En los últimos meses, un fantasma recorre Europa: la protesta social contra las políticas de austeridad y de recortes de derechos sociales. Miles de personas se han echado a la calle exigen que la crisis la paguen los responsables y no las víctimas. Y aunque el apoyo a las manifestaciones ha sido irregular, la indignación social no ha dejado de extenderse por todo el continente. No han faltado, no obstante, las voces que, desde diferentes espacios políticos, económicos y mediáticos, han pretendido decretar la inutilidad de la resistencia y exigir un ejemplar golpe de autoridad.

Primero fue Grecia. El Gobierno no ha dado el brazo a torcer y ha intensificado la represión, que cuenta en su haber con tres muertos y centenares de heridos y detenidos. Hace poco llegó el turno de Francia]. Sarkozy ha anunciado un severo plan de austeridad franco-alemán y ha lanzado a los gendarmes a las calles. En un abrir y cerrar de ojos, la cifra de arrestados se ha disparado hasta alcanzar casi las 2.000 personas. En un país cuyo régimen de detención en las comisarías ha sido recientemente condenado (STEDH, 14/10/2010) por el Tribunal de Estrasburgo y se encuentra bajo el escrutinio del propio Tribunal de Casación francés.

En el caso español, las protestas no fueron ni la mitad de intensas que en Grecia o Francia. Pero ha bastado que una huelga general –la del 29-S– tenga más éxito del esperado,, para que la patronal, la derecha política y ciertos grupos mediáticos hayan pretendido reducirla a un simple ejercicio de vandalismo protagonizado por sindicalistas y antisistemas que amenazan gravemente el Estado de derecho.

Equiparar violencias
El despropósito de esta operación parece fuera de duda. Como derechos de conflicto, la huelga, la manifestación o la protesta en general bien puedan afectar a derechos de terceros e incluso derivar en ejercicios innecesarios de violencia. Pero ello no autoriza a colocar un contenedor quemado, o el cristal roto de una tienda, en el centro del debate público, como si la violencia aislada sobre las cosas pudiera equipararse con la enorme violencia rutinaria que las políticas de despidos, de desalojos y de rescate incondicionado de bancos y entidades financieras suponen para la mayoría de la población. Por gratuita, en efecto, que pueda parecer, la violencia de los más vulnerables en defensa de derechos generalizables no puede colocarse a la altura de la que los más fuertes ejercen para apuntalar privilegios excluyentes.

Reducir la protesta social a salvajismo, cuando no a un acto de peligrosa delincuencia, no sólo es una maniobra eficaz para despojarla de legitimidad. Al mismo tiempo permite ocultar la violencia pública y privada que hay detrás de las políticas en curso. Y allanar el camino para una reacción punitiva que exija la contundencia policial, el eventual endurecimiento de códigos penales ya suficientemente rigurosos e incluso, como se ha visto estos días en Barcelona, el cierre de medios de comunicación acusados de antisistema. Lo cierto, sin embargo, es que cuando los mercados se encuentran sobrerrepresentados en el ámbito institucional, cuando las medidas antisociales se aprueban por vías jurídicas de excepción, sin prácticamente debate alguno, o cuando los medios para expresar las disidencias son escasos, la protesta, incluso la ejercida con ruido, debería verse como uno de los pocos instrumentos capaces de dar a los más vulnerables una voz audible en el espacio público.

Proyectos antagónicos
En el conflictivo escenario que como un reguero se expande en estos días, dos proyectos de Europa están en liza. Uno, el del despotismo financiero y el ajuste neoliberal, lleva la semilla de un futuro lúgubre y represivo, acaso antieuropeo. El otro, el de la Europa movilizada en defensa de los derechos sociales y los bienes públicos, contiene en cambio la promesa de una alternativa igualitaria y democrática al desorden actual, dentro y más allá de las fronteras estatales. El imperativo ético político de los tiempos por venir no puede ser otro que preservar esta Europa indómita de la fragmentación social y la criminalización. Y hacerle espacio. Y conseguir que dure.

