podido, no ha sabido o no ha tenido la valentía suficiente para afrontar las resistencias externas y, sobre todo, las provenientes del interior del cuerpo policial. Resulta difícil, por tanto, que la crisis desatada por los hechos de las semanas pasadas pueda zanjarse con la dimisión de un cargo intermedio, sin abrir ningún expediente y otorgando amplios poderes de mando a un conspicuo representante de las inercias corporativas del pasado como es el actual Secretario General de Seguridad Pública. Tampoco ayuda a ello la pretensión del consejero Saura de culpabilizar a los medios de comunicación por lo ocurrido. Es evidente que otra política de seguridad más democrática y garantista sigue siendo necesaria. Lo discutible son las condiciones y alianzas idóneas para hacerla posible.

Quizás no sea ocioso recordar que estamos hablando de un caso en el que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, los funcionarios condenados cometieron hechos que resultarían aberrantes perpetrados por delincuentes ordinarios. Pusieron una pistola en la boca de la víctima, Lucián, entraron en su casa sin orden judicial, lo vejaron, golpearon y obligaron a confesar con frases como “reconócelo todo o te tiramos por el barranco”. Además, detuvieron y agredieron a su novia, embarazada de tres meses.

Pese al estremecedor relato de la sentencia, y a que la hipótesis acusatoria había sido defendida por otros fiscales y una jueza instructora, las respuestas institucionales han sido inquietantes. La Consejera de Justicia, Montserrat Tura, no sólo elogió públicamente a los condenados, alguno de ellos ascendido estando ella al frente de Interior, sino que solicitó del Tribunal Supremo la revisión de la sentencia. El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, cuestiono la gravedad de caso ya que la víctima no había sido hospitalizada. Tampoco faltaron los tertulianos de guardia que se enfurecieron porque se prestara más credibilidad al testimonio de las víctimas que al de los propios policías. Los partidos conservadores, finalmente, llegaron a pedir la dimisión del Consejero Joan Saura y éste se defendió asegurando que pondría a disposición de los afectados a “los mejores abogados”.

¿A qué atribuir estas reacciones? ¿Cómo explicar que una Consejera de Justicia, en lugar de defender a los tribunales o de hacerse cargo del drama humano de las víctimas, ensalce la actuación policial? ¿Cómo calificar las declaraciones de un ex presidente de la Generalitat que ha padecido la cárcel y que parece ignorar que la tortura puede no dejar secuelas físicas y provocar, sin embargo, un tormento mayor al de un suplicio corporal? ¿Qué tipo de presiones puede llevar a un Consejero del Interior a anunciar para la policía un tipo de protección –”los mejores abogados”- que no reclamaría para los ciudadanos de a pie?

Si estas reacciones se producen en un caso en el que las víctimas eran probadamente inocentes, causa zozobra pensar qué se hubiera dicho si se tratara de situaciones “menos claras”. Tal como ha denunciado Amnistía Internacional en su reciente informe titulado “Sal en la herida”, dar mayor crédito a la policía que a las víctimas u otros testigos es uno de los motivos principales de impunidad en la violencia institucional. Esto explica que la mayoría de denuncias de malos tratos policiales se enfrente a una auténtica carrera de obstáculos y a resistencias de todo tipo. Tan es así que sólo un 1 % de los casos llega finalmente a juicio, y si llega, suele terminar en absolución por la imposible identificación de los responsables. Así ocurrió, por ejemplo, cuando la Audiencia de Vizcaya, en  1998, o la de Girona, en 2004, reconocieran la violación a una mujer brasileña o las torturas a un joven marroquí, respectivamente, pero exculparon a los agentes, que se encubrieron entre ellos.  Es más, incluso si se producen condenas, resulta habitual que la impunidad se produzca por vía de un indulto gubernamental, tal como se puede comprobar en un rápido rastreo del BOE.

En realidad, casos como el de Lucián parecen confirmar que cada acto de tortura encierra un “crimen de Estado” cuya negación comporta, en el fondo, un ejercicio de contemporización con la crueldad institucional, una suerte de “autoindulto” que el Estado se concede a sí mismo. Que en Cataluña y en el resto de la península ocurran este tipo de hechos ya no puede, desgraciadamente, sorprender a nadie. Después de todo, el español es el cuarto Estado del mundo con más condenas por violaciones del Pacto de derechos civiles y políticos y uno de los pocos condenados ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos en el 2004 por falta de respuesta en un caso de torturas (causa Martínez Sala y otros c. España).

Muchos de los que se indignan por la resolución del caso Lucián y piden defender la honorabilidad de la policía, deberían reflexionar sobre esta realidad. Sobre todo ahora que se cumplen 60 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si la apelación a este tipo de documentos es sincera, si de verdad se cree en la necesidad de erradicar todos los Guantánamos y los Abu Grahib del mundo, debería aceptarse, de una vez por todas, que unas instituciones que son capaces de investigar y condenar actos de tortura no son unas instituciones débiles o “buenistas”. Son, por el contrario, instituciones que pueden, con un mínimo de credibilidad, apelar al reconocimiento de sus propios ciudadanos. Lo otro, la banalización de la tortura, la justificación de la brutalidad policial y la entronización de la “razón de Estado”, sólo puede ser fuente de nuevos maltratos, además del camino más seguro al descrédito de los cuerpos de seguridad y de sus propios superiores.