Ilustración de Mikel Casal

Para los partidarios de las corridas, estas serían una manifestación cultural de hondo arraigo popular, que ha inspirado las más diversas bellas artes, desde la pintura y la música hasta el cine o la literatura. De ahí que vean su supresión como un menoscabo irreparable a la libertad de expresión o creación artística y al libre acceso a la cultura y al patrimonio histórico. Además, claro, de un inequívoco ataque a una actividad empresarial generadora de riqueza y empleos (como los ligados, por ejemplo, a la cría de toros bravos, a la gestión material de las corridas o al turismo que estas atraen).
Que la lidia pueda considerarse una expresión cultural inmemorial e incluso una actividad rentable no es óbice, en cualquier caso, para que pueda reputarse anacrónica o inaceptable desde estas mismas premisas. Buena parte de las obras artísticas generadas en torno al toreo constituyen en realidad un deliberado alegato contra su crueldad y celebración machista. Y su propia viabilidad económica, sobre todo en algunas ciudades españolas, resultaría dudosa sin un apoyo institucional de la que otras expresiones culturales carecen por completo.

Lejos de ser un capricho de último momento, la nueva ley catalana se inscribe en una larga lucha social y jurídica contra prácticas que no sólo degradan a los animales sino también a las sociedades que las toleran o vitorean. Un impulso de este tipo llevó ya a la UNESCO y a la ONU, en 1978, a aprobar una Declaración Universal de Derechos de los Animales con el propósito de erradicar su sometimiento a tratos crueles. En el ámbito español, el maltrato animal fue incluido como delito castigado con penas de cárcel en 2003. Y ese mismo año, Catalunya aprobó una ley señera que consideraba a los animales “organismos dotados de sensibilidad psíquica, además de física” y proscribía espectáculos que implicaran sufrimiento o muerte, como las peleas de perros o de gallos.

Se ha dicho, no sin razón, que tratándose de una costumbre social en franco declive en Catalunya, resultaba innecesario recurrir a la prohibición. Pero el argumento podría invertirse: precisamente porque las corridas habían perdido hace tiempo el favor social su prohibición no resulta tan perjudicial como pretenden quienes viven de ellas. Y tiene, en cambio, un enorme efecto simbólico y pedagógico de cara al conjunto de la sociedad. No es casual, de hecho, que la temprana prohibición de las lidias en Canarias, en 1991, se produjera cuando estas llevaban años ya sin practicarse (lo cual explica su apoyo, quizás, por parte de reputados miembros del Partido Popular).

Entre los objetores de la medida, tampoco faltan quienes sostienen que, puestos a combatir la crueldad, lo suyo sería ocuparse de la que se ejerce contra los seres humanos, como la tortura o el maltrato policial, laboral o sexista. O incluso de otras formas menos visibles de crueldad animal, como el negocio de la cría intensiva de ganado o de aves, que a pesar de estar regulado, subsiste con cierta impunidad y está en el centro de la crisis alimentaria de nuestra época. Todo esto es atendible, sobre todo cuando no es infrecuente ver que una exquisita sensibilidad frente al maltrato de los bóvidos puede convivir con una pasmosa indiferencia frente a otros males sociales tan o más sangrantes. Con todo, invocar injusticias mayores para impugnar la prohibición de las corridas no deja de ser una forma de ceguera moral o una coartada dirigida a avalar todo lo que ellas implican.
De todas las reacciones críticas dirigidas a la ley catalana, la más patética en todo caso ha sido la proveniente del entorno político y mediático del nacionalismo españolista. Obcecada en reducir el voto del Parlament a una mera cornada identitaria, no ha dejado pasar la ocasión para presentarlo como la enésima conspiración catalana contra las esencias patrias (o como “una venganza por los triunfos de la selección nacional”, en palabras del dirigente del PP, Mayor Oreja).

Es evidente que en un mundo en el que la violencia contra animales humanos y no humanos persiste de manera descarnada, convertir la prohibición de las corridas en signo de superioridad civilizatoria sería, además de presuntuoso, ofensivo. No por ello cabe quitar mérito a una ley que, situada entre las más avanzadas en la materia, debería consolidarse e incluso extenderse a otros supuestos (como el de los llamados correbous, que continúan permitidos en Catalunya aunque bajo prohibición legal de infligir daño a los animales). La razón es sencilla: erradicar la crueldad y minimizar el sufrimiento causado a seres vivos –como mínimo a aquéllos con sistemas nerviosos similares al de los seres humanos– constituye un presupuesto irrenunciable de una ética igualitaria y compasiva. Venga de quien venga y contra cualquier práctica cultural, por más pergaminos que esta pretenda exhibir.

En un libro reciente –El despido o la violencia del poder privado–, los juristas Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey constatan cómo bajo la lente neoliberal el despido aparece como un acto banal, un simple ajuste técnico al que el empresario puede recurrir legítimamente para no disminuir sus beneficios. Desde esta óptica, los trabajadores son percibidos como un instrumento para que la empresa obtenga beneficios. No son ciudadanos con derechos y con un proyecto vital dentro y fuera del espacio laboral, sino burda energía productiva puesta a disposición de la libertad de empresa. Frente a este tipo de lecturas, los autores proponen partir de un presupuesto diferente: contemplar el despido como un acto de fuerza; como un ejercicio de violencia por parte del empresariado que, en un contexto como el actual, supone privar a millones de personas de derechos básicos de integración y participación en la vida familiar, social, económica y cultural.

En buena medida, este análisis podría extenderse también a la figura de los desalojos. A menudo estos son vistos como el producto natural de una ruptura contractual entre iguales. La existencia de miles de personas endeudadas que no pueden pagar una hipoteca o de inquilinos que no pueden afrontar el alquiler son un obstáculo para la maximización de las rentas por parte de inmobiliarias, grandes propietarios de vivienda o entidades financieras. Al igual que el trabajador que aspira a hacer valer sus intereses en el mercado laboral, el endeudado o el inquilino que pretenden esgrimir su derecho a una vivienda segura son estigmatizados como un factor de inaceptable rigidez en el mercado inmobiliario. En el fondo, serían los culpables de que no haya empleo y vivienda para todos. Por eso, cuando el Gobierno impulsa un proyecto que agiliza los desahucios, o cuando los lobbies ligados a la patronal piden que se abarate el despido, el imaginario que se evoca es semejante: de un lado, empresarios, promotores, inmobiliarias y bancos a los que, como propietarios o creadores de riqueza, se debe estimular; de otro, trabajadores, pequeños deudores e inquilinos que deberían aceptar la flexibilización, por el bien de todos.

A pesar de su carácter supuestamente aséptico, este punto de vista oculta que un desalojo puede ser un acto tan violento como un despido. Una persona que pierde la casa, y que posiblemente ha perdido su empleo, se ve bruscamente arrojada a un escenario de precariedad donde todas sus expectativas vitales se tornan inciertas. Desde su integridad física y moral hasta su vida privada y familiar. Una situación que, lejos de ser la simple ejecución de un contrato entre iguales, esconde con frecuencia actos de prepotencia, no de pequeños propietarios, sino de influyentes poderes privados.

Como bien apuntan Baylos y Pérez Rey, es violencia del poder privado que empresas que han obtenido cuantiosos beneficios abran expedientes de regulación de empleo con el propósito de que sus acciones coticen al alza. Es violencia del poder privado que los propietarios de pisos con inquilinos mayores de edad y con renta antigua utilicen el mobbing o acoso inmobiliario para hacerse con rentas especulativas. Y es violencia del poder privado que bancos y cajas que pactaron cláusulas abusivas con miles de familias pretendan apurar las ejecuciones hipotecarias o seguir cobrando deudas fraudulentas, incluso cuando han recibido ayudas públicas sufragadas por toda la ciudadanía.

Lo que ocurre es que, mientras este tipo de actuaciones sean institucionalmente vistas como legítimos emprendimientos particulares y no como ejercicios antisociales de la libertad de empresa o de la propiedad privada, las alternativas “sensatas” a la crisis quedarán reducidas a un estrecho elenco de medidas. Ayudas, estímulos y garantías para los más fuertes y recortes de derechos o prestaciones a los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad. Por el contrario, si se hiciera visible la trama de arbitrariedad privada que hay detrás de los miles de despidos y desalojos que la crisis está instigando, sería más fácil defender la razonabilidad de otras salidas. Así, por ejemplo, de una distribución de recursos que en lugar de ir de los bolsillos de la ciudadanía a los responsables de la crisis se dirigiera a satisfacer derechos sociales largamente postergados. Desde una reducción de la jornada laboral que permitiera, trabajando menos, trabajar a todas y todos, hasta la introducción de una renta básica de ciudadanía tan universal como el derecho a la salud y la educación, o la utilización de las viviendas hoy infrautilizadas para impulsar un parque público de alquiler.

Si el origen de los grandes beneficios y de las rentas especulativas de los últimos años tiene mucho de ilegítimo, ¿cómo no aceptar su incisiva penalización por vía fiscal? ¿Y cómo no rechazar, por el contrario, unos despidos y unos desalojos que, en muchos casos, parecen premiar a quienes han actuado en contra del interés general?